Sentencia Definitiva N° 157/2025

MINISTRO REDACTOR: DR. GUSTAVO NICASTRO MINISTROS FIRMANTES: DRES. MARÍA NOEL TONARELLI, MARÍA HELENA MAINARD Y GUSTAVO NICASTRO Montevideo, 30 de setiembre de 2025 Sentencia definitiva Nº 157/2025 VISTOS : Para sentencia definitiva de segunda instancia este expediente caratulado “ABREU DE LEÓN, JUAN C/ PERADOTTO ABREU, JUAN Y OTROS. ACCIÓN DE NULIDAD. RECURSO DE APELACIÓN”, I.U.E. 2-21470/2020 , venido a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación y de la adhesión a la apelación que interpusieron, respectivamente, el actor y los demandados contra la sentencia definitiva Nº 218/2024 dictada por el Sr. Juez Letrado de Familia de 19° Turno, Dr. Pablo Dalera Ojeda. RESULTANDO : I) Por sentencia definitiva Nº 218 del 2 de diciembre de 2024, el Sr. Juez Letrado de Familia de 19° Turno desestimó la demanda, sin especial condenación procesal (fs. 628-644). II) Contra dicha sentencia, el actor interpuso el recurso de apelación en análisis, expresando, en síntesis, los siguientes agravios. a) La valoración de la prueba que el magistrado de primera instancia realizó fue errónea, ya que no se hizo conforme al criterio de la sana crítica. En tal sentido, contrariamente a lo que entendió el Sr. Juez, se probaron fehacientemente todos los hechos constitutivos de la pretensión, quedando demostrada la simulación que existió en los negocios jurídicos impugnados. En efecto, se trató de donaciones, y no de compraventas, con la única finalidad de afectar su legítima rigorosa. b) El Sr. Juez a quo no tomó en cuenta la prueba incorporada e identificada con la letra “K”, que es el acta de declaración en la cual la Sra. Orfilia de León expresó que la causa por la cual realizó las compraventas obedeció a argucias y engaños referentes al actuar del actor. Surge de dicha documentación que fue inducida por la Sra. María Liliana Abreu para que realizara los negocios simulados en su favor y en favor de la Sra. María Sonia Abreu y del Sr. Juan Ramiro Peradotto. La finalidad fue que el actor no pudiera recibir nada por concepto de herencia cuando falleciera su madre, la Sra. Orfilia de León. c) El juzgador de primer grado tampoco tuvo en consideración el convenio transitorio de liquidación de bienes de la sucesión del Sr. Abreu padre –litigio que dio origen al nacimiento de los negocios simulados-, en donde se logró demostrar que la Sra. María Liliana Abreu se habría apropiado de U$S128.000, maniobra que fue descubierta por el actor, por lo que María Liliana tuvo que repartir dicho dinero igualitariamente a las demás personas a quienes les pertenecía. La Sra. María Liliana de León le hizo creer a su madre (la Sra. Orfilia de León) que el dinero que le entregó al actor (hijo de Orfilia y hermano de María Liliana y de María Sonia) fue una especie de coima solicitada por éste. d) El sentenciante tampoco valoró el expediente remitido del cual surge la rendición de cuentas que la Sra. Orfilia de León debió solicitar a su hija María Liliana. Más precisamente, en la sentencia que luce a fs. 606 de dicho expediente, se puede observar que, al momento en que se realizaron las compraventas, la Sra. Orfilia de León poseía la cifra de U$S347.740, la cual tenía en su poder la Sra. Liliana de León en su carácter de administradora de los bienes de su madre. Eso anula la posibilidad de que la causa de las compraventas fuera que la Sra. Orfilia necesitara dinero para sustentar su alto nivel de vida, porque el monto que poseía era el doble del valor de las tres compraventas impugnadas. e) Con relación a la compraventa del padrón N° AA del Departamento de Florida celebrada entre la Sra. Orfilia de León y su hija, la Sra. María Liliana Abreu, el inmueble se enajenó por un precio diez veces menor del que podría haberse obtenido en aquel año y bajo las mismas circunstancias de la coyuntura económica que atravesaba nuestro país. En tal sentido, el precio vil es un claro indicio de la simulación. Asimismo, nunca se entregó la posesión del bien y el negocio se realizó entre madre e hija, quienes convivían diariamente en una época en que la Sra. María Liliana manejaba toda la economía de su madre y ambas estaban enemistadas con el actor. La tasación fue realizada por un íntimo amigo de la Sra. María Liliana (el Sr. Cono Barboza), el cual también tenía un vínculo de dependencia económica con ésta. También debe repararse en la cuenta bancaria específica que se creó para depositar el dinero de la compraventa, que obedeció a la intención de ocultar la insinceridad del negocio. Este dinero fue retirado en su totalidad, posteriormente, por la propia Sra. María Liliana. A su vez, con relación a la solvencia de la compradora, el dinero que utilizó ésta pertenecía a fondos de la propia vendedora, es decir, de la Sra. Orfilia. f) En cuanto a la promesa y posterior compraventa del padrón N° BB del Departamento de Florida celebrada entre la Sra. Orfilia de León y su nieto, el Sr. Juan Ramiro Peradotto, titular de Labenir S.A., si el fundamento real de la vendedora hubiese sido obtener ingresos para sustentar su alto nivel de vida, no se habría desprendido del inmueble referido a un precio tan bajo. Además, el comprador nunca explotó el campo, sino que continuó explotándolo su madre, es decir, la Sra. María Liliana Abreu. El Sr. Peradotto lo hipotecó apenas lo obtuvo, y la escribana interviniente en