Sociedades comerciales. sociedades anonimas financieras de inversion (safi)

Las sociedades anónimas cuya actividad principal sea realizar, directa o indirectamente, por cuenta propia o de terceros, o para terceros, inversiones en el extranjero en títulos, bonos, acciones, cédulas, debentures, letras, bienes mobiliarios o inmobiliarios, no podrán: A) Emitir sus acciones por medio de subscripción pública, o cotizarlas en Bolsa dentro del país. B) Recurrir al ahorro público, o realizar operaciones de índole bancaria, de crédito recíproco o de capitalización. C) Integrar su activo con acciones, debentures, partes sociales u otros papeles de comercio, emitidos por empresas nacionales que no sean también sociedades comprendidas por esta ley. D) Integrar su activo con inmuebles nacionales o con créditos hipotecarios que graven inmuebles nacionales. Esta prohibición no comprende a las operaciones que ya se hayan realizado a la fecha de la promulgación de esta ley. E) (*)

Dichas sociedades no podrán tampoco realizar las operaciones siguientes: A) Intervenir por sí o por cuenta de terceros, en licitaciones públicas o privadas. B) Realizar por sí o por cuenta de terceros, operaciones de Bolsa sobre bienes que, por su naturaleza, no puedan integrar su activo. C) Ingresar anualmente fondos al país por concepto de rentas de sus inversiones directas, en un porcentaje que exceda del cinco por ciento de su capital integrado, más sus fondos de reserva. D) Ingresar fondos al país provenientes de la realización de su activo extranjero. E) Intervenir en la colocación en el público, de Deuda Pública, acciones, debentures u otros papeles de comercio. F) Intervenir en la financiación de empresas de servicios públicos realizados en el país cualquiera sea la nacionalidad o domicilio del concesionario de dichos servicios. G) Contratar con la Administración Central, los Municipios, los Entes Autónomos o los demás entes públicos, cualquier clase de operación de préstamo. H) En general, realizar operaciones de préstamo o inversión que impliquen el establecimiento de un contralor sobre empresas nacionales. (*)

Las sociedades regidas por esta ley no podrán tener en cartera, durante más de un ejercicio, acciones de dos o más sociedades extranjeras que se dediquen principalmente, en el país de su radicación a una misma actividad industrial, en proporción mayor del 30% del capital de cada una de estas últimas sociedades.

La Inspección General de Hacienda, Bancos y Sociedades Anónimas, al practicar las intervenciones de su competencia, vigilará el especial cumplimiento de las disposiciones de esta ley, dando cuenta al Ministerio de Hacienda de las infracciones que comprobara.

Las infracciones a lo dispuesto en los artículos 1º y 2º, serán castigadas con multas de mil pesos (pesos 1.000.00) a diez mil pesos (pesos 10.000.00), que aplicará el Poder Ejecutivo, pudiendo además cancelar la personería de la sociedad infractora.

Mientras no se organice el Tribunal de lo Contencioso Administrativo la acción por ilegalidad prevista en los artículos 270 y siguientes de la Constitución se entablará ante los Jueces Letrados de Hacienda y de lo Contencioso Administrativo de la Capital. La acción se dirigirá a obtener la revocación de la resolución impugnada, o a la reparación civil pertinente o a ambos fines, a opción del interesado. Se interpondrá dentro del término perentorio de veinte días de notificada aquella resolución, y se seguirá en su tramitación, el procedimiento de los juicios ordinarios de menor cuantía. El Juez de la causa podrá resolver, en cualquier momento la suspensión de la resolución reclamada, cuando su cumplimiento pudiera producir perjuicios irreparables. Contra la sentencia de primera instancia habrá el recurso de apelación libre para ante el Tribunal de Apelaciones, cuyo fallo hará cosa juzgada.

Las sociedades regidas por la presente ley, cuyo único activo en la República esté formado por acciones de otras sociedades de la misma clase, por saldo en cuentas bancarias en suma inferior al 10% (diez por ciento) de su activo o por Deuda Pública Nacional, Títulos Hipotecarios y Municipales, abonarán como único impuesto, tasa o contribución el impuesto sustitutivo del de Herencias, Legados y Donaciones, que se calculará con una tasa de 3 o/oo (tres por mil) sobre su capital y reservas. (*) Al capital emitido en acciones y en debentures u obligaciones, más las reservas, se sumará a los efectos de calcular el capital sujeto a impuesto, toda aquella parte del pasivo exigible, así como el monto de los fondos administrados por cuenta de terceros, que exceda del doble del capital total emitido en acciones y debentures y reservas. Podrán dichas sociedades consolidar su aporte fiscal al Estado, abonando el referido impuesto de tres por mil, por un plazo de hasta quince años. En tal caso, la sociedad y los titulares de los valores que aquélla hubiere emitido, quedarán exceptuados de las modificaciones al régimen fiscal que pudieran sancionarse durante el plazo que hubieren consolidado. El Estado podrá exigir de las sociedades que consoliden su aporte fiscal, el pago de las sumas que corresponda, en moneda extranjera. En tal caso, convendrá con las sociedades la divisa en que el pago se hará efectivo, el que se calculará a la tasa de cambio vendedor, fijado por el Banco de la República para el mercado libre. (*)

Si durante el plazo establecido en el artículo anterior, el monto imponible experimentara aumentos, se liquidarán los complementos que en cada caso deberán pagar las sociedades, con la base de la tasa porcentual consolidada y en razón del tiempo que faltare para el vencimiento del período del adelanto, contados desde el ejercicio en que el aumento se produce. Si el monto imponible resultara disminuido durante el plazo de la consolidación, o la sociedad se liquidara antes le la terminación del mismo, el impuesto pagado se considerará definitivamente percibido por el Estado.

Las sociedades que se constituyan con el objeto previsto por esta ley, deberán dejar expresa constancia en sus estatutos de hallarse sometidas a sus prescripciones. Las sociedades constituidas con el objeto previsto en esta ley, deberán ajustar sus estatutos, al régimen en ella establecido, dentro de los ciento ochenta días siguientes a su promulgación; y gozarán de un plazo de sesenta días, contados desde la aprobación de la reforma de sus estatutos para poner su patrimonio en las condiciones previstas por el régimen prescripto en la misma.

Las acciones de esta clase de sociedades, no podrán ser caucionadas, ni dadas en prenda, en garantía de créditos concedidos a sus propietarios.

El producto del impuesto del tres por mil, a cargo de las sociedades comprendidas en esta ley, se destinará a Rentas Generales.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

Comuníquese, etc.