Sentencia Definitiva N° 197/2025

SENTENCIA DEFINITIVA Nº197/2025 TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 2º TURNO. MINISTRA REDACTORA: DRA. VERÓNICA SCAVONE BERNADET MINISTROS FIRMANTES: DRA. VERÓNICA SCAVONE BERNADET, DR. JOSÉ PEDRO RODRÍGUEZ PEREYRA, DRA. SILVANA GIANERO DEMARCO. Montevideo, 17 de septiembre de 2025. VISTOS EN EL ACUERDO: Estos autos caratulados “PIZANO FREIJE, ENRIQUE C/ VOLGELSANG SCAUSS, RUTH Y OTROS - PROCESO LABORAL ORDINARIO LEY 18.572, RECURSO TRIBUNAL COLEGIADO” I.U.E. 2-18719/2024, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia Definitiva Nº4/2025 de 5 de marzo de 2025, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Atlántida de 3º Turno, Dr. Federico Soler Casella. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la Sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente. 2) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia Nº4/2025 (fs. 156), dictada el 5 de marzo de 2025, se dispuso “Amparase las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva opuestas por los codemandados Asociación Civil Entre Musas y Realidades y sus autoridades Ruth Volgelsang Scauss, Daniel Carnales López y Carla Valeria Castro López y en su mérito desestímase la demanda movilizada, sin sanciones procesales en el grado. Notifíquese personalmente.” 3) La parte actora interpuso recurso de apelación contra la Sentencia Definitiva dictada, agraviándose en cuanto ampara las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva opuestas por los codemandados, realizando una errónea calificación de la naturaleza de la relación laboral, solicitando sea revocada (fs. 169 a 170 vto.). 4) Por Decreto Nº62/2025 de fecha 19 de marzo de 2025 se otorgó traslado del recurso de apelación interpuesto a la parte demandada, quien lo evacuó de fs. 174 a 176, abogando por la confirmatoria. 5)Por auto Nº97/2025 de fecha 7 de abril de 2025 se franqueó la alzada (fs. 177). Recibidos los autos por el Tribunal, se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros y Acuerdo (fs. 188). CONSIDERANDO: I) La Sala, por la voluntad unánime de sus integrantes naturales, adopta decisión confirmatoria de la del grado anterior, de acuerdo a los siguientes fundamentos. II) El caso sometido a decisión. Enrique Raúl Pizano Freije promueve demanda laboral contra ASOCIACIÓN CIVIL ENTRE MUSAS Y REALIDADES y sus autoridades Ruth Volgelsang Scauss, Daniel Carnales López y Carla Valeria Castro López. Indica que fue socio activo de la Asociación demandada desde el año 2019 teniendo el rol de Fiscal. En su rol denunció varias irregularidades que fueron presentadas por escrito en la Asamblea. Desde el 2 de enero de 2020 fue contratado por la Asociación como Sereno, tarea que realizaba en forma ininterrumpida hasta el 28 de febrero de 2023 fecha en la que fue despedido. Reclama diversos rubros de naturaleza salarial e indemnizatorios. Los demandados en lo que aquí interesa, cuestionan su legitimación pasiva y la existencia de relación laboral, invocando la figura del arrendamiento de servicios. Expresan que se trata de una Asociación civil sin fines de lucro que nuclea a artesanos que exponen en la feria Paseo Don Pedro de Figari en Atlántida. Contrataron a la empresa “Enrique Pizano Freije” para que los proveyera de seguridad. III) Apelación del Decreto No. 269/2024 que rechaza medio probatorio en audiencia única. El agravio no resulta fundado. Ante el rechazo de prueba documental (conversaciones entre el actor y los codemandados agregados a fs. 3/4) por no ser agregadas en debida forma arts. 72. 1 y 165 CGP, el apelante anuncia en audiencia recurso de apelación. Por Decreto 270/2024 se dispuso: “Asimismo téngase por anunciado el recurso de apelación por la parte actora” Con posterioridad presenta escrito a fs. 126/127 interponiendo el recurso que anunciara. La Sede a quo por Decreto No. 280/2024 lo tuvo por interpuesto, pero entendió que no correspondió sustanciarlo atento al efecto diferido del recurso, a la sentencia definitiva. Pues bien al interponer recurso contra la sentencia definitiva el recurrente nada indicó sobre ésta comparecencia y se limita solamente a manifestar que la probanza era pertinente y habría servido para ilustrar a la Sede el verdadero motivo de despido y expulsión de la Asociación. Más allá de la inconducencia e innecesariedad de la prueba atento a