Sentencia Definitiva N° 164/2025

VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia este expediente caratulado “AA C/ BB. PENSIÓN ALIMENTICIA. RECURSO DE APELACIÓN”, I.U.E. 2-75983/2022, venido a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación que interpuso el demandado contra la sentencia definitiva No 1/2025 dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia de Pando de 3° Turno, Dra. María Jacqueline Enrique Toledo. RESULTANDO: I) Por sentencia definitiva No 1 del 3 de febrero de 2025, la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia de Pando de 3° Turno falló: “Condenando a la parte demandada a servir una pensión alimenticia a favor de sus hijos CC y DD, equivalente al 30% de los ingresos líquidos mensuales del demandado (nominal menos descuentos (egales), con más una sobrecuota equivalente al dos por ciento (2%) de los ingresos ya referidos, con el fin de cubrir la pensión impaga por el mes de diciembre de 2022, y la diferencia entre la pensión alimenticia provisoria y la definitiva desde enero de 2023 hasta que esta sentencia pase en autoridad de cosa juzgada. La pensión alimenticia se abonará del uno al diez de cada mes, a la parte actora que la percibirá en su calidad de administradora. La suma que supera el descuento del 50% del salario del demandado, se abonará por el mismo, mediante depósito en la cuenta ‘Mi Dinero’ de la parte actora. Líbrense oficios al BPS, a la empresa empleadora de la parte demandada, y a BSE. Déjase sin efecto la pensión alimenticia provisoria (...)” (fs. 127-133). II) Contra dicha sentencia, el demandado interpuso el recurso de apelación en análisis, expresando, en síntesis, los siguientes agravios. a) El monto de la pensión alimenticia fijado por la sentenciante es ilegal, ya que supera el límite previsto en el art. 59 del C.N.A. para la retención. Además, la Sra. Jueza a quo no tomó en cuenta las posibilidades del demandado. En tal sentido, debió tener en consideración que paga alquiler por la vivienda en que reside y que está percibiendo el 50% de su salario debido a que es obligado alimentario de 3 hijos menores de edad. b) La juzgadora de primera instancia tampoco tuvo en cuenta que la pensión alimenticia podría haberse fijado en el 25% de sus ingresos mensuales, que rondan los $20.000, lo que implicaría una pensión digna para hacer frente a las necesidades de sus hijos, que no requieren erogaciones especiales por ser niños sanos y por asistir a la educación pública (fs. 134-137). III) La actora evacuó el traslado que se le confirió del recurso de apelación interpuesto por su contraparte, abogando por su rechazo (fs. 145-148). IV) Por decreto N° 955/2025, la Sra. Jueza a quo franqueó el recurso de apelación para ante el Tribunal de Apelaciones de Familia que por turno correspondiera (fs. 149). V) El expediente se recibió en este Tribunal de Apelaciones el 12 de mayo del año en curso (nota de cargo a fs. 162) y, por decreto N° 484 del 13 de mayo, se dispuso el pasaje del expediente a estudio de los Sres. Ministros por su orden (fs. 163), al término del cual se acordó sentencia en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO: I) El Tribunal, por unanimidad y con la integración del Ministro de Tribunal de Apelaciones Suplente que redacta esta sentencia (art. 63 de la ley 15.750, en la redacción dada por el art. 237 de la ley 18.834), desestimará el recurso de apelación interpuesto, por los siguientes fundamentos. II) El caso en análisis En este proceso, la Sra. AA reclamó pensión alimenticia para los hijos que tiene en común con el Sr. BB, CC y DD, de 13 y 7 años de edad respectivamente (testimonios de partidas de nacimiento a fs. 1 y 2). Las partes concordaron en que el adolescente y la niña tienen las necesidades propias de su edad, concurriendo a la educación pública y no realizando actividades extracurriculares. La actora invocó que la situación económica del demandado es buena, debido a que se desempeña como empleado en la empresa Frigorífico Carrasco S.A. (EE), además de contar con ingresos de forma independiente. Añadió que los niños siempre han vivido con ella y que ella es quien se encarga de satisfacer sus necesidades materiales y afectivas a tiempo completo, debiendo recurrir a la ayuda de familiares y amigos para comprar los alimentos. En función de tales hechos, reclamó que se fije una pensión alimenticia provisoria equivalente al 35% de los ingresos líquidos que el demandado perciba por todo concepto y que se fije el mismo porcentaje en concepto de pensión alimenticia definitiva mensual a favor de sus hijos (fs. 24-29). Al contestar la demanda, el demandado expresó que arrienda una vivienda por la suma de $19.351, a lo que se suman los gastos de dicho hogar, y percibe ingresos líquidos por su trabajo en EE por la suma de $33.651. Asimismo, indicó que la mitad de su sueldo ya se encuentra retenido, en virtud del 25% fijado como pensión alimenticia en el expediente individualizado con la I.U.E. 176-640/2017 a favor de su hija menor de edad, FF, y de otro 25% por concepto de alimentos provisorios fijados en el presente expediente. En relación con el invocado emprendimiento, expresó que posee dos vehículos propios que suele arrendar eventualmente y en forma esporádica, pero afirmó que esa actividad le deja escasas ganancias en virtud del gasto que insumen ambos automotores. En suma, solicitó que se fije la suma equivalente al 25% de los ingresos que percibe como pensión alimenticia definitiva (fs. 56- 60). Por sentencia interlocutoria N° 105 del 3 de febrero de 2023, la Sra. Jueza a quo fijó una pensión alimenticia provisoria a favor de los niños equivalente al 25% de los ingresos líquidos mensuales que perciba el demandado