Sentencia Definitiva N° 165/2025

VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia este expediente caratulado “XX C/ ZZ RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE UNIÓN CONCUBINARIA. RECURSO DE APELACIÓN - TAF 3”, I.U.E. 2-105064/2023, venido a conocimiento de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación que ambas partes interpusieron, respectivamente, contra la sentencia definitiva No 4/2025 dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Mercedes de 3° Turno, Dr. William Harguindeguy Figueroa. RESULTANDO: I) Por sentencia definitiva No 4 del 10 de febrero de 2025, el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Mercedes de 3° Turno falló: “Desestímase la pretensión de declaración expresa del reconocimiento de la unión concubinaria entre XX y ZZ, atento a lo manifestado en el Considerando IV) A); correspondiendo a derecho solicitar directamente la disolución de la unión concubinaria. Se reconoce que los bienes indicados en la demanda a fs. 4 vto. de los numerales B) a F) fueron adquiridos durante la vigencia de la unión concubinaria por el esfuerzo y caudal común, correspondiendo asimismo las ganancias obtenidas por la explotación de los vehículos en proporción a su contribución en la adquisición de dichos bienes. Desestímase la pretensión incoada respecto del vehículo tipo camión, marca Volkswagen, modelo HH, padrón AA, matrícula de Soriano KTP BB, adquirido en el año 2013, a nombre del demandado. Desestímase la pretensión planteada de declaración de la propiedad de los bienes adquiridos durante la unión concubinaria en un 50% a cada uno de los concubinos, por las razones expuestas en el Considerando IV, literal C). Sin especial condenación en costas y costos (...)” (fs. 91-101). II) Contra dicha sentencia, el demandado interpuso el recurso de apelación, expresando, en síntesis, los siguientes agravios. Sostuvo que el fallo excede el objeto del proceso porque se pronuncia sobre la disolución de la unión y el régimen patrimonial de los bienes, violando el principio de congruencia previsto en el art.198 del C.G.P. Indicó que el Sr. Juez a quo desestimó el reconocimiento de la unión concubinaria, argumentando que ésta ya estaba disuelta y que el proceso correcto debió ser el de disolución y liquidación de la unión concubinaria. No obstante, el fallo reconoce la existencia de bienes adquiridos durante la vigencia de la relación, lo que implica que nos encontraríamos en otro proceso y no en el que promovió la actora. Por lo tanto –continúa la argumentación del demandado-, la determinación de los bienes adquiridos durante la relación es una cuestión que debe ser abordada en un proceso específico conforme a la normativa aplicable, y no en el presente trámite, cuyo objeto es exclusivamente el reconocimiento de la unión concubinaria, tal como fue solicitado por la actora en la demanda y delimitado en el objeto del proceso. Añadió que si bien el magistrado reconoce que la sociedad de bienes nace solamente con el reconocimiento y la inscripción de la unión concubinaria (art. 5 de la ley 18.246), contradice el presente proceso, porque, en la actualidad, las partes no se encuentran juntas y no hay unión concubinaria, por lo que, en el presente proceso, no puede resolverse sobre los bienes. Según el demandado, conforme al art. 6 de la ley 18.246, la acción de reconocimiento de la unión concubinaria se tramita por el proceso voluntario y, en el presente caso, el Sr. Juez a quo resolvió sobre la disolución y la liquidación del régimen patrimonial, lo que corresponde a un proceso contencioso. Agregó que del propio fallo surge que si no se podía pronunciar sobre la disolución, tampoco correspondía expedirse sobre los bienes, ya que el régimen patrimonial depende del reconocimiento previo de la unión en un proceso de liquidación y disolución, tal como lo establece la norma (fs. 102-106). III) La actora también interpuso el recurso de apelación contra la sentencia definitiva, expresando, en lo medular, los siguientes agravios. Manifestó que la sentencia recurrida le causa agravio porque acogió parcialmente la demanda y no reconoció la unión concubinaria que se extendió por más de 20 años, la cual surge plenamente probada. Asimismo, indicó que el demandado no controvirtió en ningún momento la existencia de la unión invocada, por lo que resulta incomprensible el rechazo de la demanda en cuanto a la pretensión