Sentencia Interlocutoria N° 943/2025

VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia este expediente caratulado “AA C/ BB. VIOLENCIA DE GÉNERO LEY 19.580. C.N.A. LEY 17.823. RECURSO DE APELACIÓN”, I.U.E. 436-175/2024, venido a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación que la denunciante interpuso contra la sentencia interlocutoria No 3601/2025 dictada por la Sra. Jueza Letrada de Familia Especializado de 4° Turno, Dra. Lucía Granucci Gómez Haedo. RESULTANDO: I) Por sentencia interlocutoria No 3601 del 3 de junio de este año, la Sra. Jueza Letrada de Familia Especializado de 4° Turno resolvió: “Atento a las resultancias de autos, lo informado por OFAC en cuanto a que no han ocurrido nuevos hechos entre los involucrados, que las medidas cautelares así como sus sucesivas prórrogas se encuentran vencidas desde abril del corriente sin nuevas incidencias que ameriten la continuación de los presentes y que el servicio de la Intendencia de Montevideo es un servicio voluntario, habiendo acreditado el denunciado encontrarse en tratamiento en su salud mental, de conformidad con lo dispuesto por acordada 8071 de SCJ, con noticia a las partes, se dispone la clausura y archivo de las presentes actuaciones. Ello sin perjuicio de la posibilidad de la denunciante de volver a denunciar en caso de la ocurrencia de nuevos hechos. Notifíquese” (fs. 261). II) Contra dicha decisión, la denunciante interpuso los recursos de reposición y de apelación en subsidio, expresando, en lo medular, los siguientes agravios. a) Contrariamente a lo que entendió la Sra. Jueza de primera instancia, el Servicio de Prevención y Respuesta de la Violencia de Género de la Intendencia de Montevideo no es un servicio voluntario. b) Surge del expediente que el Sr. BB ha reconocido su violencia, que no concurre a asistencia especializada y que ha incumplido las órdenes judiciales. c) En atención a las resoluciones judiciales que se han dictado en el expediente, de ninguna forma puede sostenerse que la asistencia del denunciado al Servicio de Prevención y Respuesta a la Violencia de Género de la Intendencia de Montevideo es voluntaria. Oportunamente, se entendió que su asistencia al referido servicio era necesaria, a pesar de que asistía a terapia particular. d) La asistencia que el Sr. BB recibe al día de hoy no sustituye a la asistencia al servicio indicado, por lo que no puede dejar de concurrir a éste, máxime si se tiene en cuenta que su actitud continúa siendo la misma. e) Si bien ha conciliado con el denunciado para ampliar paulatinamente las visitas de éste con los niños, se condicionó el acuerdo conciliatorio a la asistencia de aquel al Servicio Especializado de la Intendencia de Montevideo hasta que se remita informe al Juzgado Letrado de Familia Especializado de 4° Turno aconsejando la suspensión de la intervención o su derivación a terapia particular. f) En definitiva, corresponde revocar la decisión impugnada y, en su mérito, imponerle al Sr. BB el cumplimiento de la medida dispuesta, debiendo asistir obligatoriamente a todas las citas que la División fije a tal efecto y hasta la culminación del proceso dispuesto por el Servicio, bajo apercibimiento de astreintes, y que se le imponga lo dispuesto en el art. 66 in fine de la ley 19.580, librándose oficio a la División de Asesoría para la Igualdad de Género a fin de que informe mensualmente sobre la asistencia o no del Sr. BB y el avance del proceso hasta su efectiva culminación a criterio de la División (fs. 265-267 vto.). III) Sustanciada la impugnación (decreto N° 3746/2025; fs. 269), el denunciado evacuó el traslado de los recursos interpuestos, abogando por su rechazo (fs. 271-274) IV) Por sentencia interlocutoria N° 4053 del 23 de junio de este año, la Sra. Jueza a quo resolvió: “Por presentada y por evacuada la vista conferida. Respecto del recurso de reposición, por los fundamentos que surgen del auto 3601/2025, siendo que las medidas llevan más de 2 meses vencidas sin ocurrencia de nuevos hechos lo que a criterio de la suscrita evidencia que los riesgos han disminuido, que el art. 65 literal M de la ley 19580 