Texto de la sentencia
MINISTRO REDACTOR: DR. GUSTAVO NICASTRO
MINISTROS FIRMANTES: DRES. MARÍA HELENA MAINARD, MARÍA NOEL TONARELLI Y GUSTAVO NICASTRO Montevideo, 29 de setiembre de 2025 Sentencia definitiva Nº 156/2025
VISTOS :
Para sentencia definitiva de segunda instancia este expediente caratulado “AA C/ BB. DISOLUCIÓN DE UNIÓN CONCUBINARIA. RECURSO DE APELACIÓN - TAF 3”, I.U.E. 2-88901/2023 , venido a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación que interpuso la actora contra la sentencia definitiva Nº 2/2025 dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Salto de 3° Turno, Dr. Fernando Gómez Pardo.
RESULTANDO :
I) Por sentencia definitiva Nº 2 del 4 de febrero de 2025, el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Salto de 3° Turno falló:
“Amparando parcialmente la demanda y en su mérito:
Declárase disuelta la unión concubinaria que mantuvieron [los] Sres. AA y BB desde 1997 hasta noviembre de 2022.
Declárase la existencia de bienes adquiridos con el esfuerzo o caudal común conforme lo establecido en el Considerando III.
Desestímase la demanda con relación a la pensión alimenticia reclamada por la actora.
Sin especial condenación procesal en el grado (...)” (fs. 552-564).
II) Contra dicha sentencia, la actora interpuso el recurso de apelación en análisis, expresando, en síntesis, los siguientes agravios.
a) En sentido contrario a lo que entendió el Sr. Juez a quo , sí logró acreditar los requisitos que exige la ley para el nacimiento de la obligación alimentaria entre concubinos, en cumplimiento del deber de prestarse auxilios recíprocos, tal como establece el art. 3° de la ley 18.246.
b) El Sr. Juez no tuvo en cuenta los ingresos que perciben las partes por concepto de jubilación. Ella percibe $23.784 nominales, de los cuales le quedan $12.786 líquidos debido a los préstamos que tiene que solicitar continuamente para poder subsistir. Y el demandado percibe $94.000 de jubilación.
c) Asimismo, el magistrado de primera instancia no tomó en consideración que la actora es una señora de más de 70 años de edad, con problemas de salud propios de su edad y que vive con su hija en una casa alquilada con dos menores de edad que ayuda a criar. Además, debe aportar diariamente para los gastos de comida, luz, agua y gas.
d) Es errónea la afirmación del Sr. Juez a quo de que sus necesidades se encuentran satisfechas y que puede vivir sin el auxilio pensionario. En consecuencia, corresponde revocar la sentencia apelada y hacer lugar a lo solicitado en la demanda (fs. 565-568 vto.).
III) El demandado evacuó el traslado que se le confirió del recurso de apelación interpuesto por su contraparte, abogando por su rechazo (fs. 571-576).
IV) Por decreto N° 1998/2025, se franqueó el recurso de apelación, con efecto suspensivo, para ante el Tribunal de Apelaciones de Familia que por turno correspondiera (fs. 588).
V) El expediente se recibió en este Tribunal de Apelaciones el 7 de abril del año en curso (nota de cargo a fs. 593 vto.) y, por decreto N° 339 del 10 de abril, se dispuso el pasaje del expediente a estudio de los Sres. Ministros por su orden (fs. 594), al término del cual se acordó sentencia en forma legal y oportuna.
CONSIDERANDO :
I) El Tribunal, por unanimidad y con la integración del Ministro de Tribunal de Apelaciones Suplente que redacta esta sentencia (art. 63 de la ley 15.750, en la redacción dada por el art. 237 de la ley 18.834), hará lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto, por los siguientes fundamentos.
II) El caso en análisis En el caso, compareció la Sra. AA y promovió el presente proceso contra el Sr. BB.