de reconocimiento de la unión concubinaria. Sostuvo que se debió haber declarado el reconocimiento de la unión entre los años 1996 y 2021, a pesar de que la unión ya estaba disuelta al momento en que promovió la demanda. Finalizó expresando que no solamente le causa agravio tal extremo, sino que, además, no se reconoció como bien adquirido durante el concubinato a expensas del esfuerzo y caudal común el vehículo camión marca Volkswagen, que fue adquirido en el año 2013 durante la vigencia de la unión concubinaria (fs. 108-109 vto.). IV) Sustanciados ambos recursos, las dos partes evacuaron los traslados conferidos respectivamente (fs. 114-115 vto. y 119-120 vto.). V) Por decreto N° 1062/2025, el Sr. Juez a quo franqueó los recursos de apelación para ante el Tribunal de Apelaciones de Familia que por turno correspondiera, con efecto suspensivo (fs. 122). VI) El expediente se recibió en este Tribunal de Apelaciones el 29 de abril del año en curso (nota de cargo a fs. 130) y, por decreto N° 431 del 6 de mayo, se dispuso el pasaje del expediente a estudio de los Sres. Ministros por su orden (fs. 131), al término del cual se acordó sentencia en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO: I) El Tribunal, por unanimidad y con la integración del Ministro de Tribunal de Apelaciones Suplente que redacta esta sentencia (art. 63 de la ley 15.750, en la redacción dada por el art. 237 de la ley 18.834), revocará parcialmente la sentencia recurrida, en los términos y por los fundamentos que se expresarán a continuación. II) En primer lugar, corresponde señalar que no se dedujeron agravios respecto a la existencia y duración de la unión concubinaria, razón por la cual estos puntos no serán objeto de revisión en segunda instancia. III) En lo medular, el demandado se agravió por entender que el Sr. Juez a quo violó el principio de congruencia, porque el objeto del proceso fijado solamente refiere al reconocimiento de la unión concubinaria y el fallo se expidió sobre la disolución y el régimen patrimonial de bienes. En lo medular, la actora se agravió por que el Sr. Juez a quo no dispuso el reconocimiento de la unión concubinaria y porque no reconoció el camión Volkswagen, modelo HH, matrícula KTP BB, como bien adquirido durante el concubinato a expensas del esfuerzo o caudal común. IV) Con relación a la disolución y liquidación de la unión concubinaria y a la transgresión del principio de congruencia, los agravios no son de recibo. El Tribunal comparte lo sostenido por el Sr. Juez a quo en la sentencia impugnada en cuanto a que no existe declaratoria previa de la unión concubinaria, por lo que la actora debió haber solicitado la disolución de dicha unión. Ahora bien, se advierte que, de todos modos, ante la oposición del demandado, se siguió la estructura del proceso extraordinario de conformidad con lo previsto por el art. 9 de la ley 18.246, estando la fecha de disolución ya determinada por la separación de las partes en el año 2021. El art. 5 de la ley 18.246 establece que la declaratoria de reconocimiento del concubinato tiene por objeto la fecha de comienzo de la unión y la indicación de los bienes que hayan sido adquiridos a expensas “del esfuerzo o caudal común”. Es necesario diferenciar el régimen de los bienes respecto de la unión concubinaria que comenzó de hecho y no fue reconocida hasta su disolución, del de la unión concubinaria que ha sido reconocida judicialmente, que ha sido registrada y que ha continuado vigente. En ese sentido, se manifiesta Domínguez Gil (en concordancia con la posición de Arezo), expresando que: “(...) se diferencia entre el comienzo de la UC y el período de su vigencia, distinción que surge de la propia norma que lógicamente dispone diversos efectos para dos diversas etapas: la primera inaugurada con el inicio de hecho de la unión y que únicamente considera las adquisiciones fruto del esfuerzo o caudal común; la segunda a partir del período de vigencia determina la incorporación al activo social de todas las adquisiciones a título oneroso sin distinguir que provengan o no del esfuerzo o caudal común (...) el término vigencia significa el lapso a partir del cual un instituto entra en vigor, desde el instante que comienza a desplegar sus efectos hasta que deja de producirlos, en la UC recién se verifica como consecuencia de su reconocimiento judicial y nunca antes (...)” (Domínguez Gil, Daniel, “Régimen