no exige que el denunciado concurra a un espacio de la Intendencia sino a programas de rehabilitación, que en atención al informe de fs. 242 parece haber cumplido, manténgase la recurrida en todos sus términos. En su mérito, habiéndose interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación contra la providencia 3601/2025 que dispone el archivo de las presentes actuaciones, franquéese el mismo para ante el Tribunal de Apelaciones de Familia que por turno corresponda, ante quien se remitirán los presentes con las formalidades de estilo. Notifíquese” (fs. 275). V) El expediente se recibió en este Tribunal de Apelaciones el 28 de julio del año en curso (nota de cargo a fs. 280) y, por decreto N° 750 del 1° de agosto, se dispuso el pasaje del expediente a estudio de los Sres. Ministros por su orden (fs. 281), al término del cual se acordó sentencia en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO: I) El Tribunal, por unanimidad y con la integración del Sr. Ministro de Tribunal de Apelaciones Suplente Dr. Gustavo Nicastro (art. 63 de la ley 15.750, en la redacción dada por el art. 237 de la ley 18.834), hará lugar al recurso de apelación interpuesto, en los términos y por los fundamentos que se expresarán a continuación. II) Observación liminar Si bien la Sra. Jueza de primera instancia no expresó con qué efecto franqueaba el recurso de apelación (contrariamente a lo que dispone el art. 255 inc. 1 del C.G.P.), en los hechos, lo concedió con efecto suspensivo, porque el expediente (y no una pieza separada) fue elevado a conocimiento de este Tribunal, lo cual es correcto, ya que la resolución impugnada, al disponer el archivo de las actuaciones, es una sentencia interlocutoria que le pone fin al proceso y hace imposible su continuación (art. 252.1 del C.G.P.). III) Sobre la decisión de archivar el expediente y el carácter voluntario de la concurrencia del denunciado al Servicio de Prevención y Respuesta de la Violencia de Género de la Intendencia Departamental de Montevideo Los agravios expresados por la denunciante son de recibo. En primer término, no le asiste razón a la Sra. Jueza a quo al sostener, tanto en la providencia recurrida como en la sentencia interlocutoria por la cual desestimó el recurso de reposición que la denunciante interpuso contra aquella, que la concurrencia del denunciado al Servicio de Prevención y Respuesta de la Violencia de Género de la I n t e n d e n cia Departamental de Montevide o no es obligatoria, sino voluntaria. El art. 65 lit. M) de la ley 19.580 (ley de violencia hacia las mujeres basada en género) dispone, como medida cautelar a adoptar por parte del tribunal, “Disponer la asistencia obligatoria de la persona agresora a programas de rehabilitación”. Esta medida fue dispuesta por la anterior titular del Juzgado, la Dra. Rosario Díaz, en la audiencia que se realizó el 8 de abril de 2024. Concretamente, la referida magistrada dispuso: “ (...) 5. Derívase al denunciado a programa de rehabilitación, de acuerdo a lo dispuesto en el art 65 lit M ley 19580, debiendo acreditarlo en un plazo de 30 días” (fs. 42). La asistencia del denunciante a consultas particulares con psicólogos o a psicoterapias resultó probada (fs. 91, 113, 199-199 vto. y 242-242 vto.), pero, a juicio del Tribunal, esas consultas no sustituyen la asistencia obligatoria del Sr. BB al programa de rehabilitación del Servicio de Prevención y Respuesta de la Violencia de Género de la Intendencia Departamental de Montevideo. Tanto es así que la propia Sra. Jueza a quo, en la audiencia que se realizó el 30 de setiembre de 2024, por sentencia interlocutoria N° 7300/2024, dispuso: “4. Intímase al denunciado a acreditar concurrencia al Programa de Varones que deciden dejar de ejercer violencia, debiendo acreditarlo ante la Sede en un plazo no mayor a 45 días” (fs. 122). El documento que luce a fs. 91 es anterior a dicha resolución, razón por la cual, en su momento, la Sra. Jueza a quo tampoco consideró que la asistencia privada a algún tipo de terapia sustituía al programa de rehabilitación al que había sido derivado oportunamente el denunciado