Elecciones nacionales

A los efectos de solventar los gastos que demande la organización y celebración de las elecciones nacionales del 26 de noviembre de 1989, el Poder Ejecutivo pondrá a disposición de la Corte Electoral hasta N$ 2.500:000.000.00 (dos mil quinientos millones de nuevos pesos). Facúltase a dicho organismo a disponer de estos fondos para la contratación de hasta veinte funcionarios administrativos, por el término de seis meses, los que serán destinados a reforzar las Oficinas Electorales Departamentales de Maldonado, Colonia y Salto.

En los procedimientos para la determinación del número de Representantes Nacionales correspondientes a cada departamento, establecidos por los artículos 3º y 4º de la ley 7.912, de 22 de octubre de 1925, 12 de la ley 9.318, de 16 de marzo de 1934 y 8º del decreto-ley 10.143, de 25 de abril de 1942, las cifras electorales que se tomarán en cuenta para el cálculo serán el número de habilitados para votar en toda la República y los números de habilitados para votar en cada departamento, treinta días antes de la elección.

Las disposiciones de los artículos 17 y 18 de la ley 10.789, de 23 de setiembre de 1946, serán aplicables a los funcionarios públicos designados para integrar las Comisiones Receptoras de Votos.

El plazo para el registro de las hojas de votación vencerá treinta días antes de la elección. Junto con los ejemplares impresos de la hoja, los registrantes deberán acompañar una nómina de los candidatos que integran las listas de circunscripción departamental, con indicación de las series y números de las respectivas credenciales cívicas. Esta exigencia comprenderá la totalidad de la lista de Intendencia Municipal y al primer tercio, por lo menos, de los titulares y suplentes correspondientes a los otros órganos que se proveen por medio de la elección. Para las listas que intervienen en circunscripción nacional, la misma comunicación deberán realizar a la Corte Electoral las autoridades nacionales de las agrupaciones partidarias que las patrocinan. (*)

El régimen de contralor de la obligación de votar y de sanciones por omisión, regulado por la ley 16.017, de 20 de enero de 1989, se aplicará a partir de los ciento veinte días siguientes al acto eleccionario de plebiscito o referéndum y hasta un año después del mismo.

Sin perjuicio de los procedimientos y medios de prueba establecidos por los artículos 5º, 7º y 8º de la ley 16.017, de 20 de enero de 1989, la Corte electoral, por reglamentación, podrá establecer otros que aseguren en forma fehaciente que se han configurado las causales de justificación previstas en la citada ley. En las mismas condiciones podrá autorizar formas especiales de contralor de esta obligatoriedad sobre propuestas que le formulen dependencias públicas y que tengan relación con la particularidad de las gestiones que éstas cumplen en la actividad estatal.

Se admitirá el voto de toda persona que manifieste pertenecer al circuito en que actúe la Comisión Receptora aunque su hoja electoral no figure en el cuaderno del circuito ni su nombre en la nómina de electores, siempre que presente su credencial cívica. La Comisión Receptora deberá observar necesariamente por identidad el sufragio emitido en estas condiciones y retener la credencial cívica del votante, a efectos de remitirla en la urna a la Junta Electoral respectiva para que se proceda, si correspondiere, a la regularización de la documentación electoral del sufragante. Se expedirá a quien vote en las condiciones indicadas en este artículo una constancia que acredite la emisión del sufragio.

Los gastos previstos serán financiados con cargo a lo establecido en el numeral 3º del artículo 464 de la ley 15.903, de 10 de noviembre de 1987.