Sentencia Definitiva N° 21/2026

Sentencia Nro. 21/2026 - IUE: 2-118138/2023 Montevideo, 26 de febrero de 2026 VISTO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estas actuaciones caratuladas "AA Y BB - PENSIÓN ALIMENTICIA - RECURSO DE APELACIÓN - TAF 3o", IUE: 2-118138/2023, venidas a conocimiento de este Tribunal atento al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva No 58/2025 de fecha 14 de mayo 2025, dictada por la Dra. Grecia Gonzálvez, Jueza Letrado de Primera Instancia de Familia de 3° Turno. RESULTANDO: 1.- Por sentencia definitiva No 79/2025 se resolvió: "Se desestima la excepción de falta de legitimación activa (CC). Se desestima la demanda respecto a la parte actora: CC. Se condena al Sr. BB a servir a sus hijos DD y EE una pensión alimenticia definitiva mensual de 2,3 BPC para cada uno; a pagar del 1o al 10 de cada mes en la forma solicitada a fs. 31 (para el beneficiario EE con administración de su madre; y en forma directa para DD). Condenas que son retroactivas a la fecha de la demanda (05/12/2023, fs. 29); dejándose sin efecto el monto de pensión alimenticia provisoria señalada por interlocutoria No 2274/2024. Comuníquese en las formas de estilo.." 2.- A fs. 155 y ss., compareció el representante de la parte demandada, el Dr. Ángel E. Sosa García e interpuso recurso de apelación. En síntesis, señaló que la pensión es excesiva y se tomó la decisión sin efectuar un análisis de las posibilidades del obligado, sin tomar en cuenta las necesidades de sus hijos y sin analizar los ingresos de la madre muy superiores a los del padre. La actora inició el proceso cuando residía en Maldonado luego se mudó a Rocha, lo que no puso en conocimiento de la Sede, ello con el objetivo que se tomen valores superiores a los efectos de fijar la pensión alimenticia. La madre es enfermera y además es propietaria de un hogar de adulto mayor ubicado en el centro de la ciudad de Rocha. Su representado tiene una fracción de campo natural, poco más de 50 Has., es productor de animales en una muy pequeña escala, tomando en consideración los índices generales de producción y las obligaciones del demandado, impuestos, sanidad y renta, para que dicha explotación exista. Solicita un abatimiento de la pensión impuesta fijándose en la provisoria oportunamente dispuesta.- 3.- Sustanciado el recurso por auto 2249/2025 a fs. 158, el mismo fue evacuado a fs. 160 y ss.. Expresó que las posibilidades económicas de la madre debieron ser acreditadas por la contraria, ya que era su carga por imperativo de su propio interés. Que las circunstancias que no fueron consideradas en la sentencia carecían de soporte probatorio. El demandado es productor rural, propietario de los campos que explota y tiene una cantidad considerable de ganado, lo que quedó probado con la prueba documental emitida por el Ministerio de Ganadería y Pesca y la prueba testimonial. Todo lo que acredita la capacidad económica del demandado, que el mismo tiene posibilidades suficientes para brindar el servicio pensionario fijado en autos. Solicita se confirme la condena, con imposición de costas y costos a cargo del demandado.- 4.- Por dispositivo No 3040/2025 del 18 de julio 2025 se franqueó la apelación con efecto suspensivo. 5.- Recibidos los autos en este Tribunal, por auto No 816/2025 se dispuso el pase a estudio de las Sras. Ministras por su orden y cumplido se procede al dictado del presente. CONSIDERANDO: 1.- Partes y pretensión.- El día 5 de diciembre de 2023, a fs. 24 y ss., comparecieron la Sra. AA en representación de EE nacido el día 2 de febrero de 2012 (documento fs. 52) y por sí, sus hijas CC nacida el 3 de mayo 2001 (fs. Documento fs. 2, 3 y 4), DD nacida el 7 de setiembre de 2005 (documento de fs. 51). Expresó la Sra. AA que mantuvo una relación afectiva con el demandado de concubinato more uxorio fruto de la cual nacieron CC, DD y EE. Desde el año 2015 se encuentran separados. Durante la relación concubinaria los ingresos del demandado como productor rural eran suficientes para solventar los gastos de la casa eran de alrededor de $120.000 mensuales. El demandado ha incumplido sistemáticamente los acuerdos a los que se han arribado, depositado lo que él quería, sumas insuficientes para cubrir los gastos mínimos de sus hijos (alquiler, agua, teléfono, gas, leña, internet, gastos diarios, alimentos). CC está estudiando y no está trabajando, EE es un adolescente con mayores necesidades y DD cursa sexto año en el Liceo Departamental de Maldonado. La Sra. AA percibe un promedio de ingresos de $18.000, lo que no alcanza para cubrir las necesidades básicas, siendo asistidos por familiares y amigos. Solicita se fije una pensión alimenticia provisoria de 6 BPC mensuales. 