Sentencia Definitiva N° 5/2026

VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia en estos autos caratulados “REYES, MARTÍN Y OTRO C/ SANTOPIETRO BITANCURT, MARCELLO – REGULACIÓN DE HONORARIOS – ACUM. 2.25654/2022 “REYES, MARTÍN Y OTRO C/ SANTOPIETRO BITANCURT, MARCELLO – REGULACIÓN DE HONORARIOS” RECURSO DE APELACIÓN – TAF 3°T”, IUE: 2-25653/2022, venidos a conocimiento de este Tribunal atento al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva N° 42/2025 de fecha 7 de abril de 2025, dictada por la Dra. María del Carmen Illanes Alonso, Jueza Letrada de Primera Instancia de Familia de 3° Turno. RESULTANDO: 1- Por sentencia definitiva N° 42/2025 la A quo falló: “Estímase parcialmente las demandas de estos autos acumulados, en cuyo mérito condénase al demandado, Sr. Marcello Santopietro, a abonar a los accionantes la suma total de U$S 19.500, más el IVA correspondiente y el interés legal dispuesto en el DL 14500, de acuerdo al siguiente detalle: A) La suma de U$S 15.000, más IVA e interés legal, la deberá abonar a los Dres. Guillermo Sáez y Martín Reyes por los honorarios profesionales generados en el expediente acordonado IUE 46-489/2003; B) La suma de U$S 4.500 más IVA e interés legal, la deberá abonar al Dr. Guillermo Sáez por los honorarios profesionales generados en el expediente acordonado IUE 2-49189/2016.” 2- A fs. 376 y ss. compareció el Dr. Guillermo Sáez e interpuso recurso de apelación contra la impugnada. En síntesis, expresó que el honorario fijado es extremadamente exiguo y está muy por debajo del precio de costumbre, siendo escaso en relación al monto de la causa establecido en la pretensión principal, debiendo revocar el fallo y cuantificar los honorarios profesionales para los Dres. Guillermo Sáez y Martín Reyes en una suma no inferior a U$S 240.000. El valor de la causa de la partición transaccional es de U$S 7.000.000, y el proceso de regulación de honorarios guarda relación en cuanto al beneficio obtenido por la partición transaccional arribada, y el Sr. Santopietro consintió libremente la partición transaccional y la composición de su hijuela. Afirmó que la suma impuesta se encuentra muy por debajo de lo dispuesto en el art. 1834 del Código Civil, incurriendo en una cuantificación que trae resultados notoriamente perjudiciales para los letrados patrocinantes por ser muy menores en relación con el trabajo efectivamente realizado, ya que no se tomó en cuenta el monto de la causa, el valor de los bienes en juego, el trabajo profesional realizado y la eficacia de los servicios profesionales, verificándose un enriquecimiento injusto en favor del demandado. Señaló que no se siguieron los principios de razonabilidad y justipreciación caracterizados por la Suprema Corte de Justicia, los cuales tiene relación directa con el trabajo realizado por el profesional abogado. Asimismo, sostuvo que en autos se estaría configurando una hipótesis de la teoría del absurdo evidente, ya que existe arbitrariedad en la valoración de la prueba o porque, en otro sentido, se hacen referencias absurdas que nada tienen que ver con la valoración probatoria que quiere el legislador. Por último, expresó que el accionar de la contraria fue desleal y con falta total de buena fe, por lo que corresponde sancionar al demandado. 3- A fs. 384 y ss. compareció el Sr. Marcello Santopietro e interpuso recurso de apelación contra la impugnada. Indicó que los actores se presentaron a reclamar honorarios en el expediente IUE 46-489/2003, autos caratulados “Disolución y liquidación de sociedad conyugal”, donde la sociedad legal de bienes estuvo vigente un poco más de 20 meses. En su demanda, no acompañaron prueba alguna de bienes que tengan la calidad de gananciales, lo cual ni siquiera mencionaron en la demanda, tema por demás trascendente al tratarse de una disolución y liquidación de sociedad conyugal. Señaló que no existían bienes gananciales en dicha sociedad de bienes, debido a que esta duró tan solo unos meses, y la colección de obras del Sr. Santopietro le pertenecía en calidad de bienes propios. En consecuencia, no podría reclamarse como base de cálculo bienes que no forman parte de la sociedad conyugal, lo que hace que