el negocio principal fue la esposa de su padre. Las declaraciones testimoniales en las que se basó el Sr. Juez a quo son de personas que fueron tachadas por el actor como testigos sospechosos, debido a que se trata de parientes directos y empleados del adquirente. Todos los testigos refirieron a la situación económica del Sr. Peradotto al día de hoy, pero no mencionaron su situación económica en el momento de celebración de los negocios referidos. g) Con respecto a la compraventa del padrón N° CC/201 del Departamento de Montevideo celebrada entre la Sra. Orfilia de León y su hija, la Sra. María Sonia Abreu, contrariamente a lo que entendió el juzgador de primer grado, la relación de parentesco entre las partes y el precio pagado revelan la simulación del negocio. La escribana interviniente, Sra. Bazzano, manifestó que solamente había presenciado la entrega de U$S5.000, y no existe constancia alguna de que la Sra. María Sonia le haya abonado el saldo en cuotas a su madre. A ello corresponde agregar la falta de solvencia económica de la compradora. La falta de transmisión de la posesión del bien es otro indicio de venta simulada, pues la compradora residió toda su vida en dicho lugar (fs. 645-649). III) Al evacuar el traslado que se les confirió, además de manifestar que el recurso de apelación interpuesto por el actor debería ser desestimado, los demandados adhirieron al recurso de apelación, expresando, en síntesis, que los agravia la decisión del Sr. Juez a quo de no condenar al actor a pagar las costas y costos del proceso y los daños y perjuicios que les irrogó la promoción de este litigio (fs. 657-667). IV) El actor evacuó el traslado que se le confirió del recurso de adhesión a la apelación que dedujeron los demandados, abogando por su rechazo (fs. 671-674). V) Por decreto N° 634/2025, el Sr. Juez a quo franqueó los recursos de apelación y de adhesión a la apelación, con efecto suspensivo, para ante el Tribunal de Apelaciones de Familia que por turno correspondiera (fs. 676). VI) El expediente se recibió en este Tribunal de Apelaciones el 18 de marzo del año en curso (nota de cargo a fs. 680) y, por decreto N° 237 del 21 de marzo, se dispuso el pasaje del expediente a estudio de los Sres. Ministros por su orden (fs. 681), al término del cual se acordó sentencia en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO : I) El Tribunal, por unanimidad y con la integración del Ministro de Tribunal de Apelaciones Suplente que redacta esta sentencia (art. 63 de la ley 15.750, en la redacción dada por el art. 237 de la ley 18.834), desestimará los recursos de apelación y de adhesión a la apelación interpuestos, por los siguientes fundamentos. II) El caso en análisis II.1) En el caso, compareció el Sr. Juan Abreu de León y promovió el presente proceso contra los Sres. María Liliana Abreu de León, María Sonia Abreu de León y Juan Ramiro Peradotto Abreu y contra Labenir S.A. para obtener la declaración de nulidad por simulación de tres escrituras de compraventa, por entender que dichos contratos encubren verdaderas donaciones bajo la forma de compraventas. En tal sentido, impugnó los siguientes contratos. a) La compraventa del padrón N° AA, sito en la 9ª Sección Judicial del Departamento de Florida, celebrada el 29 de marzo de 2004 entre las Sras. Orfilia de León y María Liliana Abreu (madre y hermana del actor, respectivamente), autorizada por la Esc. María Luisa Lerma. b) La promesa de compraventa del padrón N° BB, sito en la 9ª Sección Judicial del Departamento de Florida, celebrada el 28 de agosto de 2002 entre los Sres. Orfilia de León y Juan Ramiro Peradotto Abreu (nieto de la Sra. Orfilia, hijo de la codemandada Sra. María Liliana Abreu y sobrino del actor), autorizada por la Esc. María del Pilar Lozano Bonet; la cesión del Sr. Juan Ramiro Peradotto a Labenir S.A. el 31 de diciembre de 2003, autorizada por la misma profesional; y la posterior escritura de compraventa entre la Sra. Orfilia de León y Labenir S.A. de fecha 31 de diciembre de 2003, autorizada por la Esc. María Cristina Zen Iriart. c) La compraventa del padrón N° CC/201, sito en el Departamento de Montevideo, celebrada el 18 de julio de 2004 entre las Sras. Orfilia de León y María Sonia Abreu (madre y hermana del actor, respectivamente), autorizada por la Esc. Verónica Bazzano Oehler. El actor expresó que él y las codemandadas, Sras. María Liliana y María Sonia Abreu de León, eran los hijos de los Sres. Juan Francisco Abreu y Orfilia de León, fallecidos, respectivamente, el 5 de agosto de 2000 y el 20 de febrero de 2010. En lo medular, señaló que, debido a desavenencias familiares, estuvo distanciado de su madre desde el año 2002 hasta julio del año 2005. Durante ese período, la Sra. Orfilia de León convivió con la codemandada Sra. María Liliana Abreu, quien, por medio de estratagemas y engaños, habría influenciado a su madre, la Sra. Orfilia de León, para celebrar los negocios previamente mencionados y así apropiarse de los referidos bienes inmuebles en perjuicio del actor, todo lo cual se hizo con la anuencia de los codemandados Sres. María Sonia Abreu y Juan Ramiro Peradotto, disimulando donaciones bajo la forma de compraventas. Analizando los negocios cuestionados, afirmó que existen indicios en común que dan cuenta de las simulaciones efectuadas, tales como el parentesco entre los otorgantes, el pago del