Sentencia Interlocutoria N° 1022/2025

TRIBUNAL DE APELACIONES DE 3° TURNO Dr. Gustavo Nicastro Seoane- Ministro Dra. María Helena Mainard García-Ministra Dra. María Noel Tonarelli de Pena -Ministra (r) VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia estos autos “AA c/ BB; CC; DD e IMM. Violencia de Género-Ley 19580. D.otros. Recurso de Apelación.TAF 3° T”, IUE 436-239/2025, venidos en apelación de las interlocutorias N° 4888/2025 y 4889/2025 dictadas en la audiencia de fecha 7 de agosto de 2025 por la Dra. Lucía Granucci, Jueza Letrada de Primera Instancia de Familia Especializado de 4° Turno. RESULTANDO: 1.- Por sentencia interlocutoria de primera instancia N° 4888/2025 del 7 de agosto de 2025 se dispuso: “ 1. No hacer lugar a la solicitud de la parte denunciada por entender que es esta Sede quien debe resolver la problemática existente de las partes así como no se dan los requisitos en la ley 19.580 para la imposición de algún tipo de medida cautelar. 2. Se deja sin efecto las medidas impuestas por interlocutoria N°4567/2025. 3. Se exhorta a las partes a resolver por la vía pertinente en forma urgente la situación de saneamiento de la denunciante. 4. En mérito a lo resuelto pasen las presentes actuaciones al archivo sin perjuicio”. La interlocutora N°4889/2025 de la misma fecha resolvió: “ Por los fundamentos expuestos oralmente manténgase la recurrida en todos sus términos. Téngase presente el anuncio de recurso de apelación por parte denunciante, estándose al plazo legal para la fundamentación” 2.- AA interpuso recurso de apelación contra las resoluciones antedichas expresando que la Sede ya había tomado medidas en el inicio, pero más allá de ello, no se trata de un asunto en materia civil ya que no se plantea ningún conflicto patrimonial, no se reclama ni daño emergente ni lucro cesante, así como tampoco una condena en dinero. Lo que se persigue es la protección inmediata de derechos humanos fundamentales y la restitución del servicio de saneamiento. Entiende que no se valoró la prueba ofrecida y agregada: acta de inspección ocular, denuncias policiales, justificativo de pago de la Intendencia de Montevideo por saneamiento, declaraciones de las partes, por lo que se infringió lo dispuesto en los artículos 197 y 198 del CGP. Desarrolla el análisis de la prueba y sostiene que en el caso no nos encontramos ante partes en igualdad de condiciones, la Sra. AA enfrenta una privación real y cotidiana de un servicio básico indispensable, mientras que la contraria carece de tales apremios y puede desenvolverse con normalidad. No hay una igualdad de punto de partida. Invoca la ley 19.430, afirma que el peligro en la demora no es hipotético porque la falta de saneamiento afecta de manera inmediata la higiene personal, manejo de los residuos, la preparación de alimentos y la prevención de enfermedades. La ponderación de dichos extremos requiere de una intervención cautelar. Funda el derecho en el art.72 de la CN, la CIDHPM, Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores (aprobada por ley 19430 por Uruguay), art. 6, art. 17 y art. 25 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y art. 311 y ss del CGP y finalmente solicita se revoque la atacada haciendo lugar a las medidas de no comunicación y acercamiento sin radio de exclusión, decrete la medida cautelar de reconexión y restablecimiento del servicio de saneamiento en el inmueble de la denunciante, se ordenen las prácticas de todas las diligencias necesarias para verificar el cumplimmiento de la medida cautelar. 3.- A fs. 95 comparecieron los denunciados a evacuar el traslado del recurso de apelación abogando por el mantenimiento de la recurrida y afirmando que no se acreditó que la privación del servicio de saneamiento estuviera motivada en razones de género, el conflicto es de orden vecinal, civil pero no de género. Incluso quedó acreditado que ninguno de los denunciados vive en apartamento lindero. Sostienen que no existe un daño intencional en las acciones denunciadas como menoscabo a la adultez de la denunciante. Las medidas cautelares de la ley 19.580 están destinadas exclusivamente a proteger a mujeres en situación de violencia de género y ninguna de ellas se encuadra en la decisión apelada. Refieren al problema de fondo, afirman que existe abuso de las vías procesales en tanto la denunciante busca eludir los resultados adversos en la Sede Civil y administrativos ante la IMM, replanteando el mismo conflicto como “violencia de género” y “vulneración a sus derechos como adulto mayor”. Solicita que se mantenga la impugnada con costas y costos a la contraria. 4.