Arrendamientos urbanos. suspension de desalojos y lanzamientos

Las disposiciones del presente capítulo regirán para los arrendamientos y subarrendamientos de fincas cuyo destino sea para casa-habitación.

Los arrendamientos o subarrendamientos celebrados con anterioridad al 9 de enero de 1958, con plazo contractual vencido o con plazo legal o judicial vencido o pendiente, durarán hasta el 30 de setiembre de 1968, si los arrendatarios o subarrendatarios modificaren los alquileres de conformidad con la presente ley. Los nuevos alquileres regirán a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de publicación de la ley. Los arrendatarios o subarrendatarios con plazo contractual vigente, que hubieran celebrado su contrato antes del 9 de enero de 1958 tendrán derecho a acogerse al beneficio de la presente ley dentro de los últimos 120 (ciento veinte) días anteriores al vencimiento del plazo. Los contratos celebrados con posterioridad al 9 de enero de 1958 y hasta el día de entrar en vigencia esta ley gozarán, sin aumento de alquiler de un plazo legal de 5 (cinco) años computable a partir de la fecha de celebración del contrato cuando se hubiera pactado un plazo menor. En el caso del inciso precedente cuando el plazo contractual o legal que el mismo establece, venciera antes del 1.o de octubre de 1965, quedarán prorrogados hasta esa fecha si los arrendatarios o subarrendatarios modifican el alquiler conforme al coeficiente respectivo del inciso a) del artículo 6.o. A partir de esa fecha y hasta el 30 de setiembre de 1968, regirá el coeficiente b) del referido artículo. Si el plazo contractual o legal a que hace referencia el inciso 3.o de este artículo venciera con posterioridad al 30 de setiembre de 1965 y antes del 30 de setiembre de 1968, quedarán prorrogados hasta esa fecha si los arrendatarios o subarrendatarios modifican el alquiler según el coeficiente del inciso b) del artículo 6.o. La voluntad de acogerse a la prórroga prevista en los dos últimos incisos deberá ser manifestada en la forma establecida en el artículo 2.o. Si el plazo contractual o legal estuviere vencido, el arrendatario o subarrendatario dispondrá del término establecido en el artículo 1.o y el nuevo alquiler comenzará a regir a partir del primer día del mes siguiente al de la publicación de esta ley. Si no estuviere vencido deberán acogerse dentro de los últimos 120 (ciento veinte) días anteriores al vencimiento del plazo y el nuevo alquiler comenzará a regir desde el día siguiente a dicho vencimiento. No obstante cuando en los contratos a que se refieren los incisos anteriores se hubieren pactado diversos precios, el arrendatario pagará durante el lapso que mediare entre el vencimiento del término convencional y el del plazo legal, el precio de alquiler previsto contractualmente para regir en último término, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.

El alquiler se determinará multiplicando el precio fijado en el contrato inicial por el coeficiente que corresponda al año en que se otorgó dicho contrato. En caso de que en el contrato inicial se hubieran estipulado diversos precios para regir sucesivamente, se tendrá en cuenta el primero de ellos a los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior. Para los alquileres a devengarse hasta el 30 de setiembre de 1965, los coeficientes serán los establecidos en el inciso a) del artículo 6.o. Para los alquileres a devengarse desde dicha fecha hasta el 30 de setiembre de 1968 serán los establecidos en el inciso b) del mismo artículo. La opción establecida en el artículo 2.o se hace por una sola vez y sus efectos comprenden la aplicación de los dos coeficientes a que se refiere el inciso anterior.

Los coeficientes a que se refiere el artículo anterior son los siguientes: a) b) _______________ _______________ Año del contrato Coeficiente Año del contrato Coeficiente inicial inicial __ ___ ___ ___ 1943 5.20 1943 6.90 1944 5.00 1944 6.65 1945 4.45 1945 5.95 1946 4.05 1946 5.40 1947 3.50 1947 4.65 1948 3.45 1948 4.60 1949 3.25 1949 4.35 1950 3.10 1950 4.15 1951 2.65 1951 3.55 1952 2.35 1952 3.10 1953 2.25 1953 3.00 1954 2.00 1954 2.60 1955 1.80 1955 2.40 1956 1.70 1956 2.25 1957 1.50 1957 2.00 1953 1.40 1958 1.85 1959 1.20 1959 1.50 1960 1.10 1960 1.30 1961 1.20 1962 1.10 1963 1.00

Los aumentos provenientes de la aplicación de los coeficientes establecidos en el inciso a) se harán efectivos en forma escalonada, de manera de pagar la mitad de ese aumento hasta el 30 de setiembre de 1964. A partir de esa fecha el aumento se abonará en su totalidad.

