Sentencia Definitiva N° 202/2025

SENTENCIA DEFINITIVA Nº202/2025 TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 2º TURNO. MINISTRA REDACTORA: DRA. SILVANA GIANERO DEMARCO. MINISTROS FIRMANTES: DRA. VERÓNICA SCAVONE BERNADET, DR. JOSÉ PEDRO RODRÍGUEZ PEREYRA, DRA. SILVANA GIANERO DEMARCO. Montevideo, 19 de septiembre de 2025. VISTOS EN EL ACUERDO: Estos autos caratulados “AA C/ LABORATORIOS DISPERT S.A. - DESPIDO ESPECIAL DISSE (ART. 23 LEY 14407), RECURSO TRIBUNAL COLEGIADO” I.U.E. 2-69974/2024, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia Definitiva Nº9/2025 de 2 de abril de 2025, dictada por el Sr. Juez Letrado de Trabajo de la Capital de 9º Turno, Dr. Pablo Raúl Misa Reboledo. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la Sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente. 2) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia Nº9/2025 (fs. 330), dictada el 2 de abril de 2025, se dispuso “Haciendose lugar a la excepción de incompetencia por razón de materia interpuesta por la demandada en referencia al reclamo de la actora por daños y perjuicios por no acceder al seguro de paro. No haciéndose lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la demandada. Condenándose al codemandado Laboratorio Dispert S.A., al pago a la actora AA, de los rubros de: indemnización por despido especial por enfermedad, multa legal (10%) reajustes e intereses, en la suma total de $1.123.705 (pesos uruguayos un millón ciento veintitrés mil setecientos cinco). Desde la exigibilidad al efectivo pago. Menos descuentos legales correspondientes. No haciéndose lugar el reclamo de la actora respecto de: despido abusivo y daños y perjuicios por no acceder al seguro de paro. Costas y costos por su orden. Honorarios fictos 3 Bases de Prestaciones y Contribuciones. Notifíquese la presente Sentencia a las partes en forma electrónica en el día de la fecha (02/04/2025). Consentida o ejecutoriada, oportunamente archívese.” 3) La parte demandada, a través de su representante legal, interpuso recurso de apelación contra la Sentencia Definitiva dictada, agraviándose en cuanto desestima la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por su parte y ampara el reclamo de despido especial por enfermedad, solicitando sea revocada (fs. 362 a 377 vto.). 4) Por Decreto Nº565/2025 de fecha 30 de abril de 2025 se otorgó traslado del recurso de apelación interpuesto a la parte actora, quien lo evacuó de fs. 385 a 389, adhiriendo al recurso de apelación. 5) Por auto Nº675/2025 de fecha 14 de mayo de 2025 no se hizo lugar a la adhesión al recurso de apelación por no corresponder a derecho y se franqueó la alzada (fs. 391). Recibidos los autos por el Tribunal, se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros y Acuerdo (fs. 395). CONSIDERANDO: I) La Sala, por la voluntad unánime de sus integrantes naturales, adopta decisión confirmatoria de la del grado anterior, de acuerdo a los siguientes fundamentos. II) Situación fáctica. Conforme surge de obrados comparece la parte actora expresando en síntesis, que trabajó para la demandada desde el año 2008 hasta el año 2024. Se desempeñaba cumpliendo funciones que consistían en: loteo de mercadería con máquinas para lote, vence de estuche rótulos y frascos, envasado y enfoliado, tareas que implicaban realizar carga de cajas de más de 15 kg de peso y tarrinas de 30 kg. Estuvo certificada por enfermedad del 13/01/2023 al 29/01/2024. Su diagnóstico y documentación, fue valorado por la Junta del B.P.S y se indica que posee trastornos en discos cervicales, patología degenerativa de columna, discopatía cervical, cervicobraquialgia de un año de evolución, entre otras, que incluyen patologías de codo y hombro. Se resalta que los esfuerzos físicos que antes realizaba no los podrá realizar más en su vida y que su reintegro debería ser en otras actividades en la forma indicada por los médicos de B.P.S. Al momento de comunicarse con la empresa a efectos de reintegrarse, se decide que la trabajadora debía gozar de su licencia pendiente desde el 30/01/2024 al 26/02/2024 y luego del 27/02/2024 al 25/03/2024. El día 26 de marzo la trabajadora concurre a reintegrarse y tanto el portero como el jefe de producción le niegan el ingreso, no explicitando razones (adjunta acta notarial). La