Sentencia Interlocutoria N° 1090/2025

VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia estos autos caratulados: “AA c/ Sentencia Interlocutoria Nro. 2177/2025. Recurso de Apelación TAF 3° T°”, IUE: 684-376/2025, venidos en apelación de la sentencia interlocutoria N°2177/2025 de fecha 14 de julio de 2025, dictada por la Dra. Lourdes Calcerrada, Jueza de Feria del Juzgado Letrado de San Carlos Especializado en VBG, VD y Sexual de 4° Turno. RESULTANDO: 1.- Por sentencia interlocutoria de primera instancia N°2177/2025 dictada en audiencia de fecha 14/7/2025, en lo que a los agravios refiere, se dispuso: “ Se mantiene la medida cautelar de prohibición de acercamiento y comunicación del denunciado hacia la denunciante por el término de 180 días y en un radio de exclusión de 500 metros, venciendo la medida cautelar el día 12/01/2026, manteniendo el ingreso al SME por igual radio y plazo...”. 2.- El denunciado a través de su defensa anunció el recurso de apelación en la audiencia y lo interpuso en tiempo y forma mediante escrito de fs. 46. En lo medular expresó que si bien la impugnada dispone restricción de acercamiento y comunicación, lo que le agravia es la colocación de dispositivo electrónico, en tanto cree que no existen elementos de gravedad que ameriten tal temperamento. Afirma que, no obstante lo que surge del informe de riesgo, con el que discrepa, ya que lo lapidaria de las conclusiones en función de los lacónicos antecedentes que relaciona, parece, al menos para quien lo lee, arbitrario. Expresa que el denunciado no tiene antecedentes previos de denuncia, con la denunciada ni con otra mujer. Cita jurisprudencia, alude a las variables de riesgo que menciona el Protocolo de actuación para la implementación de tecnología de presencia y localización de personas en caso de alto riesgo de violencia doméstica y concluye que de los elementos que se manejan en el mismo a efectos de la colocación del dispositivo electrónico, solamente el consumo de alcohol aparece en elenco, lo que no es reconocido por el denunciado. En puridad la situación que fuera calificada como VBG fue una situación única que se dio en un ámbito nocturno y donde había consumo de alcohol en exceso por parte de ambos. Solicita en definitiva que se revoque la recurrida disponiéndose el egreso del sistema de monitoreo electrónico. 3.- Conferido traslado de la recurrencia la parte denunciante abogó por el mantenimiento de la recurrida en los términos que emergen del escrito de fs. 55, entendiendo que es falso que no existan elementos de gravedad que justifique la impugnada. El informe verifica un resultado de riesgo alto. El parte policial da cuenta de una situación en que el denunciado aborda a la denunciante en la vía pública con un arma blanda (bastón) con la suficiente violencia para producirle que caiga desmayada y convulsione. 4.- Por decreto N°2808/2025 del 26/8/2025 se franqueó la alzada sin efecto suspensivo. 5.- Recibidos los autos en este Tribunal y dispuesto el pasaje a estudio de los Sres. Ministros por su orden, se dispuso el pasaje a estudio y cumplido con el Acuerdo se procede al dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: 1.- La Sala con el voto conforme de los miembros requeridos, confirmará la impugnada, por los fundamentos que se pasan a exponer. 2.- Los agravios deducidos por el impugnante versan concretamente sobre el sometimiento a monitoreo electrónico. 3.- Los presentes dieron comienzo mediante la intervención policial del día 10/7/2025, en virtud de un llamado de CCU. Arribado el personal policial al lugar del hecho los testigos manifiestan que la Sra. BB “se encontraba extendida en el piso conjuntamente con...AA, le habría dado una convulsión a raíz de las agresiones...no es la primera vez que la agrede y que la amenaza...en este momento...bajó de su vehículo con un fierro amenazándola...” (fs.4 vto.). En virtud de las referidas actuaciones se dispusieron verbalmente medidas cautelares de restricción e ingreso al SME y se convocó a audiencia (fs.6). En la audiencia de fecha 14/7/2025, se escuchó a las partes y se dictó la resolución impugnada, N°2177/2025, por la cual se mantuvieron las medidas cautelares ya dispuestas. 4.