Cuando a la fecha de la publicación de la presente ley, el alquiler resultante de la aplicación de los coeficientes establecidos en el artículo 6.o, supere el 20 % (veinte por ciento) de los ingresos mensuales nominales del núcleo familiar ocupante de la finca, será rebajado al referido porcentaje. En ningún caso la rebaja podrá significar disminución de la renta vigente a la publicación de la ley. Si el arrendatario o subarrendatario entablara demanda judicial, ésta deberá contener una relación jurada de los ingresos mensuales nominales del núcleo familiar ocupante de la finca. El Juez, cuando considere fundada la solicitud y atendiendo a la situación económica del núcleo familiar, podrá decretar, al sustanciar la demanda o posteriormente, la suspensión del pago de los aumentos que sobrepasen el porcentaje determinado en el inciso 1.o. Cuando el arrendatario o subarrendatario hubiese declarado menos ingresos de los que realmente tiene el núcleo familiar ocupante de la finca, quedará excluido de los beneficios de esta ley y el Juez, al apreciar este hecho en la sentencia, declarará rescindido el respectivo contrato de arrendamiento y condenará al arrendatario o subarrendatario al pago de las sumas complementarias adeudadas y de los tributos y costos.

El arrendador o subarrendador tendrá derecho a deducir acción de revisión del arrendamiento tendiente a que se modifique el alquiler o se cancele el beneficio otorgado a los arrendatarios y subarrendatarios de acuerdo al artículo 8.o porque ha cambiado la situación económica del núcleo familiar ocupante de la finca. Esta acción de revisión podrá deducirse sólo una vez, antes del 30 de setiembre de 1965, con referencia al alquiler legal a regir hasta esa fecha, e igualmente por una sola vez, antes del 30 de setiembre de 1968, con referencia al alquiler legal a regir hasta esa fecha. Si correspondiere, el aumento se hará efectivo desde la fecha de la demanda. El Juez en la sentencia, determinará, de acuerdo a la conducta procesal asumida por el demandado, si éste deberá abonar las diferencias de alquiler al contado, o hasta en 5 (cinco) cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores se entenderá por núcleo familiar del arrendatario o subarrendatario el integrado por él y su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad que habiten en la finca. Se considerará como ingreso mensual la doceava parte del total de los ingresos o rentas nominales percibidos durante el año anterior a la fecha de la demanda de rebaja o de revisión.

No podrán pactarse aumentos de alquiler, que excedan del 10 % (diez por ciento) anual sobre el precio inicial del contrato aún cuando se establezcan plazos de opción. Los aumentos mayores sólo serán válidos hasta el referido porcentaje. Para los contratos celebrados entre el 9 de enero de 1958 y la fecha de publicación de la presente ley, serán nulos de pleno derecho los aumentos, en lo que excedan del 15 % (quince por ciento) anual del alquiler inicial del contrato. Lo que exceda de esos límites se rebajará del precio actual del alquiler, pero no se podrá exigir la devolución de las cantidades ya pagadas, a la fecha de publicación de esta ley. Se aplicará también esta disposición en todos aquellos casos en los que el arrendador o subarrendador sea comprometiéndose durante cierto tiempo a devolver parte de los alquileres que en suma mayor a la realmente pactada figuren en el contrato, sea por cualquier otro sistema directo o indirecto, pretende una elevación de los alquileres que supere los porcentajes establecidos.

Las disposiciones del presente capítulo regirán para los arrendamientos y subarrendamientos con destino a comercio o industria.

Los arrendamientos o subarrendamientos con plazo contractual o judicial vencido o con plazo legal vencido o pendiente durarán hasta el 30 de setiembre de 1968, si los arrendatarios o subarrendatarios modificaren los alquileres de conformidad con los coeficientes del artículo 14, en la forma dispuesta en el artículo 2.o. El nuevo alquiler regirá a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de publicación de esta ley. Los arrendamientos o subarrendamientos con plazo contractual o judicial vigente que venzan antes del 1.o de octubre de 1968 durarán hasta esta fecha, si los arrendatarios o subarrendatarios modificaren los alquileres de conformidad con los coeficientes del artículo 14. La voluntad de acogerse a estos beneficios deberá ser manifestada en la forma establecida en el artículo 2.o, dentro de los 120 (ciento veinte) días anteriores al vencimiento del plazo. El nuevo alquiler comenzará a regir desde el día siguiente a dicho vencimiento.

El alquiler se determinará multiplicando el precio fijado en el contrato inicial por el coeficiente que corresponda al año en que se otorgó dicho contrato. Para los alquileres a devengarse hasta el 30 de setiembre de 1968, los coeficientes serán los siguientes: Año del contrato Coeficiente Año del contrato Coeficiente inicial inicial __ ___ ___ ___ 1943 8.6 1953 3.7 1944 8.3 1954 3.3 1945 7.4 1955 3.0 1946 6.7 1956 2.8 1947 5.8 1957 2.4 1948 5.6 1958 2.0 1949 5.4 1959 1.5 1950 5.2 1960 1.2 1951 4.9 1961 1.1 1952 4.3 1962 1.0

Cualquiera de las partes contratantes de un arrendamiento con destino a comercio o industria, dentro de los sesenta días de vencido el plazo establecido en el artículo 1.o, podrá solicitar la revisión del precio resultante de la aplicación de los coeficientes establecidos en esta ley por considerarlo en su caso insuficiente o excesivamente elevado. El Juzgado tendrá en cuenta los elementos de juicio referidos en el artículo siguiente, el dictamen pericial que las partes puedan solicitar conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y fijará el precio que estime justo, el que tendrá efecto retroactivo a la fecha de la demanda y permanecerá vigente por el plazo a que da derecho la aplicación de los coeficientes.