empresa mediante telegrama colacionado le comunica que no puede reintegrarla en las condiciones indicadas por el B.P.S., ya que no cuenta con un puesto que tenga tareas acordes. Luego la empresa le envía otro telegrama y le solicita que se certifique nuevamente, ver telegramas de fs. 11 a 13. La trabajadora contesta telegrama indicando que se consideraba indirectamente despedida. En base a lo relatado sostiene que el reintegro efectivo nunca se cumplió y por ende están dadas las condiciones para el reclamo de despido especial por enfermedad. Por su parte comparece la demandada, quien opone excepciones de incompetencia material y falta de legitimación pasiva en cuanto al rubro peticionado de daños y perjuicios por no acceso al seguro de desempleo. Además, controvierte la procedencia del despido especial y el abusivo. Relaciona una tabla con las inasistencias de la actora y enumera sus patologías. Alega que sin perjuicio del alta otorgada por el B.P.S. a la actora, la empresa tiene como premisa realizar al funcionario que pretende reintegrarse un examen médico, a efectos de corroborar que se encuentre apto para desempeñar las tareas asignadas. En este caso se realizó el examen médico por la empresa Working y en éste se concluyó que en caso de que la actora retomara su actividad laboral anterior, ello impactaría de manera negativa en su pronóstico. La empresa alega que no contaba con la posibilidad de reintegrar a la trabajadora a otro puesto de trabajo. Y destaca que tampoco estaba obligada a admitir el reintegro de un trabajador, si el mismo no se encontraba totalmente apto para desempeñar sus tareas habituales. Indica que según se establece en la Ley 14.407 (arts. 14 a 16), si el trabajador al vencimiento de la cobertura de la enfermedad no se encuentra en condiciones de reintegrarse, producto de una incapacidad total o parcial, el empleador tiene derecho de producir la ruptura del vínculo laboral, y esa decisión no le genera ninguna obligación de pago indemnizatorio. En este escenario, la sentencia ampara la excepción de incompetencia material respecto del reclamo de daños y perjuicios por no acceder al seguro de desempleo. Asimismo, condena al pago de despido especial por enfermedad y desestima el reclamo por despido abusivo. III) Agravios de la parte demandada. Como se desprende de obrados la parte demandada se agravia respecto de la sentencia dictada, en lo que respecta a los siguientes extremos, a saber: se omite resolver la excepción de falta de legitimación pasiva y ampara la condena por concepto de despido especial por enfermedad. - Agravio en cuanto se desestima la excepción de falta de legitimación pasiva. Del examen del libelo de contestación se desprende que la parte demandada opone excepciones de incompetencia y falta de legitimación pasiva, respecto de la indemnización solicitada por concepto de daños y perjuicios por no acceder al subsidio por desempleo. La sentencia ampara la excepción de incompetencia por razón de la materia respecto de esta pretensión, conforme surge de fs. 343. Y luego establece a fs. 344 en su Considerando VI) in fine que: “Como se analizó en la excepción anterior no es un tema de legitimación sino de competencia. La demandada tiene legitimación en cuanto va responder por su conducta ante el B.P.S. no ante el Poder Judicial”. Antes bien, la demandada entiende que por una cuestión de pertinencia la sentencia igual debió pronunciarse también sobre la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta. De la simple lectura de los fundamentos expresados en el libelo recursivo, es de orden observar que el agravio formulado debe rechazarse, en tanto que la Sede de Primera Instancia se declara incompetente por razón de la materia en cuanto al reclamo de daños y perjuicios por no usufructuar el seguro de desempleo, defensa opuesta por la demandada. En mérito a ello no se comparte el fundamento en que se asienta el agravio articulado: que por una razón de pertinencia la Sala deba pronunciarse respecto de la excepción de falta de legitimación pasiva, en tanto la falta de legitimación pasiva se presentó como defensa de fondo y la incompetencia material ha sido amparada en el caso sometido a decisión. Por tanto, dado que el diseño de la contestación estácircunscripto en determinar primero el