La actora sostuvo que tuvo con el demandado una relación afectiva de índole sexual, estable, permanente, singular y exclusiva, y que convivieron desde principios de 1997 hasta noviembre de 2022.
Afirmó que la unión concubinaria que mantuvieron se adecua a la figura legal descripta en la ley 18.246.
Señaló que, en noviembre de 2022, tras una discusión sin importancia relativa a temas de la convivencia, el demandado abandonó el hogar y, posteriormente, ella tuvo que dejar la casa donde convivían.
Manifestó que se trató de una situación repentina que ha repercutido mucho en su salud física y psíquica.
Expresó que percibe, en concepto de jubilación, la suma líquida mensual de $12.786 y que tiene problemas de salud propios de su edad, que le impiden trabajar como empleada doméstica, que es la actividad que ha realizado principalmente.
Puso de relieve los gastos que tiene que afrontar y aseveró que le resulta imposible procurarse ingresos para su subsistencia.
Indicó que, mientras duró la relación, siempre estuvo abocada a las tareas del hogar. Si bien ha realizado algunos trabajos como empleada doméstica en casas particulares, el principal sustento económico del hogar han sido los ingresos provenientes del trabajo del demandado como funcionario de ANCAP. Señaló que, en la actualidad, él está jubilado de dicha empresa estatal y que percibía la suma de $64.711 al mes de octubre de 2022.
En función de esta plataforma fáctica sucintamente reseñada y en el marco de lo previsto en el art. 3 de la ley 18.246, la Sra. AA solicitó que se decrete la disolución de la unión concubinaria que mantuvo con el Sr. BB y que se fije una pensión alimenticia a su favor equivalente al 20% de los ingresos líquidos de éste, librándose oficio al BPS para su retención y posterior pago (fs. 221-224 vto.).
III) El objeto a resolver en esta segunda instancia Como es sabido, en la segunda instancia, rigen plenamente los principios dispositivo y de congruencia.
En tal sentido, las partes tienen libertad para aceptar la decisión o impugnarla por medio del recurso de apelación.
Las reglas contenidas en el art. 257 del C.G.P. (bajo el nombre de “Facultades del Tribunal de Alzada”) demuestran la vigencia del adagio “tantum devolutum, quantum appellatum” (la medida del agravio es la medida de la apelación), que implica que se “devuelve” al tribunal superior el conocimiento del asunto sometido a la jurisdicción del tribunal anterior solamente en la medida de la impugnación respectiva (cf. Perera, Jorge Carlos, Apelación y segunda instancia. Proceso Civil y Penal , 3ª edición corregida, ampliada y actualizada, editorial Amalio M. Fernández, Montevideo, junio de 2015, págs. 197 y 198; y Vescovi, Enrique, Derecho Procesal , Tomo VI (2ª parte), Ediciones Idea, Montevideo, 1985, págs. 108 a 110).
En virtud de tales premisas, el único punto de agravio fue el rechazo de la pensión alimenticia solicitada por la actora, por lo que este Tribunal se abocará al análisis de dicha cuestión.
IV) La pensión alimenticia entre ex concubinos y la solución concreta del caso sometido a consideración del Tribunal El art. 3 incisos 1 y 2 de la ley 18.246 dispone:
“ (Asistencia recíproca). Los concubinos se deben asistencia recíproca personal y material. Asimismo, están obligados a contribuir a los gastos del hogar de acuerdo a su respectiva situación económica.
Una vez disuelto el vínculo concubinario persiste la obligación de auxilios recíprocos durante un período subsiguiente, el que no podrá ser mayor al de la convivencia, siempre que resulte necesario para la subsistencia de alguno de los concubinos” .
La norma trascripta consagra el derecho a los alimentos necesarios para la subsistencia del solicitante, es decir, no se trata de alimentos congruos, sino necesarios.
Y lo que solicitó la actora fue justamente eso: alimentos necesarios para su subsistencia.
