Sentencia Definitiva N° 163/2025

VISTOS : Para sentencia definitiva de segunda instancia este expediente caratulado “AA C/ BB, TENENCIA. RECURSO DE APELACIÓN TAF 3° T°”, I.U.E. 2-114035/2023 , venido a conocimiento de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación que ambas partes interpusieron, respectivamente, contra la sentencia definitiva Nº 5/2025 dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Ciudad de la Costa de 2° Turno, Dr. Javier Arias. RESULTANDO : I) Por sentencia definitiva Nº 5 del 6 de febrero de 2025, el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Ciudad de la Costa de 2° Turno falló: “I.- Ampárase parcialmente la demanda incoada, y en su mérito, otórgase la tenencia definitiva de CC a su padre, AA. II.- Manténgase la tenencia de DD a favor de su madre, BB. III.- Establécese un régimen comunicacional definitivo amplio entre los adolescentes y sus respectivos progenitores que no detentan la tenencia, en los términos dispuestos por resolución N° 176/2024 y teniendo presente las consideraciones realizadas en el Considerando VI. IV.- Sin especiales condenas procesales (...)” (fs. 697-719). II) Contra dicha sentencia, el actor interpuso recurso de apelación, expresando, en síntesis, los siguientes agravios. Señaló que si bien es extenso, el expediente debe ser considerado de modo global y que, incluso, se deben ponderar las situaciones anteriores al comienzo de las presentes actuaciones para poder atender a la voluntad libre y autónoma de DD y CC. Expresó que el Sr. Juez a quo se equivocó al otorgarle la tenencia definitiva de DD a su madre, la Sra. BB, ya que no tomó en cuenta la voluntad contraria del adolescente a dicha decisión, la cual surge del informe de la Dra. Linárez. Añadió que, asimismo, luego de que el magistrado dispusiera que la tenencia provisoria de DD la tendría la demandada, la opinión del adolescente cambió en cuestión de días, por lo que parece claro que fue presionado durante ese tiempo y su voluntad estuvo viciada. Según el apelante, surgieron contradicciones entre los testigos de la demandada, que el Sr. Juez no valoró correctamente. En suma, solicitó que se revoque parcialmente la sentencia recurrida en cuanto mantuvo la tenencia de DD a cargo de su madre (fs. 720-732). III) La demandada también interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva, expresando, en lo medular, los siguientes agravios. Señaló que no comparte los fundamentos del Sr. Juez a quo para conferir la tenencia de la niña CC a su padre, el Sr. AA, ya que, a su criterio, este no cuenta con las capacidades parentales para ejercer el referido rol, teniendo presente su historicidad de salud mental, el ejercicio de violencia de género de larga data respecto a la Sra. BB en presencia de sus hijos, su mecanismo de relacionamiento a través de la imposición, la falta de diálogo que ha demostrado y la manipulación que ha ejercido, exponiendo a los niños a elegir de forma constante entre uno u otro progenitor. Puso de relieve que CC manifestó que desea estar al cuidado de su padre, pero que no le gustaría separarse de su hermano DD, quien quedó al cuidado de su madre, y se preocupa por mantener el vínculo con este y con su otro hermano pequeño, FF. Señaló que, al día de hoy, CC es rehén de la manipulación de su padre, y que si bien se ha otorgado un régimen de visitas entre la niña y su madre, este relacionamiento se ve obstaculizado desde julio de 2024. Agregó que si se le otorgara a ella la tenencia de CC, esta podría desarrollar todas sus actividades con normalidad y retomar la relación con sus hermanos, con quienes tiene un vínculo muy estrecho. Asimismo, mencionó que es ama de casa y que ha retomado sus estudios terciarios de modo remoto, lo que le permite estar al cuidado permanente de sus hijos, brindándoles la contención y el apoyo que necesitan. En suma, solicitó que se revoque parcialmente la sentencia recurrida en cuanto le otorgó la tenencia de CC a su padre (fs. 734-736). IV) Sustanciados ambos recursos, estos fueron evacuados en tiempo y forma por la Sra. Defensora de oficio del adolescente DD y de la niña CC. Con respecto al recurso de apelación deducido por el actor, la defensora expresó que éste no consideró la voluntad expresada por DD en los diversos informes y recabada en audiencia de fecha 13 de marzo de 2024, ni tuvo en cuenta el peritaje del Lic. GG, cuyas conclusiones no fueron impugnadas. Por lo tanto, a criterio de la defensora, la valoración probatoria del Sr. Juez a quo fue correcta, atendiendo a la reiterada voluntad de DD, la cual no se probó que estuviese viciada. En cuanto al recurso de apelación interpuesto