Sentencia Interlocutoria N° 103/2026

VISTO: Para Sentencia Interlocutoria de Segunda Instancia, estas actuaciones caratuladas “AA C/ BB. VIOLENCIA DE GÉNERO – (TESTIMONIO DE IUE: 301-438/2025) RECURSO DE APELACIÓN”, IUE: 301-540/2025, venidas a conocimiento de este Tribunal en apelación de la providencia No 2985/2025 del 17 de octubre 2025, dictada por la Sra. Jueza Letrado de de Primera Instancia de Paysandú de 3o Turno, Dra. Alejandra Gutiérrez.- RESULTANDO: 1.- Por la recurrida en lo que la apelación interesa se dispuso: “...1)MANTENGASE AL DENUNCIADO RESPECTO DE LA DENUNCIANTE COMO MEDIDA CAUTELAR LA PROHIBICIÓN DE COMUNICACIÓN Y/O ACERCAMIENTO POR EL TÉRMINO DE CIENTO OCHENTA DÍAS EN UN RADIO DE 600 METROS, MEDIDAS QUE VENCEN EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2026, OFICIÁNDOSE A LA CEVDG CON LAS FORMALIDADES DE ESTILO. 2) PROCEDASE AL INGRESO DE LAS PARTES AL SISTEMA DE MONITOREO ELECTRÓNICO, CON COLOCACIÓN DE TOBILLERA AL DENUNCIADO POR EL TÉRMINO DE LAS MEDIDAS Y POR EL MISMO RADIO, OFICIÁNDOSE A DIMOE Y AL A CEVDG. MIENTRAS NO SE CUENTE CON DISPOSITIVO, CUSTODIA POLICIAL PARA LA VÍCTIMA...”.- La defensa del denunciado anunció recurso de apelación en audiencia.- 2.- A fs. 17 y ss., la Defensa del denunciado Sr. BB compareció a interponer recurso de apelación contra la citada providencia y expresó como agravios: - que carece de la debida fundamentación fáctica y jurídica ya que no justifica el riesgo grave o inminente que justifique la colocación de tobillera electrónica. - se trata de una medida extremadamente gravosa que determina perjuicio y dificultades en su trabajo y en la actividad deportiva que desarrolla. - no hay valoración técnica previa de riesgo. - viola el principio de proporcionalidad y necesidad ya que no surge un riesgo adicional de peligro de vida concreto. Solicita se revoque la impugnada en cuanto dispone el ingreso de las partes al sistema de monitoreo electrónico.- 3.- Por providencia No 3106/2025 del 28 de octubre de 2025, se confirió traslado del recurso de apelación, el que fue evacuado a fs. 22 y ss., abogando por el mantenimiento de la apelada.- Expresa la denunciante que el hecho reconocido por el denunciado de tener conductas que atentan contra su propia vida denota un desprecio hacia la vida misma y sino cuida su propia integridad no es esperable que cuide la vida de los demás. Sus conductas le generan preocupación y temor. Agrega que el uso del dispositivo es consecuencia del propio accionar del denunciado y refiere a que el día 21 de octubre ya se registró un incumplimiento conforme surge de fs. 11 a 14.- 4.- Por providencia No 5323/2025 del 10 de octubre de 2025, se franqueó la alzada con efecto no suspensivo.- 5.- Estas actuaciones fueron recibidas en el Tribunal el 12 de diciembre de 2025 (fs.33), disponiéndose la devolución al A quo a los efectos que certifique la fecha de interposición del recurso de apelación (fs. 34). Recibidas las actuaciones nuevamente por el Tribunal el 23 de diciembre 2025, por decreto No 1408/2025 de fecha 23 de diciembre de 2025, se dispuso el pase a estudio de las Sras. Ministros por su orden, y cumplido, se procede al dictado de sentencia.- CONSIDERANDO: 1.- La sala con el voto necesario de sus integrantes, procederá a confirmar la impugnada.- 2.- Antecedentes.- Los presentes dan comienzo con la denuncia presentada ante la autoridad administrativa el día 15 de octubre 2025, por la Sra. AA contra su ex pareja, el Sr. BB por violencia de género. Puestos los hechos en conocimiento de la Sra. Jueza A quo esta dispuso para el denunciado la prohibición de comunicación y acercamiento en un radio de 500 metros, por 180 días, retiro del hogar, comunicar a la Fiscalía y convocatoria a audiencia. 3.- En la audiencia celebrada el 17 de octubre de 2025, se recibieron las declaraciones de ambas partes y se dictó la recurrida, providencia No 2985/2025. - En audiencia la denunciante refirió agresiones verbales del denunciado durante la convivencia y manifestó querer que se mantengan las medidas cautelares impuestas. Relató que el denunciado tuvo un intento de auto eliminación en el cual ingirió pastillas, salió a la mañana siguiente y dañó el auto, lo que según la denunciante habría sido intencional. La Defensa solicitó que se mantengan las medidas cautelares de no acercamiento y comunicación, y se proceda a la colocación de dispositivo de monitoreo electrónico. Al denunciado se le puso en conocimiento de los hechos denunciados y se le explicó el alcance de las medidas impuestas. 4.- A juicio de este colegiado, las medidas dispuestas resultan acertadas.- En efecto, el objeto del proceso regulado por la ley 19580 “es obtener la protección de una mujer, o de los sujetos asimilados a ella, de violencia basada en género...se vincula estrechamente con el concepto de violencia y discriminación, basada en la existencia de relaciones asimétricas, en la asimetría de poder. En ese sentido, las acciones u omisiones del agresor se enderezan a limitar y menoscabar el libre goce y ejercicio de los derechos humanos, es decir, son destinadas a coaccionar a la persona, a limitar o anular su libertad, a coartar el derecho de autodeterminación”(cf.a S.Klett-A.Facal- Proceso de protección de la mujer por violencia basada en género en el ámbito de familia. Procesos de Familia.T.II). El término violencia se utiliza para definir aquellas situaciones de ejercicio de poder de una persona sobre