Texto de la sentencia
VISTOS:
Para sentencia definitiva de segunda instancia en estos autos caratulados “AA c/ BB y otro-Pensión Alimenticia Subsidiaria-Recurso de Apelación”, IUE: 2-56716/2023, venidos a conocimiento de este Tribunal atento al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva N° 215/2024 de fecha 9 de diciembre de 2024, dictada por la Dra. Adriana De Aziz Foliadoso, Juez Letrado de Primera Instancia de Familia de 15° Turno.
RESULTANDO:
1.- Por sentencia definitiva de primera instancia el A quo falló:
“Amparando en forma parcial la demanda impetrada en autos y en su mérito condenando a BB y a CC a servir a su menor nieta DD por concepto de pensión alimenticia subsidiaria la suma equivalente al 14% de los haberes jubilatorios que cada uno percibe (nominales menos descuentos legales), desde la fecha de la demanda...”.
2.- A fs. 189 y ss. compareció la parte demandada e interpuso recurso de apelación contra la impugnada.
En síntesis, manifestó que la A quo valoró de forma incorrecta la probanza de autos, sin considerar que los gastos de la niña no son cubiertos en forma exclusiva por su madre, sino que el padre asume una importante cantidad de gastos de la beneficiario, lo que fue debidamente probado.
Como expresaron al momento de contestar la demanda y según surge del expediente acordonado IUE 56-132/2023, el padre de la niña cubre muchos de sus gastos, quien si bien no abona un dinero de forma mensual, si cubre muchas de las necesidades de la niña, por lo que no corresponde obligar a los abuelos al pago de un servicio pensionario.
Los testigos que declararon en autos fueron contestes en asegurar que los demandados viven de forma sencilla, lo que hace suponer que su situación económica es ajustada. Asimismo, la testigo EE declaró que la niña pasa tres días a la semana con su progenitor, quien cubre todos sus gastos.
Las pensiones alimenticias subsidiarias corresponden cuando el obligado principal no sirve la pensión o la que sirve es insuficiente, lo cual no es el caso de autos. Asimismo, todos los ingresos de los demandados provienen de sus jubilaciones, y tienen problemas de salud que conllevan a un excesivo gasto de medicamentos, además de tener que abonar todos los gastos de su vivienda, alimentación, vestimenta, entre otros.
En relación al monto de los alimentos fijados, debe tenerse en cuenta que la obligación alimentaria de los abuelos es sobre los alimentos necesarios y no los congruos, por lo que el porcentaje dispuesto excede el concepto de alimentos necesarios, debiendo en su caso ser fijada en el 10% de los haberes jubilatorios de los demandados.
3.- Sustanciado el recurso por auto N° 272/2025 a fs. 197, el mismo fue evacuado por la parte actora en los términos que surgen a fs. 199 y ss.
Manifestó que la sentencia recurrida realizó una adecuada valoración de la prueba y de la situación planteada en autos, ya que las alegaciones planteadas en el recurso no coinciden con la prueba diligenciada ni con la realidad actual.
No puede afirmar la contraria que el progenitor de la niña cubre una parte importante de sus gastos, ya que no surge prueba alguna de ello, ni del caso de autos ni de los expedientes acordonados.
Tampoco es cierto que los demandados vivan en condiciones modestas, ya que si bien es cierto que no realizan viajes al exterior, ambos cuentan con dos propiedades, vehículo y tienen ingresos fijos.
4.- Por resolución N° 787/2025 de fecha 5/3/2025, la Sra. Jueza A quo franqueó el recurso de apelación interpuesto con efecto suspensivo.
5.- Recibidos los autos en este Tribunal se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros por su orden y cumplido con el Acuerdo se procede al dictado del presente.
CONSIDERANDO:
1.- Este Tribunal, con el voto unánime de sus integrantes confirmará la sentencia definitiva dictada en primera instancia, por los fundamentos que se pasan a exponer.
2.- A fs. 23 y ss. compareció la Sra. AA en representación de su hija DD, nacida el 4/1/2014 (según doc. de fs.1) a promover proceso de pensión alimenticia subsidiaria contra los abuelos paternos, los Sres. BB y CC.