precio por adelantado, la no justificación del destino dado al precio, la naturaleza y la cuantía de los bienes enajenados y la falta de ejecución de los contratos. En función de esta plataforma fáctica sucintamente reseñada, el actor solicitó que se declare la nulidad absoluta por simulación de los contratos referidos y que se condene a los demandados a pagarle las sumas de U$S251.300 en concepto de daño emergente y de U$S330.900 en concepto de lucro cesante, más los reajustes e intereses hasta el pago efectivo y las costas y los costos del proceso (fs. 100-113). II.2) Los demandados contestaron la demanda entablada en su contra, abogando por su rechazo y solicitando que el actor sea condenado a pagar las costas y los costos del proceso y los daños y perjuicios que se les causa a raíz de este litigio, en los términos que surgen de su escrito de fs. 235-255 vto. II.3) En la audiencia preliminar, que se celebró el 30 de agosto de 2021, se fijó el objeto del proceso en los siguientes términos: “Consiste en determinar si se hace lugar a la declaración de nulidad de a) Compraventa de fecha 29 de marzo de 2004 del padrón AA sito en la 9° Sección Judicial de Florida, entre Orfelia de León y María Liliana Abreu de León y fuera autorizada por la Esc. María Luisa Lerma. b) Promesa de compraventa celebrada con fecha 28 de agosto de 2002 del padrón BB sito en la 9° Sección Judicial de Florida, entre Orfilia de León Alfonso y Juan Ramiro Peradotto Abreu la que fuera autorizado por la Esc. María del Pilar Lozano Bonet y posterior cesión de Ramiro Peradotto Abreu a Labenir S.A de fecha 31 de diciembre de 2003 autorizada por la misma profesional y escritura de compraventa otorgada entre Orfilia de León y Labenir S.A de fecha 31 de diciembre de 2003 respecto del mismo padrón la que fuera autorizado por la escribana María Cristina Zen Iriart c) Compraventa de fecha 18 de julio del padrón CC/201 sito en Montevideo en calle DD 2760 entre Orfilia de León y María Sonia Abreu de León autorizada por la Escribana Verónica Bazzano Oehier. Para el caso de que se acoja la pretensión de nulidad promovida determinar la existencia de un crédito a favor de actor por responsabilidad extracontractual por los hechos referidos en la demanda así como el monto de los daños reclamados contra los demandados (Lucro Cesante U$S 330.900 dólares americanos más interés – Daño emergente U$S 251.300 dólares americanos más interés) Teniendo presente la contestación de la demanda controvirtiendo los hechos, solicitando la desestimación de la demanda con condena en costas y costos así como poniendo como defensa la prescripción adquisitiva de los bienes inmuebles en controversia” (fs. 328-330). Acto seguido, el objeto de la prueba se fijó de la siguiente manera: “Consiste en acreditar los hechos alegados por cada una de las partes” (fs. 330). III) Consideraciones generales sobre la simulación y su prueba Como enseña Gamarra, en cuanto a la valoración de la prueba de la simulación, el juez es una especie de “crítico” de la realidad, que debe orientarse, con fino olfato, entre la verdad y la apariencia. Su labor resulta, incluso, más delicada que la del juez en lo penal, porque está frente a una trampa engañosa, que se erige no solo contra los terceros, sino también contra la propia justicia (Gamarra, Jorge, Tratado de Derecho Civil Uruguayo , Tomo XIII, F.C.U., 2ª edición, Montevideo, 1976, pág. 123). Con relación a la procedencia de la acción y a su prueba, este Tribunal ha señalado, en términos que corresponde reiterar, que: “ Para que proceda la declaración de nulidad por simulación, corresponde al actor probar los elementos característicos de esta. (...) Si bien la prueba de la simulación se rige por las reglas generales (arts. 137 y 139 del Código General del Proceso), la naturaleza de la pretensión ejercida por nulidad por simulación suele imponer la producción de prueba sobre hechos indicadores, presuncionales o indiciarios (arts. 1600 a 1606 del Código Civil), lo que se llama también ‘prueba indirecta o circunstancial’, que a través de un razonamiento conduzcan a la averiguación de la realidad subyacente del negocio, para establecer si la causa y el consentimiento corresponden a lo legalmente plausible, o si obedecen a una distinta y encubierta o a otros propósitos. Tal sistema probatorio tiene a su vez como consecuencia connatural y dada la necesidad de ingresar en aspectos de la interioridad psíquica de los objetos del contrato (la ‘verdad no documentada’), la necesidad de apoyarse en diversos puntos de hechos que correctamente unidos, muestren la figura del hecho que se quiere probar, la simulación. Asimismo, la verdad (arts. 14, 24 num. 4º y 25.2 del Código General del Proceso) surgirá del estudio de las circunstancias que rodean al evento negocial. Importa estudiar cómo operaron en los negocios jurídicos que se controvierten dos de los elementos esenciales para la validez de los contratos, a saber el consentimiento y la causa, cuya ausencia podría operar la nulidad absoluta del compromiso (arts. 1261, 1262, 1287, 1560 y 1561 del CC)” (sentencia N° 176/2024 de este Tribunal, publicada en la Base de Jurisprudencia Nacional Jaime Zudáñez ). Citando una sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de su país, un destacado procesalista colombiano expresa: “ Visto está que la acción de prevalencia (simulación) pueden