patrimonial de la unión concubinaria”, en Anuario de Derecho Civil Uruguayo, Tomo XXXIX, pág. 680; los destacados en cursiva figuran en el texto original). Así pues, una vez vigente la unión concubinaria (luego de su reconocimiento judicial), existe la presunción de que los bienes adquiridos lo son de dicha unión y en ese régimen quedan, sin que deba estarse a si los bienes adquiridos son producto del esfuerzo o caudal común. Sin embargo, antes del período de vigencia del régimen, la solución de principio es que los bienes que adquiere cada concubino quedan excluidos del estatuto patrimonial de la unión concubinaria. En el marco de tales premisas, el Tribunal concluye que, en el caso de la unión concubinaria de hecho, por el período anterior al reconocimiento judicial, deberá probarse si los bienes existentes provienen del esfuerzo o caudal común a fin de poder determinarse si existe un crédito respecto del concubino a cuyo nombre no estén los bienes y evitar así que haya enriquecimiento injusto. La carga de probar el esfuerzo o caudal común para la adquisición de los bienes recae sobre la parte actora. Quien solicita el reconocimiento de la unión concubinaria y afirma haber aportado caudal o esfuerzo para la adquisición de bienes, cuya titularidad ostenta la otra parte, deberá no solo acreditar su aporte a la adquisición de ellos, sino, además, solicitar el porcentaje del crédito que pretende y probar la cuantía de su contribución. Como sostiene Howard: “(...) al no existir unión concubinaria reconocida judicialmente, no existe caudal común; solo pueden existir reclamaciones por los esfuerzos o aportes comunes, pero sin transformar la naturaleza jurídica de las adquisiciones, las cuales mantienen el estatuto que le es propio, es decir, son bienes propios de cada concubino o gananciales o sociales sin integrar una sociedad conyugal o una sociedad de bienes concubinaria anterior” (Howard, Walter, Derecho de Familia, Tomo III, F.C.U., Montevideo, 2024, pág. 74). A juicio del Tribunal, de los términos de la demanda, se infiere con claridad que la pretensión versa sobre la disolución de la sociedad, ya que la actora solicitó un porcentaje (50%) de los bienes que reseñó. Es así que, siguiendo las enseñanzas de Odriozola en cuanto a la posibilidad de efectuar una interpretación teleológica de la demanda, el Tribunal entiende que el fin perseguido por la actora con su demanda es la disolución de la sociedad concubinaria y que se condene al pago del 50% de los bienes especificados. Así, el recordado magistrado enseña: “A la interpretación técnica como propia y particular de la demanda, se suma la interpretación teleológica, que consulta la finalidad que con la demanda se persigue: el nacimiento de un proceso que se quiere por el demandado válido y útil. El hecho de que la demanda procure un determinado fin no puede ser circunstancia indiferente a la interpretación de la misma, y debe influir en la aceptación de una versión que esté de acuerdo con dicho fin y sirva eficazmente a su consecución. Las variedades de la aplicación de este criterio teleológico son muy numerosas, y consisten todas ellas en la adopción de una interpretación de la demanda que, sobre pruritos formales, rescate la utilidad del proceso (...) (...) En suma, la interpretación de la demanda debe revestirse de cierto rigor, en cuanto aquélla es un acto formal, determinante de la conducta del órgano jurisdiccional y que compromete el interés de un tercero -el demandado- en la medida en que concreta y precisamente lo establezca. Pero, al mismo tiempo, dicha interpretación admite una cierta elasticidad, la necesaria para contemplar el fin procesal, esto es, el hecho de que el propósito del proceso -que lo requiere y lo justifica- es hacer efectivo un derecho necesitado de protección (...)” (Odriozola, Héctor Luis, “Interpretación de la demanda”, en Judicatura, Tomo 51, publicación oficial de la Asociación de Magistrados del Uruguay, editada por CADE, Montevideo, noviembre de 2011, pág. 138; trabajo originalmente publicado en Revista Judicatura, Año I, N° 10, Vol. II, Montevideo, diciembre de 1976). En el petitorio de su demanda, la actora solicitó que “(...) se haga lugar a la declaración de la unión concubinaria existente entre la Sra. XX y el Sr. ZZ, con el reconocimiento de los bienes adquiridos durante la unión concubinaria, los que pasarán a ser propiedad en un 50% a cada