Sentencia Definitiva N° 162/2025

VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia este expediente caratulado “AA C/ BB. PENSIÓN ALIMENTICIA PARA EX CÓNYUGE. RECURSO DE APELACIÓN”, I.U.E. 2- 69897/2024, venido a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación que el demandado interpuso contra la sentencia definitiva No 7/2025 dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Artigas de 2° Turno, Dr. Juan José Ruggiero Reijía. RESULTANDO: I) Por sentencia definitiva No 7 del 19 de febrero de 2025, el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Artigas de 2° Turno falló: “Ampárase parcialmente la demanda y, en su mérito, fíjase una pensión alimenticia a servir por el demandado a su ex cónyuge del 10% de sus ingresos líquidos mensuales (nominales menos descuentos legales), que se deberán depositar en la cuenta bancaria ya abierta bajo el rubro de autos. Ejecutoriada o consentida, ofíciese a la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial (Caja Policial) a efectos de informar el monto pensionario fijado por la Sede. Sin especial condenación (...)” (fs. 45-51). II) Contra dicha sentencia, el demandado interpuso el recurso de apelación en análisis, expresando, en síntesis, los siguientes agravios. Manifestó que, al momento de la separación, la actora quedó residiendo en la casa que fue el hogar conyugal, con la totalidad de los muebles y retirándose el compareciente de la vivienda debido a reiteradas agresiones por parte de aquella. Posteriormente, la actora vendió el referido inmueble y pasó a residir con su madre, por lo que puede verse que su situación es el resultado de sus propias acciones. Al momento de dictar la sentencia, el Sr. Juez a quo no tomó en cuenta que el demandado debió pasar a retiro policial con la jubilación mínima, debido a un serio quebranto de salud que le impide realizar cualquier tipo de labor, lo que limita considerablemente sus ingresos. Asimismo, el magistrado de primera instancia tampoco tuvo presente que se le retiene de su jubilación una pensión alimenticia que sirve a su menor hija, equivalente al 20% de sus ingresos líquidos, por lo cual recibe tan solo $18.342 líquidos, suma con la que debe solventar sus gastos de agua, luz, vestimenta y alimentos. Asimismo, hizo hincapié en que tiene un hijo en común con la actora que es funcionario público y que tiene el deber de colaborar con los alimentos de su progenitora, por lo que no puede pretenderse que la carga de los alimentos dependa exclusivamente de él (fs. 54- 55). III) La actora evacuó el traslado que se le confirió del recurso de apelación que su contraparte interpuso, abogando por su rechazo (fs. 58). IV) Por decreto N° 764/2025, el Sr. Juez a quo franqueó el recurso de apelación para ante el Tribunal de Apelaciones de Familia que por turno correspondiera, con efecto suspensivo (fs. 59). V) El expediente se recibió en este Tribunal de Apelaciones el 8 de mayo del año en curso (nota de cargo a fs. 67) y, por decreto N° 469 del 9 de mayo, se dispuso el pasaje del expediente a estudio de los Sres. Ministros por su orden (fs. 68), al término del cual se acordó sentencia en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO: I) El Tribunal, por unanimidad y con la integración del Ministro de Tribunal de Apelaciones Suplente que redacta esta sentencia (art. 63 de la ley 15.750, en la redacción dada por el art. 237 de la ley 18.834), desestimará el recurso de apelación interpuesto, por los siguientes fundamentos. II) El caso en análisis La Sra. AA promovió el presente proceso de pensión alimenticia contra su ex cónyuge, el Sr.BB. La actora expresó que contrajo matrimonio con el demandado el 25 de julio de 1996 y que tuvieron un hijo en común, CC quien es mayor de edad en la actualidad. En el año 2019 el demandado inició proceso de divorcio, declarándose disuelto el matrimonio por divorcio por sentencia del 25 de setiembre de 2020 (anotación marginal en el testimonio de partida de matrimonio que luce a fs. 2-2 vto.). La