ejercitarla los terceros que se ven perjudicados por la apariencia, entendida ella como la que propende que caiga el disfraz el acto externo, y se devele por tanto lo oculto. Su ejercicio exitoso, como se comprenderá, en la mayoría de las veces les resultará más difícil que a los propios simulantes; éstos, a la par con su cometido, se cuidarán mutuamente y tomarán las previsiones que estimen adecuadas en orden a impedir que de la situación generada por la mentira se consoliden posiciones ventajosas que no correspondan a la realidad. Generalmente dejarán testimonio de la verdad. Por contraste, dado el sigilo en que están empecinados, procurarán que la luz no invada lo secreto, no dejar huella de su intención, abocando a los terceros a una prueba de difícil obtención, con tintes de proeza. De ahí que acudan, lo más, a la prueba indiciaria, como única vía para satisfacer la carga probatoria que de cualquier manera pesa sobre sus hombros; verdaderamente, con todo y que son terceros, están en el deber de aducir la prueba con que pretenden infirmar lo que se presume: la seriedad y sinceridad con que se conducen los sujetos de derecho. Necesidades de interés social así lo reclaman” (Parra Quijano, Jairo, Manual de Derecho Probatorio , Décima Tercera Edición, ampliada y actualizada, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 2002, pág. 567). En similar línea de razonamiento, la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que: “ (...) el demandado por simulación tiene la obligación moral de aportar la mayor suma de antecedentes para llevar a la conciencia del juez la convicción de la licitud de los actos sospechados de insinceros demostrando así su buena fe y el sincero propósito de contribuir a la averiguación de la verdad. La ausencia de prueba por los demandados en acciones de simulación crea graves presunciones, porque en estos procesos no rige en forma absoluta el principio del ‘onus probandi’. Parece indudable la exigencia de colaboración. La actitud pasiva de la parte a que se imputa simulación debe interpretarse en su contra, ya que debe colaborar en el esclarecimiento de la verdad máxime cuando se trata de hechos en los que intervino personalmente (...)” (sentencias de la Suprema Corte de Justicia Nos. 83/2003, 143/2007 —en Anuario de Derecho Civil Uruguayo , Tomo XXXVIII, c. 1019, págs. 575 y 576— y 83/2009 —en Anuario de Derecho Civil Uruguayo , Tomo XL, c. 953, págs. 760 a 762—). IV) Sobre la naturaleza y la prueba de la simulación invocada en el caso en análisis La simulación reclamada por el actor encarta en la categoría de las conceptualizadas como relativas objetivas, es decir, aquellas que se verifican cuando las partes celebran un acto aparente, ostensible, que sirve de cobertura de otro acto, real, efectivo, denominado acto velado, escondido, disimulado, enmascarado, etc., que se efectúa de dicha forma por diversos motivos y se emplea para dar a un acto jurídico una apariencia que, en realidad, oculta su verdadero carácter. De tal manera, las partes producen la apariencia de un contrato distinto del que efectivamente quieren (cf. Tomé Miguel; y Tomé, Mauricio, Donaciones inoficiosas , 1ª edición, Naven Ediciones, Montevideo, mayo de 2022, pág. 88). Como explican Miguel y Mauricio Tomé, la simulación relativa objetiva se suele utilizar con fines ilícitos, simulando compraventas, con el fin espurio de soslayar el derecho de todos o de algún heredero, para esconder verdaderas donaciones en perjuicio de los legitimarios, hipótesis en las que se habilita a los damnificados el ejercicio de la acción simulatoria para defender sus intereses patrimoniales (Tomé Miguel; y Tomé, Mauricio, Donaciones inoficiosas , ob. cit., pág. 85). A su vez, los referidos autores sostienen que, en los casos de simulación relativa objetiva, no existen dudas sobre la nulidad del negocio simulado, pero corresponde plantearse si dicha nulidad alcanza al negocio disimulado. Así, indican que el negocio disimulado entre las partes puede ser válido si cumple con los requisitos de validez del tipo contractual y no viola disposiciones de orden público. No obstante, cuando la simulación relativa objetiva es utilizada para violentar normas prohibitivas, de orden público, como por ejemplo las legítimas (como se invocó en este caso), resultan afectados de nulidad tanto el negocio simulado como el disimulado. En tales casos, el accionante también debe solicitar la nulidad del negocio disimulado, pero también puede y debe ser declarada de oficio por el tribunal si aparece de manifiesto (art. 1561 del C. Civil), (Tomé Miguel; y Tomé, Mauricio, Donaciones inoficiosas , ob. cit., pág. 91). En la presente acción simulatoria, que no es sino una especie de las acciones ordinarias de nulidad absoluta por ausencia de consentimiento y de causa (arts. 1261, 1262, 1287, 1560, 1561 y 1580 del C. Civil), se cuestionan contratos existentes de compraventa cuyas causas, según el actor, no serían verdaderas (simulación relativa), por lo que deberá analizarse si los negocios atacados fueron o no sinceros y cuál es la relación entre lo que se declaró y la voluntad o propósito que realmente tuvieron los contratantes. Como la intención de los partícipes en los negocios no surge de las escrituras públicas en sí -ya que dichos instrumentos no demuestran ni la eficacia ni la sinceridad de los declarado en