Sr. BB. Efectivamente, dicho documento, en el cual el Lic. en Psicología CC dio cuenta de que el Sr. BB asistía a terapia una vez a la semana desde el 24 de mayo de 2024, tiene fecha 14 de junio de 2024, aunque debe considerarse como fecha cierta de dicho documento la de su exhibición en juicio, que fue el 24 de junio de 2024, tal como surge a fs. 92-92 vto. (art. 1587 ord. 1° del C. Civil). Lo mismo cabe decir del documento que luce a fs. 113, en el cual el mismo profesional dio cuenta de la asistencia semanal del Sr. BB a consulta de psicoterapia. El documento tiene fecha 9 de agosto de 2024, pero debe tomarse como su fecha cierta el 19 de agosto de 2024, que fue la fecha en que se presentó ante el Juzgado (fs. 114-114 vto.). Precisamente, la sentencia interlocutoria N° 7300/2024 se dictó el 30 de setiembre de 2024, por lo que si la Sra. Jueza a quo consideraba voluntaria la concurrencia del denunciado al programa de rehabilitación a cargo de la Intendencia de Montevideo y que este programa podía ser sustituido por consultas particulares del denunciado con psicoterapeutas, no se explica la razón por la cual, por medio de dicha providencia, intimó al denunciado a que acreditara, en un plazo no mayor a 45 días, su concurrencia al Programa de Varones que deciden dejar de ejercer violencia (fs. 122). Además, existen otros elementos a considerar que, a juicio del Tribunal, impiden disponer el archivo del expediente. Si bien es claro el carácter cambiante, variable y evolutivo de situaciones familiares conflictivas como las analizadas en este expediente (a veces para bien, a veces para mal), no surge de la prueba incorporada a la causa un cambio de actitud sustancial por parte del denunciado que justifique dar por finalizadas estas actuaciones. En el informe de fecha 28 de junio de 2024, las licenciadas DD y EE (perito psicóloga forense y perito TS forense, respectivamente) dieron cuenta de que: “(...) se desprenden grandes dificultades por parte de BB a la hora de visualizar y validar necesidades propias de sus hijos (...) proyecta las responsabilidades en la figura materna, sin tomar en cuenta una perspectiva diferente a la propia. Respecto a las situaciones que surgen de autos, se torna evitativo en lo relativo al vínculo de pareja, reconociendo parcialmente conductas inadecuadas en relación a la comunicación con sus hijos. No obstante tiende a justificar y minimizar las mismas, posicionándose desde un lugar de perjuicio hacia su persona. (...) los intermediarios del conflicto entre los progenitores son los hijos en común, desprendiéndose el ejercicio de violencia vicaria por parte del denunciado, siendo este aspecto altamente vulnerante para los mismos. Se sugiere que el Sr. BB pueda recibir abordaje y orientación en este sentido (...)” (fs. 101- 103, especial, fs. 102). Por providencia N° 5773 del 15 de agosto de 2024, la anterior titular del Juzgado, Dra. Rosario Díaz, dispuso: “Con citación personal a los interesados, atento a las resultancias de autos, de conformidad con lo solicitado por la Defensa, dispónese la concurrencia del Sr. BB a servicio de atención a varones para desarrollar formas saludables de relacionamiento con su ex pareja e intrafamiliar, con la finalidad de procurar el ejercicio o desarrollo de formas saluda bles de relacionamiento con su ex pareja e intrafamiliar” (fs. 110). Ante el requerimiento que formuló la Sra. Jueza a quo, la Sra. GG (coordinadora de ETEC, ITF) informó el 28 de octubre de 2024 que “la conclusión pericial respecto a la situación de violencia se encuentra vigente”, refiriéndose al primer informe de fecha 28 de junio de 2024, referido precedentemente (fs. 134-134 vto.). Por decreto N° 8751 del 15 de noviembre de 2024, la Sra. Jueza a quo, en atención a que no surgía probado en el expediente, dispuso que el denunciado acreditara la concurrencia al Programa de Varones de la Intendencia de Montevideo, tal como ya se lo había intimado (fs. 145). El 16 de diciembre de 2024 la Dra. HH, integrante del Servicio de Prevención y Respuesta a la Violencia de Género, División Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo, informó