lo que se analizará en el próximo Considerando, así como del criterio de ésta Sala en cuanto a la innecesariedad de presentar capturas de pantalla protocolizadas, en tanto se trata de prueba electrónica, advierte el Tribunal que el apelante omitió fundamentar su recurso en la oportunidad que correspondía, esto es cuando presentó la apelación respecto de la sentencia definitiva (art. 251 num.3 del C.G.P., art. 31 Ley 18572), para su correcta sustanciación. Por lo tanto su escueta referencia a la pertinencia, no cuestiona los fundamentos de la recurrida, debiendo tenérselo por desistido (art. 253.1 del C.G.P.). IV) Naturaleza de la relación Cuestiona el apelante que la recurrida realiza una errónea calificación de la naturaleza de la relación que unió a las partes, calificando la vinculación como un contrato de servicios. La sentencia apelada fundó la desestimatoria de lo pretendido en: a) forma y periodicidad de la retribución con carácter puntual y bimensual o zafral; b) documentación de los pagos (facturación por parte del actor) y entrega de presupuesto por los servicios de vigilancia: c) inexistencia de poder de dirección, organización, control y aún disciplinario; d) durabilidad del vínculo que culmina cuando el presupuesto de vigilancia no le fuera aceptado, y e) falta de reclamo de rubros salariales (aguinaldo, licencia, y salario vacacional) por parte del período que afirma haber sido trabajador dependiente (años 2021 y 2022) (fs. 163/165). Pues bien, en cuanto a si ha quedado acreditada la relación laboral, la respuesta debe ser la negativa en consonancia con lo resuelto en la instancia anterior, en tanto el actor no logró probar la naturaleza del vínculo que invocó, como era su carga. Como hemos dicho en otros pronunciamientos “Los elementos esenciales que deben reunirse para que exista contrato de trabajo son: actividad personal (carácter intuito personae), bajo órdenes (subordinación), remunerada (onerosidad) y que se prolonga en el tiempo (continuidad). Algunos autores agregan la ajenidad a ésta tríada de elementos, aunque la misma –criterio útil para distinguir el contrato de trabajo de otros vínculos- puede inclurise en la subordinación u onerosidad. Si falta alguno de éstos elementos no se tratará de un contrato de trabajo sino de otra forma jurídica. En nuestro país no hay una norma específica que defina la relación laboral. La jurisprudencia nacional de manera cada vez mayor, recurre a instrumentos internacionales que aporten algunos elementos en este sentido, tales como la Recomendación No. 198 sobre la Relación de Trabajo del año 2006. Señala la Recomendación que la existencia de relación de trabajo debe determinarse principalmente por los “hechos relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador”. Es decir postula que para determinar la existencia de la relación laboral debe considerarse la realidad, mas que el acuerdo de partes, criterio ya propugnado por el Prof. Plá. A continuación enumera una serie de indicios no taxativos para determinar la existencia de relación laboral. Así refiere: el hecho que el trabajo se realice según las instrucciones y bajo el control de otra persona; que el mismo implica la integración del trabajador en la organización de la empresa; que es efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona; que debe ser ejecutado personalmente por el trabajador, dentro de un horario determinado, o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de cierta duración y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del trabajador, que implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona que requiere el trabajo, y que se paga una remuneración periódica al trabajador la que constituye la única o la principal fuente de ingresos del trabajador; que incluye pagos en especie tales como alimentación, vivienda, transporte, u otros; que se reconocen derechos como el descanso semanal y las vacaciones anuales; que la parte que solicita el trabajo paga los viajes que ha de emprender el trabajador para ejecutar su trabajo; el hecho de que no existen riesgos financieros para el trabajador. En el art. 13 de la Recomendación se hace referencia a todos los elementos que han definido desde siempre la relación de trabajo: actividad personal, subordinada, por cuenta ajena, remunerada y con cierta duración. Si bien son mencionados como