no formen parte de este proceso. De igual forma, los bienes que figuran en el acuerdo transaccional suscripto entre el compareciente y la Sra. Annel Garmendia, en ningún momento se menciona que estos sean gananciales. Respecto a la transacción denominada “Acuerdo transaccional” y la referida al “Acuerdo pensionario”, el Sr. Santopietro no reconoce haberlas suscripto, por lo que se realizó el peritaje que se encuentra agregado de fs. 97 a 213, en el cual se dictaminó que las firmas del demandado en ambos documentos no guardan relación. En cuanto a la determinación de los honorarios en el expediente IUE 2-25654/2022, los profesionales solicitaron el cobro de honorarios por su actuación en el expediente IUE 46- 489/2003, relativo a la disolución y liquidación de sociedad conyugal. Al tratarse de un proceso de estructura monitoria en el cual no existió oposición, corresponde aplicar el art. 9 literal B del Arancel del Colegio de Abogados, el cual señala que en dichos casos se aplicará el 50% de la Escala Básica. Asimismo, los actores no fueron quienes iniciaron el proceso del cual pretenden el cobro de honorarias, ni tampoco se trató de un trabajo complejo. Expresó que la tarea de los actores en dicho proceso no puede catalogarse como exitosa, debido a que el compareciente nunca solicitó homologar ningún convenio, y los profesionales no tuvieron el mínimo cuidado de constatar si la colección del Sr. Santopietro estaba completa ni el estado de esta. Le agravia el monto fijado por concepto de honorarios, ya que no existió ningún éxito probado por parte de los actores en dicho proceso de disolución de sociedad conyugal, así como tampoco se explicó cual fue la referencia para fijar dicho monto. A su vez, afirmó que el Dr. Reyes renunció a los honorarios, lo cual está expresamente prevista en el art. 3 del Arancel del Colegio de Abogados, y surge de la protocolización notarial ante Escribano Público del mensaje enviado por dicho profesional al demandado, siendo que la Sede le quitó todo valor probatorio a este medio de prueba. Al no existir concertación entre las partes al momento de fijar los honorarios, correspondía aplicar el art. 144 de la ley 15.750, el cual no se aplicó en este proceso. Respecto a la determinación de los honorarios en el expediente IUE 2-25653/2022, señaló que fueron otros profesionales los que de verdad trabajaron en dicho caso, y el Dr. Sáez solamente asistió a dos audiencias de declaración de testigos y ayudó a la homologación del convenio pensionario, del que jamás avisó su contenido y le está generando hasta el día de hoy al Sr. Santopietro serios problemas. 4- Conferido traslado del recurso de apelación presentado por la parte actora por auto N° 1780/2025 a fs. 399, el mismo fue evacuado por la parte demandada a fs. 491 y ss. Señaló que no se han cumplido con las pautas legales para hacer efectivo un cobro de honorarios, y que el trabajo realizado por los actores se trató de un trabajo inconcluso, así como que existió mala praxis por parte de los referidos profesionales en cuanto a los acuerdos homologados. 5- Conferido traslado del recurso de apelación presentado por la parte demandada por auto N° 1851/2025 a fs. 411, el mismo fue evacuado por la parte actora a fs. 415 y ss. Sostuvo que el trabajo realizado por su parte en los expedientes cuyo reclamo de honorarios se pretende fue realizado enteramente y finalizó con la firma voluntaria del Sr. Santopietro, no existiendo ninguna maniobra dolosa como sostiene el demandado. Afirmó que no existió ninguna connivencia entre los actores y la Sra. Garmendia, ya que lo que se hizo fue siempre tratar de llegar a un acuerdo en los juicios, estando el Sr. Santopietro al tanto de todas las negociaciones que llevaba adelante el Dr. Reyes, siendo así hasta que se lograron los acuerdos definitivos. Respecto al peritaje, manifestó que no corresponde que el demandado insista con este, ya que nunca fue ordenado por la Sede y nadie lo obligó a realizarlo. En lo que tiene que ver con la aplicación del arancel, no habiéndose concertado los honorarios se estuvo a la importancia económica del asunto, su complejidad, el trabajo realizado y la eficacia de los servicios profesionales, ayudando al Sr. Santopietro a recuperar su patrimonio como consecuencia de los acuerdos alcanzados. 