que el Sr. BB concurrió a tres encuentros, los días 15 de octubre, 5 de noviembre y 3 de diciembre de 2024, habiéndosele marcado cita para el 31 de diciembre de dicho año. Destacó que el Sr. BB relató haber ejercido violencia psicológica, económica y patrimonial, aunque tiende a minimizarlas y justificarlas (fs. 153). Si bien es cierto –como señaló la Sra. Jueza de primera instancia- que no ha habido nuevas denuncias entre los Sres. AA y BB (véanse los informes actuariales del 9 de abril y del 6 de mayo de 2025 que figuran a fs. 218 y 223), no es menos cierto que, de los informes elaborados por el ETEC, se desprende que la situación no ha reportado cambios sustanciales. A ello se suma la reticencia del Sr. BB a concurrir al servicio de rehabilitación ordenado, como surge del informe presentado el 13 de mayo de este año por el Departamento de Secretaría General, División Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo. En dicho informe, la Dra. HH expresó: “(...) 1) En relación con el señor BB, el Servicio de Atención a hombres que ejercen violencia de género de esta Intendencia, informa que concurrió a 1 encuentro más de lo ya informado en diciembre, o sea que tuvo un total de 4 encuentros. Como se informara, tuvo su primera entrevista el 15 de octubre, posteriormente asistió el 5 de noviembre y 3 de diciembre del 2024. Durante el 2025 solo asistió el 29 de abril. No concurrió a las fechas pautadas del 31 de diciembre de 2024, 14 de enero, 11 y 25 de febrero de 2025. 2) El equipo establece que el señor BB relata haber ejercido violencia psicológica, económica y patrimonial, aunque tiende a minimizarlas y justificarlas. Asimismo, ha manifestado su decisión de no continuar asistiendo al Servicio, dado que actualmente se encuentra en atención psicológica y considera que dicho espacio responde mejor a sus necesidades. A pesar de que se le explicaron las especificidades y diferencias entre ambos dispositivos, sostiene su postura de no retomar los encuentros. Se trata de un usuario que no ha logrado sostener un proceso de trabajo. Se presenta especialmente enfocado en la obtención de constancias requeridas por el Poder Judicial, sin mostrar una disposición para abordar el motivo que origina su vinculación con el Servicio, por lo que el equipo considera que los riesgos persisten, ya que no se observa un trabajo efectivo de revisión ni transformación de las conductas ejercidas (...)” (fs. 228-228 vto., especial, fs. 228; los destacados en negrita y subrayado figuran en el texto original). Varias apreciaciones pueden formularse con relación al informe transcripto, a saber: a) el denunciado no concurrió a 4 entrevistas fijadas por el Servicio de Atención a hombres que ejercen violencia de género de la Intendencia de Montevideo, y no justificó la razón de su inasistencia; b) el denunciado reconoció haber ejercido violencia psicológica, económica y patrimonial, pero tiende a minimizarla y justificarla; c) manifestó su decisión de no concurrir más a dicho servicio, porque entiende que la atención psicológica particular que está recibiendo responde mejor a sus necesidades; d) en el referido servicio, le explicaron las especificidades y diferencias entre la atención psicológica particular y la atención que se brinda en dicho servicio, a pesar de lo cual el denunciado mantuvo su postura de no concurrir más; e) el denunciado no logró sostener un proceso de trabajo, centrando su interés en obtener las constancias requeridas por el Poder Judicial, sin mostrar una disposición para abordar el motivo que origina su vinculación con dicho servicio; y f) el mencionado servicio, por las razones expuestas, concluyó que los riesgos persisten, ya que no se observa un trabajo efectivo de revisión ni transformación de las conductas ejercidas. Aunque parezca ocioso hacerlo, merece ser puesto de relieve que la concurrencia al mencionado servicio de rehabilitación no puede quedar al simple arbitrio del denunciado o a que prefiera sustituirlo por una consulta o terapia particular. En este último sentido, debe hacerse especial hincapié en que el Departamento de Secretaría