fuero competencial de la Sede, el amparo de la excepción de incompetencia obtura la posibilidad de analizar el caso desde la perspectiva de fondo de los derechos pretendidos, y no puede pretenderse que el juez se pronuncie dado que se estaría violentando el orden y las formalidades del proceso. A lo que viene de exponerse corresponde agregar que por lo anterior también devino carente de objeto pronunciarse respecto de la defensa de fondo opuesta, todo lo que lleva a desestimar el agravio formulado. - Agravio en cuanto se ampara la condena por despido especial por enfermedad. Del examen del libelo recursivo se desprende que la parte demandada estructura su agravio en base a los siguientes fundamentos: la imposibilidad de la actora de reintegrarse a sus tareas habituales, imposibilidad fáctica de reintegrarla en otro puesto de trabajo, inexistencia de obligación en el DL 14.407 de reintegro en otro puesto compatible con su incapacidad, y en cuanto a lo expuesto en la sentencia en relación a la causal de renuncia. La sentencia analiza la prueba y concluye a fs. 351 que: “En la especie la demanda no invocó suficientemente, ni menos aún acreditó que existiera causa legítima alguna que la eximiera de cumplir con el imperativo legal de reintegrar efectivamente a sus tareas habituales a la actora, que había sido dado de alta al amparo al seguro por enfermedad común. Además de no existir acreditado ningún tipo de renuncia por parte de la actora, lo cual además es corroborado por la prueba testimonial…”. Antes bien, en el caso dado que se reclama despido especial por enfermedad es de orden señalar que la cuestión debatida en obrados se centra en determinar el alcance de la obligación de reintegro que impone el art. 23 del Decreto-Ley No. 14.407, lo que permitirá concluir si ha existido o no un incumplimiento grave por parte del demandado que habilite al trabajador a darse por indirectamente despedido, amén de valorar los restantes elementos de la figura; y en su caso configurado el despido si éste incumplimiento se conecta directa o indirectamente con la enfermedad padecida. Conforme el Decreto-Ley No. 14.407, el trabajador que ha estado enfermo y se ha amparado al régimen de subsidio que abona el B.P.S., cumpliendo con todos los requisitos legales y reglamentarios tiene derecho: a) a ser reintegrado una vez dado de alta a sus tareas habituales y b) a no ser despedido dentro de los 30 días de su reincorporación a la empresa (art. 23). Los requisitos formales que deben cumplirse, para hacer valer el denominado periodo de estabilidad son por un lado los que hacen a la relación entre el trabajador y el B.P.S. que surgen de los arts. 9 a 12 del Decreto-Ley No. 14.407, y por otro, los referidos a la relación entre aquel y el empleador contenidos en el art. 10 del Decreto No. 7/976. Por su parte el art. 14 del Decreto-Ley No. 14.407 dispone que el subsidio por enfermedad común durará un año, pudiendo ser extendido un año más; y el art. 16 de la misma norma establece que si vencido el plazo máximo del subsidio la dolencia del trabajador persiste no pudiendo ejercer sus actividades laborales, podrá ser dado de baja por la empresa sin indemnización. Y el art. 17 del mismo Decreto-Ley, establece la posibilidad que en cualquier momento el trabajador sea declarado físico o intelectualmente imposibilitado para ejercer su empleo por la Junta Médica del Servicio de Certificaciones. Finalmente el art. 22 de la Ley No. 16.713 con las modificaciones introducidas por las Leyes No. 17.859 y No. 18.396, habilita la percepción de un subsidio transitorio por incapacidad parcial. Así, genera el derecho a su goce, quien adquiere una incapacidad transitoria para su tarea habitual lo que le impide desarrollar la misma, pero sí puede realizar otras tareas, siendo acreedor de una prestación en dinero que sirve el B.P.S. Delimitado entonces el marco normativo aplicable, corresponde analizar cómo ocurrieron los hechos en el caso sometido a resolución que desencadenarían la finalización de la relación laboral conforme la figura del despido indirecto por incumplimiento grave del empleador y si éste está directamente o indirectamente conectado con la enfermedad padecida por la actora. Conforme surge probado del informe médico del B.P.S. de fecha 22/03/2024 el