A los efectos de determinar el alquiler justo en la revisión de los precios de arrendamiento de inmuebles destinados a comercio o industria se tendrán presentes además de la ubicación del inmueble, su número de habitaciones y demás comodidades usuales, las circunstancias siguientes: a) Los precios de los arrendamientos de locales de características similares y de la misma zona; b) El índice general de aumento de los precios de las mercaderías basado en las estadísticas confeccionadas por el Ministerio de Hacienda; c) Las posibilidades económicas del lugar (centro urbano, vecindad a importantes fuentes de trabajo, de esparcimiento o especial afluencia de público); d) El interés del capital que representa el valor real del inmueble -establecido por la pericia- libre de gastos e impuestos. Entiéndese por gastos e impuestos, los impuestos nacionales y municipales a cargo del propietario, y los gastos de calefacción y portería, luz y agua; pero no los gastos de conservación y reparaciones.

La acción de revisión no suspende el pago del alquiler resultante de la aplicación del coeficiente respectivo. La diferencia que determine el alquiler fijado judicialmente, deberá ser abonada por el arrendador o el arrendatario en su caso en plazo de ciento veinte días, a partir de la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada. Vencido dicho plazo el testimonio de la sentencia constituirá título ejecutivo.

Tratándose de contratos de arrendamiento cuyo destino sea la explotación de un establecimiento comercial o industrial, el arrendatario tendrá la facultad de ceder siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a) Que la cesión se realice simultáneamente con la enajenación del establecimiento, debiéndose mantener el mismo giro del negocio en el local. b) que exista un contrato con plazo contractual o legal vigente y que acredite una antigüedad de dos o más años en calidad de arrendatario respecto a la finca en que está instalado el establecimiento. No regirá este plazo en los casos en que por causas graves y justificadas, el arrendatario se vea imposibilitado de continuar personalmente la explotación del establecimiento. c) Que durante ese lapso el cedente haya actuado personalmente al frente del establecimiento. d) Que se mantengan las garantías que se hubieran constituido o se constituyan en el caso de no existir, pudiéndose en todos los casos sustituir las fianzas personales por el depósito de títulos hipotecarios, en las condiciones establecidas en los artículos 34 a 38 inclusive, de la presente ley. e) Que el cesionario no merezca objeciones morales que puedan exponer al arrendador a la pérdida del prestigio del local. Cuando se tratare de personas jurídicas, las objeciones podrán referirse a la empresa como tal o a los directores o socios con uso de la firma social. Para que la cesión surta efectos respecto del arrendador, indispensable que le sea notificada notarial o judicialmente con no menos de treinta días de anticipación a su otorgamiento y que el arrendador no formalice oposición a la misma, dentro del término de quince días hábiles, a contar desde el inmediato siguiente a la notificación. Pasados estos quince días, sin deducir oposición se entenderá que consiente la cesión. La notificación deberá ser acompañada de una copia firmada del compromiso de enajenación, si existiere y tratándose de personas jurídicas, de la copia de los Estatutos o del contrato de sociedad, también firmados y de un certificado notarial en que consten los nombres completos y domicilios de los directores o socios con uso de la firma social y domicilio de la persona jurídica. La oposición, que sólo podrá fundarse en el incumplimiento de las condiciones exigidas en este artículo, si se formalizare, se sustanciará por el procedimiento de los incidentes y se estará a lo que el Juez resuelva, sin admitirse contra esa decisión sino el recurso de reposición. Este incidente deberá plantearse y sustanciarse ante el Juzgado competente para entender en el juicio de desalojo del local.

No estarán comprendidos en los beneficios de esta ley, los arrendatarios o subarrendatarios de edificios o lugares destinados a: a) Bancos e Instituciones de Crédito, sea cual sea su denominación u objeto, sus sucursales o agencias. b) Casas de Cambio que deban abonar por concepto de impuesto a la renta de Industria y Comercio, correspondiente al año 1963, una suma superior a $ 15.000 (quince mil pesos). c) Casas de Préstamos Prendarios, aunque estos revistan forma de compra con pacto de retroventa. d) Casas de bailes públicos, cabarets, dancings, boites, whiskerías y similares. e) Casas de huéspedes y prostíbulos. f) Casas y despachos de bebidas servidos por camareras. g) Casas de compra y venta de objetos usados. h) Agencias de préstamos hipotecarios. i) Fábricas de licores y bebidas alcohólicas en general. j) Establecimientos que compren o vendan pólizas de empeño. k) Reñideros de gallos. l) Establecimientos privados que se dediquen habitualmente a préstamos civiles o comerciales sobre vehículos, máquinas o mercaderías ya sea con garantía prendaria, con pacto de retroventa o con embargo preventivo sobre los bienes que afianzan el préstamo.