2.- Conferido traslado de la demanda, a fs. 37 y ss., comparece el Sr. BB e interpone excepciones de incompetencia y falta de legitimación activa de su hija CC. Expresa que el domicilio de ambas partes es en la ciudad de Rocha, por lo que la sede de ese departamento es la competente para el presente accionamiento. Respecto de CC, al haber cumplido 21 años de edad, no le corresponde impetrar una pensión alimenticia. Agrega que la misma trabaja en el Casino de la ciudad de Rocha. DD comenzará sus estudios en la Escuela de Enfermería y su costo será asumido por el compareciente. Señala que ha remitido importes pensionarios, salvo en los meses de enero y febrero de 2023 dado que sus hijos estaban con él. Que sus ingresos no son los afirmados por los actores, que sus hijos no tienen cobertura médica. Se opone al monto pensionario pedido y solicita se fije la pensión alimenticia a servir en 1 BPC para cada hijo menor de 21 años, DD y EE. 3.- A fs. 43 y ss. comparece el representante de la parte actora a evacuar el traslado de las excepciones. La excepción de incompetencia se resolvió en audiencia asumiendo la sede la competencia y se dispuso reservar para la sentencia definitiva la decisión sobre la excepción de falta de legitimación activa CC (interlocutoria No 3750/2024 de fecha 3 de setiembre 2024).- 4.- Alimentos.- En cuanto a los alimentos y sus presupuestos, este Tribunal por sentencia No 84/2024 expresó "El deber de servir alimentos de los padres hacia sus hijos, como una manifestación de dicha obligación más amplia, parte de la consagración constitucional prevista en el artículo 41 de nuestra Carta, que reza: El cuidado de los hijos para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y derecho de los padres...". Del mismo modo nuestro Código Civil en los artículos 116 y ss., establece la obligación de los padres de mantener y educar a los hijos; y el Código de la Niñez y la Adolescencia en los artículos 50 y 51 señala a las niñas, niños y adolescentes como acreedores alimentarios, siendo los padres en primer término, los obligados a prestar los alimentos a sus hijos. Así también el artículo 121 del CC y el 46 del CNA nos proporciona el concepto de alimentos: “...no sólo la casa y comida, sino el vestido, el calzado, las medicinas y salarios de los médicos y asistentes en caso de enfermedad..la educación...” El quantum de la pensión alimenticia debe fijarse de acuerdo a un criterio de proporcionalidad y razonabilidad para el caso concreto. La fijación de la pensión alimenticia se debe ponderar en base a un criterio de razonabilidad en función de los aportes que cada uno de los progenitores estén en condiciones de hacer a sus hijos. Debe tenerse asimismo presente para su fijación la ecuación necesidades del alimentado, posibilidades económicas del obligado. En el caso no se han acreditado necesidades extraordinarias, debiendo tener por tales las corrientes de una niña de 4 años de edad y las posibilidades del alimentante. El sistema del prudente criterio judicial es el utilizado en nuestro ordenamiento y, en éste, según GUTIÉRREZ GOYOCHEA y JIMÉNEZ HERRERO, siguiendo jurisprudencia argentina, "para analizar la razonabilidad del monto, el juez no debe encasillarse en rigideces matemáticas, sino que debe calcular en forma estimada y según su prudente arbitrio el porcentual necesario para satisfacer las necesidades del beneficiario el único lineamiento establecido es que el monto alimentario se fija en función de una ecuación entre los recursos económicos del demandado y las necesidades del demandante, teniendo en cuenta las especiales circunstancias de cada caso. ...” (“Código de la Niñez y la Adolescencia – Comentado, anotado y concordado”, Dr. Gustavo Mirabal, 4a Edición actualizada, 2023, La Ley Uruguay, págs. 285/287).- 5.- Agravios.- En relación al domicilio, la excepción de incompetencia fue resuelta en la audiencia de precepto y no fue objeto de impugnación por el demandado, así como tampoco se deducen agravios respecto de la falta de legitimación activa de CC. El agravio refiere exclusivamente al cuantum de la pensión alimenticia a servir por el demandado a favor de DD y EE. 6.