Sentencia Interlocutoria N° 1089/2025

TRIBUNAL DE APELACIONES DE 3°TURNO. Dra. María Helena Mainard García-Ministra Dr. Gustavo Nicastro Seoane- Ministro Dra. María Noel Tonarelli de Pena -Ministra (r) VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia estos autos caratulados “Vitacca Barboza, Mónica y otro c/Alonso González, María y otros-Juicio Ordinario Posterior. Recurso de Apelaciones TAF 3°T°”, IUE: 2-13569/2022, venidos a conocimiento de este Tribunal atento al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria N° 2497/2025 de fecha 5 de mayo de 2025, dictada por la Dra. María Alejandra Alvez, Jueza Letrada de Primera Instancia de Familia de 24° Turno. RESULTANDO: 1- Por la sentencia interlocutoria N° 2497/2025 la A quo amparó la excepción de prescripción opuesta por la parte demandada. 2- A fs. 245 y ss. compareció la parte actora a fundamentar el recurso de apelación interpuesto en audiencia contra la impugnada. En síntesis, señaló que la apelada arribó a una interpretación errónea de lo previsto en el artículo 1235 del Código Civil Para el presente caso, debe tenerse en cuenta que la demanda fue presentada con fecha 25/3/2022, y en ella se identificó el domicilio que la Sra. Rosario González denunció en estos obrados (y en el incidente de nulidad), y el domicilio que la codemandada María Victoria Alonso declaró de los autos sucesorios del Sr. Gilberto González Martínez. Por decreto N° 1664/2022 de fecha 23/3/2022 se confirió traslado de la demanda, y durante el año 2022 se emplazó a la demandada, la Sra. Rosario González, en el domicilio que luego ella misma denunció ante esta Sede, y a la Sra. María Victoria Alonso en el domicilio que surge del trámite sucesorio. Posteriormente, y tras la tramitación del incidente de nulidad promovido por las excepcionantes, se declararon nulos tales emplazamientos (los realizados en 2022 con respecto a las referidas codemandadas). Sostuvo que lo que interrumpe la prescripción es el emplazamiento judicial, sin necesidad de que este sea notificado al demandado, por lo que el mero dictado del decreto N° 1644/2022 de fecha 23/3/2022 confiriendo traslado de la demanda fue suficiente para interrumpir la prescripción, debiéndose haberse desestimado la excepción opuestas por las codemandadas Rosario González Rubilar y María Victoria Alonso. Aunque el emplazamiento efectuado en el año 2022 haya sido declarado nulo en el marco del incidente tramitado en la IUE 65-23/2023, la interrupción de la prescripción se produjo igualmente. Asimismo, debió considerarse por la A quo que los emplazamientos efectuados tuvieron la vocación de interrumpir la prescripción. Expresó que la Sede omitió considerar que, eventualmente, el plazo de prescripción se vio suspendido mientras se tramitó el incidente de nulidad, ya que por auto N° 1358/2022 de fecha 16/3/2023 a fs. 29, se dispuso la suspensión del presente atento a lo que surgía del expediente acordonado IUE 65-23/2023. Ello determinó que desde el día 16/3/2023 al 18/6/2024 (fecha en la que se dictó la sentencia en el incidente IUE 65-23/2023), el plazo de prescripción no estuviera corriendo, en la medida en que el proceso se encontraba suspendido, de conformidad con el efecto suspensivo dispuesto ante el planteo de nulidad promovido por la contraria (art. 319 del CGP). En este punto, manifestó que se debió haber aplicado el principio general del derecho de que al impedido por justa causa no le corre el plazo, siendo esta regla aplicable a todas las materias y con consagración expresa en el art. 98 del CGP. Asimismo, le agravia la recurrida a los comparecientes que la sentencia desatendió su voluntad de accionar, adoptando una decisión injusta y contraria al principio pro actione, debiendo considerar que los recurrentes siempre manifestaron una voluntad clara de pretender el crédito que les corresponde. Finalmente, indicaron los comparecientes que la sentencia dispuso el archivo de las actuaciones, cuando la Sra. Florencia Sica no opuso, a través de su defensor, la excepción de prescripción, al margen de que el emplazamiento por edictos no fue declarado nulo y teniendo presente la independencia de los actos procesales. 