6- Por decreto N° 2267/2025 a fs. 503 se dispuso el franqueo del recurso de apelación interpuesto con efecto suspensivo. 7- Los autos fueron recibidos en este Tribunal el día 17 de julio de 2025, habiéndose denunciado hechos nuevos el 29 de julio y habiéndose agregado copias de sentencias dictadas en los autos IUE 2-90643/2023. Por decreto N° 897/2025 se dispuso el pase a estudio de las Sras. Ministras por su orden y cumplido se procede al dictado de la presente sentencia definitiva. CONSIDERANDO: 1.- La Sala, con el voto coincidente de sus integrantes naturales, confirmará la recurrida por los siguientes fundamentos. 2.- En primer lugar corresponde analizar la denuncia de hechos nuevos denunciados por la parte actora, así como la agregación de las sentencias dictadas en los autos IUE IUE 2- 90643/2023. Siguiendo a Klett, el hecho nuevo “debe ser relevante, es decir, pertinente a la pretensión o defensa y debe tener influencia sobre el derecho invocado. ...la consecuencia natural es que si el hecho es relevante modifique el objeto de pedir, sin alterar la causa por la que se pidió, y la ampliación de la petición de condena es consecuencial, es decir, deriva de un determinado complejo fáctico. Para que resulte aplicable la normativa del art. 121.2 CGP debe haberse invocado el acontecimiento de "algún hecho nuevo con influencia sobre el derecho invocado por las partes en el proceso", no bastando que se trate de prueba superviniente" (Autora citada, "Proceso Ordinario en el Código General del Proceso" Tomo 1 pág. 291.) En este sentido, y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el hecho denunciado en autos por la parte actora como "nuevo", la presentación de la demanda por responsabilidad profesional por parte del demandado en el mes de abril de 2025 en los autos IUE 2- 26134/2025, , si bien acaeció en forma posterior a la presentación de la demanda, no resulta relevante ni tiene influencia sobre el derecho invocado, esto es el reclamo de regulación de honorarios impetrado en los autos 46-489/2003 y 2-49189/2016. La estrategia procesal desplegada por la demandada en otro proceso, no tiene incidencia alguna en el objeto de este proceso ni influencia de ningún tipo en el derecho invocado por las partes. Con respecto a la agregación de las sentencias que lucen de fs 562 a 591 vto, entiende la Sala de conformidad con lo dispuesto por el art. 253.2 del CGP que no corresponde su agregación en tanto se trata de sentencias dictadas en forma posterior en procesos cuya dilucidación en nada incide en los presentes, a lo que debe agregarse que la contraria se opuso a la misma ( fs 599). En relación a la documentación agregada de fs 422 a 490 , corresponde aplicar el mismo razonamiento en tanto se trata de pericia realizada en otro proceso siendo ajeno al objeto del presente y no siendo la oportunidad para su agregación. Idéntico argumento debe realizarse en relación a las actuaciones que lucen agregadas de fs 521 a 546 por no tener vinculación con estos autos. 3.- En cuanto a los parámetros para la fijación de honorarios, este Tribunal porsentencia N° 63/2025 dijo: ?Respecto a los parámetros para la fijación judicial de honorarios profesionales no concertados previamente, en sentencia N° 90/2012, de fecha 17/7/2012, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7mo. Turno, en términos trasladables al caso, se sostuvo: "En los Juicios de Regulación de Honorarios no concertados de Abogados (art. 144 de la Ley No. 15.750), la aplicabilidad del Arancel del Colegio de Abogados del Uruguay no es obligatoria ni preceptiva para el Juez según Jurisprudencia vernácula que por tan reconocida se hace ocioso citar (también en cuanto concierna al caso, v. art. 144 num. 2o Ley No. 15.750), por lo que los emolumentos profesionales de Letrados también pueden evaluarse para el caso en función de criterios de coyuntura de Mercado (apropiado es el giro "en cuanto corresponda" citado). Téngase en cuenta que por Regulación de Honorarios se está fijando un precio. Y ese precio no sólo se evalúa dentro de parámetros arancelarios