- La prueba.- Testimonial: FF (fs. 124/125) expresa que AA vive en un apartamento en San Fernando, trabaja en el Hospital desde hace unos cinco años, vive en Rocha. CC trabaja en el Casino de Rocha desde hace unos seis meses más o menos. GG (fs. 126/127) declara que es amiga de los actores. Conoce al demandado. Expresa que este trabaja en sus campos los que explota en calidad de propietario, con un valor la hectárea de U$$ 2.800 para arriba, tiene vehículo una camioneta Fiat y no tiene otras cargas familiares. Entiende que el demandado se encuentra en situación económica para aportar para la manutención de sus hijos. Los hijos siempre vivieron con la actora, es quien cubre su sistema de salud. CC estudió y ahora trabaja en el Casino desde hace algunos meses, DD estudia y EE va a la escuela HH. AA trabaja en el Hospital de Maldonado. Expresa que el centro de atención de adultos es de la madre de AA. II (fs. 132/133) amiga de AA. Expresa que el demandado trabaja con ganado en los campos de los cuales es propietario, en las inmediaciones de Rocha, el demandado no contribuye a la manutención de sus hijos, que tiene posibilidades económicas para ello y la madre es quien ha proveído siempre a las necesidades de DD y CC. AA trabaja en Rocha, DD estudia licenciatura en enfermería y EE pasó a primer año liceal. AA trabaja en Salud Pública en Rocha y alquila.- Documental.- - testimonios de partidas de nacimiento (fs. 2 a 4, 50 a 52) - acta de convenio del Centro de Mediación de Rocha (fs. 5 a 6). - recibos de sueldo de AA (fs. 7 a 10). - pagos de arrendamiento por AA (fs. 11 a 12). - informes tarjeta Mi Dinero por AA (f. 13 a 19). - Facturas OSE, UTE, Antel (fs. 20 a 21). - constancia de estudio en la Escuela de Psicología Uruguay de CC (fs. 23). - constancia de trabajo de la Dirección General de Casinos por CC (fs. 67). - declaración jurada de DICOSE, constancias de aportes al BPS y de la Intendencia Departamental de Rocha de Guías de Semovientes (fs. 101 a 108). - constancia de EIRE S.R.L. de la que surge que DD se encuentra cursando el curso de Auxiliar de Laboratorio Clínico (fs. 112/113) Por Informe.- - Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (69/85) - Administración Nacional de Educación Pública por EE (fs. 99), de la que surge que se encuentra cursando 6B de la Escuela HH. 7.- Las necesidades de los niños y adolescentes incluso si no tienen problemas especiales, enfermedades o dificultad de algún tipo - se prueban in re ipsa porque el concepto de alimentos - esto es, el sustento, habitación, vestimenta, salud y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio, educación, cultura y recreación (art. 46 CNA) - son comunes a todos los NNA, y en pensiones reducidas como la de autos, no corresponde ninguna prueba específica ya que conforme las reglas de la experiencia, el costo de cualquier beneficiario en cubrir dichas necesidades es superior a una BPC.- En cuanto a DD, el art. 50 del CNA otorga la calidad de acreedor de la obligación alimenticia, al mayor de dieciocho años y menor de veintiún años, que no disponga de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación. La prueba positiva (ingresos suficientes) corresponde a quien pretende su exoneración o disminución, o sea el alimentante y dicho extremo no surge acreditado en autos. Ante ello, se probó en autos que DD de 20 años de edad y las necesidades propias de la edad, las que tienen la amplitud que consagró el legislador en el art. 46 del C.N.A. (prueba ?in re ipsa ?): se encuentra cursando el curso de Auxiliar de Laboratorio Clínico (fs. 112/113), con un buen promedio de rendimiento, y por ende estudia y no se ha acreditado que trabaja, por lo que es acreedor alimenticio. No se ha controvertido que forma núcleo familiar con su progenitora y dos hermanos más.- No se han controvertido ni se han probado otros ingresos de la actora Sra. AA que los provenientes de su trabajo como enfermera en el Hospital que ascienden a la suma de $ 21.157, 87 al mes de junio 2023, según fs. 7, suma que no es suficiente para solventar sus propias necesidades y las de sus hijos, a cuya manutención esta obligada por normas constitucional y legal. Del documento de fs. 11 surge que al 11 de setiembre de 2023 pagaba de alquiler la suma de $18.000 y que existe deuda con la empresa por consumos de luz y multa por atrasos de $10.382. A ellos se suman los gastos que se agregan a fs. 20 y ss. por otros conceptos (tarjeta, UTE, entre otros). 