uno de los concubinos (...)” (fs. 5 vto.). El objeto del proceso se fijó en los siguientes términos: “consiste en determinar si corresponde acceder o no a la pretensión planteada en autos de reconocimiento judicial de unión concubinaria” (fs. 39-39 vto.). A su vez, se fijó que el objeto de la prueba consiste en: “determinar los elementos constitutivos de la pretensión de reconocimiento judicial de unión concubinaria y determinar respecto de los bienes la existencia dentro de los bienes adquiridos con esfuerzo y caudal común el vehículo matrícula KTP BB, padrón AA así como el monto de las ganancias derivadas de la explotación de los camiones” (fs. 39 vto.). En definitiva, aplicando las enseñanzas de Odriozola que vienen de referirse y efectuando una interpretación teleológica de la demanda a fin de desentrañar el objetivo pretendido, el Tribunal entiende que la pretensión de la actora consiste en que se disuelva la sociedad concubinaria y en que se determine su crédito en el 50% de los bienes que denunció. Lo contrario implicaría un formalismo excesivo. Tal interpretación no significa subrogarse a la parte, sino tan solo desentrañar su accionamiento, determinando el concreto objeto de la pretensión, sin que la referencia a una institución jurídica improcedente sea preceptiva para el órgano decisor, en virtud de tratarse, claramente, de una cuestión de derecho. Ahora bien, en función de lo expuesto y partiendo de la existencia de la unión concubinaria por el período invocado (lo cual no fue impugnado en etapa de apelación), corresponde analizar la prueba incorporada a la causa para poder determinar si los bienes denunciados en la demanda han sido adquiridos como producto del esfuerzo o del caudal común. El esfuerzo refiere al trabajo y el caudal común a poseer capital o bienes. La sociedad de bienes entre los concubinos nace a partir de la sentencia de reconocimiento de la unión concubinaria debidamente inscripta. Pero cuando se trata de una unión disuelta sin que existiera previamente un reconocimiento judicial inscripto, no corresponde aplicar las normas de la sociedad de bienes que no nació, sino que surge un derecho de crédito respecto de los bienes que se adquirieron con anterioridad al reconocimiento judicial, siempre que se pruebe la adquisición a costa del caudal o esfuerzo común. Pero no corresponde remitirse al régimen de la sociedad conyugal, el que presupone la vigencia de la unión, esto es, su reconocimiento por sentencia judicial; antes de ese reconocimiento, no hay vigencia de la unión concubinaria. En tal sentido, el Tribunal de Apelaciones de Familia de 1° Turno sostuvo: “En lo que dice relación con la aplicación del marco jurídico correspondiente, cabe observar en primer lugar, que se trata de una unión que nunca llegó a inscribirse, puesto que al momento que se solicita su reconocimiento ya se había disuelto. Respecto de los derechos de los ex unidos, sobre los bienes adquiridos en el período previo a la inscripción, por uno u otro, se ha dicho reiteradamente que tales bienes no modifican su naturaleza bienes propios del concubino titular en cada caso y que no puede modificar esa naturaleza sentencia alguna. El Tribunal ha reiteradamente expresado: ‘... resulta errado sostener que antes de que se declare e inscriba la unión concubinaria, pueda haber una sociedad de bienes, ya que la misma norma explicita cuando ésta nace: declaración judicial inscripta (‘El reconocimiento inscripto de la unión concubinaria dará nacimiento a una sociedad de bienes que se sujetará a las disposiciones que rigen la sociedad conyugal en cuanto le sean aplicables...’ art. 5 ley 18.246 destacado del Tribunal) y ante el sentido claro de la norma (art. 17 CC) no corresponde darle otra interpretación’. Y en referencia a los bienes que se adquirieron con anterioridad al reconocimiento judicial debidamente inscripto, que si se probara fehacientemente el aporte a su adquisición por los concubinos con el caudal o esfuerzo común, los bienes adquiridos por los concubinos antes del reconocimiento judicial e inscripción de la unión concubinaria, no cambian su naturaleza de propios a ‘concubinarios’, conf. Dres. Arezo (Unión Concubinaria; Ed. Asociación de Escribanos del Uruguay; 2008) y Domínguez Gil (ADCU T. XXXIX, págs. 677 y ss; T. XL págs. 899 y ss y T. XLI págs. 623 y ss), ello y sin perjuicio de los graves problemas e incertidumbre que produciría, porque