A diferencia de lo que ocurre en materia de alimentos entre ex cónyuges, donde el Código Civil prevé que pueden solicitarse, dependiendo de las circunstancias, alimentos congruos o alimentos necesarios, la ley de unión concubinaria prevé que el ex concubino solamente tendrá derecho a los alimentos necesarios (cf. sentencia definitiva N° 10/2025 de este Tribunal, publicada en la Base de Jurisprudencia Nacional Jaime Zudáñez ; y sentencia definitiva N° 44/2023 del T.A.F. 1°, en Anuario Uruguayo Crítico de Derecho de Familia y Sucesiones , Tomo XII, F.C.U., Montevideo, 2024, págs. 240 y 241).
En materia de alimentos necesarios, el art. 183 inc. 2 del C. Civil exige, para que se otorguen tales alimentos, que el cónyuge que formula la solicitud “se encuentre en la indigencia” .
Por su parte, el art. 3 inc. 2 de la ley 18.246 no exige que el ex concubino se encuentre en la indigencia para que tenga derecho a reclamar los alimentos necesarios, sino que lo que se requiere es que esos alimentos “resulten necesarios para la subsistencia” .
En tal marco, el reclamo de alimentos entre ex concubinos prosperará si la parte demandante, independientemente de su sexo y del sexo de la parte demandada, no estuviera en condiciones de subsistir sin el auxilio pensionario.
En otras palabras, el presupuesto jurídico exigido para que la pensión alimenticia deba ser servida consiste en que dicha contribución pensionaria resulte “necesaria para la subsistencia” del concubino reclamante (cf. sentencia interlocutoria N° 1108/2022 del T.A.F. 2°, en Anuario Uruguayo Crítico de Derecho de Familia y Sucesiones , Tomo XI, F.C.U., Montevideo, 2023, pág. 248).
A diferencia de lo que entendió el Sr. Juez a quo , el Tribunal considera que se verifican en el presente caso los requisitos exigidos en la ley para que acoja, parcialmente, la pretensión de la actora en cuanto a los alimentos necesarios que reclama.
A esta conclusión se llega luego de valorar cada una de las pruebas producidas y todas ellas en su conjunto, racionalmente y de acuerdo con las reglas de la sana crítica (art. 140 inc. 1 del C.G.P.).
Resultaron hechos no controvertidos y, además, probados que la actora es una señora de 72 años de edad que vive con su hija y dos nietos y que percibe, en concepto de jubilación, el monto líquido de $12.799 (recibo a fs. 20).
Las testigos expresaron, en lo medular, que el ingreso que percibe actualmente la actora es por su jubilación, que no saben o no creen que esté trabajando y que, en alguna oportunidad, realiza alguna changa (declaraciones de las Sras. CC, DD, EE, FF y GG, brindadas en la sesión de audiencia que se realizó el 13 de junio de 2024 y quedaron registradas en el sistema Audire; acta a fs. 492-495). A su vez, la testigo Sra. GG expresó que la actora se tuvo que ir de la casa que antiguamente compartía con el demandado porque no podía pagar el alquiler.
Aunque se tuviera por cierto que la actora puede realizar alguna changa haciendo tareas domésticas, corresponde preguntarse hasta cuándo podrá hacerlo, teniendo en cuenta su avanzada edad.
En julio de 2024, la actora percibía, por concepto de jubilación, la suma de $23.784 (información proporcionada por el BPS a fs. 516).
Asimismo, del testimonio parcial de la historia clínica que presentó conjuntamente con su demanda, surge que la actora tiene afecciones propias de su edad, por lo que requiere controles y atención médica (fs. 24-189).
Sin perjuicio de reconocer el esfuerzo argumentativo que realizó el Sr. Juez a quo para fundamentar su decisión denegatoria de la pensión alimenticia reclamada, el Tribunal no comparte dichos argumentos.
