Sentencia Interlocutoria N° 971/2025

MINISTRO REDACTOR: DR. GUSTAVO NICASTRO MINISTROS FIRMANTES: DRES. MARÍA NOEL TONARELLI, MARÍA HELENA MAINARD Y GUSTAVO NICASTRO VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia este expediente caratulado “FUSARI, ANALÍA Y OTROS. OBSERVACIÓN AL INVENTARIO ACORD. 2-99422/2023. RECURSO DE APELACIÓN TAF 3°”, I.U.E. 49-130/2024, venido a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria N° 7921/2024, dictada por el Sr. Juez Letrado de Familia de 11° Turno, Dr. Juan Ignacio March Durán. RESULTANDO: I) Por sentencia interlocutoria No 7921 del 20 de diciembre de 2024, el Sr. Juez Letrado de Familia de 11° Turno resolvió: “Atento a la incomparecencia de la parte actora de autos y de conformidad del art. 340.2 del CGP, téngase a la parte actora por desistida de la presente pretensión”. II) La Dra. Claudia Fraga, en representación de la parte actora, compareció en tiempo y forma a fundamentar el recurso de apelación que anunció en audiencia contra la sentencia interlocutoria N° 7921/2024. Expresó que es un hecho que sus representantes se encuentran fuera del país (viven en distintas zonas de España), lo que, en adición a otras dificultades que se les presentaron, les imposibilitó otorgar oportunamente un poder para pleitos, por lo que existe una clara fuerza mayor que justifica su incomparecencia personal. Añadió que las observaciones que realizaron se hicieron en mérito a la existencia de bienes que no fueron agregados al inventario, esto debido a la mala fe de la contraria. Según la recurrente, tener a los actores por desistidos de su pretensión, cuando, en los hechos, corresponde incluir dicho bien, ocasiona perjuicios indubitables y vulnera los principios del debido proceso, en el entendido de que, estando en el extranjero, la única alternativa posible fue comparecer primeramente mediante la presentación del escrito de observaciones y luego tramitar un poder para pleitos, el cual se encuentra en proceso. Sostuvo que la Constitución y el Código General del Proceso garantizan el derecho a una defensa efectiva, y se afecta de manera irreversible el ejercicio de ese derecho al declarar a la parte actora desistida de la pretensión sin concederle un plazo razonable para la subsanación del defecto formal. III) Por decreto N° 291/2025, se confirió traslado del recurso interpuesto, el cual fue evacuado por la parte demandada, quien abogó por su rechazo. IV) Por decreto N° 1410/2025 se franqueó el recurso de apelación interpuesto, con efecto suspensivo. Una vez recibido el expediente en este Tribunal de Apelaciones, se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros por su orden, al término del cual se acordó sentencia en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO: I) El Tribunal, por unanimidad y con la integración del Ministro de Tribunal de Apelaciones Suplente que redacta la presente resolución (art. 63 de la ley 15.750, en la redacción dada por el art. 237 de la ley 18.834), desestimará el recurso de apelación interpuesto, por los siguientes fundamentos. II) A la audiencia que se realizó el 20 de diciembre de 2024, compareció la Dra. Claudia Fraga por la parte actora incidental, que está integrada por los Sres. Lourdes, Juan y Marcelo Fusari. En dicha audiencia, se dictó la sentencia interlocutoria impugnada, por la cual el Sr. Juez a quo tuvo a la parte actora por desistida de su pretensión en atención a su incomparecencia. En la impugnación en análisis, la Dra. Fraga expresó que es un hecho que sus representados se encuentran fuera del país (en distintas zonas de España), motivo que imposibilitó la obtención de un poder para pleitos. El Tribunal entiende que la decisión del Sr. Juez a quo de tener a los actores del incidente de observaciones al inventario por desistidos de su pretensión debido a su inasistencia no justificada a la audiencia que se realizó el 20 de diciembre de 2024 (acta a fs. 38- 39) es inobjetable. En el caso, es de aplicación la estructura del proceso incidental. Y el art. 321 del C.G.P. dispone en su inciso final que: “La incomparecencia de las partes a la audiencia determinará la aplicación del artículo 340”. Es sabido que el art. 340 de dicho cuerpo normativo impone la comparecencia personal de las partes a la audiencia preliminar “salvo motivo fundado, a juicio del Tribunal, que justifique la comparecencia por representante”. Ante la resolución que declara el desistimiento de la pretensión como consecuencia de la incomparecencia del actor, la norma le otorga a éste la posibilidad de justificar su incomparecencia por medio de los recursos de reposición y de apelación con