General, División Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo, señaló que el abordaje psicológico particular y el servicio de rehabilitación brindado en el mencionado servicio público presentan especificidades que los diferencian, por lo que no son sustituibles ni intercambiables, y el Tribunal añade que mucho menos pueden ser sustituibles o intercambiables por la mera voluntad del denunciado. El denunciado es libre para entender qué espacio responde mejor a sus necesidades, pero quien decide qué es lo mejor para la atención de la denunciante en función de los elementos incorporados al expediente no es él, sino el Poder Judicial. El hecho de no concurrir a dicho servicio implica el incumplimiento de una medida ordenada judicialmente que no fue revocada, motivo por el cual, al no haber cumplido el denunciado esa medida a cabalidad ni haber culminado el proceso de rehabilitación a criterio de dicho servicio, mal puede archivarse este expediente. Además, también debe destacarse que, en el régimen acordado y homologado en el expediente “BB c/ AA. Visitas”, I.U.E. 2-111305/2024, tramitado ante el Juzgado Letrado de Familia de 26° Turno, el Sr. BB se comprometió a continuar asistiendo al Servicio Especializado de Varones que deciden dejar de ejercer la violencia basada en género hasta que se remita informe a la Sede de Familia Especializada de 4° Turno aconsejando la suspensión de la intervención o su derivación a una terapia particular (fs. 234-235). De modo que se desprende que el Sr. BB no cumplió con lo que, ante la Sede de Familia, se comprometió a hacer, porque dejó de asistir al mencionado servicio especializado sin que éste haya aconsejado la suspensión de la intervención ni su sustitución por una terapia particular. Se dará cuenta de este incumplimiento al Juzgado Letrado de Familia de 26° Turno. En consecuencia, la concurrencia del denunciado al servicio especializado de la Intendencia de Montevideo debe mantenerse hasta que se compruebe, técnicamente, que el denunciado ha depuesto su actitud y que la violencia ha cesado. Por todo lo expuesto, en virtud de los principios y de las directrices de prevención y de precaución que inspiran la ley 19.580, en atención a la regla que determina optar por la solución que resulte más favorable a la mujer en situación de violencia basada en género (art. 3 de dicha ley) y tomando en consideración lo previsto en el art. 66 de la ley 19.580, el Tribunal, por unanimidad, RESUELVE: Acógese el recurso de apelación interpuesto por la Sra. AA y, en su mérito, revócase la sentencia interlocutoria N° 3601/2025. En su lugar: déjase sin efecto la clausura del procedimiento y el archivo del expediente; intímase en este acto al Sr. BB a concurrir a todas las sesiones que le fije el Servicio Especializado de Varones que deciden dejar de ejercer la violencia basada en género de la Intendencia Departamental de Montevideo –salvo por impedimento derivado de fuerza mayor, que deberá acreditar oportunamente- hasta que dicho servicio concluya que ha culminado satisfactoriamente su proceso de rehabilitación o aconseje su sustitución por una psicoterapia particular, bajo apercibimiento de remitir testimonio de este expediente a la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión de un delito de desacato. Requiérasele al Servicio Especializado de Varones que deciden dejar de ejercer la violencia basada en género de la Intendencia Departamental de Montevideo que informe mensualmente sobre la concurrencia del Sr. BB a dicho servicio y sobre los avances que obtenga en su proceso de rehabilitación. Notifíqueseles a domicilio a la denunciante y al denunciado. Remita el Juzgado testimonio de la presente sentencia al Juzgado Letrado de Familia de 26° Turno. Oportunamente, devuélvase el expediente al Juzgado de origen para la continuación del procedimiento, con copia para la Sra. Jueza, debiendo convocar a audiencia evaluatoria en un plazo no mayor a 90 días. Dra. María Noel Tonarelli de Pena Ministra Dra. María Helena Mainard García Ministra Dr. Gustavo Nicastro Seoane Ministro (r) Dra. María Catalina Elhordoy Perdomo Secretaria Letrada