ellos-, deberá analizarse el marco fáctico que rodeó las negociaciones para estudiar la causa de tales contratos y a qué obedeció el consentimiento (cf. sentencia N° 176/2024 de este Tribunal, publicada en la Base de Jurisprudencia Nacional Jaime Zudáñez ). Partiendo de las premisas precedentemente expuestas y de los elementos de convicción que surgen de este expediente y de los expedientes incorporados por cordón, el Tribunal concuerda con la valoración de la prueba que realizó el Sr. Juez a quo , valoración que lo llevó, con acierto, a desestimar la demanda. En tal sentido, el cúmulo probatorio allegado al proceso, valorado en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica (art. 140 inc. 1 del C.G.P.), no permite afirmar que los contratos impugnados adolezcan de nulidad por vicios en el consentimiento y en la causa por simulación. Así, no resultó probado que se haya tratado, efectivamente, de donaciones encubiertas bajo la forma de compraventas. A su vez, los demandados tuvieron una actitud colaborativa para acreditar la sinceridad de los contratos controvertidos, tanto desde el punto de vista argumentativo como probatorio. Como indicios generales de todos los contratos impugnados, el actor señaló la existencia de parentesco entre la vendedora y los compradores, que las escribanas autorizantes no eran de la confianza de la enajenante y que los negocios se realizaron en la época en que el actor estaba distanciado de su madre. En relación con el parentesco ( affectio ), puede decirse que este indicio es netamente subjetivo y complementario de otros, y debe ser analizado profundamente cuando existan otros indicios que hagan sospechar que la relación de afecto encubre un negocio simulado (cf. Tomé, Miguel, Fraudes civiles y comerciales , 2ª edición actualizada y ampliada, AMF, Montevideo, 2018, pág. 275). Pero, por sí solo considerado, no basta para concluir que el negocio haya sido simulado, sino que es necesario probar la causa simulandi (cf. sentencia N° 188/2022 del T.A.F. 2°, extracto publicado en Anuario Uruguayo Crítico de Derecho de Familia y Sucesiones , tomo XI, F.C.U., Montevideo, 2023, págs. 486 y 487; y sentencia N° 22/2023 del T.A.F. 1°, extracto publicado en Anuario Uruguayo Crítico de Derecho de Familia y Sucesiones , tomo XII, F.C.U., Montevideo, 2024, pág. 597). En cuanto a las escribanas autorizantes de los contratos, el Tribunal no considera que sea un indicio que permita entender que se trató de negocios simulados, ya que todas las profesionales eran conocidas o tenían una relación con los compradores. En cuanto a la causa simulandi , esta sería, según el actor, la mala relación entre él y su madre entre los años 2000 y 2005, fecha en la que se reconciliaron. El actor afirmó que la razón del distanciamiento habría sido que sus hermanas (las codemandadas Sras. María Liliana y María Sonia Abreu) engañaron a su madre, diciéndole que aquel solicitó, de manera casi extorsiva (“coima” fue la palabra concreta que empleó el accionante), dinero que no le correspondía. En función de la prueba testimonial diligenciada, el Tribunal entiende que no resultó probado el motivo de la simulación, ya que prácticamente nada se dijo en punto a la relación entre el actor y su madre durante ese período. En tal sentido, el único testigo que declaró más claramente sobre este punto fue el Sr. Hugo Trías (escribano de la familia durante muchos años), quien manifestó que la Sra. Orfilia de León habría enajenado los bienes en cuestión por despecho hacia su hijo y que luego se enteró que su hija María Liliana le habría mentido (declaración brindada en la sesión de audiencia complementaria realizada el 3 de febrero de 2022, en especial, fs. 431). El Sr. Sebastián Peradotto (hermano del codemandado Sr. Juan Ramiro Peradotto, hijo de la codemandada Sra. María Liliana Abreu y sobrino del actor) declaró que el actor iba al campo que se enajenó (padrón N°AA), y que después de la venta de este lo vio allí. Además, hizo referencia a la solvencia de su hermano y de su madre al tiempo en que se realizaron los contratos y puso énfasis en el alto nivel de vida que llevaba su abuela, la Sra. Orfilia de León. En este sentido, manifestó que su abuela gastaba bastante, tenía varias empleadas (incluso tenía una persona que viajaba con ella todo el tiempo, acompañándola), usaba alhajas, iba a peluquerías en Pocitos y en Carrasco y concurrían peluqueras y pedicuras a su casa (declaración brindada en la sesión de audiencia complementaria realizada el 8 de febrero de 2022, en particular, fs. 441-442). La Sra. María Lerma (escribana de la Sra. María Liliana que autorizó la escritura del padrón N° AA ) declaró que recuerda la compraventa del bien en cuestión y que el precio se pagó con depósito bancario antes de la escritura (afirmó tener el boleto de depósito). Añadió que, antes de las firmas, leyó la escritura en voz alta y la Sra. Orfilia estaba muy bien, en pleno uso de sus capacidades. En principio, hablaron de reservar el usufructo y que le habían pedido al escritorio Dutra que hiciera una tasación. Señaló que ponderaron que si la Sra. Orfilia se reservaba el usufructo, el precio que iba a recibir sería menor, motivo por el cual resolvieron hacer la compraventa plena. Manifestó que conocía a toda la familia, ya que tenían casa en Atlántida y tienen una amistad con la Sra. María Liliana desde hace 27 