indicios en la Recomendación, algunos son en rigor elementos esenciales del contrato como ya viéramos, requiriéndose la presencia de todos ellos para estar en presencia de una relación laboral (trabajo personal, subordinado, por cuenta ajena, oneroso con cierta duración) (Mangarelli, Cristina “Contrato de trabajo. Derechos y Obligaciones de las partes p. 33).” Es a partir de éste marco teórico y a la luz del límite que marcan los agravios, que la Sala analiza los hechos que se encuentran probados en el expediente, así como su subsunción en los conceptos teóricos que acabamos de expresar. La crítica del apelante contiene una primera parte que no supera el control liminar de fundabilidad en tanto se extiende en consideraciones que no son mas que disconformidades frente a lo resuelto, sin respaldo probatorio que avale su postura. Una segunda parte refiere a la valoración de la prueba testimonial (testigos Urribari y Ortiz), pero las consideraciones que realza no conmueven lo resuelto. El testigo Urribari declaró a fs. 113/114 que el actor prestaba tareas de sereno, que el servicio es sólo dos meses de feria , que la Asociación no le daba directivas , que en alguna ocasión que tuvo un accidente fue suplantado por la señora, que le pagaban un precio por el servicio, que el señor tenía un contrato. Agrega que uno de los elementos para elegirlo era que él (en referencia al actor) tenía monotributo: “el tenía una empresa, y los otros muchachos que se propusieron como serenos no tenían los documentos necesarios“. Obsérvese que frente a lo resuelto, el apelante cuestiona la valoración de éste testimonio porque la Asociación no presentó ningún contrato, y porque de las facturas agregadas surge que no es una empresa unipersonal, sino una empresa Monotributo social Mides y por lo tanto no puede tener empleados. Agrega que no se valoró tampoco la inexistencia de elementos que demuestren infraestructura, organización empresarial, o autonomía económica. Pues bien, los escasos elementos que enumera no permiten arribar a conclusión disímil a la de la instancia anterior. Surge documentalmente probado que el actor presentaba presupuesto para brindar servicios de vigilancia en el período estival de enero a febrero (fs. 37), que extendía facturas para cobrar su servicios, que estaba inscripto en el RUT DGI (fs. 26) y en el BPS (fs. 25). El hecho que tuviera una empresa “monotributo social MIDES” comprendido en la Ley 18874 no determina que se trate de una relación encubierta y no cambia el hecho que el actor era monotributista y titular de una unipersonal que podía prestar servicios. En cuanto a la testigo Ortíz sólo se alude a las raoznes que ésta invocara sobre porque dejó de prestar el servicio, refiriendo a los documentos probatorios que fueron rechazados. Ese elemento podría tener virtualidad en caso que se entendiera configurara la relación laboral, pero no cuando lo que estamos analizando es la naturaleza del vínculo. Pero además lo que justamente dice la testigo es que se lo dejó de contratar porque la Asamblea no aprobó el último presupuesto, mecánica que se ajusta al arrendamiento de servicios. Por otra parte no hay a lo largo del expediente ni un solo atisbo que la demandada ejerciera algún tipo de subordinación jurídica respecto del actor, esto es que le impartiera órdenes o directivas, elemento fundamental para determinar si efectivamente éste prestó o nos sus servicios bajo una relación de trabajo dependiente. En definitiva, el cúmulo de la prueba diligenciada permite concluir sin atisbos de duda que el Sr. Enrique Pizano prestó servicios a los demandados de forma autónoma. La decisión a la que se arriba determina que sea innecesario analizar el agravio sobre el amparo de la falta de legitimación pasiva de las autoridades de la Asociación. V) La conducta procesal de las partes en la instancia ha sido correcta, por lo que las costas y costos corresponden en el orden causado (arts. 56 y 261 CGP, art. 688 CC). Por los fundamentos expuestos, el Tribunal FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA. COSTAS Y COSTOS EN EL ORDEN CAUSADO. HF PARTE DEMANDADA 5 BPC. NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE. Dr. José Pedro Rodríguez Pereyra. Ministro. Dra. Silvana Gianero Demarco. Ministra. Dra. Verónica Scavone Bernadet. Ministra. Esc. Ana Cecilia Lerena. Secretaria Letrada.