Texto de la sentencia
Sentencia Nro. 112/2026 - IUE: 50-189/2025 Montevideo, 23 de febrero de 2026
VISTO:
Para sentencia interlocutoria de segunda instancia en estos autos caratulados "AA y otros c/ BB - (TESTIMONIO DE IUE: 2- 128862/2024).- VISITAS RECURSO DE APELACIÓN”, IUE: 50-189/2025, venidos a conocimiento del Tribunal atento al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria No 4881/2025 de fecha 8 de setiembre de 2025, dictada por el Dr. Marcos Seijas, Juez Letrado de Primera Instancia de Familia de 5° Turno.
RESULTANDO:
1.- Por la recurrida se resolvió:
"El art. 39 inciso final del CNA dice que el régimen provisorio de visitas sólo podrá denegarse por motivos fundados. La situación denunciada de violencia de género no es un hecho admitido en este proceso aún. No se dispuso antes un régimen provisorio porque la parte actora no lo había solicitado y lo ha hecho en esta audiencia, a juicio de este magistrado no hay motivos para no cumplir con la ley por lo que se fijará un régimen provisorio de visitas en favor de los actores, que se establecerá los segundos y cuartos domingos de cada mes, de 10 a 18 horas en la ciudad de Montevideo, comenzando el próximo 14 de setiembre. Asimismo, ofíciese a la UTF a efectos de que a la brevedad comience la valoración de esta situación haciéndole saber que ya se comenzarán a realizar visitas provisorias porque la separación entre el padre, su hijo y la familia paterna no admiten más dilaciones. La tía será la encargada de retirar al niño a la hora 10:00 y de reintegrarlo a la hora 18:00."
2.- A fs. 159 y ss., compareció la parte demandada a fundamentar el recurso de apelación interpuesto contra la impugnada en audiencia.
En síntesis, señaló que la resolución recurrida le agravia por cuanto se ve afectada la estabilidad y bienestar de CC, poniendo en riesgo su salud emocional, entendiendo la recurrente que no se prioriza el interés superior del niño, primando el interés de los adultos en la presente resolución.
Afirmó que en la audiencia celebrada no se dio cumplimiento a lo dispuesto en el art. 8 del CNA en cuanto a que el niño no contó con su defensa, quien es fundamental en el proceso de autos, ya que debe garantizar la defensa de sus derechos y su interés superior. En consecuencia, ante la inobservancia a lo dispuesto en el art. 8 del CNA, debe considerarse nula la resolución impugnada.
Sin perjuicio de lo expresado, manifestó que las visitas dispuestas por la Sede no contemplaron las circunstancias expuestas en la contestación de la demanda, y tampoco se consideró la corta edad de CC, quien actualmente tiene cuatro años y hace dos que no tiene contacto con su progenitor ni con su familia.
Sostuvo que la resolución recurrida impone a la compareciente a entregar a su hijo a los actores, habiendo sido estos quienes la violentaron a ella y a su hijo durante los primeros años de su vida, por lo que estas visitas exponen al niño a una vivencia traumática, separándolo de su madre de forma abrupta durante ocho horas con personas que desconoce, alterando su rutina de forma intempestiva.
Asimismo, la recurrente desconoce el lugar al que llevarán a su hijo durante las visitas, no estando garantizado el bienestar del niño dado que no hay una figura protectora y de confianza en estos encuentros. A su vez, tampoco se tomó en cuenta la personalidad de CC y sus dificultades para comunicarse.
Indicó que el proceso de revinculación del niño con los actores debe ser brindado con las garantías que otorga la intervención de la UIF, debiendo haber esperado los tiempos que insuma la asignación del equipo que deberá abordar la situación.
Por último, señaló que en la recurrida se quita credibilidad a la situación de violencia de género denunciada, siendo que esta sí existió, así como también violencia contra el niño.
3.- Sustanciado el recurso por auto No 5151/2025 a fs. 165, el mismo fue evacuado por la parte actora en los términos que surgen a fs. 170 y ss., abogando por el mantenimiento de la recurrida.
4.- Por auto No 5727/2025 a fs. 176, el Juez a quo franqueó el recurso de apelación interpuesto con efecto no suspensivo.
5.- Recibidos los autos en el Tribunal, por decreto No 1198/2025 se dispuso el pasaje a estudio de las Sras. Ministras por su orden.
CONSIDERANDO:
1.- El día 24 de diciembre de 2024, a fs. 5 y ss, comparecieron el Sr. AA, el Sr. DD, la Sra. EE y la Sra. FF, padre, abuelo paterno, abuela paterna y tía paterna, respectivamente, del niño CC, a promover proceso de visitas contra la madre, Sra.BB.