sino en función de otras variables, como ser lo que sucede normalmente en el Mercado del ramo a considerar, las posibilidades de ingresos promediales del cliente o condenado, lo que se estaría dispuesto a pagar en la costumbre y en las características del ramo de servicios curiales, donde la Abogacía compite en los hechos con libertad de precios, como es público y notorio (arts. 138 num. 10 y 141 C.G.P.). Los precios siempre se basan conforme al juego de la oferta y demanda del Mercado, y en un Mercado desregulado en los hechos como el de la Abogacía, donde la Colegiación no es obligatoria ni existen tarifas vinculantes, debe tenerse en cuenta. Es asimismo de manejo público y notorio que releva de prueba (art. 138 num. 10 C.G.P.), que el Mercado de Trabajo de los Abogados en la práctica ha visto abatir sus pretensiones de precios de servicio atendiendo a muchos factores: la competencia libre entre los Abogados, la abundancia de Curiales donde el justiciable en definitiva puede optar por el más barato sin desmedro de calidad, la falta de regulación obligatoria, la situación económica nacional que no impone para esta clase de actividad involucrada altos precios; el trabajo curial es una mercadería que las personas comunes por lo general están dispuestas en su mentalidad a querer pagar poco. A tal punto que ni los propios integrantes colegiados, sobrepujados por esta situación irresistible, no pueden mantenerse si pretenden la aplicación estricta del Arancel. Son temas de oferta y demanda que deben ponderarse más que como una cuestión jurídica, pero en rigor de verdad parece ser regla que se cobra menos de lo que marca el Arancel para mantener al cliente. Los tribunales han tomado en cuenta este mismo criterio, recordando que actualmente resulta un hecho notorio que lo normal, o lo que habitualmente acontece en la materia dentro de un mercado fuertemente competitivo y afectado por la situación económica del país, es que el precio que se pretende cobrar por el Abogado cuando se vincula con su cliente a través de un contrato de arrendamiento de servicios sea sensiblemente menor al resultante de la aplicación de las normas arancelarias, por lo que se cuestiona además la oportunidad de las Tarifas de Arancel en función de la observación de la Realidad, y ha sido criterio de este Sentenciante. Debe verse en el particular "mutatis mutandi” que en muchas profesiones universitarias la Jurisprudencia también comenzó a apartarse de las tarifas corporativas por estos mismos argumentos. La aplicación del Arancel del Colegio de Abogados del Uruguay en el caso por ende, se considere total o parcial los servicios del Sr. Abogado reclamante, podría desajustarnos de la realidad del Mercado, aparte que en el caso concreto podría resultar desproporcionado para la realidad (valga la repetición de esta palabra) en que se gestaron los servicios cuyos Emolumentos se está en esta decisión determinando. (...) Por ende, para la Regulación Jurisdiccional de Honorarios Profesionales de Abogados también debe considerarse la posibilidad de un precio de costumbre (art. 1834 C.C.) no Arancelario, impuesto por la realidad y la competencia." (...) 5.- En definitiva, las bases para la regulación de los honorarios no concertados previamente se encuentran en el art. 144 de la LOT, que ordena considerar en su inc. 2°: la importancia económica del asunto de acuerdo a los valores de la fecha de la demanda de regulación, su complejidad, el trabajo realizado, la eficacia de los servicios profesionales y, en cuanto corresponda, el arancel de la asociación profesional vigente en el momento de presentarse la demanda de regulación.” 4.