efecto suspensivo. En el caso en estudio, la representante impugnante, al apelar, no justificó la incomparecencia de sus patrocinados en la forma en que impone la ley, sino que se limitó a expresar que los actores viven en diferentes zonas de España y que se les dificultó conferir el poder. Corresponde poner de relieve que la pretensión incidental de observaciones al inventario fue presentada por la Dra. Claudia Fraga, en representación de los Sres. Lourdes, Juan y Marcelo Fusari (representación del art. 44 del C.G.P.), el 27 de setiembre de 2024 (nota de cargo a fs. 3 de la presente pieza). Antes de eso, los referidos Sres. Fusari se presentaron por sí en el expediente principal a invocar su calidad de herederos y a aceptar la herencia bajo beneficio de inventario el 29 de julio de 2024 (nota de cargo a fs. 40 vto. de dicho expediente), oportunidad en la cual le otorgaron a la Dra. Claudia Fraga la representación prevista en el art. 44 del C.G.P. (segundo otrosí dice a fs. 40 del principal). Luego de contestada la demanda incidental por parte del representante de los Sres. Inés, Alicia y Richard Fusari (fs. 19-24 vto. de esta pieza), el Sr. Juez a quo, por decreto N° 7006 del 14 de noviembre de 2024, convocó a las partes a audiencia para el 21 de noviembre de 2024 a las 15 horas (fs. 26). El 18 de noviembre se presentó la Dra. Claudia Fraga y solicitó que se prorrogara la audiencia señalada, invocando que esa audiencia le coincidía con otra audiencia a la que tenía que asistir (fs. 32). El Sr. Juez hizo lugar a dicha solicitud y, en su mérito, prorrogó la audiencia, fijándola para el 20 de diciembre de 2024 a las 10 horas (decreto N° 7116 del 19 de noviembre de 2024, fs. 33). Los Sres. Analía, Juan y Marcelo Fusari no comparecieron a dicha audiencia. Según la recurrente (representante de los mencionados Sres. Fusari), sus patrocinados viven en distintas zonas de España y no pudieron otorgar oportunamente un poder para pleitos (fs. 40). Pero no surge probado en el expediente que los Sres. Analía, Juan y Marcelo Fusari residan en el extranjero. Ello no fue invocado en su primera comparecencia, oportunidad en la cual comparecieron por sí (fs. 39-40 del principal), ni surge consignado en el acta de audiencia en cuestión (fs. 38-39 de esta pieza). El Tribunal, como sostuvo en su sentencia interlocutoria N° 558/2024 (publicada en la Base de Jurisprudencia Nacional Jaime Zudáñez), entiende que la circunstancia planteada en el recurso en análisis –residir en el exterior- encarta en la noción de motivo fundado que habría habilitado a los Sres. Lourdes, Juan y Marcelo Fusari a comparecer a la audiencia por medio de representante (art. 340.1 inc. 1 del C.G.P., aplicable por disposición del art. 321.2 inc. 4 de dicho código). Pero la comparecencia a la audiencia en cuestión por medio de representante requería poder para pleitos otorgado en los términos que dispone el art. 38 del C.G.P., es decir conferido a abogado o procurador por escritura pública. Por tal razón, no hubo representación conferida en legal forma que habilitara a los actores a comparecer por representante a la mencionada audiencia. La representante de los Sres. Fusari sostuvo en el recurso en análisis que el no otorgamiento oportuno de un poder para pleitos les supuso a sus clientes “una clara fuerza mayor que justifica la incomparecencia personal” (fs. 40). Pero tal circunstancia, evidentemente, no puede considerarse una hipótesis de fuerza mayor, con las notas de imprevisibilidad e irresistibilidad que la caracterizan. Es más, cabe entender que la letrada patrocinante y sus clientes ya sabían días antes de la celebración de la audiencia que la abogada no contaría con poder para pleitos y que estos no podrían asistir personalmente, lo que descarta la nota de imprevisibilidad que caracteriza al caso fortuito o a la fuerza mayor necesarios para que el tribunal pueda diferir la audiencia por una sola vez (art. 340.1 inc. 4 del C.G.P.). En otras palabras, no se trató de una hipótesis de fuerza mayor, por la que, en general, se entienden aquellas razones de carácter imprevisto y repentino que impiden la concurrencia a audiencia sin la posibilidad de su previa acreditación (cf. sentencia interlocutoria N° 202/2023 del T.A.C. 4°, publicada en la Base de Jurisprudencia Nacional Jaime Zudáñez). Ahora bien, de lo que no cabe ninguna duda es de que el motivo fundado para exonerar de comparecencia personal a la parte actora a la audiencia preliminar o la razón de fuerza mayor que la habilita a solicitar que se difiera la audiencia preliminar deben ser invocados y acreditados con antelación a la fecha de celebración