AA mantuvo una relación afectiva con la demandada desde comienzos del año 2020. Fruto de esa relación el 18/4/2021, nació CC (documento de fs. 2). Alegan que vivían todos en el mismo predio en la ciudad de Tacuarembó:
La madre del niño se lo llevó a Montevideo en diciembre de 2023 y desde esa fecha no lo ven.Solicitan un régimen de visitas definitivo que proponen en su escrito.
2.- Por providencia No 8008/2024 del 23 de diciembre de 2024, se confirió traslado de la demanda y se designó defensor al niño al Dr. Joaquín Meizoso, quien aceptó el cargo y asumió respuesta de expectativa (fs. 12, 14).
Posteriormente se entrevistó con el niño y presentó informe el 9/5/2025 a fs. 93, solicitando que se continúe con las actuaciones de estilo, reservándose la respuesta final una vez diligenciada toda la prueba.
3.- A fs. 27 y ss., compareció la Sra. BB, madre de CC, a evacuar el traslado quien detenta la tenencia de su hijo en Montevideo.
Relata la situación de violencia de género que vivió con su pareja, avalada por toda la familia de éste, razón por la que se tuvo que ir de Tacuarembó sin avisarles.
Solicita que se rechace la demanda.
4.- En audiencia del 5/5/2025 (fs.82) las partes y el defensor de niño llegan a un acuerdo provisorio en los siguientes términos: "las partes acuerdan una revinculación del niño del padre y sus familiares, a cargo de la UIF y solicitan a la Sede que se oficie al INAU a tales efectos y que se prorrogue la audiencia por 4 meses".
5.- El 8/9/2025 se celebró nueva audiencia a la que no compareció el defensor del niño.
En la misma la parte actora solicitó régimen de visitas provisorio -no lo había hecho con la demanda- en atención a lo que informó la UIF el 7/8/2025 a fs. 136, en cuanto a que la familia todavía está en lista de espera. El régimen consiste en visitas una vez por semana, en la casa de la tía FF, que es la única que vive en Montevideo.
La parte demandada se opone y se dicta la sentencia impugnada.
6.- Debe tenerse en presente que de las pericias de ITF emerge que el el padre está apto para restablecer el vínculo con el niño (fs.112), pero se sugiere el comienzo de visitas supervisadas por INAU o DAS entre el adulto y el menor, con el objetivo de recomponer el vínculo en forma progresiva (fs.123).
7.- Derecho de comunicación:
Partimos de la base de que las visitas que se reclaman por los actores respecto del niño, sin lugar a dudas es un derecho de los niños que debe ser protegido.
Se trata de un derecho fundamental de CC, ya que carecer de comunicación con su padre y la familia de éste, sin duda le provocaría afectaciones emocionales que permanecerán en un futuro y que lo marcaría en su desarrollo hacia la adultez.
El fin es que se mantenga el vínculo de los niños con sus padres, pero este objetivo puede verse limitado atendiendo a su interés superior.
El interés superior del niño, consagrado en el art.3 de la CDN y en el art.6 del CNA, es una herramienta de interpretación y aplicación de la ley que nos impone considerar y proteger los derechos fundamentales de los niños a efectos de que la solución a adoptarse en aquellas cuestiones que tengan que ver con su vida y desarrollo, se adopten evitando su afectación y especialmente preservando el goce de sus derechos inherentes.
Es en ese sentido que no solo debemos garantizar el ejercicio de los niños de su derecho a comunicarse con su padre, abuelos y tía en forma abstracta, sino que es necesario que tengamos en cuenta la totalidad de sus derechos, la tensión que puede existir entre algunos de ellos y así evaluar si el primero requiere de ser limitado en protección de su interés superior.
Es en aras de ello que se torna imprescindible escuchar a los niños en el proceso a través de su representante al adoptar decisiones tan trascendentes como la impugnada, especialmente teniendo en cuenta la edad del niño (4 años), que hace dos que no ve a la familia paterna, incluído su padre y la situación de violencia de género, que si bien como dice el juez a quo, no es un hecho admitido, basta con que sea alegado en esta instancia.
8.- Es así que la Sala entiende preceptivo que para fijar el régimen de visitas provisorio que se fijó, fuera de lo ya pactado por las partes y de la supervisión que se sugirió en las pericias, se escuche a la defensa del niño, quien además, al informar entendió que se debía diligenciar la prueba para expedirse.
9.- Derecho a ser oído y autonomía progresiva:
El art. 8 del CNA consagra el derecho de los niños y niñas a expresar su opinión, teniendo en cuenta el principio de autonomía de la voluntad.
La CDN consagra el principio de autonomía de la voluntad en el art. 5 y el derecho a ser oído de los NNA en su art. 12.
Éste último reza: "Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y la madurez del niño".