3- Por auto N° 2789/2025 a fs. 253 se confirió traslado del recurso de apelación interpuesto, el cual fue evacuado por la Sra. Rosario González en los términos que surgen a fs. 260 y ss. Señaló que el tenor literal del art. 1235 del Código Civil es claro y no da lugar a interpretaciones que se aparten de la letra de la ley. Así, toda prescripción se interrumpe por el emplazamiento judicial notificado, en concordancia con lo dispuesto en el art. 123 del CGP, siendo que el emplazamiento notificado a la compareciente fue declarado nulo. Los apelantes asimilan el emplazamiento judicial al decreto que confiere traslado de la demanda, sin que este sea notificado al demandado, siendo esta una interpretación errónea que no se concilia con la norma. Indicó que, el argumento expresado por los recurrentes en cuanto a que el plazo de prescripción se vio suspendido mientras se tramitaba el incidente de nulidad, ya que al impedido por justa causa no le corre plazo desde el momento que se configura el impedimento hasta su cese no sería aplicable, debido a que el impedido no puede ser culpable de ese impedimento. En efecto, la prescripción de la acción devino por culpa de la contraria, quien no apeló la sentencia interlocutoria que declaró la nulidad absoluta por indefensión del emplazamiento notificando la demanda, sufriendo las consecuencias de su inactividad y la suspensión del principal lo fue por su culpa, al no tomar los recaudos necesarios al momento de denunciar los domicilios de las demandadas. Tampoco es correcto afirmar, tal como lo hicieron los recurrentes, que se desatendió su voluntad de accionar, ya que el juez no está obligado a atender conductas humanas que afectan y perjudican derechos de otras personas. 4- A fs. 271 y 274 comparecieron la codemandada María Victoria Alonso y el Dr. Mauricio Ramos respectivamente, evacuando el traslado conferido y abogando por el mantenimiento de la recurrida en todos sus términos. 5- Por resolución N° 3361/2025 a fs. 276, se franqueó el recurso de apelación interpuesto con efecto suspensivo. 6- Recibidos los autos por el Tribunal se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros por su orden y cumplido se procede al dictado del presente. CONSIDERANDO: 1.- La Sala por unanimidad de sus miembros confirmará la sentencia interlocutoria de primera instancia impugnada, por los fundamentos que se expondrán. 2.- Con fecha 25/3/2022 los Sres. Ricardo Antonio Vitacca Barboza y Mónica Vitacca Barboza promovieron demanda por cobro de pesos de porción conyugal contra Rosario González Rubilar, María Victoria Alonso González y Florencia Sica González. Afirmaron que son los herederos de la Sra. Edi Barboza, fallecida el 29 de octubre de 2020, quien fuera titular de la porción conyugal dispuesta por el decreto N°4252/2015 de fecha 16/11/2015 recaída en las actuaciones caratuladas: “González Martínez, Gilberto Felipe Santiago-Sucesión”, IUE 2-27795/2014. Peticionan que se condene a los demandados a abonar la suma de U$S 83.333, más intereses, costas y costos del proceso. 3.- Antecedentes: En el IUE: 2-27795/2014- “González Martínez, Gilberto Felipe Santiago- Sucesión”-por decreto N°4252/2015 de fecha 16/11/2015, se declararon únicas y universales herederas de Gilberto Felipe Santiago González Martínez a Rosario Graciela González Rubilar, María Victoria Gonzalez y Florencia Sica González, de acuerdo al testamento glosado en autos y sin perjuicio de la cónyuge supérstite por la porción conyugal (fs.82). De autos emerge que el causante falleció siendo de estado civil casado con Edi Barboza. Del IUE: 2-34593/2021- “Barboza Andina, Eli-Sucesión”, emerge que la causante falleció intestada el 29/10/2020, de estado civil viuda de Gilberto González. Por decreto N°4138/2021 del 12 de octubre de 2021 se declararon únicos y universales herederos de la causante Edi Barboza Andina a los Señores Ricardo Antonio Vitacca Barboza y Mónica Vitacca Barboza (fs.20). 4.