Sentencia Definitiva N° 206/2025

SENTENCIA DEFINITIVA Nº206/2025. TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 2º TURNO. MINISTRO REDACTOR: DR. JOSÉ PEDRO RODRÍGUEZ PEREYRA. MINISTROS FIRMANTES: DRA. VERÓNICA SCAVONE BERNADET, DR. JOSÉ PEDRO RODRÍGUEZ PEREYRA, DRA. SILVANA GIANERO DEMARCO. Montevideo, 24 de septiembre de 2025. VISTOS EN EL ACUERDO: Estos autos caratulados “GUTIERREZ ALAYON, CAROLINA C/ OSE Y BRENALCOR S.A. - PROCESO LABORAL ORDINARIO LEY 18.572, RECURSO TRIBUNAL COLEGIADO” I.U.E. 2-69724/2024, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia Definitiva Nº6/2025 de 20 de mayo de 2025, dictada por la Sra. Juez Letrada de Primera Instancia de San José de 4º Turno, Dra. Francisca Isabel Suárez Sacco. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la Sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente. 2) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia Nº6/2025 (fs. 634), dictada el 20 de mayo de 2025, se dispuso “I) No haciendo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE). II) Haciendo lugar a la demanda incoada en autos por Carolina Gutiérrez Alayón en forma parcial condenando conjunta y solidariamente a la Administración de Obras Sanitarias del Estado (OSE) y Brenalcor S.A. al pago de $187.362 (ciento ochenta y siete mil trescientos sesenta y dos pesos uruguayos) más intereses y reajustes del Decreto Ley 14.500 desde 31/10/2023 hasta la fecha del efectivo pago. III) La conducta de las partes fue correcta por lo cual no corresponde condena causídica de especie alguna. IV) Notifíquese personalmente.” 3) La co-demandada OSE, a través de su representante legal, interpuso recurso de apelación contra la Sentencia Definitiva dictada, agraviándose en cuanto desestima la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por su parte, condenándola en forma solidaria, solicitando sea revocada (fs. 650 a 654). 4) La co-demandada Brenalcor S.A., a través de su representante legal, interpuso recurso de apelación contra la Sentencia Definitiva dictada, agraviándose en cuanto la condena al pago de daños por finalización anticipada de contrato y daño moral, solicitando sea revocada (fs. 657 a 663). 5) La parte actora, a través de su representante legal, interpuso recurso de apelación contra la Sentencia Definitiva dictada, agraviándose en cuanto al quantum de la condena y por no condenar al pago de daños y perjuicios preceptivos y multa legal, solicitando sea revocada (fs. 665 a 671) 6) Por Decretos Nº 115, 117 y 118/2025 de fecha 28 de mayo, 2 y 3 de junio de 2025 se otorgó traslado de los recursos de apelación interpuestos, siendo evacuado por la parte actora a fs. 677 y por OSE a fs. 691. 7) Por auto Nº 148/2025 de fecha 21 de julio de 2025 se franqueó la alzada (fs. 697). Recibidos los autos por el Tribunal, se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros y Acuerdo (fs. 707). CONSIDERANDO: I) La Sala, por la voluntad de sus integrantes naturales, adopta decisión parcialmente confirmatoria de la del grado anterior, de acuerdo a los siguientes fundamentos. II) Agravios de las codemandadas OSE y Brenalcor SA por la condena recaída en autos. Surge del “Contrato de trabajo para la prestación de servicios temporarios” de fecha 31 de octubre de 2023 (agregado por la actora a fs. 9, y también por las demandadas con sus respectivas contestaciones) que Brenalcor SA ganó/obtuvo de OSE el Concurso de Precios nº 20003707 de Contratación de una Agencia de Empleo Privada suministradora de 13 trabajadores para el Departamento de San José, Gerencia Región Litoral Sur (cláusula primera). En dicho marco, para dicha contratación de OSE (como expresamente se reitera en la cláusula segunda del contrato de trabajo), Brenalcor SA contrató a la Sra. Gutiérrez. Las pretensiones formuladas por la accionante se basan en que resultó seleccionada para el llamado laboral derivado