- Emergencias de la audiencia: Declararon ambas parte al siguiente tenor: Denunciante-BB (a partir del minuto 1:50)-tuvo una relación de pareja con el denunciado, se conocen desde enero del año pasado, estuvieron 3 meses y luego salen esporádicamente. Cuando ocurrieron los hechos denunciados estaban separados. Se encontraron casualmente en un bar, empezó a insultarla y hacerle referencias agraviantes de sus hijos. La denunciante fue al baño y él le tocó los genitales, la tomó del cuello, le escondió el teléfono. Salió del bar acompañada de unas personas conocidas, el denunciado la siguió con la camioneta, siguió insultándola y dijo que la iba a llevar en el paragolpe hasta su casa. Se va y vuelve, se bajó con un garrote, comenzó a amenazarla. Se llamó a la policía, él sigue insultando, se le acercó de nuevo, hasta que la víctima convulsiona. Los testigos le contaron que cuando estaba inconsciente intentó cargarla y subirla a la camioneta. Afirma que hubo otros hechos de violencia, la violentaba psicológicamente, de escupirla, tirarle la ropa, bajarle los pantalones. Denunciado-AA (desde minuto 11:58) afirma haber tenido una relación de pareja con la víctima por 18 meses. Estuvieron en pareja hasta el sábado de noche. Admite que se encontraron en un bar, le dijo que se dejara de tomar, ella lo insultó. Le dijo eso porque le tiene aprecio, es un ser humano. Niega haberla tocado, tomado del cuello e insultarla. Expresa que fue a la estación de servicio y se acercó porque las personas con las que iba no eran de confianza, el hombre que la acompañaba lo amenazó con un cuchillo y él sacó un garrote. Ella convulsionó y el denunciado llamó al 911. Expresa que la denunciante toma alcohol. 5.- Ante tal situación de violencia denunciada por la Sra. BB y no obstante la distinta versión de los hechos dada por el denunciado, la Sala entiende que ha sido ajustada la imposición del monitoreo electrónico, la que además se ve avalada por el informe pericial practicado. Es dable destacar que las medidas cautelares adoptadas en el ámbito de la violencia de género tienen como fundamental y específico fin, “garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género”, según lo establece el artículo 1 de la ley 19.580 y que es con ese propósito que procede la restricción de derechos de los denunciados, en tanto sea necesario y racional para erradicar y prevenir la situación de violencia constatada. En la Recomendación General N° 35 de la CEDAW (Convención Internacional de no Discriminación contra la Mujer) el Comité considera que la violencia por razón de género contra la mujer es uno de los medios sociales, políticos y económicos fundamentales a través de los cuales se perpetúa la posición subordinada de la mujer con respecto al hombre y sus papeles estereotipados. En toda su labor el Comité ha dejado claro que esa violencia constituye un grave obstáculo para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y para el disfrute por parte de la mujer de sus derechos humanos y libertades fundamentales, consagradas en la Convención. Pues bien, en el caso, el ejercicio de violencia por parte del denunciado sobre la denunciante intenta perpetuar la posición subordinada de la víctima, en tanto el Sr. AA aún después de la separación, y según sus propios dichos, se acercó a la víctima con sugerencias en cuanto a lo que debía hacer -dejar de tomar, retirarse del lugar, ser ejemplo para su hijo, etc.- sin perjuicio de los hechos de violencia que le siguieron, y los anteriores que ha relatado la Sra. BB. Ante situaciones como las descritas, la ley impone adoptar todas aquellas medidas que garanticen a la mujer víctima, el libre goce de sus derechos erradicando el ejercicio de violencia. Es con ese fin que las medidas cautelares adoptadas deben estar inspiradas en el criterio de precaución que tienda a evitar daños graves e irreversibles que pueda sufrir la víctima de violencia de género, principio derivado de la responsabilidad del Estado de evitar daños en sujetos considerados vulnerables. Tal como sostienen los Dres. Ginares y Cavalli en “El llamado criterio de precaución” en XIX Jornadas de D. Procesal, “se enfatiza que es necesaria su consideración por la consabida existencia de riesgos eventuales, no necesariamente de certeza de verificación. En cierto modo supone una respuesta preventiva ante el desconocimiento de las relaciones que afectan a las personas y que tienen cierto sesgo de indefensión de una con respecto a la otra a quien se la considera liminarmente agresora. El criterio de precaución es aconsejable ante situaciones que aparecen como claras y también cuanto son complejas, compuestas por variables que entremezcladas no son posibles de conocer adecuadamente. Su contracara es la inactividad por falta de certeza, con riesgo a permitir un evento dañoso en un futuro más o menos mediato, derivado de lo que es incierto y desconocido. Se trata en definitiva, de un criterio que surge sin lugar a muchas dudas por la preferencia del legislador a que se adopten medidas de inmediato, sin agotar ni mucho menos la función procesal de instrucción, prefiriendo a ello, asegurar la vigencia de derechos fundamentales como son la vida, la integridad física y psicológica de las posibles víctimas”. 6.