otra a través del uso de la fuerza sea esta física, verbal o psicológica, con el objetivo de someter, dominar y controlar, imponer la voluntad de quien la ejerce por sobre la voluntad de la parte que la recibe, a la que le genera daño. La violencia de género es aquella que se produce contra la mujer, por el hecho de serlo. Es la que hace referencia cualquier acto que se realice con intención de dañar a una persona por su género. La violencia de género es aquella que debe ser entendida como un hecho estructural basado en un orden social opresivo y discriminatorio hacia las mujeres expresión de ese sistema patriarcal y mecanismo para mantener la opresión. Toda agresión vinculada a la desigual distribución de poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en nuestra sociedad que perpetúan las desvalorizaciones de lo femenino y su subordinación a lo masculino, reproduciendo el sistema de jerarquía de la cultura patriarcal.- La ley 19.580 de “Violencia basada en género contra la Mujer” tiene por objeto garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género, comprendiendo a las mujeres de todas las edades, mujeres trans, de las diversas orientaciones sexuales,condición socio económica, pertenencia territorial, creencia, origen cultural y étnico racial o situación de discapacidad, sin distinción ni discriminación alguna, estableciendo mecanismos, medidas y políticas de prevención, atención, protección, sanción y reparación.- Las medidas precautorias o de protección previstas por la ley 19.580, tienen una naturaleza especial pues, no están sujetas a la presentación de una demanda, las mismas pueden modificarse e incluso disponer su cese, siguiendo el proceso incidental. Nuestra jurisprudencia de los Tribunales de Apelaciones de Familia han sido contestes en afirmar que: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la CEDAW los tribunales nacionales, deben asegurar garantías para la efectiva protección jurídica de la mujer”. Que la tutela sea efectiva, refiere a que las decisiones judiciales amparen derechos amenazados o vulnerados y no se queden en meras declaraciones que no ahuyenten el peligro de un evento dañoso a los derechos fundamentales de quien aparece como victima. El articulo 5 de la citada ley establece que deben privilegiarse los derechos humanos de las mujeres victimas. El articulo 45, que inaugura el Capitulo V “Procesos de Protección”, define un “interés prioritario”, que es la protección integral de la dignidad humana y la de la víctima y de su seguridad y del entorno familiar. Ese interés prioritario ya está enunciado en el artículo 2, que dispone que la ley sea considerada de orden público y de interés general, pues se ‘declara como prioritaria la erradicación de" la’ violencia ejercida contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, debiendo el Estado (y acotamos sus tribunales), actuar con la debida diligencia para dicho fin. Estos principios se concretan en diversas disposiciones que establecen que la mujer, por conducto de la ley señalada, tiene derecho a que el accionar de los tribunales sea: Célere (artículos 5, literal K); Preventivo (articulo 8, literal D); Inmediato (articulo 8, literal D); Eficaz (artículo 5, literal K); Oportuno (artículos 5, literal K, 7 literal F). 5.- Al tenor de los hechos denunciados, especialmente lo que resulta de la declaración de la denunciante, el incumplimiento comunicado a fs. 14 a 15, se estima que en la atacada la Sra. Jueza a quo, aplicó a cabalidad los principios antes enunciados a los efectos de resolver, especialmente el precautorio. 6.- Así las cosas, a juicio de la Sala, debe mantenerse la disposición de colocación de monitoreo electrónico.- En efecto, la implementación de tecnologías de presencia y localización de personas tiene como objeto asegurar el cumplimiento de las medidas cautelares de protección. Es en ese sentido que lo establece la ley 19580 en el literal c) del artículo 65 al prever como medida cautelar la de: "Prohibir, restringir o limitar la presencia de la persona agresora en el domicilio o residencia de la víctima, lugares de trabajo, estudio u otros que frecuente ella o sus hijas e hijos u otras personas a su cargo, pudiendo disponer mecanismos de seguimiento que aseguren el estricto cumplimiento de la medida dispuesta, tales como los sistemas de tecnología de verificación de presencia y localización de personas u otros análogos". Por su parte el Poder Judicial cuenta con un "Protocolo de actuación para la implementación de tecnología de presencia y localización de personas en caso de alto riesgo de violencia doméstica" desde el año 2013 (disponible en la página web del PJ). Este protocolo parte de determinar que el objeto de la implementación de dichos dispositivos, es asegurar el cumplimiento de las medidas cautelares en el marco de la violencia doméstica y agrega como presupuesto del sometimiento, que se trate de "verificación de presencia y localización de personas en caso de alto riesgo". 7.- No se impondrán condenaciones espaciales en la instancia.- Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto por los arts. 248 y ss. del CGP, el Tribunal RESUELVE: Confirmar la providencia impugnada No 2985/2025 del 17 de octubre 2025 .- Sin especial condena.- Notifíquese y devuélvase.- Dra. María Noel Tonarelli de Pena. Ministra.- Dra. María Helena Mainard García. Ministra (r).- Dra. María Catalina, Elhordoy Perdomo. Secretaria Letrada.-