del concurso nº 20003707, para prestar funciones como “agente de campo” en San José, que el 22 de setiembre de 2023 fue notificada de la selección e ingresó a prestar tareas el 31 de octubre de ese año, pero este mismo día, al finalizar la jornada, se le dijo que se padeció un error en la designación, y las demandadas dejaron unilateralmente sin efecto el nombramiento. Desconoce “las razones del ilegítimo y perjuicioso proceder de las demandadas ya que para el cargo de agente de campo se requiere ciclo básico completo”. Reclamó como pretensión principal los daños y perjuicios consistentes en el equivalente a lo que dejó de percibir (salario y demás rubros salariales) en el anterior trabajo (Onda Nova) al que renunció al comunicársele que había quedado seleccionada, en el que razonablemente hubiera trabajado por 5 años más. Subsidiariamente, los salarios y demás rubros salariales en los dos años que hubiera trabajado para OSE (1 año, más otro de prórroga). Ante las defensas opuestas por las codemandadas y luego de tramitado el proceso, con el correspondiente diligenciamiento probatorio, la sentencia culmina condenándolas solidariamente a pagar a la accionante por daño patrimonial, por ruptura anticipada del contrato, el equivalente a dos meses de salario y demás rubros salariales (que totalizan $ 93.681), y una suma igual por daño moral, en tanto el contrato de trabajó se suscribió, cumpliendo con sus elementos esenciales: capacidad, consentimiento, objeto y causa, medió error en las codemandadas en la selección de la actora y firma del contrato, y no se puede pretender aplicar el plazo de prueba en él previsto en tanto requiere un ejercicio de tareas y evaluación aunque sea somera de las cualidades del trabajador, lo que no ocurrió en el caso. A juicio del Tribunal los agravios de fondo formulados por las demandadas son de recibo, por lo que se irá directamente a su análisis. En efecto, surge acreditado que entre los requisitos del llamado exigidos a los postulantes, expresamente calificado como excluyente, se encontraba el tener bachillerato completo o similar en educación técnico profesional. Así se establece en el pliego de condiciones particulares del concurso de precio nº 20003707: “Para el puesto de ‘Agente de Campo’ … 4. Formación curricular excluyente Bachillerato completo o similar CETP en sus diferentes orientaciones” (fs. 250). La actora conocía esta exigencia. No solo debía formalmente conocerla por presentarse a dicho llamado (véase su documentación fs. 368 y ss., con indicación expresa del número de llamado), sino porque como surge de los mensajes de wp entre la accionante y SomosJob (Brenalcor SA) que obran en testimonio notarial a fs. 448, expresamente se le consultó al respecto y ella respondió tener bachillerato completo. El 22 de setiembre de 2023 se le preguntó: “Buenas tardes Carolina, me comunico de la consultora SomosJob por el puesto de agente de campo para San José. Es requisito tener bachillerato completo y libreta de conducir vigente. Si contás con estos requisitos y te interesa la propuesta te amplío más información”. A lo que la Sra. Gutiérrez contesta: “Hola cómo estás. Si tengo bachillerato completo. Y libreta g2” (mensajes no desconocidos; véase que la fecha del mensaje es la que la actora en la demanda dice le notificaron que había sido seleccionada: 22 de setiembre de 2023). Sin embargo no era cierto que tuviera bachillerato completo. En la presentación para el llamado, en su curriculum vitae, ocurre otro tanto. En “estudios cursados” la actora consignó: “Bachillerato (Liceo Nº 1 Alfonso Espínola). Administración de empresas (UTU María Espínola)” (fs. 369v), sin aclarar que no estaban culminados o eran “incompletos” o “cursando”, y acompañó solo escolaridad de ANEP – DGETP, de la que resulta que no había culminado la orientación Administración (fs. 373v/374). Con la demanda