En autos se adoptó una resolución que afecta al niño en lo sustancial de su vida (la comunicación con su familia paterna), sin que fueran debidamente asistidos para hacer valer sus derechos en la audiencia, especialmente el derecho a ser escuchado y considerar su opinión para resolver.
Ante el desacuerdo de los padres en el régimen de comunicación del niño con su familia, es el Juez que debe resolver. Así lo establece el artículo 39 del CNA: "1) La determinación de las visitas se fijará de común acuerdo entre las partes. 2) A falta de acuerdo o en caso de que se impida o limite el ejercicio del derecho mencionado, el Juez de Familia fijará el régimen de visitas, conforme al principio de corresponsabilidad en la crianza. Se garantizará el derecho del niño o adolescente a ser oído, adoptándose todas las medidas necesarias para asegurar la libre expresión de su voluntad, según su grado de desarrollo cognitivo y autonomía progresiva...".
10.- Entienden las firmantes que una vez comenzado el litigio, no procede fijar las visitas provisorias a favor de la familia paterna, sin escuchar a la defensa del niño, principal interesado en la resolución adoptada.
Así lo establece el artículo transcrito para el caso concreto del régimen de comunicación, el que no hace más que reiterar el principio general establecido por el artículo 8 también ya mencionado.
Siempre debe escucharse a los niños antes de tomar decisiones a su respecto.
Así debería ser incluso extrajudicialmente cuando los padres resuelvan sobre su futuro.
En caso de no considerarse su opinión, los NNA cuentan con el derecho de acudir a los tribunales, en los que se les asegurará la asistencia letrada y en su caso también la designación de un curador ad litem.
"La expresión "acudir a los Tribunales" utilizada por el art. 8 del CNA es idéntica a la del art. 11 del CGP, artículo que consagra el derecho al proceso, es decir, el derecho a acceder a la jurisdicción, ya sea a ejercer el derecho de acción, pretender o controvertir...El art.8 del CNA refiere también al derecho a ser oído, expresión que en el derecho procesal se entiende como el derecho a acudir a los tribunales, de plantear un problema jurídico concreto o el derecho de oponerse a las soluciones reclamadas..." (cf. "Capacidad procesal de Niños y Adolescentes"- M.V.Barreiro-Procesos de Familia, RUDP, T.I, pag.276).
Una vez entablado el proceso, es de precepto que se designe defensa a los niños desde el comienzo de las actuaciones y que se escuche su opinión, ya sea directamente o a través de su representante judicial. De no cumplirse con ello, la consecuencia no puede ser otra que la nulidad de lo actuado en contravención a los derechos de los niños.
El derecho de defensa constituye una garantía del debido proceso (art. 12 de la CN) y tal como lo afirma la Dra. Cecilia Baluga en la obra citada, pág. 321, "Sostiene la Dra. Klett, citando a Binder:" el derecho de defensa no puede ser puesto en el mismo plano que las otras garantías procesales. La inviolabilidad del derecho de defensa es la garantía fundamental con la que cuenta el individuo, porque es el único que permite que las demás garantías tengan vigencia concreta en el proceso penal. Todo aquel que está involucrado en un litigio judicial está asistido por ese derecho" Si bien los autores citados se refieren al proceso penal, estás conclusiones pueden aplicarse a todos los procesos, porque se trata de la protección de los derechos humanos fundamentales de los individuos, con independencia de su edad y el proceso en el cual participan...la legislación nacional consagra ahora en forma expresa el derecho de acción de los NNA y su calidad de parte. Desde la sanción del art. 8 del CNA, ha consagrado en forma preceptiva la asistencia letrada obligatoria".
Y es el propio artículo 8 que prevé la consecuencia de no cumplirse con lo que impone, en tanto en su inciso final establece: "Los Jueces, bajo su más seria responsabilidad, deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de lo establecido en los incisos anteriores, debiendo declararse nulas las actuaciones cumplidas en forma contraria a lo aquí dispuesto".
11.- En consecuencia entiende la Sala que corresponde declarar la nulidad de la providencia impugnada (art. 257.4 del CGP) y remitir las actuaciones al subrogante natural, ya que el Sr. Juez a quo ya ha emitido opinión del caso sometido a su decisión.-
12.- No se impondrán condenas especiales en la instancia.
Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto por el art. 248 y ss. del CGP. el Tribunal
RESUELVE:
Declarar la nulidad de la providencia impugnada No 4881/2025 de fecha 8 de setiembre de
2025.-
Remítase las presentes actuaciones al subrogante natural.
Sin especial condena en la instancia.
Notifíquese y devuélvase.-
Dra. María Noel Tonarelli de Pena. Ministra.-
Dra. María Helena Mainard García. Ministra (r).-
Dra. María Catalina, Elhordoy Perdomo. Secretaria Letrada.-
Fuente: Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial. Los nombres de las partes figuran anonimizados en el original.