de la audiencia cuando la circunstancia de que se trata ha sido conocida previamente por la parte (cf. Tarigo, Enrique, “La carga de la asistencia personal de las partes a las audiencias del proceso”, en VIII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, Editorial Universidad, La Paloma, Rocha, 19 al 22 de abril de 1995, pág. 203). Como señaló con buen criterio el representante de los Sres. Inés, Alicia y Richard Fusari al evacuar el traslado del recurso en examen, desde que los Sres. Lourdes, Juan y Marcelo Fusari aceptaron la herencia bajo beneficio de inventario (lo hicieron, como se señaló anteriormente, el 29 de julio de 2024) sabían o debían saber (porque debió habérselos advertido su abogada patrocinante) que necesitarían un poder para pleitos si no podían o no querían comparecer personalmente a la audiencia que se celebraría. Por ello, una actitud diligente hubiese determinado no aguardar a la realización de la audiencia para manifestar que no pudieron comparecer personalmente y que no pudieron otorgarle poder para pleitos a su abogada para que los representara en la audiencia. Véase que transcurrieron casi 5 meses entre que aceptaron la herencia bajo beneficio de inventario (29 de julio de 2024) y que se celebró la audiencia en cuestión (20 de diciembre de 2024). De modo que entre la fecha en que suscribieron personalmente su escrito inicial (29 de julio de 2024) y la fecha en que se celebró la audiencia tuvieron tiempo más que suficiente para gestionar un poder para pleitos. Asimismo, si no habían podido otorgarlo, su abogada patrocinante bien pudo haberlo invocado antes de la audiencia y solicitar que se prorrogara, pero no lo hizo. Si bien es verdad que debe aplicarse un criterio flexible para ponderar las causas que pueden invocar las partes para justificar su incomparecencia a la audiencia preliminar (y los integrantes de este Tribunal adhieren a este criterio que han postulado la doctrina y la jurisprudencia desde que entró en vigor el Código General del Proceso), no es menos cierto que eso no significa que se tenga por justificada la incomparecencia de ellas a la audiencia preliminar por cualquier causa ni que se amparen conductas omisivas o negligentes de las partes. Si así fuera, se dejaría al mero arbitrio de ellas la decisión de comparecer o no a la audiencia preliminar, y es sabido que eso no puede tolerarse debido a la trascendencia que el legislador le atribuyó a la asistencia de aquellas a tan importante etapa del proceso (cf. sentencias interlocutorias Nos. 2.465/2019 y 879/2022 de la Suprema Corte de Justicia, la primera publicada en la Base de Jurisprudencia Nacional Jaime Zudáñez y la última publicada en CADE). Cabe entender que los Sres. Lourdes, Juan y Marcelo Fusari contaron con tiempo suficiente para comunicarle a su abogada que no podrían viajar a Uruguay, y ésta, conocedora de que sus clientes vivían en el extranjero, debió haber extremado las precauciones para asegurarse de que o bien podrían asistir personalmente a la audiencia, o bien le otorgaran un poder en forma para que pudiera representarlos en la audiencia de rigor. Por ello, la falta de la debida diligencia impide hacer lugar a la solicitud de justificación de la incomparecencia a la audiencia en cuestión, porque no ha mediado una conducta diligente de la parte inasistente (cf. sentencia interlocutoria N° 163/2021 del T.A.C. 5°, publicada en CADE). III) Finalmente, corresponde expresar que la prueba por informe que solicitó la abogada de los Sres. Lourdes, Juan y Marcelo Fusari a fs. 42 (libramiento de oficio a Migraciones) no resulta procedente. Ello, en la medida en que aun cuando fuera cierto que sus clientes se encontraban fuera del país en la fecha en que se realizó la audiencia, se trata de un motivo que debió invocarse y probarse con antelación suficiente, lo cual, como se señaló anteriormente, no ocurrió. IV) La condena en costas y costos a la parte recurrente perdidosa resulta de precepto en segunda instancia, y el Tribunal no advierte mérito para apartarse de dicha regla (art. 57 inc. 2 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, el Tribunal RESUELVE: Desestímase el recurso de apelación interpuesto por los actores incidentales y, en su mérito, confírmase la sentencia interlocutoria N° 7921/2024, con costas y costos. Notifíquese a domicilio y, oportunamente, devuélvase el expediente al Juzgado de origen, con copia para el Sr. Juez de primera instancia. Dra. María Noel Tonarelli de Pena - Ministra Dra. María Helena Mainard García - Ministra Dr. Gustavo Nicastro Seoane - Ministro (r) Dra. María Catalina Elhordoy Perdomo - Secretaria Letrada