Las disposiciones del presente Capítulo regirán para los arrendamientos y subarrendamientos de fincas cuyo destino no sea para casa - habitación ni para establecimientos comerciales o industriales.

Los arrendatarios o subarrendatarios con plazo contractual vencido, legal o judicial, vencido o a vencer antes del 30 de setiembre de 1968, que modificaron el alquiler de conformidad con el coeficiente establecido en el inciso B) del artículo 6.o dentro del plazo y en la forma previstos en el artículo 2.o, dispondrán de un nuevo término que se extenderá hasta dicha fecha. Los arrendatarios o subarrendatarios con contrato vigente que, al término del plazo contractual modificaren el alquiler de conformidad con el coeficiente establecido en el inciso B) del artículo 6.o, dispondrán de un nuevo término que se extenderá hasta el 30 de setiembre de 1968. La voluntad de acogerse a esta prórroga deberá ser manifestada dentro de los 120 (ciento veinte) días anteriores al vencimiento del plazo contractual, en la forma establecida en el artículo 2.o. Se aplicará a estos arrendamientos, lo dispuesto en el artículo 11.

En los contratos celebrados a partir del 28 de marzo de 1953, la facultad de subarrendar, total o parcialmente, debe constar por escrito.

Se presumirá que hay subarrendamiento cuando se tratare de ocupantes por más de 3 (tres) meses que no sean parientes hasta el cuarto grado, del arrendatario o de su cónyuge, con excepción del servicio doméstico. Esta presunción admite prueba en contrario.

Como medida preparatoria podrá solicitarse la inspección ocular de la finca sin previa notificación del arrendatario, únicamente cuando esa medida tenga por objeto justificar los hechos que hacen presumir el subarriendo. Podrá hacerse constar en el acta respectiva, la información que suministren al respecto las personas que se encuentren en la finca.

Cuando el inquilino con plazo legal perciba por subarrendamiento un precio mayor que el abonado al arrendador, podrá éste optar por aumentar el precio hasta la cantidad percibida por el inquilino o rescindir el contrato aunque el subarrendamiento estuviese expresa o tácitamente permitido. Si se rescindiere el contrato, el arrendador subrogará al arrendatario en sus derechos y obligaciones, con respecto a los subarrendatarios.

Los subarrendatarios no podrán invocar frente al arrendador, más derechos que los del arrendatario o inquilino principal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior.