sencillamente la ley no prevé tal mutación, como si lo hace por ejemplo en el art. 1955 núm. 6 inc. 2o del CC’, posición también hoy compartida por la Dra. Luz Calvo: “Los bienes concubinarios” en RUDF No 23, págs. 141, lo que en todo caso nace es un crédito que irá a integrar las partes constitutivas de la sociedad concubinaria que nacerá y que no necesariamente debe representar el 50% del valor de los bienes, sino que dicho porcentaje será equivalente a lo efectivamente aportado por caudal o esfuerzo’. ‘Para el caso de que no existió, ni existirá reconocimiento, porque lo que se tramita es derechamente la disolución el art. 9o establece como uno de los objetos del proceso el de ‘A) Las indicaciones previstas en el artículo 5o de la presente ley, si no existiera previo reconocimiento judicial del concubinato”, y como surge del art. 5 ya trascripto este supone el nacimiento de una nueva sociedad, cosa que en el caso no puede darse, por haber finiquitado la situación de hecho –concubinato-, es por ello que como establecen el Dr. Esc. Arezo y el Domínguez aquí lo que puede nacer es solo un crédito a favor del concubino perjudicado, pero jamás implicaría una mutación de la naturaleza propia en concubinaria de dicho bien, ni tampoco que el crédito sea del 50% del valor del bien.’ (sentencia de la Sala SEF-0010-000071/2014, 21 de abril de 2014, por citar sólo una), (...)” (sentencia N° 321/2017 del T.A.F. 1o, publicada en la Base de Jurisprudencia Nacional Jaime Zudáñez). El Tribunal de Apelaciones de Familia de 2° Turno se pronunció en el mismo sentido en su sentencia N° 110/2021 (publicada en la Base de Jurisprudencia Nacional Jaime Zudáñez). La actora invocó y el demandado no controvirtió que mantuvieron una relación concubinaria entre los años 1996 y 2021. Los testigos declararon en ese sentido, por lo que la relación concubinaria resultó acreditada en dichos términos. La actora mencionó los siguientes bienes: A) camión Volkswagen modelo HH, matrícula KTP BB; B) vehículo acoplado (zorra volcadora) marca Randon, matrícula ATA CC; C) camión Volkswagen modelo II, matrícula KTP DD; D) tractor Fotón, matrícula KTP EE; E) semirremolque (casamba volcadora) marca Randon, matrícula KTP FF; F) camión con volcadora JMC, matrícula KTP GG; y G) ganancias por la explotación de los bienes. Volviendo sobre la supuesta violación del principio de congruencia que el demandado esgrimió como agravio, el Tribunal observa que si bien, efectivamente, el objeto del proceso es incompleto, los términos en que se fijó el objeto de la prueba salvan en algo la falencia de definición del objeto del proceso, en la medida en que incluyó como extremo a probar si el camión Volkswagen modelo HH fue adquirido durante la relación concubinaria a expensas del esfuerzo o caudal común. Los demás bienes quedan comprendidos en la regla de admisión, porque no existió controversia del demandado al respecto. Como expresa Klett: “(...) resulta claro que la definición del objeto del proceso se erige en un hito fundamental, pues determina sobre qué se litigará, sobre qué hechos se deberá diligenciar la prueba, sobré qué deberá pronunciarse el juez y sobre qué versará una eventual segunda instancia. Es una etapa ‘que se nutre de las actividades anteriores y proyecta sus consecuencias sobre las posteriores’ (...)” (Klett, Selva, Proceso ordinario en el Código General del Proceso, Tomo I, 1a edición, F.C.U., Montevideo, octubre de 2014, pág. 52). La referida autora alude a posibles errores en las providencias que fijan el objeto del proceso y a la posibilidad de aplicar, en ese marco, la solución consagrada en el art. 216 del C.G.P. Añade que “(...) no siempre la ausencia de alguna pretensión en la providencia que fija el objeto del proceso significa la voluntad del actor de renunciar a alguna de las formuladas inicialmente. A veces, simplemente, constituye un error similar al regulado por el art. 222 CGP, es decir, un error meramente material que no puede alterar el objeto real del proceso. Por eso, si esta pretensión preterida, olvidada en el acta, fue objeto de debate y prueba, el juez debe pronunciarse sobre ella y el demandado perdidoso no podrá exhumar –tardíamente y de mala fe- el tenor literal del acta de la audiencia preliminar, para evitar un fallo sobre una pretensión deducida. En otras palabras, si la pretensión fue objeto de discusión por los interesados y sobre ella