Aprobacion de la ley contra el financiamiento del terrorismo y aplicacion de sanciones financieras contra las personas y entidades vinculadas al terrorismo, su financiamiento y la proliferacion de armas de destruccion masiva

(Notificación inmediata y confirmación de la medida).- Los sujetos obligados deben notificar de inmediato a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay que han efectuado un congelamiento preventivo, y salvo que se den las circunstancias previstas en el inciso siguiente, esta le comunicará al tribunal penal competente, el que dispondrá de un plazo de hasta setenta y dos horas, para determinar si dicho congelamiento corresponde a una persona física o jurídica o entidad mencionada por la Organización de las Naciones Unidas en las listas referidas en el artículo 3° de la presente ley y, sin previa notificación, decidirá el mantenimiento o no del congelamiento. Una vez confirmada la medida, se le notificará al interesado en el plazo de tres días hábiles. La Unidad de Información y Análisis Financiero podrá disponer el levantamiento del congelamiento preventivo previsto en el inciso anterior si se comprobara por cualquier medio fehaciente que se hubiere procedido al congelamiento de fondos y demás activos financieros o recursos económicos por homonimia o falsos positivos. Una vez dispuesto dicho levantamiento le deberá comunicar a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. La resolución que adopte el tribunal penal competente, sea disponiendo o denegando el congelamiento de los fondos y demás activos financieros o recursos económicos, será comunicada a la Unidad de Información y Análisis Financiero, la que a su vez deberá ponerla en conocimiento de los sujetos obligados. Sin perjuicio de lo anterior, la Unidad de Información y Análisis Financiero comunicará a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo los congelamientos preventivos que se hubieren efectuado.

(Mantenimiento de la medida).- Los congelamientos preventivos se mantendrán hasta que la persona o entidad sea eliminada de las listas mencionadas en el artículo 3° de la presente ley. En el caso de incumplimiento por parte de los sujetos obligados de los deberes establecidos en los artículos anteriores, según las circunstancias del caso, se aplicarán las sanciones y medidas administrativas previstas en los artículos 12 y 13 de la Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017.

(Homonimia o falsos positivos).- Si luego del congelamiento dispuesto por el tribunal penal competente, se comprobara por cualquier medio fehaciente que se hubiere procedido al congelamiento de fondos y demás activos financieros o recursos económicos por homonimia o falsos positivos, a solicitud del interesado el tribunal dispondrá el levantamiento del congelamiento en el plazo máximo de dos días hábiles.

(Implementación de los procesos).- La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en coordinación con la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras autoridades competentes que dicha Secretaría convoque, tendrá a su cargo la implementación de los procesos para la identificación de personas o entidades que cumplan los criterios de designación establecidos en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, los procesos para recibir las solicitudes de congelamiento de terceros países de acuerdo a lo establecido en la S/RES/1373, la exclusión de dichas listas cuando corresponda y asimismo el proceso de comunicación al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el que será canalizado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dicha implementación será objeto de una reglamentación posterior.

(Reenvío normativo).- En todo lo relativo a las medidas cautelares para asegurar la disponibilidad de los bienes sujetos a eventual decomiso como consecuencia de la presunta comisión de los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, será de aplicación en lo pertinente y de conformidad con lo previsto por la Ley N° 19.293, de 19 de diciembre de 2014, concordantes y modificativas (Código del Proceso Penal), lo dispuesto por los artículos 43 a 48 de la Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017, y sus modificativas.

(Contramedidas financieras).- La República Oriental del Uruguay podrá aplicar sanciones y contramedidas financieras respecto de terceros países que supongan riesgos más elevados de terrorismo, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo con la Recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional N° 19, de febrero de 2012, según la propuesta que realice la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, pudiendo aplicar, entre otras, las contramedidas financieras previstas en el artículo 2° de la Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017.

(Decomiso).- Para todo lo relativo al decomiso de bienes utilizados para la ejecución de delitos de naturaleza terrorista, será de aplicación en lo pertinente lo dispuesto por los artículos 65 a 67 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974 y los artículos 49 a 60 de la Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017.

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(Técnicas especiales de investigación).- Las técnicas especiales de investigación previstas en los artículos 61 a 65 de la Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017, serán aplicables en lo pertinente a la persecución de los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

(Reenvío normativo).- Las solicitudes de cooperación jurídica penal internacional provenientes de autoridades extranjeras, se regirán en lo pertinente por los artículos 68 a 75 y 77 de la Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 335 del Código del Proceso Penal, en la redacción dada por la Ley N° 19.293, de 19 de diciembre de 2014.

(Extradición).- A los efectos de la extradición o asistencia jurídica mutua, los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, no se considerarán como delito político o delito conexo con un delito político. Sin perjuicio de lo establecido en el Libro IV, Procesos Especiales, Título I, Del régimen y procedimiento de la extradición, Capítulo I Régimen, del Código del Proceso Penal, los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, serán extraditables de conformidad con los tratados internacionales que se encuentren vigentes en la República.

(Asistencia).- El Estado proporcionará el máximo nivel de asistencia posible a las investigaciones y procedimientos penales relacionados con los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o el apoyo prestado a estos, en particular para la obtención de las pruebas que posean y que sean necesarias en estos procedimientos.

(Asistencia de víctimas).- El Estado podrá disponer de asistencia jurídica, médica, psicológica y de otra índole, para las personas físicas que hayan sufrido daños físicos o de otro tipo o hayan sido víctimas de una violación de los derechos humanos como resultado de actividades o de actos de terrorismo o de actos cometidos en nombre de la lucha contra el terrorismo, con miras a lograr su rehabilitación social.

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(Compatibilidad con el Derecho Internacional Público).- El Ejercicio de cualquiera de las actividades y funciones previstas en el marco de la presente ley en la lucha contra el terrorismo, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, debe garantizar la protección de los derechos humanos, civiles, políticos y las libertades fundamentales de todas las personas, en especial de las víctimas y refugiados, conforme a lo dispuesto por la Constitución de la República, por la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, por el Derecho Internacional Público, por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por el Derecho Internacional Humanitario.