- A fs. 101 la Intendencia de Montevideo a través de su representante evacuó el traslado de la apelación sosteniendo que es ajustado a derecho la declaración de incompetencia de la Sede. Afirma que no estamos ante un caso de violencia de género y en cuanto a la solicitud concreta contra la Intendencia, refiere a que se ordene la conexión a la cañería de la citante, siendo que es materialmente imposible porque se encuentra dentro del inmueble. Expresa que de la prueba surge la naturaleza civil del asunto planteado. Agrega que en el petitorio del recurso de apelación no se plantea nada que ataña a la Intendencia. Solicita que se mantenga la recurrida. 5.- Por decreto 5534/2025 se franqueó el recurso de apelación para ante este Tribunal, ratificado por decreto N°5560/2025 y una vez arribados los autos, se ordenó el pase a estudio por los Sres. Ministros. En el día de hoy y por unanimidad de voluntades, se dicta la presente. CONSIDERANDO: 1.-La Sala por unanimidad de sus miembros, confirmará la impugnada, por los fundamentos que se pasan a exponer. 2.-En forma previa cabe aclarar que si bien en el escrito recursivo de fs. 87 se interpusieron recursos de reposición y apelación contra las interlocutorias N°4888/2025 y 4889/2025, ambas dictadas en la audiencia del 7/8/2025, efectivamente la recurrencia refiere a la resolución N°4888/2025 en tanto la 4889/2025 es la que resuelve el recurso de reposición a la misma y tiene por anunciado el de apelación en audiencia. 3.-Los presentes dieron comienzo en virtud de la denuncia escrita promovida por la Sra. AA contra los Sres. BB, CC y DD y contra la Intendencia de Montevideo, con fecha 21 de julio de 2025 y según emerge de fs. 23 y ss. Afirma que desde el año 2022 es víctima de violencia sistemática psicológica, ambiental y patrimonial, ejercida por sus vecinas y copropietarias BB y sus hijos, CC y DD. Manifestó que dicha violencia se expresa no solo en conductas hostiles y perturbadoras de la convivencia, sino también en actos concretos de apropiación indebida de bienes comunes con el claro objetivo de restringirle el pleno y legítimo uso de su propia vivienda. Solicitó medidas de restricción, que se realice inspección judicial urgente en el inmueble a fin de constatar el estado del saneamiento, se ordene el resarcimiento del servicio de saneamiento, se oficie a la Intendencia de Montevideo para que remita informe de las denuncias y actuaciones administrativas, que se declare que los hechos relatados configuran violencia institucional, se disponga que pasen las actuaciones al MIDES y a la INDDHH para hacer seguimiento en virtud de la situación de vulnerabilidad por la edad avanzada de la denunciante y la privación de condiciones mínimas de habitabilidad. 4.-En virtud de lo denunciado, por decreto N°4567/2025 del 23/7/2025 se dispusieron medidas cautelares de restricción sin radio de exclusión y se convocó a audiencia a las partes. 5.- A fs. 75 los denunciados, BB, CC y DD contestaron la denuncia y opusieron excepciones previas de cosa juzgada e incompetencia por razón de materia. 6.-El día 7 de agosto de 2025 se celebró la audiencia de precepto en la que se escuchó a las partes con las siguientes resultancias: Denunciante-AA -81 años (Pista 1 desde minuto 3:10): hizo la denuncia porque BB y el hijo rompieron los caños de la sanitaria de ella, dos veces. Está sin sanitaria. Hizo la denuncia en la Intendencia, vieron que la denunciada cortó los caños y los tapó. Fue una empresa de la Intendencia y arreglaron. Los denunciados rompieron las dos cámaras. Eso fue el 18 de abril de 2022. En el 2023, en mayo, un día de tardecita la denunciada fue al sótano con el muchacho, prendió una cierra eléctrica y cortaron los caños de la sanitaria de nuevo. Ya no le funcionó el inodoro. y así sigue desde el año 2023. Van tres inviernos que tiene que usar un tarro y no puede abrir la canilla. Se baña en un latón, no ve bien y puede caerse. Los denunciados no viven allí, son propietarios y alquilan, pero ahora está vacío. BB iba todos los días a la casa y al sótano. La denunciante es propietaria de su vivienda. Desde que llegó la denunciada decía que la iba a matar “ya te voy a ver salir en la carroza”. Denunciados- Pista 3 BB-72 años, CC-43 años DD-38 años Afirman que no hubo denuncias anteriores por violencia, tuvieron una audiencia en los Juzgados de Conciliación. BB es la que va más a la vivienda, la acompaña el hijo. CC no va nunca. El apartamento que tienen está deshabitado desde hace más de un año, el sótano le pertenece en forma exclusiva, ninguno de los denunciados vive allí. Concurre por una bomba de achique que