agregó su escolaridad de Enseñanza Secundaria de la que también resulta que no culminó el bachillerato respectivo (fs. 30/31). Implícitamente incluso lo reconoce al sostener en la demanda que lo que se requería para el puesto era ciclo básico, lo que como se vio no era así, y ella inequívocamente lo sabía porque se le preguntó de forma expresa por el bachillerato completo -indicándole que era un requisito- y respondió que si lo tenía. Entonces, al advertir las codemandadas el incumplimiento del requisito, y no solo ello, sino que la actora había faltado a la verdad al respecto, es claro que la rescisión del contrato de trabajo para la prestación de servicios temporarios, aún ocurrida luego de una sola jornada laboral (al final del 31 de octubre de 2023), se encontraba justificada (justa causa art. 1839 CC) y habilitada también por la previsión contractual de rescisión dentro del periodo de prueba (cláusula quinta, fs. 10), pues evidentemente se constató una circunstancia (o dos: no reunir el requisito excluyente exigido y haber faltado a la verdad) que por si misma demuestra inidoneidad para y en el puesto, no requiriéndose otra evaluación adicional para poder entender ya en ese momento no superada la prueba y ejercer el derecho de receso unilateral previsto. Los perjuicios alegados por la accionante resultado de la rescisión operada, no son atribuibles a las demandadas, que actuaron lícitamente, sino en todo caso a la misma trabajadora que por lo analizado no ajustó su conducta en la etapa precontractual y contractual al principio de buena fe. Así señala la Prof. Mangarelli que el principio de buena fe no solo aplica en la ejecución del contrato de trabajo, sino también en la etapa precontractual y luego de finalizada la relación laboral. En la etapa precontractual, desde el trabajador, ejemplifica como ajuste de su conducta a dicho principio, el brindar datos verídicos (La buena fe en el derecho del trabajo, en rev. Derecho Laboral, nº 234, p. 317, en particular p. 326; puede verse asimismo del Prof. Mario Garmedia: El periodo pre-contractual laboral, en rev. Derecho Laboral, nº 228, p. 811, en particular p. 834). En igual sentido lo explica la Dra. Leticia Iglesias en su libro “El Principio de la buena fe en el Derecho del Trabajo”, cuando dice: “la opinión general de los autores es que en las relaciones previas a la celebración del contrato las partes deben actuar de acuerdo con los principios de buena fe, por eso ambas deben dirigirse con particular transparencia con relación a los aspectos de identificación de objetivos que se proponen alcanzar con la celebración del contrato… la parte a quien se requiere, debe proporcionar, de buena fe y con lealtad, los elementos que permitan formar un juicio respecto a su personalidad y capacidad técnica relacionada con la función que se quiere cubrir” Ed. Temis, págs 92-93. En este contexto contraría manifiestamente el principio de buena fe la tergiversación que realizó la trabajadora al afirmar que cumplía con el requisito del bachillerato completo, lo que ha quedado demostrado no es así. III) Lo analizado determina la innecesariedad de la consideración y/o conlleva por iguales fundamentos la desestimatoria de los demás agravios planteados por las partes. IV) La conducta procesal en la instancia ha sido correcta, por lo que las costas y costos corresponden en el orden causado (arts. 56 y 261 CGP, art. 688 CC). Por los fundamentos expuestos, el Tribunal FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO EN CUANTO A LAS CONDENAS QUE ESTABLECE, EN LO QUE SE REVOCA, ABSOLVIENDO A LAS DEMANDADAS DE LAS MISMAS. COSTAS Y COSTOS EN EL ORDEN CAUSADO. NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE. Dr. José Pedro Rodríguez Pereyra. Ministro. Dra. Silvana Gianero Demarco. Ministra. Dra. Verónica Scavone Bernadet. Ministra. Esc. Ana Cecilia Lerena. Secretaria Letrada.