ente hace referencia a una “incapacidad física laboral”, aunque no para toda tarea y determina un baremo del 14,28%, y señala la incapacidad desde el 02/01/2024 (fs. 1). Asimismo surge acreditado que ante la existencia de dicha incapacidad parcial, la empleadora alega que es habitual que realice una valoración por profesionales médicos previo a efectuar el reintegro y acredita que se realizó un informe por una empresa contratada a al efectos y de éste surge que dada la patología de la trabajadora, retomar su actividad laboral impactaría negativamente en su pronóstico. En base a ello, la empresa alega como defensa que no existía dentro del laboratorio ningún puesto con el perfil de la reclamante, y de existir ya estaban ocupados, y respecto de este punto hace hincapié en sede de agravios para cuestionar la condena impuesta, señalando que el Sentenciante está de acuerdo con que: “De las declaraciones no surge acreditado en forma fehaciente que existiera la posibilidad real de reubicación de la actora a tareas de menor esfuerzo físico, ni que la demandada se haya negado a reubicar a la actora en forma discriminatoria” (fs. 348), por ende entiende que en el caso queda suficientemente acreditado que no incumplió la obligación legal. Agrega que por el sistema del Decreto-Ley Nº 14.407 no tiene obligación legal de reintegro en puesto diferente al habitual y compatible con la incapacidad parcial. Hechos admitidos y acreditados: - La parte actora, de 51 años de edad, era operaria en envasado de el laboratorio farmacéutico demandado. - Según la tabla realizada por la demandada la actora gozó de 422 de licencia por enfermedad en tres años y según el informe del BPS agregado a fs. 1 las patologías que sufren son crónicas. - Se otorga el alta médica con una incapacidad de 14.28% (fs. 1). - La actora se comunica con la empresa y le dice se encuentra de alta médica. - La empresa le contesta que reiteran la sugerencia de certificarse dado la incapacidad para trabajar (fs. 4 vto.). - La actora le comunica que fue al Hospital Evangélico a retirar el carnet de salud y habló con el médico y me le dijo que no la certifica (ver fs. 5). - Frente a ello la actora envía telegrama que establece “Ante a negativa a mi reincorporación a la empresa de acuerdo al alta de BPS comunico que se configuro el despido, habiéndose ya realizado reclamo en MTSS” (fs. 12). - La empresa contesta este telegrama y le comunica que hasta que un servicio médico de confianza de la demandada no acredite su plena capacidad laboral, no podrá reintegrarla. Y dado que no tiene otra tarea para asignarle en base a sus limitaciones actuales se le sugiere tramitar una nueva certificación (fs. 13). En este telegrama de respuesta también la dice que el informe del servicio de salud y seguridad ocupacional Working indica que “dadas las características actuales del puesto de trabajo y la patología que presenta la trabajadora, retomar su actividad laboral impactaría de manera negativa en su pronóstico”. La sentencia valora la prueba documental y testimonial producida y estructura su fallo en base a los siguientes puntos: a) Se solicita un informe a una empresa dedicada a seguridad ocupacional y éste considera que es inviable que la actora volviera a sus tareas, porque ello iba a repercutir negativamente en su pronóstico de recuperación. b) La Dra. BB, una de las firmantes del informe, y según expresa al prestar declaración testimonial en autos, quién revisó y evaluó a la actora, manifestó que realizó recomendaciones a la empresa para el reintegro progresivo según la tolerancia de la actora a las tareas, y aconsejaban pausas reparatorias luego de realizar esfuerzos físicos. Y hay aquí un punto central y decisivo que destaca la sentencia: “Recomendaciones que la empresa no se las notificó a la actora, ni mucho menos las puso en práctica” (fs. 350). Veamos la declaración de la Dra. BB: “Tras valorar a la trabajadora se realizó un informe con recomendaciones, no las recuerdo a todas de memoria y se presentó a la empresa, tras lo cual la empresa comunicó que por las condiciones del cargo muchas exigencias no se podían cumplir y a solicitud de la empresa se elaboró este informe [el agregado en autos], las recomendaciones elaboradas están en el primero. P. Cuáles fueron las recomendaciones