- En el caso, los Dres. Martín Reyes y Guillermo Sáez presentaron demanda de regulación de honorarios por sus actuaciones en dos expedientes, a saber: IUE 2-49189/2016 e IUE 46-489/2003. De la presentación de las referidas demandas, se formaron los expedientes IUE 2-25653/2022 e IUE 2-25654/2022 respectivamente, los cuales fueron acumulados por resolución N° 3748/2022 dictada en audiencia de fecha 28/9/2022 en el primero de ellos. Ambas partes interpusieron recurso de apelación contra la sentencia definitiva N° 42/2025; los actores solicitaron se fijen unos honorarios no inferiores a U$S 240.000, mientras que el demandado señaló que no correspondía el pago de honorarios en ninguno de los dos expedientes o, en su defecto, se fije el cobro de 15 UR en el expediente IUE 2-25654/2022. Ambos se agraviaron por los parámetros utilizados por la Sentenciante para la regulación de los honorarios profesionales. A los efectos de una mayor claridad expositiva, correspondería estudiar las actuaciones de los referidos profesionales en cada expediente de forma separada. I) IUE 46-489/2003 (IUE 2-25654/2022) I.I.- En el referido expediente, se tramitó la disolución de la sociedad conyugal entre el Sr. Marcello Santopietro y la Sra. Annel Garmendia. Surge de dichos autos la presentación de una transacción entre los Sres. Santopietro y Garmendia, en la cual el primero fue asistido por el Dr. Martín Reyes, de quien luce su firma en la transacción particional presentada a fs. 70. En su demanda (fs. 1/3), los actores alegaron que se llegó a una transacción luego de muchos años de litigio, insumiéndoles un enorme esfuerzo y siendo el resultado sumamente exitoso. Asimismo, para la determinación de los honorarios, corresponde que se tome en cuenta que el Sr. Santopietro recuperó bienes muebles por un valor aproximado de U$S 7.000.000, comprendiendo unos 400 cuadros de artistas nacionales e internacionales. Manifestaron que corresponde tomar como base de cálculo el valor aproximado de los bienes y, haciendo el cálculo establecido en los arts. 8 y 9 del Arancel del Colegio de Abogados, corresponde abonar por concepto de honorarios profesionales la suma de U$S 698.992. I.II.- Al contestar la demanda (fs. 14/18), el Sr. Santopietro manifestó que el Dr. Sáez no participó desde el inicio del proceso de disolución y liquidación de la sociedad conyugal, y solamente actuó en la suscripción de un acuerdo y con reparto de bienes previsibles, mientras que el trabajo del Dr. Reyes en este caso fue nulo. En cuanto a los honorarios solicitados por los actores, señaló que el Arancel es una pauta genérica, no obligatoria y meramente indiciaria, que no obliga a las partes, debiendo estarse al precio de costumbre. I.III. – En primer término, y tal como refirió la A quo en el considerando XXVII) de su sentencia, no surge acreditado el valor de los bienes por el cual se realizó la transacción, y si bien no se desconoce que se trata de obras de gran valor, los actores fueron omisos en siquiera presentar una tasación o solicitar un peritaje a dichos efectos. En consecuencia, y si bien como se dijo, la aplicación del Arancel del Colegio de Abogados del Uruguay no es obligatoria ni preceptiva, bajo ningún término pueden establecerse los honorarios profesionales basados en el cálculo de una suma alegada por los actores sin ningún sustento. Por lo tanto, debido a la omisión de los actores en probar el valor de los bienes por los cuales pretenden que se fijen los honorarios, se debe estar a su actuación en la causa, la eficacia de su gestión y la complejidad e importancia del asunto, puntos en los cuales también existió una clara orfandad probatoria. En efecto, en el expediente IUE 2-25653/2022 se recibió únicamente la declaración testimonial de la Sra. Annel Garmendia, ex esposa del Sr. Santopietro, en audiencia celebrada el 27 de febrero del corriente (fs. 316/320). Respecto al expediente de disolución y liquidación de sociedad conyugal, la Sra. Garmendia indicó que las negociaciones fueron muy complicadas, debiendo reunirse varias veces. Asimismo, declaró que la intervención del Dr. Reyes fue determinante para llegar a los referidos acuerdos (fs. 320). No hay más prueba respecto al accionar de los profesionales en el expediente IUE 46- 489/2003. I.IV.