se rompe y la tiene que cambiar. Cuando la denunciante la ve en el lugar le dice cosas (la ataca). No viven allí y no rompieron nada de la denunciante. Solo hizo una cámara en su casa. Puso candados para que la denunciante no ingrese a su casa. En el sótano está todo como lo dejó la Intendencia, el Sr. DD nunca rompió nada, acompaña a la madre pero en general se queda en el auto. BB afirma que la denunciante siempre la agrede, le dice groserías muy feas que no puede repetir, humillandola. La denunció en la Seccional Policial 15 muchas veces, porque no dejaba entrar a la barométrica, porque la insultaba, porque iba a cortar el pasto y la denunciante la mojó con la manguera. Tuvo que poner un muro para que no entrara más a su casa. La ha amenazado, le ha querido pegar con un palo y verbalmente siempre. La denunciante siempre corrió a los inquilinos de los denunciados, molestándolos. La Intendencia de Montevideo a través de su representante manifestó que carece de legitimación pasiva, que se trata de un problema de vecindad por las cañerías de adentro de las viviendas por lo que no es competencia de la Intendencia. 7.-Los hechos y circunstancias dadas entre las partes, tal como resultan acreditadas a través de las declaraciones vertidas en Audiencia, según viene de decirse, refieren claramente a una conflictiva de copropietarios, que si bien ha dado lugar a desacuerdos y momentos de conflicto, no constituyen una situación de violencia basada en género. No se ha invocado por la denunciante, así como tampoco emerge de la prueba sumaria allegada al proceso, que la conflictiva entre las partes tenga como origen la discriminación por razón de género o de edad. La Sra. AA refiere al declarar que denunció a BB y a su hijo porque le rompieron los caños de la sanitaria en dos oportunidades. No hace referencia más que a la conflictiva por el estado de las cañerías, del saneamiento y por el acceso al sótano, del que reivindica el uso común de los copropietarios. Véase que en nada se refiere a la participación de los co denunciados, CC y la Intendencia de Montevideo. Tampoco se hace mención a actos de violencia, de intimidación o de agresiones que tengan como motivo el hecho de que la denunciante sea mujer o persona adulta mayor. El real motivo de conflicto, tal como honestamente lo expresa la denunciante, es el estado del saneamiento y el acceso al sótano, pero ni siquiera una situación diaria de convivencia como vecinos dado que ninguno de los denunciados vive en el lugar. Es así que no cabe más que considerar acreditado que la conflictiva entre las partes responde a problemas de copropietarios ocasionados concretamente por el estado de las cañerías sanitarias y el uso y acceso al sótano de las propiedades, cuestiones que no podrán resolverse en el proceso que nos ocupa, sino que corresponde que se diluciden en la vía procesal correspondiente, con el diligenciamiento de la prueba necesaria a fin de obtener la información que permita resolver el conflicto entre las partes. Tal cuestión, si bien no se pretende minimizar, así como tampoco las posibles afectaciones que provoque a las partes, no constituyen actos discriminatorios por razones de género ni de edad, sino que, son claros enfrentamientos por desacuerdos en la copropiedad, objeto totalmente ajeno al procedimiento que nos convoca. La ley 19.580 en el artículo 4 inciso segundo define la violencia basada en género hacia las mujeres como “ toda conducta, acción u omisión, en el ámbito público o privado que, sustentada en una relación desigual de poder en base a género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o libertades fundamentales de las mujeres”. Las acciones de agresión invocadas, tal como lo plantea la propia denunciante, no parte de una relación desigual de poder en base a género y/o edad, sino de una situación de conflicto derivada de la copropiedad que integran. Así las cosas, y descartando que se trate de una situación amparada por la ley 19.580, no corresponde se adopten medidas cautelares, según lo prevé la norma. La Sala comparte la resolución del Sr. Juez A quo que se impugna, en cuanto dispuso el archivo de los presentes. 8.-No se aprecian razones para la imposición de especiales condenaciones procesales en el grado. Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, el Tribunal FALLA: Confirmase la recurrida. Sin especial condenación en el grado. Notifíquese y devuélvase a la Sede de origen. Dr. Gustavo Nicastro Seoane Ministro Dra. María Helena Mainard García Ministra Dra. María Noel Tonarelli de Pena Ministra (r). Dra. María Catalina Elhordoy – Secretaria Letrada.