por todo concepto (fs. 31-32). III) El monto de pensión alimenticia adecuado a las circunstancias del caso El objeto de la apelación refiere específicamente al monto de la pensión alimenticia fijado en la sentencia definitiva impugnada. El monto de la pensión alimenticia debe fijarse de acuerdo con un criterio de proporcionalidad y razonabilidad para el caso concreto. De la escasa prueba aportada por ambas partes, se desprende que el adolescente CC y la niña DD no tienen necesidades especiales y no realizan actividades extracurriculares. Ahora bien, en relación con las posibilidades de la Sra. AA, en su demanda alegó no contar con ingresos propios, debiendo recurrir a la ayuda de familiares y amigos. Las testigos Sras. GG y HH declararon que la actora hace changas de limpieza (declaraciones brindadas en la sesión de audiencia que se celebró el 12 de noviembre de 2024, acta a fs.107-110 y registro de audio en el sistema Audire). Con relación a las posibilidades del demandado, del recibo de sueldo que luce incorporado a fs. 44, surge que, al mes de marzo de 2023, percibía la suma líquida de $16.487 por su trabajo en EE. En ese recibo, figuran dos retenciones judiciales por el 25% de sus ingresos cada una, equivalentes a $19.508 cada una. Una de esas retenciones es la fijada en concepto de alimentos provisorios en este expediente y la otra retención corresponde a lo que el demandado manifiesta que le sirve como pensión alimenticia a otra hija menor de edad. Asimismo, en punto al emprendimiento consistente en el arrendamiento de vehículos que la actora invocó, el demandado no controvirtió su existencia, pero manifestó que el arriendo de los dos automotores es eventual y esporádico. En Derecho comparado, existen dos métodos para la determinación de la pensión alimenticia: 1) el sistema de la tarifación; y 2) el sistema del prudente criterio judicial. El primer sistema utiliza bases tarifadas para la determinación de la pensión. Así, en Alemania, existen programas informáticos que establecen pautas, tomando como variables los ingresos de los padres, las necesidades del acreedor alimentario y los gastos generales a tomar en cuenta. El sistema del prudente criterio judicial es el utilizado en nuestro ordenamiento, y en éste, según Gutiérrez Goyochea y Jiménez Herrero, siguiendo jurisprudencia argentina, “para analizar la razonabilidad del monto, el juez no debe encasillarse en rigideces matemáticas, sino que debe calcular en forma estimada y según su prudente arbitrio el porcentual necesario para satisfacer las necesidades del beneficiario (...) el único lineamiento establecido es que el monto alimentario se fija en función de una ecuación entre los recursos económicos del demandado y las necesidades del demandante, teniendo en cuenta las especiales circunstancias de cada caso” (Gutiérrez Goyochea, Verónica; y Jiménez Herrero, M. Mercedes, “Monto de la cuota alimentaria”, en Kemelmajer de Carlucci, Aída; y Molina de Juan, Mariel;Alimentos, Tomo II, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2014, págs. 12 y 13), (autores citados en la sentencia definitiva N° 173/2022 del T.A.F. 1°, publicada en Anuario Uruguayo Crítico de Derecho de Familia y Sucesiones, Tomo XI, F.C.U., Montevideo, 2024, pág. 261). Partiendo de este sistema del prudente criterio judicial y como expresa Varela de Motta, cuando la pensión se reclama para un solo hijo escolar o liceal, el monto suele fijarse entre el 20% y el 25% de los ingresos del obligado. Y cuando hay más de un hijo, lo usual es aumentar en 5% el porcentaje que se fijaría para uno solo (Varela de Motta, María Inés, Manual de Derecho de Familia, 2a edición, F.C.U., Montevideo, julio de 1998, pág. 54). En el caso en análisis, se trata de un adolescente de 13 años de dad y de una niña de 7 años de edad, por lo cual el monto equivalente al 30% de los ingresos líquidos del demandado fijado como pensión alimenticia definitiva por la Sra. Jueza a quo resulta prudente, razonable y en un todo acorde con los parámetros anteriormente referidos. En cuanto al límite legal mencionado por el recurrente, no le asiste razón. Al respecto, este Tribunal ha expresado: (...) En lo que tiene que ver con el límite a la retención dispuesto por el artículo 59 del CNA, la Sala se afilia a la posición que sostiene que el mismo rige en las pensiones que se sirven en una misma familia, ya que de lo contrario la referida restricción implicaría que algunos hijos perciban los alimentos y otros no, por ingresar en un supuesto margen de exclusión que no condice con la regulación legal, en tanto es la ley 17.829 que, en protección del derecho al salario de las personas físicas, impone como límite mínimo a percibir el 30% de sus ingresos” (sentencia definitiva N° 82/2025, publicada en la Base de Jurisprudencia Nacional Jaime Zudáñez). IV) Las costas y los costos de la segunda instancia La conducta procesal de ambas partes fue correcta, por lo que las costas y los costos se distribuirán en el orden causado (arts. 688 del C. Civil y 56.1 y 261 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, el Tribunal, por unanimidad, FALLA: Desestímase el recurso de apelación que el demandado interpuso y, en su mérito, confírmase la sentencia definitiva N° 1/2025, sin especial condenación procesal. Honorarios fictos a los solos efectos fiscales: 5 Bases de Prestaciones y Contribuciones. Notifíquese a domicilio y, oportunamente, devuélvase el expediente al Juzgado de origen, con copia para la Sra. Jueza de primera instancia. Dra. María Noel Tonarelli de Pena - Ministra Dra. María Helena Mainard García - Ministra Dr. Gustavo Orlando Nicastro Seoane - Ministro (r) Dra. María Catalina Elhordoy Perdomo - Secretaria Letrada