Durante la vigencia de los plazos de arrendamientos legales o judiciales, no podrá deducirse acción de desalojo, excepto las que se promuevan con referencia a: 1°) Los inmuebles expropiados. 2°) Las fincas adquiridas para vivienda de acuerdo a todas las leyes especiales para la adquisición o construcción de viviendas y las adquiridas por los empleados de los Bancos Oficiales, según el régimen especial dictado por cada uno de estos Institutos. 3°) Las fincas alquiladas de acuerdo con las leyes números 9.624, de 15 de diciembre de 1936, y su decreto reglamentario de 7 de noviembre de 1941; 10.765, de 26 de agosto de 1946, y el artículo 20 de la ley número 11.490, de 18 de setiembre de 1950, cuando de acuerdo con el artículo 15 de la citada en primer término, modificado por el artículo 40 de esta ley, no se hubiere realizado la sustitución de garantía dentro del plazo en ella previsto. 4°) Los inmuebles arrendados o subarrendados cuyo contrato hubiere sido rescindido por incumplimiento del arrendatario o del subarrendatario mediante sentencia ejecutoriada. La acción contra el subarrendatario corresponderá al arrendatario, pero el arrendador podrá subrogarlo, o actuar directamente contra éste o contra ambos, si la falta de cumplimiento del subarrendatario implica también una transgresión del contrato de arrendamiento. 5°) a) Cuando el propietario posea una o varias fincas que estén arrendadas para habitación en la misma localidad y no ocupe ninguna de ellas,podrá reclamar una para su propia vivienda. Aun cuando habite su propia casa podrá reclamar una para que la habiten sus padres y una para cada uno de sus hijos que hayan contraído matrimonio o que tengan a su cargo descendientes en primer grado de consanguinidad, y siempre que uno u otros, según el caso, no ocupen vivienda propia tengan a su cargo descendientes en primer grado de consanguinidad, y siempre que uno u otros, según el caso, no ocupen vivienda propia. (*) b) Tratándose de fincas en condominio, uno de los condóminos podrá reclamarla, con la ratificación de los demás copropietarios, para su propia vivienda, o para la de sus descendientes en primer grado que hayan contraído matrimonio o para sus ascendientes. Cuando los condóminos posean varias fincas arrendadas para habitación, el que no ocupe ninguna de ellas podrá reclamar, con la ratificación de los demás, una para su propia vivienda. Aún cuando habite su propia casa, podrá reclamar, con la ratificación de los demás condóminos una para sus ascendientes y una para cada uno de sus hijos que hayan contraído matrimonio. En los casos de los incisos a) y b) precedentes la finca deberá ser ocupada efectivamente dentro del plazo de 120 (ciento veinte) días de su desocupación por quienes tengan derecho a ello de acuerdo a la demanda de desalojo, y no podrá dársele otro destino, que el de finca-habitación, ni podrá ser nuevamente arrendada o subarrendada total o parcialmente, antes de transcurrir un plazo de 5 (cinco) años, a partir de la fecha en que quedó desocupada. En este caso es de aplicación lo prescripto en el artículo 24. A los efectos de las excepciones contempladas en este numeral, en las casas de departamentos o pisos cuyos locales se arrienden separadamente, cada uno de ellos se considerará como una casa - habitación, quedando librado a la apreciación del Juez la forma y grados de la aplicación de este precepto. En caso de que el demandante tenga varias propiedades, deberá expresar los motivos y razones que han determinado la selección de la finca y reseñar la situación de los arrendamientos de cada una, indicando el alquiler vigente, el inmediato anterior y las fechas desde que rigen los mismos. El juez examinará el mérito de los fundamentos expuestos y no hará lugar a la causal excepcional de desalojo, cuando por las circunstancias del caso la promoción del desalojo sirva o haya servido para obtener aumentos de arrendamiento que excedan los autorizados por la ley. En tales situaciones, los aumentos pactados que excedan lo autorizados por la ley, serán anulados y se rechazará la demanda, imponiéndose al actor el pago de tributos y costos.(*) Esa sentencia será notificada a todos los arrendatarios del actor. 6°) Los inmuebles de propiedad del Estado, Entes Autónomos, incluso los de los Servicios Descentralizados, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Gobiernos Departamentales; así como los inmuebles de propiedad de personas públicas no estatales, instituciones cooperativas, sociales, culturales, educacionales, asistenciales, de beneficencia, deportivas, gremiales o políticas que gocen de personería jurídica y sean reclamados para ocuparlos a los efectos del cumplimiento de sus fines, pudiendo el Juez apreciar el grado de necesidad de la institución reclamante. La ocupación deberá hacerse efectiva dentro de los 180 (ciento ochenta) días a partir de la fecha de entrega del inmueble. 7°) Las fincas para habitación, cuyo desalojo se solicite para reconstrucción parcial o total. En ambos casos, las reconstrucciones deberán duplicar, por lo menos, la capacidad locativa del inmueble, si no lo impiden las ordenanzas municipales. Entiéndese por duplicación de la capacidad locativa, la del número de locales o ambientes destinados a habitación, siempre que no se disminuya la superficie edificada total y se incluya la ampliación proporcional de los servicios sanitarios. 8°) Los inmuebles arrendados o subarrendados para cualquier destino que no sea habitación, cuyo desalojo se solicite para reconstrucción total o parcial. El costo de las obras proyectadas que importen reconstrucción, según resulte de los documentos estimativos que se presenten o de la pericia que se celebre en caso de contestación, deberá ser igual o mayor que el aforo asignado al bien para el pago del impuesto de la Contribución Inmobiliaria actualizado en la forma establecida en el artículo 266 de la ley N.o 12.804, de 30 de noviembre de 1960, con la redacción del artículo 20 de la ley No. 13.032, de 7 de diciembre de 1961. 9°) Las fincas destinadas a habitación a las cuales se cambie el destino, siempre que la reconstrucción sea total y se cuadruplique, por lo menos, el valor de aforo de la propiedad, calculado en la misma forma establecida en el numeral anterior. 10) Las fincas cuyo desalojo se solicite para reconstrucción, dado su carácter de ruinosas. El carácter de ruinosas se apreciará por el Juez, previa inspección ocular e informe pericial de su elección. Los honorarios del peritaje serán a cargo del actor. 11) Las fincas destinadas a casa-habitación cuyos arrendatarios o subarrendatarios se encuentren en las situaciones siguientes: a) Cuyos ingresos y los de su cónyuge sean superiores a $ 8.000.00 (ocho mil pesos) mensuales, y elevándose esta cantidad a razón de $ 1.000.00 (mil pesos), por cada hijo menor a su cargo. Se consideran como hijos, los menores e incapaces que se hallen al cuidado o guarda de cualquiera de los cónyuges. Se considerará como ingreso mensual la doceava parte del total de los ingresos nominales percibidos durante el año anterior a la fecha de la demanda de desalojo. Sin embargo, no podrá invocarse la causal enunciada en los casos en que los arrendatarios o subarrendatarios manifiesten su conformidad a la aplicación de los coeficientes determinados por el articulo 6.o con un recargo en cada caso del 50 % (cincuenta por ciento). Los juicios de desalojo ya iniciales al amparo de la disposición que se modifica serán cancelados sin más trámite, siempre que los demandados hagan efectivo el nuevo precio del alquiler que resulte de la aplicación del inciso anterior y a contar desde la fecha de vigencia de la citada ley No. 13.292.(*) b) Que hayan adquirido a título oneroso, uno o más inmuebles cuyo aforo para la Contribución Inmobiliaria actualizado según las normas establecidas en los artículos 262, 263 y 266 de la ley N.o 12.804, de 30 de noviembre de 1960, con la redacción del artículo 20 de la ley N.o 13.032, de 7 de diciembre de 1961, sea superior en conjunto a $ 150.000,00 (ciento cincuenta mil pesos). c) Que posteriormente a la celebración o renovación de sus contratos hayan adquirido en la misma localidad una vivienda que posea comodidades similares o superiores a las existentes de la finca que ocupa. Esta excepción podrá hacerse efectiva a partir de los 18 (dieciocho) meses de la adquisición de la finca.