años. También sostuvo que la Sra. Orfilia no tenía una relación fluida con su hijo desde hacía años (declaración brindada en la sesión de audiencia complementaria realizada el 16 de febrero de 2022, fs. 485-487). En cuanto al destino del dinero correspondiente al precio de las compraventas, el actor sostuvo que su madre no necesitaba el dinero, mientras que los demandados sostuvieron que su madre y abuela enajenó los bienes para contar con dinero en efectivo, para poder seguir llevando una vida con alto nivel. Con respecto a este punto, la Sra. Andrea Kulys (abogada de la Sra. Orfilia y conocida de la familia desde que nació) declaró que la Sra. Orfilia de León le comentó que no había recibido dinero por las ventas que les hizo a sus hijas y a su nieto, y que manejaba dinero en efectivo tanto cuando vivió con su hija como cuando lo hizo con su hijo (declaración brindada en la sesión de audiencia complementaria realizada el 3 de febrero de 2022, en especial, fs. 423-425). Por su parte, el Sr. Roberto Cono (perito agrónomo y consignatario, que tasó los bienes y tenía relación de amistad, principalmente, con la Sra. María Liliana) sostuvo que tasó el casco de la estancia en U$S60.000 y que, en aquel momento (años 2001 y 2002, con una sequía terrible), el precio de la hectárea era de U$S370. Dijo que la compraventa del padrón N° AA se hizo por un tema de dinero, porque la Sra. Orfilia no iba a trabajar más los campos, la cual era una señora de buen vivir, tenía vida social, tenía amigas y salía. Manifestó recordar la tasación porque tiene los archivos de sus clientes, y dijo que no cobró sus honorarios por la tasación porque eran clientes especiales y particulares (declaración brindada en la sesión de audiencia complementaria realizada el 8 de febrero de 2022, fs. 437-440). Sin perjuicio del análisis general que se acaba de realizar (del cual no emerge plenamente probada la simulación), a continuación se realizarán puntualizaciones específicas con relación a cada uno de los contratos impugnados. IV.1) Compraventa del bien inmueble padrón N° AA del Departamento de Florida El 29 de marzo de 2004 se celebró un contrato de compraventa por el cual la Sra. Orfilia de León Alfonzo le vendió a la Sra. María Liliana Abreu de León el bien inmueble padrón N° AA, ubicado en la 9ª Sección Catastral y Judicial del Departamento de Florida, por el precio de U$S50.000, el cual le fue abonado a la enajenante antes de la escritura (fs. 1-2 vto.). La profesional que autorizó este negocio fue la Esc. María Luisa Lerma, quien, como ya se mencionó, declaró que era la escribana de la Sra. María Liliana, que la Sra. Orfilia se encontraba en pleno uso de sus capacidades y que le pidieron tasación del campo al escritorio Dutra (fs. 486). El testimonio por exhibición de la mencionada tasación luce a fs. 141-143 vto. El Sr. Roberto Cono, que fue quien tasó el campo, refirió al precio de este inmueble y explicó que no se trató de un precio más alto por la difícil situación del campo al tiempo del negocio, debido a la sequía que había, que calificó como “terrible” (fs. 438). En su recurso de apelación, el actor hizo hincapié en que la vendedora nunca le entregó la posesión del bien a la compradora, lo que sería un indicio de falta de tradición del bien inmueble en cuestión. Si bien el Sr. Roberto Cono declaró que la Sra. Orfilia quedó viviendo en el casco de la estancia, posteriormente expresó que, cuando se hizo la compraventa a su favor, la Sra. María Liliana vivió allí con su madre (fs. 438-439). El Sr. Sebastián Peradotto sostuvo que su abuela, la Sra. Orfilia, vivía en el campo y en Montevideo, y que pasaba mucho tiempo en la ciudad (fs. 441). Asimismo, la solvencia económica de la compradora también surge de los testimonios de los Sres. Roberto Cono y Ramón Gutiérrez (veterinario que tuvo vínculo comercial con la Sra. María Liliana; declaración brindada en la sesión de audiencia complementaria que se realizó el 8 de febrero de 2022, fs. 444). IV.2) Promesa de compraventa del bien inmueble padrón N° BB del Departamento de Florida y su posterior cesión El 28 de agosto de 2002 se celebró un contrato de promesa de compraventa por el cual la Sra. Orfilia de León Alfonzo prometió venderle al Sr. Juan Ramiro Peradotto Abreu el bien inmueble padrón N° BB, ubicado en la 9ª Sección Judicial del Departamento de Florida, por el precio de U$S65.099. El pago se acordó en una entrega inicial de U$S10.000 (que se hizo concomitantemente con la firma de la promesa) y el saldo en cuotas. Asimismo, se pactó que la escritura de compraventa se otorgaría simultáneamente con el pago de la última cuota (fs. 3-5 vto.). Posteriormente, por documento privado suscripto el 31 de diciembre de 2003, el Sr. Juan Ramiro Peradotto cedió la promesa de compraventa anteriormente referida a Labenir S.A. Ese mismo día (31 de diciembre de 2003) se celebró un contrato de compraventa por el cual la Sra. Orfilia de León Alfonzo le vendió a Labenir S.A. el mencionado bien inmueble al precio antes referido (U$S65.099), que se abonó en diferentes partidas antes de la celebración de este último contrato (fs. 6-8). Con respecto a este negocio, la Sra. María del Pilar Lozano (escribana autorizante del contrato de promesa) afirmó que se pagó el precio por el bien y que el Sr. Juan Ramiro Peradotto ya era una persona solvente en ese momento, porque se