Sentencia Definitiva N° 1.612/2018

Montevideo, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos caratulados “FARÍAS DE CASTRO, ELISIELE C/ BALLADARES, FABIÁN – DENUNCIA - EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD – ART. 402.1 DE LA LEY Nº 19.293 EN LA REDACCIÓN DADA POR LA LEY Nº 19.544; ARTS. 1, 3, 4, 5 Y 15 DE LA LEY Nº 19.334 Y ARTS. 4, 5, 6, 9, 13, 15, 16, 19, 57 Y 67 DE LA LEY Nº 19.483” – IUE: 506-237/2017. CONSIDERANDO: 1) De acuerdo con lo dispuesto por el art. 519 del C.G.P., la Suprema Corte de Justicia, en cualquier estado de los procedimientos y con prescindencia de la situación en que se encontrare el trámite respectivo, podrá decidir, mediante resolución anticipada, las cuestiones de inconstitucionalidad que hubiesen sido sometidas a su consideración, siempre que exista jurisprudencia sobre el caso planteado y la Corporación decida mantener su anterior criterio. 2) Por Sentencia No. 852/2017, la Corporación desestimó la excepción de inconstitucionalidad promovida contra las normas impugnadas en autos, en términos que, por su exacta adecuación al caso en examen, se tendrán por reproducidos y como parte integrante del presente pronunciamiento. En lo que respecta concretamente a la existencia de una presunción de constitucionalidad de las leyes, sustentada por la mayoría de la Corporación en la referida Sentencia No. 852/2017, huelga consignar que el Sr. Ministro Dr. Tosi Boeri no comparte dicha posición, adhiriendo al criterio expuesto en dicho pronunciamiento por la Sra. Ministra Dra. Minvielle. 3) Asimismo, son de rechazo los argumentos fundados en la transgresión del principio de igualdad. El artículo 402.1 del C.P.P. determina que el nuevo régimen procesal penal resulta de aplicación a todas aquellas causas que se inicien a partir de su vigencia (1 de noviembre de 2017). Y, asimismo, dispone que debe considerarse como fecha de inicio de una causa aquella en la cual el hecho con apariencia delictiva que la motiva llega a conocimiento del Ministerio Público, con independencia de la fecha de su comisión. El ordinal 2 de la misma disposición dispone que las causas que no ingresan en el supuesto del artículo primero –como la que se le sigue al indagado en estos autos– continúan rigiéndose por el sistema anterior (decreto-ley No. 15.032) hasta que la sentencia definitiva pase en autoridad de cosa juzgada. A criterio de la impugnante, el régimen de derecho transitorio previsto por el Código resulta violatorio del principio de igualdad, ya que establece categorías arbitrarias entre indagados. A criterio de la Suprema Corte de Justicia, no le asiste razón al promotor. A tales efectos, corresponde reiterar la posición que sobre el punto ha sostenido la Corporación en varias de sus sentencias. En la disposición impugnada el legislador nacional ha optado por una de las posibles formas de implementación de un cambio procesal de la trascendencia del operado por el advenimiento del Nuevo Código del Proceso Penal. Para ello, debió ponderar las dificultades operativas que la implementación de este tipo de políticas públicas suponen. Tal como lo expone la propia actora, el Nuevo Código del Proceso Penal vino a introducir importantes cambios en el sistema de juzgamiento de delitos, en particular, un cambio de roles para los sujetos intervinientes. No puede considerase transgre-dido el principio de igualdad constitucional por el hecho de que coexistan dos regímenes procesales penales en nuestro país. Tal coexistencia, necesariamente, implica haya mas indagados a los cuales se les aplicará el nuevo régimen y otros a los cuales se les aplicará el anterior. La opción por establecer el punto de corte entre uno y otro Código en la llegada de la notitia criminis al Ministerio Público no puede ser calificada como arbitraria, sino, por el contrario, atiende a un momento objetivo y fácilmente determinable. Ingresar en una o en otra categoría de sujetos depende de ese dato de la realidad objetiva y, por tanto, no se ha establecido la categoría de forma caprichosa o antojadiza. El principio de igualdad reconocido por la Constitución impide imponer por vía legal un trato desigual a aquellos que son iguales, pero ello no implica que la ley no pueda regular en forma desigual a quienes no son iguales. En el caso de la disposición impugnada, no se verifica ninguna vulneración del principio de igualdad constitucional. Ello, porque mal podría considerarse vulnerado tal principio cuando la delimitación de quiénes se encuentran excluidos de la ley alcanza a todos aquellos comprendidos en igual situación (indagados en causas iniciadas con anterioridad al 1 de noviembre de 2017) y no se establecen distinciones ni diversos tratamientos entre ellos. Al analizar la regularidad constitucional de una norma presuntamente violatoria del derecho de igualdad, “[e]s necesario, en primer lugar, que todos los miembros de la clase sean alcanzados igualmente por la Ley que para la clase se dicte (...) Pero, además, es necesario que cuando la Ley define un grupo de personas para hacerla objeto de una legislación especial, la constitución de ese grupo sea razonable y no arbitraria (...) Naturalmente, la razonabilidad de la formación de los grupos o clases no puede ser juzgada independientemente del objeto mismo perseguido por la Ley ” (cf. Justino Jiménez de Aréchaga, “La Constitución Nacional”, Tomo I, Edición de la Cámara de Senadores, págs. 36 y 368). Como expresa Martín Risso Ferrand, el principio aludido: “(...) no impide una legislación para grupos o categorías de personas especiales, sino que esta diferenciación puede ser admitida siempre que cumpla con algunos requisitos específicos ” (“Derecho Constitucional”, Fundación de Cultura Universitaria, 2006, págs. 504 y ss.). Este autor distingue dentro de lo que se denomina “ el juicio de razonabilidad ”, como parámetro valorativo de las causas de distinción en clases o grupos efectuada por el legislador, otros niveles. Así, expresa que existen hipótesis en las que no surge de la Constitución, en forma explícita o implícita, la causa de ciertas distinciones. En estos casos, la razonabilidad de una determinada disposición legal se establece tomando en cuenta si ella plasma arbitrariedad o capricho y si resulta contraria a lo dispuesto por la Constitución. Al juicio de razonabilidad, en el sentido expresado en primer término, se adiciona, con carácter esencial para el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una disposición, a la luz del principio de igualdad, el reclamo de que exista una finalidad consagrada por la norma que en concreto se analice. Ello se enmarca, enseña Risso Ferrand, en un concepto que se suele denominar racionalidad, que es habitual que se presente en forma indiferenciada, formando parte del referido juicio de razonabilidad. El concepto de racionalidad, así estructurado, ya sea que se lo considere autónomo o comprendido en el de razonabilidad, implica, asimismo, que exista una relación positiva entre los medios utilizados y los fines perseguidos en la norma cuya constitucionalidad se analiza (obra citada, págs. 500 a 506). Y trasladando tales conceptos al caso de autos, surge, en forma palmaria, la relación positiva aludida entre los medios utilizados (establecer el punto de corte entre uno y otro régimen procesal en la fecha en la cual el hecho con apariencia delictiva llega a conocimiento del Ministerio Público) y los fines perseguidos (poder implementar en forma un cambio procesal de la trascendencia del presente). Por las razones expuestas y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, por resolución anticipada, FALLA: 1) Desestímase el excepcionamiento de inconstitucionalidad opuesto, con costas de precepto, sin especial condena en costos. 2) Notifíquese a domicilio y, oportunamente, devuélvanse.