- Actuaciones procesales: En la demanda se denunciaron los domicilios de Rosario González en Colonia del Sacramento, de María Victoria Alonso en Montevideo y se manifestó que se desconoce el domicilio de Florencia Sica (fs.11). Se dispuso el emplazamiento por edictos de Sica y se le designó defensor de oficio (fs.19, 23, 25, 34 y 36). Con fecha 17/2/2023 Rosario González y María Victoria Alonso presentan demanda incidental de nulidad (fs. 16 del IUE: 65-23/2023) por indefensión en virtud de no haber sido notificadas en sus domicilios reales. Tramitado el incidente de nulidad recayó la sentencia N°4286/2024 de fecha 18/6/2024 (fs.159 del 65-23/2023) por la cual se acogió la demanda y se declaró la nulidad del emplazamiento y todas las actuaciones posteriores en el expediente IUE 2-13569/2022. La sentencia no fue impugnada. Con fecha 25/6/2024 (fs.84 de estos) se presentaron los actores a solicitar el nuevo emplazamiento de las demandadas Rosario Rubilar y María Victoria Alonso. Se cumplió con el emplazamiento en los domicilios electrónicos constituidos el 28/6/2024 (actuaciones de fs. 87 y 88). 5.- Se reclama en autos la porción conyugal correspondiente a la Sra. Edi Barboza en la sucesión de su esposo, el Sr. Gilberto Felipe Santiago González Martínez. A decir de Vaz Ferreira la porción conyugal es definida por nuestro Código como aquella parte del patrimonio del cónyuge premuerto que la ley asigna al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua sustentación. Entiende el jurista que el cónyuge tiene derecho a una parte de los bienes, pero no como comunero ni titular de un derecho real, sino como acreedor. Y si bien el cónyuge es un acreedor de la sucesión por su porción conyugal, no es necesariamente un acreedor de una suma de dinero, sino que es acreedor de una parte del patrimonio del cónyuge premuerto, de una parte de sus bienes (cfme E.Vaz Ferreira. Tratado de las Sucesiones, T.2-1981, págs. 87 y 111). De los conceptos vertidos lo que interesa al caso es que la porción conyugal reclamada se trata de un crédito y por lo tanto es una obligación de naturaleza personal. Como tal, el plazo de su prescripción se regula por lo dispuesto en el artículo 1216 del CC, es decir en el plazo de 10 años desde que se hizo exigible (en la actual redacción dada por la ley 19889-aplicable de acuerdo al art. 467-disposición transitoria que establece que “Las prescripciones empezadas a la fecha en que esta ley sea obligatoria se determinarán conforme a las disposiciones de ésta...”. De acuerdo a lo establecido en el artículo 1235 del CC “toda prescripción se interrumpe civilmente por el emplazamiento judicial notificado al poseedor o deudor”. A su respecto el Dr. J. Lagarmilla escribió: “ Por lo que antecede se deduce que al establecer el C.P.C. de acuerdo con el C.C. que se interrumpe la prescripción por el emplazamiento notificado al demandado no pudo referirse a otra cosa que a la notificación de la providencia judicial de emplazamiento y no a 1a presentación de la demanda, entre cuyos efectos la ley no ha establecido el interruptivo de la prescripción, pues tal efecto corresponde a la notificación del emplazamiento... No encontramos pues, en nuestro derecho, establecido otro modo para interrumpir civilmente toda prescripción, sea ella extintiva o adquisitiva, que no sea el emplazamiento judicial notificado al demandado, sea cualquiera que sea el carácter jurídico de este, poseedor o deudor, pues así expresamente lo indica la disposición legal sin perjuicio de los efectos de la citación a conciliación, como paso previo al emplazamiento (art. 1236)... Para que se interrumpa, pues, cualquier prescripción en curso, se requiere, según nuestro derecho, emplazamiento notificado, es decir, que sólo existe interrupción cuando el poseedor o el deudor tienen conocimiento, por medio de la notificación. de que determinada persona reclama judicialmente el derecho que está gozando el poseedor o el cumplimiento de la obligación del deudor... No se trata del conocimiento que por otros medios pudo tener el prescribiente sobre los pretendidos derechos de un tercero, sino de los actos objetivos y formales a los cuales la ley les da el efecto interruptivo. Que el