por la demandada, manifestó que CC, a lo largo de todo el proceso, expresó su voluntad de que sea su padre quien ejerza su tenencia, y lo dijo tanto en audiencia como cuando se entrevistó con el señor perito Lic. GG. En virtud de todo lo señalado, solicitó que se mantenga íntegramente la sentencia impugnada (fs. 745-747). V) El actor y la demandada no evacuaron los traslados que se les confirió de los recursos de apelación que interpusieron respectivamente. VI) Por decreto N° 669/2025, el Sr. Juez a quo franqueó los recursos de apelación para ante el Tribunal de Apelaciones de Familia que por turno correspondiera, con efecto suspensivo (fs. 750). VII) El expediente se recibió en este Tribunal de Apelaciones el 28 de abril del año en curso (nota de cargo a fs. 760) y, por decreto N° 404 del 29 de abril, se dispuso el pasaje del expediente a estudio de los Sres. Ministros por su orden (fs. 761), al término del cual se acordó sentencia en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO : I) El Tribunal, por unanimidad y con la integración del Ministro de Tribunal de Apelaciones Suplente que redacta esta sentencia (art. 63 de la ley 15.750, en la redacción dada por el art. 237 de la ley 18.834), desestimará los recursos de apelación interpuestos, por los siguientes fundamentos. II) El caso en análisis El presente proceso refiere al adolescente DD y a la niña CC, nacidos el 14 de marzo de 2010 y el 25 de abril de 2013 respectivamente (fs. 1 y 3), que son hijos legítimos del actor, el Sr. AA, y de la demandada, la Sra. BB. El actor promovió este proceso a fin de que se disponga el cambio de tenencia de sus hijos, pasando de residir con su madre a residir con él (fs. 10-34). La demandada contestó la demanda en tiempo y forma, oponiéndose a la pretensión deducida y solicitando su rechazo (fs. 75-78 vto.). Por decreto Nº 3178/2023, el Sr. Juez a quo designó como defensora de CC y DD a la Dra. María Victoria Linárez y le confirió traslado de la demanda (fs. 35). La señora defensora evacuó el traslado. Expresó que mantuvo entrevista con CC y DD. Con relación a la entrevista que tuvo con CC, expresó que esta manifestó querer vivir con su padre desde hace tiempo, que no le gustaría separarse de su hermano DD y que le preocupa el relacionamiento con su hermano de simple vínculo FF (quien vive junto a su madre, su padrastro EE y su hermano DD) y con su madre en caso de que se fuera a vivir con su padre. Con relación a la entrevista que tuvo con DD, este también expresó querer vivir con su padre para descansar un poco de EE, su padrastro (fs. 44-47 vto.). Posteriormente, se presentó nuevamente la Dra. María Victoria Linárez e informó sobre una nueva entrevista que tuvo con DD y CC. En esta nueva entrevista, DD manifestó que prefiere que la situación de su tenencia la resuelva un juez, ya que no desea tener que ser él quien resuelva con qué progenitor convivir. Por su parte, CC volvió a expresar su deseo de vivir con su padre (fs. 51-53). En la audiencia de precepto, que se realizó el 13 de marzo de 2024, se fijó el objeto del proceso en los siguientes términos: “El objeto de este proceso consiste en determinar la procedencia o no de la pretensión de otorgamiento de tenencia planteada por el actor contra la demandada en relación a sus menores hijos DD y CC, todo en los términos solicitados en su escrito inicial (fs. 10/34), o en su caso, hacer lugar a las defensas deducidas por la demandada a fs. 75/78” (fs. 238). En la misma audiencia, el objeto de los peritajes psicológicos a la niña y al adolescente y a sus padres se fijó en estos términos: “determinar si el inicio de estas actuaciones afectó y/o se encuentra afectando a los menores para su efectivo desarrollo humano. Asimismo, pronunciarse sobre la verdadera voluntad de DD y CC respecto de pasar a residir con su padre y la conveniencia o no según su estado actual para acceder a dicha pretensión, así como todo otro elemento que coadyuve a la resolución del caso de autos. En cuanto a la pericia psicológica a ambos progenitores, determinar las capacidades de crianza, así como las posibles patologías que puedan presentar los mismos y que puedan interferir en la crianza de los menores” (fs. 240). III) La resolución del caso en análisis Los agravios expresados en ambos recursos de apelación no son de recibo. En la audiencia que se realizó el 23 de abril de 2024, la Lic. HH, que es la psicóloga de DD y de CC desde mediados del 2023, declaró que asisten a su consulta aproximadamente una vez por semana, y que CC siempre expresó su voluntad de vivir con su padre y que se siente feliz allí. En lo referente a la relación con su madre, la niña