dedicaba a diversos negocios (declaración brindada en la sesión de audiencia complementaria que se realizó el 3 de febrero de 2022, fs. 432-434). A su vez, la Sra. María Cristina Zen (escribana autorizante del contrato de compraventa y esposa del padre del Sr. Juan Ramiro Peradotto) también declaró que se realizó el pago del negocio pactado y que el Sr. Juan Ramiro Peradotto era solvente. Mencionó los emprendimientos que tiene y que tenía al momento del contrato y no dudó en calificarlo como un empresario inteligente y exitoso (declaración brindada en la sesión de audiencia complementaria que se realizó el 3 de febrero de 2022, fs. 434-436). Los testigos Sres. Sebastián Peradotto (hermano del Sr. Juan Ramiro Peradotto), Richard Mayer (contador de Labenir S.A.) y Martín Sttimo (amigo del Sr. Juan Ramiro Peradotto y gerente financiero regional de una de sus empresas) también dieron cuenta de la solvencia del Sr. Juan Ramiro Peradotto al momento de la compraventa del campo (declaraciones brindadas en las sesiones de audiencia complementaria que se realizaron los días 8 de febrero y 16 de febrero de 2022, respectivamente, fs. 440-442, 490-491 y 492-493). IV.3) Compraventa del bien inmueble padrón N° CC/201 del Departamento de Montevideo El 18 de julio de 2004 se celebró un contrato de compraventa por el cual la Sra. Orfilia de León Alfonzo le vendió a la Sra. María Sonia Abreu de León el bien inmueble padrón N° CC/201, ubicado en la 19ª Sección Judicial del Departamento de Montevideo, por el precio de U$S50.000, el cual le fue abonado a la enajenante antes de la firma de la escritura (fs. 129-130 vto.). La Sra. Verónica Bazzano (escribana autorizante de la escritura y amiga de la Sra. María Sonia Abreu) declaró que se pidió la tasación por el referido bien, que se cumplieron todas las formalidades correspondientes, que la Sra. María Sonia fue pagando cuotas en efectivo y que la escritura se otorgó cuando ésta terminó de pagar el precio. Agregó que la inmobiliaria de la Sra. Gabriela Goldaracena hizo la tasación, que el precio era razonable, que la Sra. María Sonia vivía allí y que tenía capacidad de ahorro, porque era modista de alta costura (declaración brindada en la sesión de audiencia complementaria que se realizó el 16 de febrero de 2022, fs. 483-485). Por su parte, la Sra. Gabriela Goldaracena (quien realizó la tasación del bien y es esposa de un primo de la Sra. Verónica Bazzano) expresó que no se acuerda del apartamento y que la tasación de las propiedades se hace tomando el precio del mercado, en función de la zona, de la orientación y del metraje del inmueble. Sostuvo que, en la época en cuestión, las propiedades estaban devaluadas. Declaró que no dejó registro de la tasación, porque se hizo de manera verbal, a pedido de la Esc. Bazzano (declaración brindada en la sesión de audiencia complementaria que se realizó el 16 de febrero de 2022, fs. 487-488). A su vez, la Sra. Sandra Ramírez (arquitecta jubilada y amiga de la Sra. María Sonia desde el año 1983) manifestó que la Sra. María Sonia tenía capacidad de ahorro, porque recibía ingresos de su parte del campo y era diseñadora de modas de alta costura (declaración brindada en la sesión de audiencia complementaria realizada el 16 de febrero de 2022, fs. 489). V) Sobre el acta de declaración incorporada a fs. 19-20 En su recurso de apelación, el actor puso especial énfasis en el acta de declaración que luce glosada a fs. 19-20. En dicho documento, ante el Esc. Hugo Trías, la Sra. Orfilia de León expresó el 2 de marzo de 2006, entre otras cosas, lo siguiente: “ I) que luego de firmar el convenio de partición transitoria, mi hija Liliana Abreu, me manifestó que el dinero que le pagaron a mi hijo Juan Abreu era una coima que tuvieron que pagarle para que firmara la escritura de partición y dejara de reclamar. Durante mucho tiempo pensé que esto era realmente así, hasta que un día mi hijo Juan me mostró el convenio y fui a hablar con mi abogada, la Dra. Andrea Kulys, que me explicó que de acuerdo a ese convenio mi hijo Juan lo que recibió era lo que le correspondía por su cuota parte de los beneficios de la actividad de la empresa agropecuaria propiedad de la sucesión de mi esposo, y que administraba mi hija Liliana. En ese momento me di cuenta que había sido engañada por mi hija, y que en realidad ese dinero que mi hijo le reclamaba no era una coima para firmar la escritura de partición, sino que era la suma que le correspondía por su cuota parte en la ganancia del establecimiento agropecuario (...) III) Cuando le puso a nombre de mi nieto Ramiro una fracción de campo de la cual yo era propietaria por herencia familiar, lo hice convencida por mi propia hija Liliana, cuando me hizo creer que mi hijo Juan había exigido una determinada suma de dinero para firmar la escritura de partición, y ante esa situación yo no quería que para después de mi muerte le tocara algo a mi hijo (...) VI) Cuando le doné el casco de la estancia a favor de mi hija Liliana, también lo hice movida por las mismas circunstancias, o sea que no le quedara nada a mi hijo Juan (...)” (en particular, fs. 19-19 vto., cuya protocolización surge a fs. 23). Con relación a este documento, corresponde señalar, en primer término, que no surge de él que la Sra. Orfilia no haya vendido el bien inmueble padrón N° BB del Departamento de Florida. La Sra. Orfilia dijo que “lo