En tal sentido, el Tribunal no concuerda ni con el argumento de que la actora podría atenderse en salud pública para tener órdenes y tickets gratis, ni con el consistente en que tener una mascota es un gasto voluntario asumido por la actora del cual podría prescindir ni con el relativo a que la actora no alegó ni probó que los ingresos que percibe no son suficientes para cubrir los gastos mínimos para subsistir, oportunidad en la cual el Sr. Juez a quo hizo caudal del monto del Salario Mínimo Nacional y de qué se entiende por “hogar pobre” conforme al Instituto Nacional de Estadísticas.
En este último sentido, la actora sí invocó que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades esenciales. Lo hizo, bien concretamente, en el capítulo 3.1) de su escrito de demanda (fs. 222 vto.).
Si se aplicara un criterio de ascetismo total y de austeridad absoluta, bien podría decirse que sería prácticamente imposible que alguna pretensión de pensión alimenticia entre ex concubinos pudiera prosperar, pero de lo que se trata es de brindar una solución razonable al caso concreto, acorde con el sentido común y que pondere tanto las necesidades del alimentario como las posibilidades del alimentante.
En ese marco, si bien el demandado (de 62 años de edad), tal cual lo que surge de su historia clínica (fs. 301-484), también presenta dolencias propias de su edad y requiere controles y atención médica, percibe un ingreso mensual ampliamente superior al que percibe la actora.
En efecto, en julio de 2024, el demandado percibía, por concepto de jubilación, la suma de $93.997 (información proporcionada por el BPS a fs. 516).
Sin embargo, el Tribunal no hará lugar íntegramente a la pretensión de la actora, que reclamó una pensión alimenticia equivalente al 20% de los ingresos líquidos del demandado, por considerar excesivo ese porcentaje.
En función de tales parámetros y teniendo en cuenta las necesidades de la actora y las posibilidades del demandado, el Tribunal estima prudente y razonable otorgarle una pensión alimenticia a la actora equivalente al 10% de los ingresos líquidos que perciba el demandado en concepto de jubilación, la cual deberá ser servida por el mismo tiempo que duró la unión concubinaria.
Ese porcentaje equivaldría, en las sumas informadas en julio de 2024, a $9.400, lo que implica una cifra que supondrá una gran colaboración para la actora y, a la vez, un gasto que podrá sufragar el demandado sin que le signifique una erogación exorbitante.
V) Las costas y los costos de la segunda instancia La conducta procesal de ambas partes fue correcta, por lo que las costas y los costos se distribuirán en el orden causado (arts. 688 del C. Civil y 56.1 y 261 del C.G.P.).
Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, el Tribunal, por unanimidad,
FALLA :
Acógese, parcialmente, el recurso de apelación que la actora interpuso y, en su mérito, revócase la sentencia definitiva N° 2/2025 en cuanto desestimó íntegramente la pensión alimenticia solicitada.
En su lugar, fíjase la pensión alimenticia que el Sr. BB debe servirle a la Sra. AA en la suma equivalente al 10% de los ingresos líquidos mensuales que perciba en concepto de jubilación, por el mismo tiempo que duró la unión concubinaria.
Una vez que la sentencia quede firme y que el expediente sea devuelto al Juzgado de origen, cométesele a éste el libramiento de oficio al BPS para la retención del servicio pensionario y su posterior pago a la Sra. AA.
Honorarios fictos a los solos efectos fiscales: 5 Bases de Prestaciones y Contribuciones.
Notifíquese a domicilio y, oportunamente, devuélvase el expediente al Juzgado de origen, con copia para el Sr. Juez de primera instancia.
Dra. María Noel Tonarelli de Pena Ministra Dra. María Helena Mainard García Ministra Dr. Gustavo Orlando Nicastro Seoane Ministro (r) Dra. María Catalina Elhordoy Perdomo Secretaria Letrada
Fuente: Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial. Los nombres de las partes figuran anonimizados en el original.