manifestó sentirse presionada por esta debido al proceso de tenencia e indicó que no se lleva bien con la pareja de su madre (fs. 314-315). Con respecto a DD, la Lic. HH explicó que se encontraba muy presionado por la situación que vive en cuanto al proceso de tenencia con sus padres y que necesitaba tranquilidad. Declaró que, en las últimas consultas con DD a fines de febrero y marzo, este no tenía claro con qué progenitor quería estar, y que tiene un sentimiento de responsabilidad muy grande hacia su madre, que debe estar con ella para cuidarla y ver qué está sucediendo. La testigo expresó que le preocupa la pareja de la madre. En cuanto a la relación de DD con su padre, no le ha planteado ningún problema de vínculo con su progenitor. Declaró que DD le comentó que prefería vivir con su madre también para no tener tantas responsabilidades (fs. 318). Por su parte, la Sra. II, que es amiga de la demandada, no expresó mucho sobre la relación de DD y CC con sus padres, solamente dijo que DD no quiere ver a su padre y que CC eligió vivir con este (fs. 322). La Lic. JJ fue psicóloga de DD en el Círculo Católico, atendiéndolo una vez por semana. Esta testigo declaró que DD tenía ansiedad por el proceso de tenencia, que parte de esa ansiedad se debía a la problemática que tenía para comunicarse con su padre y que su vínculo con este era conflictivo. Con relación al vínculo de DD con su madre, la Lic. JJ señaló que era una buena relación y que alguna vez mencionó a la pareja de esta, pero sin mayor importancia. El tema de dónde vivir lo llegaron a hablar, y el adolescente indicó que su deseo era vivir de forma compartida para que no hubiese conflicto, aunque, según la testigo, DD estaba a gusto en la casa de la madre y quería ver al padre los fines de semana (fs. 323). La Sra. KK (hermana del actor) señaló que CC pasa mal en la casa de su madre debido a peleas entre esta y su pareja, aunque le gustaría verla más. Asimismo, dijo que ve contenta a CC en la casa del padre e indicó que el relacionamiento entre DD y su padre es bueno (fs. 330). La Sra. LL conoce al actor del club donde DD jugaba al fútbol. Habló de la buena relación entre DD y su padre (fs. 337). El Sr. MM (cuñado de la demandada) declaró que la relación de DD y CC con la madre y su pareja es normal, pero con el padre han existido discrepancias. Sostuvo que la Sra. BB es buena madre y que si bien no puede decir que el Sr. AA es un mal padre, sí ha tenido malas actitudes e intentos de autoeliminación (fs. 340). El Sr. NN (esposo de la demandada) manifestó que el actor manipula a sus hijos y que siempre que DD volvía de visitar al padre, cambiaba su actitud, se volvía más hostil. Señaló que DD y CC no le tienen miedo. Dio cuenta de varias situaciones acontecidas entre el actor y sus hijos. Declaró que CC y su madre tienen una relación tensa, aunque normal por momentos. También dijo que ve a DD mejor desde hace un tiempo, que lo nota más animado (fs. 346). A su vez, el señor perito licenciado en psicología GG puso de relieve la existencia de un gran daño psicoafectivo en la familia, producto de la relación entre ambos progenitores. El especialista destacó la existencia de un “gran daño psicoafectivo en la familia (...) a pesar del daño psicológico visible en el grupo de hermanos, se destaca que ambos poseen óptimas capacidades cognitivas y fueron capaces de reflexionar, de expresar su deseo y voluntad, a pesar de los reiterados intentos de manipulación de la situación a su favor, por parte de sus padres. En este sentido, DD ha logrado expresar claramente la voluntad de vivir con su madre y CC con su padre, sugiriéndose contemplar el deseo de ambos” . El señor perito añadió algo que se trasluce claramente del proceso: “(...) las partes implicadas en el presente proceso han realizado un inapropiado uso de la judicialización recurriendo, en ocasiones, innecesariamente, a la autoridad judicial para dirimir conflictos menores y cotidianos (...)” . En este sentido, si bien puede llegar a entenderse que, en materia de familia, cada circunstancia que vivan los niños o los adolescentes podría constituir un hecho nuevo, ello no significa que todos se introduzcan al proceso de tenencia, ya que eso distorsiona la dinámica del trámite, que se dilata de forma injustificada. Esa dilación injustificada se aprecia, notoriamente, en este expediente, que comenzó en noviembre de 2023 y cuya sentencia definitiva de primera instancia se dictó recién en febrero de 2025. Esta duración no respetó el plazo de 120 días entre la presentación de la demanda y el dictado de la sentencia definitiva de primera instancia previsto en el art. 37 inc. 2 