puso a nombre de su nieto Ramiro”, pero no dijo que se trató de una donación bajo la forma de una compraventa. En segundo término, en dicho documento, la Sra. Orfilia no mencionó nada en cuanto a la compraventa que celebró con su hija María Sonia respecto del bien inmueble padrón N° CC/201 del Departamento de Montevideo. En tercer término, si bien la Sra. Orfilia declaró ante el Esc. Trías que le “donó” el casco de la estancia a su hija María Liliana, esta declaración debe ponderarse tomando en consideración otras cuestiones. En este sentido, como acertadamente pusieron de relieve los demandados en su contestación de demanda y al evacuar el traslado del recurso de apelación en análisis, la Sra. Orfilia había declarado diametralmente lo opuesto casi 20 días antes en un escrito judicial, debidamente asistida por su profesional de confianza. En tal sentido, la Sra. Orfilia manifestó: “ (...) * El inmueble padrón No. CC/201 de Montevideo, fue enajenado a mi hija María Sonia Abreu con fecha 18/07/04 (...) * El inmueble padrón AA de Florida fue enajenado a la demandada con fecha 31/03/04 con la convicción de haberme reservado el usufructo, cosa que no sucedió en los hechos (...) * El inmueble padrón No. BB, bien de naturaleza propia, fue enajenado con fecha 28 de agosto de 2002, al Sr. Ramiro Peradotto Abreu, hijo de la demandada (...) De lo expresado surge que la dicente tenía solvencia suficiente para su manutención (...)” (escrito presentado por la Sra. Orfilia de León el 9 de febrero de 2006 en el expediente acordonado “Debitel S.A. c/ Abreu, Ma. Liliana. Rendición de cuentas”, I.U.E. 2-2193/2006, tramitado ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 7° Turno; en especial, fs. 292). Por otra parte, en el expediente acordonado “Abreu de León, María y otro c/ Pamatur S.A. Acción de nulidad”, I.U.E. 2-34131/2010, tramitado ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 12° Turno, el actor en este expediente (Sr. Juan Héctor Abreu) manifestó que su madre había vendido una casa en Atlántida y un campo en Cerro Colorado a Pamatur S.A. Expresó que su madre era una persona a la que le gustaba vivir con mucho glamur y disponer de mucho dinero. Manifestó que su padre le daba a su esposa, la Sra. Orfilia, el dinero que obtenía de la cosecha de lana que se realizaba para que dispusiera de él como quisiera (unos U$S70.000 u U$S80.000 por año), y que a veces no le alcanzaba. También declaró en esa oportunidad que la Sra. Orfilia realizaba esas ventas para “gastar el dinero en lo que ella quisiera” (declaración testimonial realizada en la audiencia que se celebró en dicho expediente el 1° de marzo de 2012; en especial, fs. 202-203). A juicio del Tribunal, lo que declaró el hoy actor en ese expediente (en el cual fueron actoras sus hermanas, las hoy demandadas por él Sras. María Liliana y María Sonia Abreu) resulta concordante con lo que los demandados invocaron y resultó probado en este expediente, esto es, que la Sra. Orfilia de León fue vendiendo todos sus bienes para continuar con el elevado estilo de vida que siempre tuvo y le gustó tener. Por ello, el Tribunal entiende que el acta de declaración a la que el actor hizo referencia con insistencia no debe ponderarse aisladamente, sino en conjunto con el cúmulo de los indicios y de las pruebas obrantes tanto en este expediente como en los expedientes acordonados, incorporados a esta causa como prueba trasladada (acta de audiencia preliminar, en especial, fs. 330-331). VI) En suma : la simulación invocada no resultó probada y resultó suficientemente acreditado que los contratos de compraventa impugnados efectivamente se realizaron y no encubrieron donaciones para perjudicar la legítima rigorosa del actor. VII) Con relación a los agravios expresados en el recurso de adhesión a la apelación que los demandados interpusieron El Tribunal considera que los agravios expresados no resultan de recibo. En tal sentido, no se advierte un apartamiento del estándar del buen litigante en el comportamiento que tuvo el actor durante todo el proceso, por lo que no se justifica ni la especial condena en costas y costos ni la condena a pagar daños y perjuicios por la promoción de este proceso que reclamaron los demandados, solicitud esta última que tampoco fue movilizada por vía de reconvención (art. 61 del C.G.P.). VIII) Las costas y los costos de la segunda instancia La conducta procesal de ambas partes fue correcta, por lo que las costas y los costos se distribuirán en el orden causado (arts. 688 del C. Civil y 56.1 y 261 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, el Tribunal, por unanimidad, FALLA : Desestímanse los recursos de apelación y de adhesión a la apelación que el actor y los demandados interpusieron, respectivamente, contra la sentencia definitiva N° 218/2024 y, en su mérito, confírmase íntegramente dicha sentencia, sin especial condenación procesal. Honorarios fictos a los solos efectos fiscales: 10 Bases de Prestaciones y Contribuciones. Notifíquese a domicilio y, oportunamente, devuélvase el expediente al Juzgado de origen conjuntamente con todos los expedientes acordonados, con copia para el Sr. Juez de primera instancia. Dra. María Noel Tonarelli de Pena - Ministra Dra. María Helena Mainard García - Ministra Dr. Gustavo Orlando Nicastro Seoane - Ministro (r) Dra. María Catalina Elhordoy Perdomo - Secretaria Letrada