8.- En cuanto a los ingresos del demandado corresponde señalar que el demandado no ha presentado la declaración jurada de bienes e ingresos del art. 58 del CNA. Si bien las consecuencias de tal omisión no está prevista por la ley, la doctrina es conteste en cuanto a que tal omisión es una presunción simple en contra de la parte demandada. La valoración de la prueba en base a las pautas establecidas por nuestra ley procesal en el artículo 140 del CGP, nos impone no limitarnos a la presentación o no de la mentada declaración jurada, sino tomar en cuenta la totalidad de los medios probatorios incorporados a la causa y aplicando la sana crítica, llevar adelante una valoración racional de los mismos en su conjunto. El artículo 58 del CNA establece que "... A efectos de acreditar su situación patrimonial, el deudor de alimentos, sea el padre, madre o cualquiera de los obligados de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la presente ley, al momento de contestar la demanda de alimentos o de solicitar la modificación de la pensión alimenticia, deberá presentar declaración jurada de bienes e ingresos a cualquier título. La declaración jurada deberá señalar el monto de sus ingresos ordinarios y extraordinarios, individualizando lo más completamente posible, si los tuviere, su activo y pasivo, tales como bienes inmuebles, vehículos, valores, participación en sociedades e inversiones de cualquier naturaleza..." Si bien la norma no prevé la consecuencia de tal omisión, se trata de una obligación legal que la doctrina ha entendido que, su incumplimiento, no sólo infringe el deber de colaboración, buena fe y lealtad procesal, sino que acarrea la consecuencia del incumplimiento de las cargas procesales, es decir, operaría una presunción simple en contra del omiso (cf. CNA Comentado. G.Mirabal, comentario art. 58). A esta presunción simple generada en contra del demandado que no cumplió con su carga de presentar la declaración jurada de ingresos, debe aditarse que "en materia de familia es de aplicación la denominada teoría de las cargas dinámicas que desplaza la carga de la prueba a quien se encuentra en mejores condiciones de probar -disponibilidad de los medios probatorios- y por otra parte, que adquiere especial relevancia en este aspecto, el denominado deber de colaboración del obligado, a fin de demostrar la capacidad económica real que habrá de tenerse en cuenta para la determinación de los alimentos-verdad material" (cf.obra cit). El demandado no ha presentado declaración jurada de sus bienes e ingresos; niega percibir la suma de $120.000 mensuales como afirma la actora, pero no acredita sus ingresos. Es propietario de los campos que explota, según declararon los testigos GG y II. Son poco más de 50 Has. según manifestó el demandado. El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca informa fs. 76 el valor promedio de venta de la hectárea de campo en el departamento de Rocha, que en el primer semestre de 2023 es de U$D 2.979,7 y en el segundo semestre de U$D 2.844,6. En la declaración jurada presentada a DICOSSE surge que son 55 Hás., se señalan mejoramientos entre el 1/7/2023 y el 30/6/2024, un total de 53 vacunos, 62 ovinos y 6 yeguarizos, 30 suinos (fs. 101 a 103). Acredita aportes al BPS por el mes de mayo de 2024 por la suma de $13.844 (fs. 106). 9.- De acuerdo a lo antes expuesto, el demandado se encuentra en condiciones se servir el servicio pensionario establecido en el fallo de primera instancia de 2,3 BPC para cada uno de sus hijos, DD y EE, monto que resulta más que razonable y proporcional, por lo que se procederá a confirmar la sentencia impugnada.- 10.- No se impondrán condenas especiales en la instancia.- Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto por los arts. 348 y ss del CGP, el Tribunal, RESUELVE: Confirmar la sentencia definitiva No 58/2025 de fecha 14 de mayo 2025.- Sin especial condena.- Notifíquese y devuélvase a la sede de origen.- Dra. María Elena, Emmenengger Giambiassi. Ministra.- Dra. Maria Noel, Tonarelli de Pena. Ministra.- Dra. Maria Helena, Mainard García. Ministra (r).- Dra. María Catalina, Elhordoy Perdomo. Secretaria Letrada.-