conocimiento del poseedor o deudor es necesario para la interrupción no puede ponerse en duda; pero para que ese conocimiento pueda interrumpir civilmente la prescripción, es preciso que se produzca en la forma que la ley ha establecido. Se exige una manifestación formal y ante la justicia, y que esa manifestación se ponga en conocimiento del poseedor o deudor, para que la ley considere que debe interrumpirse la prescripción, hasta tanto el juicio concluya,,o el actor desista expresa o tácitamente...” (cfme. Jorge Lagarmilla, "La notificación del emplazamiento como causa de interrupción civil de la prescripción” en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, t.53). El Dr. Lagarmilla hace referencia al CPC, norma procesal vigente al momento de su escritura y que contenía una norma igual que el 1235 del CC. Actualmente debemos estar a la noción de emplazamiento dada por el artículo 123 del CGP. Hasta aquí queda claro en la lectura del artículo 1235 CC -palabras de la doctrina y así lo entiende la jurisprudencia en unanimidad- que la interrupción de la prescripción -sea extintiva o adquisitiva- opera por el emplazamiento notificado. Ahora vayamos al segundo inciso del art. 1235 que reza: “El emplazamiento judicial interrumpe la prescripción, aunque sea dado por Juez incompetente o sea nulo por vicio de forma”. Nos preguntamos si el vicio del emplazamiento en el caso que nos ocupa puede ser considerado un vicio de forma que lo torne válido como interruptivo de la prescripción. En coincidencia con la Sra Jueza A quo el Colegiado entiende que no, ya que la nulidad absoluta de las actuaciones en virtud de la indefensión por haber sido emplazadas las demandadas en otro domicilio, no constituye un vicio de forma. Se comparte la posición del TAC 1° que en sentencia N° 450/2019 entendió en términos totalmente trasladables al caso que nos ocupa: “Lo que se requiere es que la manifestación de voluntad se haga saber (judicialmente) al demandado, por lo cual es lógico que si el emplazamiento es inválido o se declara nulo por vicio que determine que el demandado no sea realmente notificado -por resolución N° 150/2013 se declaró la nulidad de las actuaciones practicadas desde el traslado de la demanda en adelante- en consecuencia el demandado no fue realmente notificado. No siendo la nulidad invocada sólo “...por vicio de forma...” sino por indefensión ya que se notificó a la demandada en un domicilio que no correspondía...Por lo que el efecto interruptivo no se produjo (Conf.Enrique Vescovi “Derecho Procesal Civil” tomo IV, pág. 112). No se trata de un acto irregular que ha logrado el fin al que estaba destinado, sino que se provocó indefensión (artículo 110 del Código General del Proceso), esto es, no basta con la mera irregularidad, aún legalmente consagrada como causal de nulidad para que el acto sea nulo, sino que ha de analizarse si alcanza o no de todos modos el fin que el legislador previó para él...En la medida en que no se logró hacer saber al demandado el acto procesal de la demanda, la notificación del 13/6/2011 -declarada nula por indefensión- no tuvo efecto interruptivo de la prescripción. Esta se produjo recién cuando se notificó la demanda...” 6.- En el caso, tal como lo consigna la sentencia impugnada, la porción conyugal nació en el momento del fallecimiento del causante (art. 876 del CC), es decir el 8/12/2013, la demanda en éstos fue presentada el 25/3/2022 y el emplazamiento fue notificado el 28/6/2024 según consta en actuación de fs. 87, por lo que no cabe más que concluir que operó la prescripción extintiva del crédito. 7.- La conducta de las partes no amerita condenaciones especiales en el grado (arts. 688 CC y 56.1 CGP). Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, el Tribunal FALLA: Confírmase la sentencia interlocutoria impugnada. Sin especial sanción procesal en la instancia. Notifíquese y oportunamente devuélvase a la Sede de origen. Dra. María Helena Mainard García - Ministra Dr. Gustavo Nicastro Seoane - Ministro Dra. María Noel Tonarelli de Pena- Ministra (r) Dra. María Catalina Elhordoy – Secretaria Letrada.