del C.N.A., en la redacción dada por el art. 6 de la ley 20.141 del 12 de mayo de 2023. El Tribunal destaca que el Sr. Juez a quo no fue responsable de esta demora. El señor perito también señaló que : “se destacan grandes dificultades de ambos progenitores para visualizar el daño que están ocasionando a su hijo e hija y el impacto de la vivencia de estas situaciones a nivel psicoafectivo, en su desarrollo vital y en la construcción de sus personalidades” . Asimismo, si bien destacó aspectos negativos de ambos progenitores, el experto concluyó que tanto el Sr. AA como la Sra. BB se encuentran aptos para cumplir con sus respectivos roles, y que las situaciones negligentes por parte de ellos no revisten una gravedad que implique recurrir a alternativas de protección (dictamen escrito a fs. 551-557). Surge del expediente que, desde principios del año 2024, CC convive con su padre y DD convive con su madre, no existiendo ninguna manifestación de voluntad por parte de los menores de edad de querer cambiar dicha situación. En efecto, de las distintas entrevistas con su defensa y del peritaje realizado, se desprende que DD y CC han sido constantes al decir con qué progenitor quiere residir cada uno de ellos. Tampoco surge que la convivencia con alguno de los progenitores conlleve un riesgo para los hermanos, lo cual puede deducirse de la prueba testimonial recabada y, especialmente, del peritaje referido. La decisión del caso sometido a consideración del Tribunal impone valorar la situación a la luz del interés superior del adolescente DD y de la niña EE. En la causa, se contempló el derecho de ambos a ser oídos, tal como lo impone el art. 8 del C.N.A. y el art. 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es fundamental que los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean protegidos atendiendo a sus intereses, no solamente los de naturaleza básica, como el derecho a la vida, a la integridad física, a la salud, a la educación, etc., sino también los que tienen que ver con su desarrollo y autonomía. Los niños, niñas y adolescentes no son objeto de protección, sino que son sujetos de protección reforzada y, mientras son protegidos o esperan protección, van desarrollando una conciencia de sí mismos y van logrando progresivamente su autonomía, no solo por el desarrollo de su cuerpo y de sus funciones racionales, sino también por el desarrollo de su juicio moral, su edad y sus circunstancias. Esa dimensión de autonomía es un interés fundamental de los niños, niñas y adolescentes. El fin último del Estado es protegerlos de manera holística. Los intereses de los niños, niñas y adolescentes, es decir, sus derechos morales y los legales que derivan de estos, tienen preferencia respecto de los intereses y derechos de otros, especialmente de los adultos, y cuando exista tensión entre unos y otros, se atenderá primordialmente a los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes (art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño). Pues bien, aplicando estos principios, en caso de conflicto entre los progenitores por la custodia de un niño, niña o adolescente, todos los involucrados tienen derechos, pero el interés superior del niño, niña o adolescentes demanda que, al momento de determinar la tenencia, haya que estar a una consideración prioritaria de lo que es mejor para ese niño, niña o adolescente. El art. 6 del C.N.A. dispone: “ (Criterio específico de interpretación e integración: el interés superior del niño y adolescente). Para la interpretación e integración de este Código se deberá tener en cuenta el interés superior del niño y adolescente, que consiste en el reconocimiento y respeto de los derechos inherentes a su calidad de persona humana. En consecuencia, este principio no se podrá invocar para menoscabo de tales derechos” . El art. 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño prevé: “ En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” . A estas disposiciones, se suman: el art. 9.1 de dicha convención internacional al tratar sobre la separación del niño de sus padres y determinar que esta se puede establecer cuando sea “(...) necesaria para el interés superior del niño” ; el art. 18.1 al referirse a la obligación conjunta de los padres en la crianza y el cuidado de los niños y que “(...) su preocupación fundamental será el interés superior del niño” ; el art. 20.1 al referir a los niños cuyo “interés superior” exija que estén privados de su medio familiar; el art. 21 al sostener que los Estados que permitan la adopción “(...) cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial” . También se aplica este principio en el art. 