que le hizo a la empresa que no se podían cumplir? C. De reintegración progresiva y probando tolerancia a la tarea, la posibilidad de realización de pausas compensatorias luego de hacer esfuerzo físico o repetitivos, la posibilidad de que pueda rotar en diferentes tareas, la trabajadora tiene que continuar el tratamiento con el especialista, se le recomendó realización de actividad física, recomendaciones para el manejo manual de cargo de manera ergonómica” (fs. 264/265). Y como destaca la sentencia y el Tribunal comparte, este primer informe con recomendaciones, no fue informado a la actora, no se le planteó la posibilidad de reintegro en su puesto habitual con esas recomendaciones: progresivamente, probando la tolerancia a las tareas, con pausas compensatorias luego de hacer esfuerzo físico o movimientos repetitivos, rotando las tareas, etc. No le fue planteada por la empleadora a la accionante, en cumplimiento de la obligación emergente del art. 23 del Decreto Ley 14.407, la posibilidad surgida de ese primer informe, de reintegro a sus tareas o puesto habitual de esa forma, con la observancia de tales recomendaciones. Este primer informe, que indudablemente existió pues así lo declaró quien lo confeccionó, testigo propuesta por la demandada, no fue dado a conocer a la accionante, y tampoco fue presentado en autos. Por ende, si bien la recurrida parte de la premisa legal que no tiene obligación el empleador de reintegro en actividad compatible con la incapacidad física en caso de enfermedad común, es decir, ajena o no derivada de su desempeño laboral, también debe precisarse que en el caso la recurrida toma como punto de inflexión la conducta desplegada por la empresa luego que obtuviera un informe pedido especialmente a una empresa que se dedica a la salud ocupacional. Y por ello entiende que debe valorarse la conducta del empleador desde este punto de vista, es decir, que la empresa no cumplió con el imperativo legal de reintegrar a la actora a sus tareas habituales de acuerdo a lo informado o en la forma recomendada por los médicos de salud ocupacional en informe que la propia empleadora solicitó. Como lo señala el Sr. Juez A-quo: dichas recomendaciones “apuntaban a que la actora pudiera desarrollar su actividad en el cargo que ostentaba. Por lo que en consecuencia la actora estaba habilitada para considerarse despedida” (fs. 351). Porque la demandada no le dio tal información y posibilidad de reintegro a su puesto con tales recomendaciones. En mérito a ello, hace caer sobre la empresa la responsabilidad que deviene del incumplimiento del art. 23 del Decreto-Ley. Como se adelantó, la Sala en función de las particularidades del caso comparte los fundamentos de la atacada en cuanto a la situación sometida a decisión, pues se debe tener presente que la accionada tenía a su alcance herramientas para desplegar a efectos de evaluar la incapacidad de la actora y su reintegro a su puesto habitual en determinadas condiciones como se le asesoró y ello no fue cumplido. Es dable concluir que si la empresa le pide a la actora que espere el informe y mientras tanto se certifique, no puede luego de obtenido el mismo negarse a reintegrarla, omitiendo mencionarle el informe primigenio que refería a su reincorporación a su puesto habitual con recomendaciones, del que debió dar cuenta a la actora y en el proceso, alegando y demostrando en su caso la imposibilidad fáctica de ajustar su actuación a la recomendaciones del informe. De los hechos acreditados en la causa surge sin duda alguna que la accionada omite intimar el reintegro a sus tareas habituales una vez que la actora fue dada de alta y solo pretende que se certifique nuevamente, por ende la conducta desplegada por la empresa no se compadece con lo regulado en el régimen legal aplicable, frente a lo cual -en el marco de todo lo analizado- amerita entender que el único mecanismo al alcance de la actora era considerarse despedida. c) Por último, la sentencia valora que en el caso la relación no se extinguió debido a la renuncia de la actora, ello porque analiza que en el caso si bien se alega por la accionada que la actora renunció, ello no quedó acreditado a pesar de que esta fue la causal de egreso comunicada al B.P.S. Como surge de obrados la recurrente en todo momento alega