- Es en ese sentido que lo establece la ley 19580 en el literal c) del artículo 65 al prever como medida cautelar la de: “Prohibir, restringir o limitar la presencia de la persona agresora en el domicilio o residencia de la víctima, lugares de trabajo, estudio u otros que frecuente ella o sus hijas e hijos u otras personas a su cargo, pudiendo disponer mecanismos de seguimiento que aseguren el estricto cumplimiento de la medida dispuesta, tales como los sistemas de tecnología de verificación de presencia y localización de personas u otros análogos”. Pues bien, en los presentes, ante la puesta en conocimiento de la situación de violencia vivida por la víctima, la Sede A quo en forma célere y diligente adoptó las medidas cautelares de protección ajustadas y necesarias. Del informe de riesgo que obra a fs. 32 efectuado por el equipo multidisciplinario de ITF de San Carlos, emerge un nivel de riesgo alto con tendencia a agravarse por incumplimientos de restricción de acercamiento. Además de dicha conclusión, se consignan los especiales indicadores de riesgo que se evidencian como presentes en el caso concreto: vulnerabilidad de la víctima por razones de soledad, amenazas graves, agresión sexual, violencia emocional y psicológica, conductas controladora, consumo de alcohol, etc. Es así que tales factores presentes justifican la imposición de sometimiento a monitoreo electrónico. El denunciado en su recurrencia, ataca el informe de riesgo, tildándolo de arbitrario, extremo que no es de recibo, en tanto de considerar desacertada la pericia debió impugnarla en debida forma y mediante los argumentos técnicos correspondientes, que claramente podrían derivar de una nueva pericia. Actitud procesal que no adoptó. 7.- En definitiva la violencia de género ejercida por el denunciado resultó acreditada y ameritó la imposición de medidas cautelares, las que no fueron objetadas ni impugnadas por el Sr. AA. En cuanto al sometimiento a monitoreo electrónico, la Sala entiende que resulta una medida adecuada para el caso concreto, en virtud de los hechos de violencia relatados y las emergencias de la pericia. La implementación de tecnologías de presencia y localización de personas tiene como objeto asegurar el cumplimiento de las medidas cautelares de protección. La Acordada 7535 en el artículo 9 crea los Equipos Técnicos multidisciplinarios bajo la Supervisión Técnica del ITF, que tienen como cometido “asesorar a los Señores Jueces Letrados de Familia Especializados en el marco de las competencias que resultan de la presente Acordada...El Magistrado dispondrá los plazos en los cuales debe efectuarse el respectivo informe... Entre otros cometidos, los informes estarán orientados al relevamiento de la situación social, familiar y psíquica de las personas y núcleos familiares o de convivencia sometidos a decisión jurisdiccional (cfme. art. 15 de la ley 17514, entre otros)...”. Por lo que, de acuerdo a la Acordada referida, serán dichos equipos los que informen al Juez respecto de la situación de riesgo del caso concreto. Por su parte el “Protocolo de detección y valoración del riesgo en casos de violencia”, realizado por el Grupo de Trabajo creado por Resolución No213/2019 de la SCJ y actualizado en el 2019 una vez entrada en vigencia de la ley 19580, autores Mag. Carla Calce Perito Trabajo Social DAS- ITF y otros, establece que: “Los Equipos Técnicos y Unidades del Instituto Técnico Forense desempeñan una función pericial la cual consta de: asesorar al juez/a mediante la elaboración de informe orientado al relevamiento de la situación social, familiar psíquico, física de las personas y núcleos familiares o de convivencia con enfoque multidisciplinario en régimen de informe único y por escrito. Así es que la intervención pericial culmina con la elaboración de un informe sobre hechos y sus consecuencias, basándose en conocimientos técnicos que no le son comunes al Juez...En este sentido, “la Pericia tiene dos elementos constitutivos; uno referido a la recogida de datos y otra que tiene que ver con la interpretación diagnóstica...”. 8.- Así las cosas, la Sala mantendrá el monitoreo electrónico dispuesto, sin perjuicio de que en la audiencia evaluatoria, que ya está convocada en autos, se considere nuevamente la situación, se reciba información actualizada y se resuelva nuevamente en base a ello, de acuerdo a la posibilidad que siempre tiene el juez de modificar, sustituir o cesar la medida (art.313 CGP). 9.- La conducta de las partes no amerita sanciones especiales en el grado. Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, el Tribunal FALLA: Confírmase a recurrida en todos sus términos. Sin especial condenación en el grado. Notifíquese y oportunamente devuélvase a la Sede de origen.- Dra. María Helena Mainard - Ministra Dra. María Noel Tonarelli de Pena- Ministra (r) Dra. María Catalina Elhordoy – Secretaria Letrada.