Quedan exceptuadas de los beneficios de la presente ley, las fincas para vivienda que se alquilen por temporada. Considérase contrato por temporada el arrendamiento de inmuebles, en las zonas balnearias fuera de los límites de Montevideo, y cuyo plazo de vigencia no sea superior a 8 (ocho) meses. El plazo de desalojo, será de 15 (quince) días. El inquilino que retenga la finca arrendada por temporada por más tiempo del acordado en el contrato, será responsable de los daños y perjuicios que esa retención indebida irrogue al arrendador.

El plazo para el desalojo en los casos previstos por el artículo 27, con excepción de los numerales 3.o y 4.o, será de 1 (un) año. En los casos de los numerales 3.o y 4.o, será de aplicación la ley N.o 8.153, de 16 de diciembre de 1927 y las Leyes Especiales que correspondan.

En los casos de los numerales 5.o, 6.o, 7.o, 8.o y 9.o del artículo 27, si se efectuare traslación de dominio por acto entre vivos durante el plazo del desalojo, éste se tendrá por no promovido aunque medie sentencia ejecutoriada, salvo que se trate de beneficiarios indicados en el numeral 5.o del artículo 27, siempre que probare que concurren a su respecto los requisitos del mismo, en cuyo caso se computará el plazo ya transcurrido. No se aplicará esta disposición en los casos de los numerales 7.o, 8.o y 9.o si el adquirente toma a su cargo las obligaciones del enajenante mediante ratificaciones en el respectivo expediente. En la situación prevista por el numeral 5.o, el demandado condenado en el juicio podrá producir prueba hasta 45 (cuarenta y cinco) días antes del vencimiento del plazo fijado para el desalojo.

El actor, al promover el juicio de desalojo por las causales de los numerales 7o., 8o. y 9o. del artículo 27, deberá acompañar el anteproyecto y memoria descriptiva de las obras que se proponga realizar, y la constancia de haber iniciado los trámites para la obtención de los permisos oficiales de construcción. Dentro de los ciento ochenta días de intimado el desalojo, deberá agregar la constancia de que se ha otorgado el permiso de construcción. Si así no lo hiciese se clausurarán de oficio los procedimientos. Las obras deberán comenzar dentro de los ciento veinte días contados a partir del momento en que el edificio quede totalmente desocupado. Durante ese plazo la finca no podrá ser arrendada.(*)

En los casos de los numerales 5.o, 6.o, 7.o, 8.o, 9.o, 10 y 11 del artículo 27, el propietario cuya demanda fuere rechazada, no podrá promover nueva acción por la misma causal, hasta después de 1 (un) año de haber quedado ejecutoriada la sentencia por la que no se hizo lugar al desalojo.

Los aumentos de alquiler operados por aplicación de las disposiciones de esta ley, no se percibirán desde el momento en que se hagan valer en juicio las causales del artículo 27 de la misma. Si la demanda fuera rechazada o se clausurare el procedimiento, los aumentos volverán a correr desde la fecha en que quede ejecutoriada la sentencia. Cuando se decrete el desalojo, el Juez, apreciando las circunstancias del caso, podrá ordenar la devolución de todo o parte de los aumentos de alquiler abonados, la que se hará efectiva por el procedimiento de ejecución de sentencia.

El locador o sublocador, sus representantes o administradores de propiedades, no podrán exigir en garantía de alquiler una suma superior al monto de 7 (siete) meses de arrendamiento, tratándose de fincas destinadas a habitación y 10 (diez) meses cuando tuvieran otro destino. Esta garantía deberá constituirse en títulos hipotecarios, calculados por su valor nominal. En caso de aumento en el precio del arriendo el arrendador o subarrendador tendrá acción ante el Juzgado competente para exigir del arrendatario o subarrendatario la adecuación de la garantía al monto efectivo del alquiler. En este caso, el arrendatario o subarrendatario podrá optar entre hacerlo de inmediato en títulos hipotecarios o en 20 (veinte) cuotas en efectivo, mensuales, iguales y consecutivas. El arrendador deberá convertir su importe en títulos hipotecarios.

Cuando la garantía se constituya en títulos hipotecarios, en los contratos de arrendamiento o subarrendamiento o en el respectivo recaudo deberá constar el número y serie de los mismos.

Cuando las garantías de alquileres constituídas con anterioridad a la fecha de publicación de la presente ley consistan en depósitos de dinero, deberán los depositarios adquirir títulos hipotecarios por un valor nominal equivalente a la suma depositada. A estos efectos dispondrán del plazo de 120 (ciento veinte) días a contar de la fecha de publicación de esta ley, debiendo comunicar de inmediato y por escrito a los arrendatarios y subarrendatarios, los números y series de los títulos adquiridos.