actora añadió que en el año 2005 sufrió un siniestro de tránsito, a raíz del cual quedó con graves secuelas motoras y cognitivas, por lo cual su vida sufrió un cambio drástico, ya que no pudo seguir trabajando. Además, a partir de ese momento, ha necesitado ayuda de terceras personas para poder realizar actividades cotidianas. Agregó que percibe una pensión equivalente a $17.260, pero debido a préstamos que debió pedir, solamente cobra la suma líquida de $5.061. Añadió que no cuenta con ayuda de familiares y que no tiene un lugar donde vivir. Indicó que el demandado tiene ingresos fijos como retirado policial, por lo que debe contribuir con la ayuda necesaria para su modesta sustentación, a través de una pensión alimenticia que le permita subsistir. En función de esta plataforma fáctica, la Sra. AA solicitó que se fije a su favor una pensión alimenticia provisoria del 20% de los ingresos líquidos del Sr. BB y una pensión alimenticia definitiva equivalente al 25% de los ingresos líquidos de éste (fs. 14-15 vto.). Por su parte, el demandado expresó que ha colaborado económicamente con la actora desde la separación, primero dándole la suma de $5.000, lo que equivalía a un 10% de sus ingresos, y luego le alquiló una casa para que pudiera vivir allí por un valor de $8.000. Sostuvo que cuando se produjo la separación, la actora quedó residiendo en la casa que fue el hogar conyugal con la totalidad de los muebles, retirándose él junto con el hijo que tienen en común debido a las agresiones que sufrían por parte de aquella. Asimismo, afirmó que, posteriormente, la actora vendió la finca y se fue a vivir con su madre. El demandado expresó que un quebranto de salud determinó su retiro, por lo que percibe una jubilación policial mínima, además de que sirve una pensión alimenticia de un 20% de sus ingresos a favor de una hija menor, lo que determina que tan solo cobra la cifra líquida $18.342, con la que debe solventar sus gastos. Solicitó, en definitiva, el rechazo de la pretensión deducida (fs. 23-24 vto.). III) Análisis de los agravios esgrimidos El Tribunal considera que los agravios esgrimidos por el demandado en su escrito de apelación no son de recibo. En primer término, corresponde poner de relieve que, aunque no lo manifestó expresamente, lo que la actora reclamó fueron alimentos necesarios. Esto fue adecuadamente señalado por el Sr. Juez a quo (Considerando IV, fs. 49), lo cual no fue impugnado. Precisamente, la actora argumentó que precisa que “el demandado contribuya con la ayuda necesaria para su modesta sustentación, a través de una pensión alimenticia que le permita subsistir y poder llevar una vida digna (...)” (fs. 14 vto. in fine). Ello permite encartar la pretensión en la categoría de los alimentos necesarios (art. 183 inc. 5 del C. Civil), quedando descartado, en consecuencia, que la actora haya solicitado alimentos congruos (art. 183 inc. 2 de dicho cuerpo normativo). Por otra parte, resultaron hechos no controvertidos y, además, probados que las partes contrajeron matrimonio el 25 de julio de 1996 y que se declaró disuelto el matrimonio por divorcio por sentencia del 25 de setiembre de 2020, dictada en el expediente individualizado con la I.U.E. 156-445/2019 (testimonio de partida de matrimonio con nota marginal a fs. 2-2 vto.). En función de ello, corresponde analizar la imposición de alimentos al amparo de lo dispuesto en el art. 183 del C. Civil, ya que, al no existir vínculo matrimonial vigente, ya no se está en la hipótesis del art. 127 del mismo cuerpo legal (“auxilios recíprocos”). Se está, en rigor, en la hipótesis de los alimentos necesarios que prevé la primera disposición mencionada. El análisis y la valoración de los elementos de prueba incorporados a la causa, conforme al principio de razonabilidad y a las reglas de la sana crítica, conduce a concluir que procede la pensión alimenticia necesaria que se fijó en la sentencia impugnada, en virtud de las condiciones de salud y de la imposibilidad de trabajar de la