- Ahora bien, tal como señaló la Magistrada de primera instancia, no puede tomarse en cuenta únicamente la labor realizada en el expediente, tal como pretende el demandado, ya que si fuera de esa forma solamente se estarían promoviendo un juicio de regulación de honorarios por una homologación de convenio. Según lo alegado por los actores en su demanda y manifestado por la testigo Garmendia, y que tampoco fuera totalmente refutado por el Sr. Santopietro al contestar la demanda en el expediente IUE 2-25654/2022, dan cuenta de que existió un periodo de negociaciones que implicó varias reuniones entre los abogados de las partes, por lo que no puede desconocerse esta labor. Sobre si las negociaciones fueron “exitosas” o no, tal como lo plantea el demandado en su escrito recursivo, se trata de una interpretación totalmente subjetiva de su parte, ya que este en todo momento pudo haber cambiado su patrocinio si no estaba conforme con las negociaciones que se estaban llevando a cabo por los profesionales que lo asesoraban. Entonces, mal puede ahora señalar su disconformidad con las mismas cuando suscribió ambos acuerdos, y ni siquiera surge que haya planteado su malestar en ese momento ni que hubiera intentado contratar a otros profesionales. I.V.- Por su parte, el Sr. Santopietro no puede negar que no haya existido trabajo extrajudicial por parte de los Dres. Reyes y Sáez, queriendo abonar por concepto de honorarios profesionales la suma mínima de 15 UR. Como fuera mencionado, la prueba ofrecida por los actores resultó a todas luces insuficiente para amparar el monto reclamado por concepto de honorarios. Sin perjuicio de ello, y si bien el proceso de regulación de honorarios debe referir a la actividad judicial, es indiscutible que la labor extrajudicial se encuentra íntimamente ligada a la primera, máxime en un proceso que culminó con la homologación de una transacción. Por lo tanto, se entiende que debido a que el asunto en este caso desde el punto de vista jurídico no revistió mayor complejidad, sí resultó probado que existió un periodo prolongado de tratativas extrajudiciales para llegar al referido acuerdo, por lo que en opinión de la Sala corresponde confirmar la impugnada, manteniendo el monto fijado en primera instancia. II) IUE 2-49189/2016 (IUE 2-25653/2022) II.I.- En el expediente IUE 2-25653/2022, la Sra. Annel Garmendia promovió demanda de alimentos a favor de sus menores hijos, Luca y Maite Santopietro Garmendia, contra su padre, el Sr. Marcelo Julio Santopietro. Previamente, cabe aclarar que, atento a la renuncia efectuada por el Dr. Reyes en audiencia preliminar a fs. 28 respecto de sus honorarios en el expediente de pensión alimenticia, en este caso solamente se determinaron los honorarios del Dr. Sáez. Dicho expediente consta de 5 piezas y más de 1500 fojas, sin perjuicio de que las partes también arribaron a un acuerdo, el cual fue presentado a fs. 1413 del expediente principal. II.II.- De acuerdo a lo que surge de las resultancias del expediente principal, la actividad del Dr. Guillermo Sáez en el expediente IUE 2-25653/2022 fue la siguiente: a) Comparecencia a las audiencias de fecha 11/3/2020 (fs. 1159), 1/9/2020 (fs. 1168) y 10/11/2020 (fs. 1185). b) Presentación de convenio sobre pensión alimenticia a fs. 1337. II.III. - Si bien en este caso existió una mayor tarea judicial, se reitera lo dicho respecto al expediente IUE 46-489/2003 en cuanto al trabajo extrajudicial realizado por el profesional para arribar al acuerdo, el cual según los dichos de la testigo Annel Garmendia, implicó varias reuniones para llegar a los dos acuerdos presentados. Asimismo, también se reitera lo expresado respecto al “éxito” del acuerdo; el Sr. Santopietro pudo haber cambiado de patrocinio en todo momento si no estaba conforme, e incluso al final de las negociaciones decidió suscribir el acuerdo. En cuanto al monto del pago de honorarios fijados por la A quo en este expediente, se entiende que el mismo resulta correcto atento a lo expresado en el numeral XXXIII) y siguientes de los considerandos. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal FALLA: Por no hacer lugar al hecho nuevo denunciado. Por no hacer lugar a la agregación de la documentación que luce agregada de fs 422 a 490, 521 a 546 y 562 a 591 vto., debiendo desglosarse y entregarse a la parte actora. Confírmase la recurrida en todos sus términos. Sin especial condenación. Notifíquese y devuélvase. Dra. María Helena Mainard García - Ministra.- Dra. María Noel Tonarelli de Pena - Ministra.- Dra. María Elena Emmenengger Giambiassi - Ministra (r).- Dra. María Catalina Elhordoy - Secretaria Letrada.-