Expresó que el padre de la niña, el obligado principal, no cumple con el servicio pensionario, lo que justifica la presente acción contra los abuelos paternos.
Respecto a las necesidades de la niña, afirmó que tiene las propias de su edad, sumado al pago de una niñera por la suma de $12.000, maestra particular cuyo costo asciende a la suma de $600 y gimnasio con un costo mensual de $1.300.
La compareciente expresó que trabaja como moza en FF, aunque próximamente se encontrará amparada por el seguro de desempleo. Por su trabajo como moza, percibe la suma de $17.000 más $8.000 por concepto de propinas.
En cuanto a la capacidad contributiva de los demandados, señaló que tienen ingresos provenientes de sus jubilaciones, además de ser propietarios de tres inmuebles.
3.- Conferido el traslado de la demanda, comparecieron los demandados a fs. 74 y ss., señalando que el obligado principal abona diversos gastos de la niña, tales como psicólogo, la actividad física que realiza, le compra ropa y cubre todas sus necesidades los 3 días a la semana que está bajo su cuidado, por lo que es evidente que no existe omisión alguna por parte del padre de DD.
Afirmaron que sus jubilaciones son sus únicos ingresos para cubrir todos sus gastos, así como los medicamentos que toman a diario debido a su avanzada edad. Evidentemente, su situación económica no les permite afrontar el pago de una pensión alimenticia, máxime cuando el padre de DD se encuentra cumpliendo con sus obligaciones.
4.- En la audiencia de precepto celebrada el 21/8/2024 (fs. 115), el objeto del proceso quedó fijado en los siguientes términos: “determinar si corresponde hacer lugar a la demanda de Pensión Alimenticia Subsidiaria promovida por la Sra. AA respecto de su menor hija DD c/ los Sres. BB y CC abuelos paternos”.
5.- El artículo 51 del CNA establece que los obligados alimentarios principales son los padres y continúa diciendo: “...Para el caso de imposibilidad o insuficiencia del servicio pensionario, se prestarán subsidiariamente de acuerdo al siguiente orden:
Los ascendientes más próximos, con preferencia los del progenitor obligado...”.
Se trata de una obligación alimentaria subsidiaria que requiere, además de evaluar las necesidades del beneficiario y las posibilidades económicas del obligado, que se presente el presupuesto de procedibilidad dado por la “imposibilidad o insuficiencia del servicio alimentario” servido por el obligado principal.
Emerge acreditado en autos mediante las partidas de estado civil de fs.1, 33 y 34 que los demandados Sres. BB y CC son los abuelos paternos de DD.
Del expediente acordonado, IUE 2-36147/2017, surge que la parte actora y el Sr. GG, obligado principal, arribaron a un acuerdo respecto a la pensión alimenticia de su hija, por la cual el Sr. GG se obligaba a abonar de forma mensual la suma de $13.500 (fs. 20). Dicho acuerdo fue homologado por auto N° 4748/2017.
Asimismo, se desprende de estos autos y de los expedientes acordonados IUE 2-36147/2017 y 56-38/2023, que el obligado principal incumplió el servicio pensionario en reiteradas ocasiones.
6.- De la prueba documental incorporada en autos, surge que los demandados perciben ingresos por sus jubilaciones de $29.212 y de $47.888, y que la actora trabaja actualmente para la empresa HH, percibiendo una remuneración mensual variable, aunque a fs. 100 se adjuntó recibo de sueldo correspondiente a mayo de 2024.
Los testigos de la actora (fs. 116 a 123) fueron contestes en señalar que la niña es sana, se atiende en la Asociación Española y concurre a psicólogo, vive en una vivienda alquilada con su madre y su hermano y que el padre no abona la pensión alimenticia.
Declaró la niñera de DD, la Sra. II, quien expresó cobrar $600 al día y que los cuida cuando la actora lo necesita.
Respecto a los testigos de los demandados, EE (pareja del obligado principal) declaró que el padre de DD no le pasa pensión alimenticia (fs. 124) y que cuando visita al padre los fines de semana se le compra ropa nueva y alimentos, además de otros gastos.
A fs. 125 declaró la Sra. JJ, psicóloga de la niña, manifestó que generalmente el padre abona las sesiones a las que concurre DD, siendo cada sesión de $800 y llevando a la niña una o dos veces al mes.