No habiendo acción judicial iniciada por el arrendador o subarrendador podrá el arrendatario o subarrendatario sustituir la fianza personal por la garantía del alquiler en títulos hipotecarios. El arrendador o subarrendador no podrá oponerse a la sustitución. En caso de negativa del arrendador o subarrendador, el arrendatario o subarrendatario seguirá los procedimientos de la oblación y consignación.

Los cupones de los títulos o su importe se entregarán trimestralmente al arrendatario o subarrendatario.

Los actuales inquilinos que tengan constituídas garantías de alquiler por sumas superiores a las previstas en el inciso 1.o del artículo 34, tendrán derecho a llamar la devolución del importe de la diferencia. Esa diferencia, podrá el arrendatario descontarla directamente de los alquileres, en 5 (cinco) cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

(*)

(*)

Se ampliará el límite previsto por el artículo 3.o de la ley N.o 9.624, de 15 de diciembre de 1936 y concordantes, en las cantidades suficientes para absorber los aumentos que resulten de la aplicación de la presente ley.

Cuando el arrendatario no pueda precisar con exactitud la fecha del contrato inicial o su precio, podrá igualmente expresar su voluntad de acogerse a la ley de acuerdo al coeficiente que corresponda. El arrendador sin perjuicio de recibir el alquiler, podrá demostrar judicialmente por el procedimiento establecido en el artículo 48 que no corresponde el coeficiente indicado por ser distintas la fecha o el alquiler del contrato inicial. Esa acción deberá deducirse dentro del plazo de 60 (sesenta) días a partir del vencimiento del término establecido en el artículo 1.o.

Cuando el arrendador o subarrendador considere inexacto el precio o plazo manifestado unilateralmente por el arrendatario o subarrendatario, podrá reclamar por escrito ante el Juzgado de Paz de ubicación del inmueble. Interpuesta la demanda el Juez convocará a las partes a una audiencia verbal con intervalo de 10 (diez) días en la cual podrán ambas partes producir su prueba. Efectuada la audiencia el Actuario pondrá los autos al despacho y el Juez pronunciará sentencia dentro de 10 (diez) días. Si no se hubiera probado la inexactitud del precio o fecha de vigencia expresado por el arrendatario o subarrendatario en su manifestación de voluntad, el Juez desestimará la denuncia y quedará firme el aumento resultante de aquélla. El fallo del Juez será inapelable, no pudiéndose entablar juicio ulterior alguno. En la audiencia de prueba podrán las partes conciliar, en cayo caso se hará constar en el acta con expresión de los términos de la conciliación. Cuando el Juez estime que se ha litigado con malicia temeraria o con culpable ligereza, condenará en ambos casos el pago de tributos y costos, debiendo además aplicar la sanción prevista en el artículo 69. Si correspondiere aumento o devolución por diferencias de alquileres, ésta se hará efectiva desde la fecha en que se hizo exigible el aumento legal según la manifestación unilateral del inquilino. El Juez, en la sentencia determinará de acuerdo a la conducta procesal asumida por las partes si el aumento o devolución en su caso se abonarán al contado o hasta en 5 (cinco) cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

En las cuestiones judiciales que se susciten por la aplicación de la presente ley y de la ley número 8.153, de 16 de diciembre de 1927, serán competentes salvo disposición en contrario los Juzgados de Paz del lugar del inmueble cuando el precio mensual del arriendo del inmueble no supere la suma de $ 1.000.00 (mil pesos) o su equivalencia y en todos los casos cuando se trate de ocupantes a título precario. En el desalojo de ex condueños la Justicia de Paz intervendrá cuando el aforo para la Contribución Inmobiliaria no exceda de $ 10.000.00 (diez mil pesos).

La solicitud de intimación de pago de alquileres se deducirá por escrito. Todos los juicios de desalojos de bienes inmuebles se tramitarán por escrito en la forma dispuesta por el artículo 20 de la ley N.o 8.153 de 16 de diciembre de 1927. Si se dedujeran excepciones, contestadas las mismas, se convocará a las partes para tentar la conciliación. Contra las providencias ulteriores a la sentencia definitiva, no se admitirá el recurso de apelación.

Todos los plazos de desalojo empezarán a contarse desde el día siguiente a la intimación respectiva.

El procedimiento para ejercer las acciones estatuídas en los artículos 8.o, 9.o, 11, 15, 16, 25, 28, inciso final, 34, 39, 43, 55, 57, 68, 69 y 78, inciso final, será el determinado por los artículos 591 al 594 inclusive, del Código de Procedimiento Civil. En el caso del artículo 25 la sentencia tendrá efecto desde la fecha de la presentación de la demanda.

El mismo procedimiento regirá para la rescisión del contrato de arrendamiento. En las situaciones previstas por los artículos 1253 del Código de Procedimiento Civil y 1816 del Código Civil será optativo del arrendador, demandar previamente la rescisión del contrato o iniciar de plano el desalojo por mal pagador.