37 literal c), referido a que todo niño privado de su libertad será separado de los adultos “(...) a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño (...)” ; y en el art. 40.2 lit. b) punto iii), como excepción a la presencia de los padres o parientes en la audiencia que se debe llevar a cabo con menores de edad. El Comité de los Derechos del Niño ha desarrollado una importante doctrina sobre el interés superior del niño por medio de sus observaciones generales. Al menos, cuatro de ellas se refieren al principio, y la Observación General N° 14 “Sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial” lo trata de forma específica, constituyendo un importante esfuerzo sistemático de encarar sus diferentes dimensiones y aplicación a casos concretos. Se afirma que, al ser un derecho sustantivo, otorga al niño el derecho a que su interés superior sea “una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una cuestión debatida” . El interés superior tiene como objetivo, a juicio de dicho Comité, “garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social” . Como norma de procedimiento, implica que el Estado debe asegurar las garantías procesales necesarias para hacer efectivo el interés superior del niño. Por ello, la decisión que se adopte debe detallar: cómo se han ponderado los intereses del niño, cómo se ha tenido en cuenta este principio, de qué forma se ha respetado el derecho, en qué criterios u otras consideraciones (sean cuestiones normativas generales o casos concretos) se basa la decisión, y las posibles repercusiones positivas y negativas de la decisión. El Comité considera que el interés superior es un concepto complejo, flexible y adaptable, que debe determinarse caso a caso, ajustarse al nivel individual considerando la situación concreta del niño o los niños afectados, teniendo en cuenta el contexto, la situación y las circunstancias específicas de cada niño. El enfoque para su aplicación está basado en los derechos, con el fin de garantizar de forma holística sus necesidades e integridad (física, psicológica, moral y espiritual), promoviendo su dignidad humana. Su objetivo es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño en función del desarrollo integral de los niños y de las niñas. Es obligación del responsable de la toma de la decisión darles participación a equipos multidisciplinarios y siempre contar con la opinión del niño o de la niña en el contexto del caso. La evaluación judicial consiste “en valorar y sopesar todos los elementos necesarios para tomar una decisión en una determinada situación”, lo cual debe realizarse teniendo en cuenta las características específicas de cada niño, niña o adolescente de que trate el caso, como la edad, el sexo, el grado de madurez, la experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de una discapacidad física, sensorial o intelectual y el contexto social y cultural del niño, niña o adolescente; por ejemplo, la presencia o ausencia de los padres, el hecho de que el niño, niña o adolescente viva o no con ellos, la calidad de la relación entre el niño, niña o adolescente y su familia o sus cuidadores, el entorno en relación con la seguridad y la existencia de medios alternativos de calidad a disposición de la familia, de la familia ampliada o de los cuidadores. Esos elementos deben ser valorados de forma equilibrada y deben ser ponderados en relación con los demás. No todos serán relevantes para caso y pueden ser utilizados de diferente manera en cada caso, porque varían de niño en niño y de caso en caso. En ocasiones, pueden entrar en conflicto algunos de los elementos, y la forma de enfrentar esto es la ponderación de aquellos. La ponderación, insiste el Comité, debe ser hecha en perspectiva de los objetivos que se quieren lograr con el interés superior del niño (garantizar el disfrute pleno de los derechos, el desarrollo holístico del niño y su dignidad). El Comité recuerda que toda decisión debe tener presente que las capacidades de los niños, niñas y adolescentes evolucionan; por lo tanto, debe considerarse que, cuando un derecho pueda ser limitado o restringido en nombre de la “protección”, debe tomarse en cuenta en la decisión la necesidad de “empoderamiento” del niño, niña y adolescente. Esto implica “el ejercicio pleno de los derechos sin restricciones” y la revisión permanente de las medidas y su ajuste de acuerdo con las nuevas circunstancias, siempre evaluando “la continuidad y la estabilidad de la situación presente y futura del niño”. El cuidado emocional es una necesidad básica; si los padres o tutores no satisfacen las necesidades emocionales, se deben tomar medidas para