Sentencia Interlocutoria N° 3.547/2018

Montevideo, veintiocho de noviembre del dos mil dieciocho VISTOS: Estos autos caratulados: D.G.I. C/ OLD HERALD CORP. S.A. Y OTRA – JUICIO EJECUTIVO – CASACIÓN – IUE: 290-234/2009. RESULTANDO: 1) Por Sentencia No. 58 de 29.IX.2017 el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 6º Turno falló: “Desestimando la solicitud anulatoria interpuesta en vía de excepción, así como la de falta de legitimación pasiva de las codemandadas. Amparando las excepciones de inhabilidad del título e inexistencia de deuda en virtud de la anulación parcial del acto administrativo que dio mérito a los presentes y de la extinción por remisión del crédito subsistente, así como la de falta de legitimación activa, y en su mérito revocando el decreto liminar No. 2375/2012 en lo que respecta a las excepcionantes, oficiándose al Registro pertinente para su comunicación. Costas a cargo de la actora y costos en el orden causado. Agréguese testimonio del presente fallo en los autos IUE: 291-5/2007, que se pondrán al despacho. Consentida o ejecutoriada cúmplase, expídase testimonio si se solicitare, practíquense los desgloses a que hubiere lugar y oportunamente archívese, previo desacordonamiento de los autos anexados. Honorarios fictos a los efectos tributarios: Tres Bases de Prestaciones y Contribuciones” (fs. 858/865). 2) A su vez, por Sentencia DFA-0006-000504/2018 de 29.VIII.2018 el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno falló: “Revócase parcialmente la decisión de primera instancia y en su mérito, mantiénese firme la providencia de inyunción liminarmente decretada (No. 2375/2012), sin especial condenación en el grado. Notifíquese personalmente a las partes. Oportunamente devuélvase a la sede de origen” (fs. 894/902). 3) La representante de la parte demandada interpuso recurso de casación (fs. 917/929 vta.). 4) A fs. 944 el ad quem franqueó el recurso de casación por ante la Corporación. CONSIDERANDO: I.- La Suprema Corte de Justicia declarará inadmisible el recurso de casación interpuesto. II.- En efecto. El art. 269 num. 2° del C.G.P. establece: “ No procede el recurso de casación: (...) 2) Contra las sentencias recaídas en asuntos que admiten un proceso posterior sobre la misma cuestión ”. Exactamente esa es la situación aquí planteada. En este punto cabe tener presente que el art. 361 del C.G.P. fue modificado por la Ley 19.090, restringiendo los supuestos en los cuales procede el juicio ordinario posterior, lo cual tiene directa influencia el requisito de admisibilidad del recurso de casación regulado en el art. 269 num. 2. En efecto, antes de la modificación introducida por la Ley 19.090, en la vía del juicio ordinario posterior no había ninguna limitación en cuanto a las cuestiones a plantear, siendo indiferente que se hubieran o no planteado en el juicio antecedente, porque, según nuestro sistema, aquel se establece para discutir nuevamente, en otra vía, las mismas u otras cuestiones (Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6° Turno, Sentencia No. 337/2009). En consecuencia, toda vez que fuera procedente acudir a la vía del juicio ordinario posterior, como sucede en el caso de los procesos ejecutivos y en el de determinados procesos de ejecución (como en el caso de autos), el recurso de casación era inadmisible desde que la misma cuestión podía volverse a discutir en el juicio ordinario posterior (art. 269 num. 2° del C.G.P.). Luego de la modificación introducida por la Ley 19.090, el juicio ordinario posterior procede únicamente para tratar las defensas que la Ley considera inadmisibles en el juicio antecedente de que se trate (juicios antecedentes con limitación de defensas admisibles, ya sean procesos ejecutivos –art. 361 del C.G.P.- o procesos de ejecución (art. 379.5). Ello repercute directamente en el alcance del art. 269 num. 2 del C.G.P., ya que amplía el tipo de procesos en los que puede proceder el recurso de casación: el régimen anterior a la Ley 19.090, ningún proceso ejecutivo o de ejecución de los referidos en el art. 379.5 admitía casación; en el régimen de la Ley 19.090, los procesos ejecutivos y los de ejecución del art. 379.5 que tienen limitación legal de defensas si admiten casación respecto de las defensas admitidas. Ahora bien. ¿Cuál es el régimen del art. 361 del C.G.P. aplicable a este caso? ¿El anterior a la Ley 19.090, que determina la inadmisibilidad del recurso al amparo del art. 269 num. 2, o el impuesto por esa Ley, que, en el caso, determinaría la admisibilidad del recurso al no ser procedente el juicio ordinario posterior? En criterio de la Corte, la respuesta es clara se aplica el régimen anterior a la Ley 19.090, lo que determina la inadmisibilidad del recurso. En tal sentido, la Corporación ha tenido oportunidad de señalar que la modificación del art. 361 del C.G.P. por la Ley 19.090 no rige respecto de procesos iniciados antes de su vigencia: en tesis mayoritaria a partir del 14 de agosto de 2013 (Sentencias Nos. 779/2014, 1.961/2014 y 285/2015). Por lo tanto, dado que el presente proceso de ejecución se inició el 17 de julio de 2012 (fs. 346), esto es, antes de la vigencia de la Ley 19.090, corresponde aplicar el régimen del art. 361 en su anterior redacción, lo cual determina, como se adelantara, la inadmisibilidad del recurso en examen. En cuanto al ámbito de aplicación temporal de la modificación del art. 361 del C.G.P., se ha señalado por el Fiscal de Corte que al referir esa modificación a la existencia misma del accionamiento debe estarse a la fecha de inicio del proceso y no la etapa procesal en la que se encuentre (dictamen emitido en la causa IUE 26-32/2013 citado en Sentencia No. 285/2015 de la Corte). La aplicación inmediata de las nuevas normas procesales a las que refiere el art. 3 de la Ley 19.090 no significa que las condiciones de procedibilidad o admisibilidad de la demanda deban someterse luego a un régimen más exigente en esa materia, ni que se puedan restringir las posibilidades de defensa, pues de esta forma se estaría confiriendo una solución meramente procesal a una temática que es a la vez procesal y sustantiva. Ello implicaría admitir, de un modo indirecto tolerar la renuncia anticipada a las normas procesales, garantía del debido proceso en violación de la certeza jurídica (arts. 12 y 18 de la Constitución de la República) (Sentencia No. 285/2015 cit.). Tal como lo señaló el Dr. Jorge LARRIUEX integrando la Corporación, proceder de otra forma importaría alterar las reglas de juego que previeron las partes al ejercitar sus actos de proposición iniciales, demanda y contestación (Sentencia No. 779/2014). En idéntica orientación conceptual, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3° Turno, ha señalado que el criterio de la aplicación inmediata de la norma procesal previsto en la Ley 19.090 no puede jamás significar el cercenamiento de un derecho que ya se adquirió (...) cuando hay una demanda presentada en el año 2012, que como tal, fija la litis-pendencia (artículo 122 C.G.P.) y habilita el Juicio Ordinario Posterior, que de esa manera ha de promoverse como estaba previsto hasta entonces (Sentencia No. 3/2015, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, No. 2/2015, c. 255, pág. 370) (Cfme. Sentencia No. 137/2018). V) En definitiva, por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. HONORARIOS FICTOS: 20 B.P.C. Y DEVUÉLVANSE.