que la ruptura del vínculo laboral se dio a instancia de la actora y no la demandada. En tanto, de los propios dichos de la actora, se desprende que esta se consideró indirectamente despedida el día que no fue reintegrada efectivamente y se la compele a tomar licencia pendiente, el día 30/01/2024 (su certificación culminó el 29/01/2024). Luego solicita audiencia de conciliación administrativa en MTSS y envía telegrama colacionado en el que comunica que se configuró el despido indirecto. Telegrama de fecha 30/05/2024. Por ende, no existe controversia en cuanto a que la que decidió romper el vínculo labora fue la trabajadora, más allá de que se pueda discutir si lo hizo ajustado a derecho o no. Antes bien, en el caso se debe analizar la rescisión del contrato laboral desde la perspectiva de la figura invocada y sin duda alguna, para que opere el instituto del despido indirecto, la doctrina exige que se cumplan tres requisitos a saber: 1) el grave incumplimiento del empleador, 2) la decisión del trabajador de darse por despedido y 3) el retiro efectivo de la empresa. En base a lo expresado, está fuera de discusión que es el trabajador quien decide rescindir el vínculo contractual, aunque constreñido por la conducta ilegítima del patrono. Por ende, si tal conducta se verificó, lo que queda es la figura del abandono que resulta un hecho indiscutible toda vez que se invoca el despido indirecto, en tanto éste no puede existir si previamente el trabajador no decide abandonar su trabajo. No obstante, a mayor abundamiento resulta claro a criterio de la Sala, la configuración del abandono de trabajo en el caso no puede asimilarse al instituto de la renuncia como pretende la recurrente. Tal como lo ha sostenido el T.A.T. 1° Turno: “El egreso voluntario solamente puede ocurrir en dos situaciones: la renuncia o el abandono del trabajo, aunque muchas veces la renuncia no se expresa formalmente, sino que se traduce en el mero abandono de tareas. El trabajador simplemente deja de asistir al trabajo, sin realizar comunicación alguna o luego de un simple aviso informal. Aunque la iniciativa en ambos casos la tiene el trabajador, la diferencia está en que en la renuncia, hay una manifestación expresa de voluntad y en el abandono hay un comportamiento que no siempre es inequívoco. Y para que se configure el abandono se requiere un pronunciamiento del empleador ya que éste debe adoptar una conducta tal que ponga en evidencia la voluntad del trabajador de no volver al trabajo. Como señala la recurrida, se requiere que el empleador intime al trabajador el reintegro al trabajo. En cambio, en la renuncia, el empleador se limita a recibir la comunicación del trabajador y no tiene que asumir ninguna otra conducta.” (Sentencia T.A. Trabajo No. 163/009-1). Como dice Plá Rodríguez (Curso de Derecho Laboral, Tomo II, Vol. I, Pág. 245) la renuncia lleva implícita a la vez el renunciamiento a otros derechos o beneficios del trabajador, y en tanto la legislación protectora de la materia quedaría por esta vía desvirtuada, la jurisprudencia ha mirado con severidad todo tipo de renuncia a tales derechos, requiriéndose para su validez una prueba fehaciente (Caso Nº 576 Anuario de Jurisprudencia Laboral 2007). De acuerdo con lo expuesto, es dable sostener que como releva la atacada en el caso no hay prueba de una supuesta la renuncia comunicada por el empleador al Banco de Previsión Social, sino que estamos claramente en un supuesto de abandono del trabajador provocado a raíz del incumplimiento de su empleador de su obligación legal de reintegro luego del alta del subsidio por enfermedad común. De lo que viene de exponerse es de orden desestimar el agravio formulado en tanto no logra conmover lo fallado. IV) La conducta procesal de las partes en la instancia ha sido correcta, por lo que las costas y costos corresponden en el orden causado (arts. 56 y 261 CGP, art. 688 CC). Por los fundamentos expuestos, el Tribunal FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA. COSTAS Y COSTOS EN EL ORDEN CAUSADO. HF PARTE DEMANDADA 5 BPC. NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE. Dr. José Pedro Rodríguez Pereyra. Ministro. Dra. Silvana Gianero Demarco. Ministra. Dra. Verónica Scavone Bernadet. Ministra. Esc. Ana Cecilia Lerena. Secretaria Letrada.