que los niños, niñas y adolescentes creen lazos afectivos seguros. Ellos necesitan establecer un vínculo con los cuidadores a una edad muy temprana y ese vínculo, si es adecuado, debe mantenerse a lo largo de los años para ofrecerles un entorno estable. También se debe evaluar la seguridad y la integridad del niño, niña y adolescente en el preciso momento de la decisión. Sin embargo, el principio de precaución también exige valorar la posibilidad de riesgos y daños futuros y otras consecuencias de la decisión en la seguridad. Se deben considerar las situaciones concretas de vulnerabilidad, que no serán las mismas de todos los niños en la misma situación. Deben tenerse en cuenta los diferentes tipos y grados de vulnerabilidad de cada niño, niña y adolescente, ya que cada persona es única y cada situación debe evaluarse de acuerdo con su condición única. Esto implica que debe realizarse una evaluación individualizada del historial de cada niño, niña y adolescente desde su nacimiento, con revisiones periódicas a cargo de un equipo multidisciplinario, y deben establecerse ajustes razonables en función de todo su proceso de desarrollo. Si la decisión que se adopta difiere de la opinión del niño, niña o adolescente, se deberá exponer con claridad la razón por la que se ha tomado. Cuando, excepcionalmente, la solución elegida no atiende al interés superior del niño, niña o adolescente, se deben indicar los motivos a los que obedece para demostrar que el interés superior del niño, niña o adolescente fue una consideración primordial, a pesar del resultado (cf. Convención sobre los derechos del niño. Comentada , varios autores, Ministerio Público Tutelar-Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires). Todos estos elementos fueron adecuadamente ponderados y fundamentados en la criteriosa decisión que adoptó el Sr. Juez a quo , con la cual el Tribunal coincide plenamente. En este caso concreto, resulta oportuno recordarles a los Sres. AA y BB que deben tener presente que, de acuerdo con el art. 12 del C.N.A., DD y CC tienen derecho a vivir y crecer junto a su familia y, ante la situación de separación de la pareja, debe respetarse el derecho de ellos a mantener vínculos afectivos y contacto directo con ambos padres, salvo si ello es contrario a su interés superior, debiendo esta inconveniencia ser apreciada por el tribunal competente. El Preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que el desarrollo pleno y armonioso de una personalidad requiere crecer en el seno de una familia, en un ambiente de felicidad y comprensión. El niño, aun en los casos de separación, tiene derecho a mantener contacto con ambos progenitores y disfrutar de ellos. Los Sres. AA y BB tendrán que aprender a respetar la voluntad de sus hijos; de lo contrario, seguirán provocándoles grandes problemas, con la irreversibilidad que alguno de esos problemas puede llegar a tener. Seguramente, una actitud razonable y contemplativa del padre y de la madre, procurando llegar a acuerdos y limar asperezas, superando conflictos de adultos y anteponiendo la felicidad de su hijo y de su hija por encima de sus expectativas personales, es la mejor solución posible para permitirles a ellos y, principalmente, a DD y a CC el disfrute de la familia. Las conclusiones de la Convención y las directivas del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas tienen el respaldo de ser aquellas que la humanidad entera, más allá de culturas y civilizaciones, consideran adecuadas para la crianza de un niño, niña y adolescente. Y, seguramente, una actitud componedora de la madre y del padre, que privilegie el interés superior de DD y CC por encima de los suyos propios, es el camino para permitirles un desarrollo feliz a pesar de la separación de la pareja. IV) Las costas y los costos de la segunda instancia La conducta procesal de ambas partes fue correcta, por lo que las costas y los costos se distribuirán en el orden causado (arts. 688 del C. Civil y 56.1 y 261 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímanse los recurso de apelación que el actor y la demandada interpusieron respectivamente y, en su mérito, confírmase la sentencia definitiva N° 5/2025, sin especial condenación procesal. Honorarios fictos a los solos efectos fiscales: 5 Bases de Prestaciones y Contribuciones. Notifíquese a domicilio y, oportunamente, devuélvase el expediente al Juzgado de origen, con copia para el Sr. Juez de primera instancia. Dra. María Helena Mainard García - Ministra Dra. María Noel Tonarelli de Pena - Ministra Dr. Gustavo Orlando Nicastro Seoane - Ministro (r) Dra. María Catalina Elhordoy Perdomo - Secretaria Letrada