7.- La Sala entiende como acreditado que el padre de la niña no da cumplimiento al servicio pensionario por el que se ha obligado. El hecho de que abone voluntariamente gastos de su hija no se sustituye el cumplimiento del pago de la pensión acordada.
Ha de destacarse que la madre como administradora debe saber con el dinero que cuenta mensualmente para su hija a fin de prever el pago de sus gastos y racionalizar el dinero a efectos de cubrir las necesidades de su hija.
El padre por su parte, está en su derecho de abonar todo lo que considere necesario para su hija, pero como parte de su responsabilidad de tal y sin que ello signifique mutar la pensión mensual estipulada.
Así las cosas, resultando acreditado que, si bien el progenitor abona gastos de su hija, no cumple con el pago de la pensión alimenticia, resulta configurado el presupuesto de la pensión alimenticia subsidiaria a cargo de sus abuelos.
Como ya ha dicho esta Sala, se afilia a un concepto amplio de incumplimiento por el obligado principal para que opere la pensión subsidiaria.
Es pertinente recordar que el derecho alimentario es un derecho humano esencial, por lo que merece la máxima protección legal y judicial, especialmente cuando su titular es una persona vulnerable, como ser un niño, niña o adolescente que carece de la posibilidad de satisfacer sus necesidades por sí mismo.
En ese marco, la obligación alimentaria entre las personas con vínculo de parentesco -como en el caso, nietos y abuelos- tiene como fundamento el principio de solidaridad familiar.
Dicha obligación no nace por sí, como es el caso de los progenitores, sino que lo hace ante la imposibilidad o insuficiencia de éstos, es decir dentro de la regla de la subsidiariedad.
Sin lugar a dudas que en los casos en que las niñas, niños y adolescentes requieran de alimentos por parte de sus abuelos, muchas veces se presenta una tensión entre el interés superior del niños y los derechos de los adultos mayores, por lo que cabe buscar un equilibrio, una decisión equitativa que contemple las circunstancias especiales y concretas, en protección de los derechos de ambos grupos, que en muchos casos se presentan como vulnerables (consideraciones conforme a “La obligación alimentaria de los abuelos”-T.Dillón y M.S. Pennise-en “Alimentos”-Dir. Gallo, Gonzalo y Quadri, Gabriel.T.I, Ed. La Ley, págs.353 y ss.).
8.- Respecto al quantum de la pensión alimenticia debe fijarse de acuerdo a un criterio de proporcionalidad y razonabilidad para el caso concreto.
Ahora bien, sobre las posibilidades de los demandados, surge del informe de BPS que el Sr. BB percibe una jubilación por la suma líquida de $29.212 (fs. 136) y la Sra. CC una jubilación nominal de $47.888 (fs. 159).
Por otra parte, los demandados no probaron que se encuentren en una situación económica comprometida ni gastos extraordinarios.
Es en ese contexto que el Colegiado considera como proporcional y razonable la pensión alimenticia fijada en la atacada, teniendo especialmente en cuenta que el servicio pensionario a servirse por el obligado subsidiario no es equiparable al de los deudores principales, debiendo evaluarse en el caso concreto si su situación económica le permite servir los alimentos necesarios para la sustentación de sus nietos menores de edad.
Pues bien, partiendo del ingreso líquido de los demandados, la pensión alimenticia del 14% es ajustada en tanto corresponde a $10.794, suma por nada desproporcionada, en tanto necesaria para DD y pasible de ser abonada por sus abuelos .
9.- No se aprecian razones para especiales condenas en el grado (arts. 688 del Código Civil y 56 del Código General del Proceso).
Por los fundamentos expuestos el Tribunal
FALLA:
Confírmase la sentencia definitiva dictada en autos.
Sin especial condena en el grado.
Notifíquese y oportunamente devuélvase a la sede de origen.
Dra. María Helena Mainard García - Ministra.
Dr. Gustavo Nicastro Seoane - Ministro.
Dra. María Noel Tonarelli de Pena - Ministra (r).
Dra. Ma Catalina Elhordoy – Secretaria Letrada.
Fuente: Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial. Los nombres de las partes figuran anonimizados en el original.