se produjeron medios de prueba, es claro que integró el objeto del proceso y sobre ella debe pronunciarse el tribunal, so riesgo de incurrir en minus quam petita”. En definitiva, no alcanza para exonerarse del deber de fallar que la pretensión no conste en la providencia de fijación del objeto del proceso en el acta respectiva. Solo en los casos en que el demandado pueda aducir indefensión, porque la pretensión no integró ni el debate ni la instrucción, una decisión en estos términos sería incongruente (...)” (Klett, Selva, Proceso ordinario en el Código General del Proceso, Tomo I, ob. cit., pág. 74; los destacados en negrita y cursiva figuran en el texto original). En la misma línea de pensamiento que la señalada y ya centrándonos en la segunda instancia y en el doble límite que la rige (contenido de la primera instancia y agravios esgrimidos), la doctrina también ha expresado, en términos que este Tribunal comparte, que: “(...) Esta interpretación contextual del escrito impugnativo, unido al resto de los actos de la parte, también debe aplicarse en aquellos casos en los cuales existe una cuestión que no se incluyó expresamente en el objeto pero que fue mencionada en los actos de proposición, realizándose actividad probatoria a su respecto, sin oposición de las partes. (...) en tales circunstancias, la sentencia de segunda instancia no puede razonablemente dejar de pronunciarse sobre esa cuestión no incluida expresamente, pero implícitamente contenida en el objeto del proceso. No obstante ello, cuando se da la situación inversa, esto es, cuando la cuestión nunca fue mencionada en los escritos introductorios, por ende, no fue incluida en el objeto del proceso y no se realizó actividad probatoria respecto de ella, no puede lealmente pretenderse introducirla por vía de deducción de agravios, invocando las facultades conferidas al Tribunal de alzada por el artículo 257.3 del C.G.P. (...)” (Baluga, Cecilia; y Elizalde, Lucía, “Objeto del proceso: Consecuencias prácticas de la delimitación del objeto del proceso en la prueba, la sentencia y la segunda instancia”, en Revista Uruguaya de Derecho Procesal 2/2005, pág. 338). En el caso en estudio, no cabe duda de que la situación de los bienes denunciados se incluyó en el debate. Incluso, se agregó prueba documental al respecto (fs. 65). Lo mismo cabe decir acerca de la existencia de la unión concubinaria, su período de vigencia y su disolución. Por ello, el Tribunal considera de franco rechazo el agravio deducido por el demandado en cuanto a la afectación del principio de congruencia. V) A juicio del Tribunal, el agravio expresado por la actora en cuanto a que el Sr. Juez a quo se equivocó al desestimar la pretensión de declaración de reconocimiento de la unión concubinaria entre las partes no es de recibo. En tal sentido, el Tribunal comparte la fundamentación expuesta por el juzgador de primera instancia en el Considerando II A), en especial, a fs. 95 vto.-96 vto., en el sentido de que no puede solicitarse el reconocimiento judicial de una unión concubinaria que ya no existe, sino que lo que hubiese correspondido solicitar, directamente, era su disolución. El Tribunal se remite a tales fundamentos en honor a la brevedad. VI) En relación con los bienes, como se expresó, si bien la actora no requirió la condena al pago de un crédito, como corresponde, es claro que pretendió el 50% de los bienes que mencionó. La sentencia hizo lugar a ello, excepto respecto del camión Volkswagen modelo HH, matrícula KTP BB. La actora no cumplió con su carga de debida invocación y sustanciación. En tal sentido, no expresó qué aportó para comprarlos, la proporción, ingresos de ambas partes, lo que destinó cada uno, si fue esfuerzo o caudal común, etc. Menos aún cumplió con la carga de la prueba que pesaba sobre sí de acuerdo con lo previsto en el art. 139.1 del C.G.P. Los testigos no declararon respecto de los bienes. En este marco, corresponde analizar la actitud procesal del demandado. Éste afirmó a fs. 13 vto.: “Cumpliendo con la carga de la contradicción del art. 130.2 del CGP, esta parte niega, rechaza y controvierte todas y cada una de las afirmaciones de hecho y de derecho contenidas en el escrito del cual se les da traslado, a excepción de aquellas que expresamente reconozca como correctas”. Sigue admitiendo la relación amorosa con las características previstas en la ley 18.246. En punto a los bienes