actora. Resultó probado que la Sra. AA tiene 49 años de edad (fs. 2) y que “sufrió accidente de tránsito grave el 16 de junio de 2005, resultando con politraumatismo grave, TEC con coma primario (...) Actualmente persiste con secuelas motoras y cognitivas de grado severo (...)” (informe de fecha 10 de marzo de 2022, fs. 7). Del informe psicológico incorporado a fs. 4-5, se desprende que dichas secuelas han condicionado su vida afectiva, familiar y social. Desde entonces, sufre un estado depresivo significativo, soledad en los vínculos interpersonales y angustia e impotencia ante la pérdida de autonomía en su vida personal, presentando ideas suicidas recurrentes. Con relación a los ingresos de la actora, emerge del documento de fs. 11 que percibe, como prestación del BPS, $17.260 mensuales. En el mes de junio de 2024, se le realizaron dos retenciones (una por $1.102 y otra por $11.097), por lo que ese mes cobró el monto líquido de $5.061. En cuanto a los ingresos del demandado, del documento de fs. 20 surge que percibe una jubilación proveniente de la D.N.A.S.S.P. (Caja Policial), que en agosto de 2024 fue de $55.163,56 nominales. A juicio del Tribunal, el único descuento que debe considerarse para el cálculo del ingreso líquido es el de Sanidad Policial (porque es obligatorio), que asciende a $2.206,54, resultando así un ingreso mensual de $52.957,02. Los demás descuentos responden a: Tutela Social Policial ($551.64), que no es obligatoria y consiste en un seguro de vida que ofrece la caja como beneficio; Retención judicial ($10.481), que es por concepto de la pensión alimenticia que le sirve el demandado a una hija menor de edad; C.O.P.A.C. ($2.887), que es un gasto en una cooperativa; CO.MA.JA. ($1.185,50), que es un gasto en una cooperativa; y BROU ($19.510), que debe tratarse de un préstamo. Por lo que, en definitiva, si bien tiene esos gastos, no pueden tenerse en consideración como detractores de sus ingresos, porque bastaría con que el deudor de alimentos tuviera muchos de esos gastos para que el acreedor alimentario viera frustrado su derecho. En definitiva, se debe partir del ingreso mensual de $52.957,02, por lo cual el 10% fijado es más que razonable. Incluso, podría considerarse exiguo, pero como la actora no dedujo recurso de apelación contra dicho porcentaje, no puede aumentarse en segunda instancia, ya que se vulneraría la regla de la no reforma de la decisión recurrida en perjuicio del apelante (non reformatio in pejus; art. 257.1 del C.G.P.). Debe tenerse presente que el demandado invocó un quebranto de salud que no probó, que no compareció a la audiencia que se celebró el 4 de febrero de este año (fs. 42) y que no justificó su incomparecencia. Por esto último, de acuerdo con lo previsto en el art. 340.3 inc. 1, se tienen por ciertos los hechos afirmados por la actora en todo lo que no se haya probado lo contrario. De esta manera, todas las afirmaciones de la actora en cuanto a sus condiciones de vida, a sus necesidades y a su situación habitacional deben darse por ciertas, porque no resultaron contradichas con la magra prueba que se incorporó al expediente. IV) Las costas y los costos de la segunda instancia La conducta procesal de ambas partes fue correcta, por lo que las costas y los costos se distribuirán en el orden causado (arts. 688 del C. Civil y 56.1 y 261 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, el Tribunal, por unanimidad, FALLA: Desestímase el recurso de apelación que el demandado interpuso y, en su mérito, confírmase la sentencia definitiva N° 7/2025, sin especial condenación procesal. Honorarios fictos a los solos efectos fiscales: 5 Bases de Prestaciones y Contribuciones. Notifíquese a domicilio y, oportunamente, devuélvase el expediente al Juzgado de origen, con copia para el Sr. Juez de primera instancia. Dra. María Noel Tonarelli de Pena - Ministra Dra. María Helena Mainard García - Ministra Dr. Gustavo Orlando Nicastro Seoane - Ministro (r) Dra. María Catalina Elhordoy Perdomo - Secretaria Letrada