adquiridos, sostuvo, luego de un detalle no totalmente coincidente con el de la actora, que: “(...) en la demanda de la contraria se intenta incluir ganancias obtenidas de la explotación de los vehículos que se encuentran a nombre del compareciente, lo que no es cierto, ya que dichos dividendos fueron abonados a la actora. Por lo tanto esta parte se opone a dicha solicitud” (fs. 14). Refiere al bien inmueble padrón N° JJ, pero no deduce pretensión respecto a él. En el petitorio, solicitó que: “(...) se falle haciendo lugar al reconocimiento de la unión concubinaria entre las partes con el reconocimiento de los bienes adquiridos” (fs. 15). En la sentencia apelada, el Sr. Juez reconoció los bienes indicados en la demanda a fs. 4 desde el literal B) al literal F) como adquiridos durante la vigencia de la unión concubinaria por el esfuerzo y caudal común, correspondiendo las ganancias obtenidas por la explotación de los vehículos. Por otro lado, desestimó la pretensión respecto del camión Volkswagen modelo HH, matrícula KTP BB. Luego, falló: “Desestimase la pretensión planteada de declaración de la propiedad de los bienes adquiridos durante la unión concubinaria en un 50% a cada uno de los concubinos (...)”. El juzgador de primera grado entendió, en cuanto a los vehículos señalados en la demanda en los literales B) a F), que el demandado admitió que fueron adquiridos por las partes durante el concubinato a expensas del esfuerzo o caudal común. En cuanto a las ganancias, el magistrado sostuvo que el demandado admitió que le correspondían, pero afirmó que ya las cobró y, por ende, debió probarlo. Como no lo hizo, las incluyó. No incorporó el vehículo Volkswagen matrícula KTP BB, porque el demandado no lo incluyó en su admisión. Por último, desestimó el reconocimiento de la propiedad de los bienes en un 50%. De acuerdo con lo que se expresó, el Tribunal considera que es correcto hacer lugar a la admisión del demandado en cuanto a que los vehículos indicados en los literales B) a F) fueron adquiridos con el esfuerzo o caudal común. Queda fuera el camión Volkswagen matrícula KTP BB, en la medida en que el demandado no lo incluyó en la admisión y, como se expresó anteriormente, la actora no invocó ni probó cuál habría sido su aporte y cómo lo habría efectuado. En cuanto a las ganancias, el Tribunal considera que el razonamiento del Sr. Juez a quo no es correcto, porque no puede invertirse la carga de la prueba. El demandado controvirtió que correspondiera reconocerle a la actora parte de las ganancias en virtud de que ya se le abonaron, pero la carga de probar era de la actora y ésta no probó ni alegó nada. Finalmente, en cuanto a la desestimatoria de reconocer la propiedad del 50% de los bienes, la decisión es correcta, porque, al no existir reconocimiento anterior de la unión concubinaria, no nació la sociedad de bienes, por lo tanto no se trata de reconocer la propiedad, sino de reconocer un crédito al concubino a cuyo nombre no están los bienes. Como se señaló, en esto, dadas las manifestaciones de la actora, puede entenderse que el crédito que pretendió fue el 50% y en tal sentido debe fallarse. VII) La conducta procesal de ambas partes fue correcta, por lo que las costas y los costos se distribuirán en el orden causado (arts. 688 del C. Civil y 56.1 y 261 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, el Tribunal, por unanimidad, FALLA: Revócase parcialmente la sentencia definitiva de primera instancia en cuanto incluyó las ganancias obtenidas por la explotación de los vehículos como bien adquirido durante la unión concubinaria por el esfuerzo o caudal común. Reconócesele un crédito a la actora del 50% respecto de los bienes: vehículo acoplado (zorra volcadora) marca Randon, matrícula ATA CC; camión Volkswagen modelo II, matrícula KTP DD; tractor Fotón, matrícula KTP EE; semirremolque (casamba volcadora) marca Randon, matrícula KTP FF; y camión con volcadora JMC, matrícula KTP GG. Sin especial condenación procesal. Honorarios fictos a los solos efectos fiscales: 10 Bases de Prestaciones y Contribuciones. Notifíquese a domicilio y, oportunamente, devuélvase el expediente al Juzgado de origen, con copia para el Sr. Juez de primera instancia. Dra. María Helena Mainard García - Ministra Dra. María Noel Tonarelli de Pena - Ministra Dr. Gustavo Orlando Nicastro Seoane - Ministro (r) Dra. María Catalina Elhordoy Perdomo - Secretaria Letrada