En todos los casos de los desalojos y demás juicios a que se refiere esta ley, toda acción o gestión judicial o administrativa deducida por los administradores de fincas arrendadas o iniciadas contra los mismos en su calidad de tales, tendrá iguales efectos que si se hubiera entendido con el propietario o arrendador aunque no medie mandato de éste con facultades bastantes para representarlo en juicio. Asimismo, se entenderá celebrado con los propietarios o arrendadores todo contrato, acuerdo o convenio realizado por los inquilinos con los administradores de fincas. Si fuera controvertida la calidad de administrador, bastará para configurarla a los efectos de este artículo, probar que el actor o demandado en su caso, es quien expide los recibos de alquiler. La presentación de los recibos de alquiler dentro de los 120 (ciento veinte) días de expedidos por el actor o demandado en su caso, hará plena prueba. Igualmente se tendrá por suficiente prueba de la calidad de administrador el contrato o instrumento que acredite la entrega de la administración por parte del propietario, pudiéndose presentar en cualquier etapa del procedimiento. Cuando el administrador sea actor, la justificación de su calidad de tal se podrá hacer, por certificación notarial.

A los efectos de que la Administración Central, Poder Judicial, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales, queden amparados a los plazos de esta ley, autorizase a los funcionarios de mayor jerarquía de la repartición u oficina instalada en la finca arrendada a realizar la gestión judicial correspondiente. En todos los casos podrán solicitar asesoramiento o la asistencia de los señores Fiscales de Hacienda en Montevideo y Letrados Departamentales en el Interior. De las gestiones a que se refiere este artículo darán cuenta a la autoridad superior de quien dependan.

Los tributos y costos de la primera intimación de pago serán de cargo del actor; los de las ulteriores, a cargo del intimado, haya o no caído en mora. Si hubiera contienda, regirá en lo pertinente, el artículo 688 del Código Civil.

Están comprendidos en los derechos y obligaciones que esta ley atribuye a los propietarios, los promitentes compradores de inmuebles cuya promesa esté inscrita y todos los demás titulares de derechos reales. No obstante los promitentes compradores y los titulares de derecho real de goce en los bienes inmuebles no podrán ejercer las causales de excepción previstas en los numerales 7.o, 8.o y 9.o del artículo 27. Los promitentes compradores con promesa inscrita podrán invocar la causales del numeral 5.o del referido artículo cuando acrediten alguna de estas circunstancias: a) Que la promesa esté inscrita con tres años por lo menos de anticipación. b) Que ha abonado por lo menos el cincuenta por ciento del importe asignado al bien objeto de la compraventa. c) Que la parte promitente vendedora se solidariza con las obligaciones y responsabilidades del promitente comprador en caso de desalojo. Esta solidaridad puede establecerse tanto en la promesa como por manifestación escrita en el juicio de desalojo. Los titulares de derecho real podrán invocar la causal del numeral 5.o del artículo 27, cuando acrediten que el derecho real se ha constituido con tres años por lo menos de anticipación a la solicitud de desalojo.(*)

Cuando el inquilino oblare el alquiler y éste no fuera aceptado por el arrendador, podrá aquél, en lo sucesivo, consignarlo sin más trámite en la Dirección de Crédito Público en el Departamento de Montevideo, o en los departamentos del interior en las respectivas sucursales del Banco de la República y esa consignación surtirá efectos de pago desde la fecha de la presentación del boleto respectivo en el Juzgado correspondiente, si fuere del alquiler debido. Por esta gestión no se cobrarán tributos judiciales y la comisión del depósito será de cargo del locador. No será necesaria la oblación de los alquileres cuando se consigne a consecuencia de una intimación de pago.

En caso de incumplimiento de lo establecido en el artículo 27, numerales 5.o, 7.o, 8.o, 9.o y 10, el propietario incurrirá en una multa a favor del inquilino equivalente al importe de 24 (veinticuatro) a 60 (sesenta) meses de alquiler de la finca. Esta multa es independiente de los daños y perjuicios que pudieren corresponder. También se considerará incumplimiento el desistimiento por parte del arrendador de la acción iniciada al amparo de las excepciones establecidas en los numerales mencionados en el inciso anterior, cuando este desistimiento sea posterior a la sentencia dictada por el Juez. La acción prescribirá al año de haber quedado configurada la infracción. Si el inquilino reclama sólo la multa, se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 48. Si promueve acción conjunta por daños y perjuicios, se aplicarán las reglas generales del Código de Procedimiento Civil.

Si se hubiese arrendado nuevamente la finca y el precio del alquiler fuese superior al que regía con el inquilino demandante, la multa se calculará en base a este último precio.

En el caso de violación de lo dispuesto por los artículos 34 y 64 el transgresor será pasible de una multa equivalente al importe de 10 (diez) a 40 (cuarenta) veces el arrendamiento mensual. Será percibida en una tercera parte por el arrendatario y el resto se verterá en el Instituto Nacional de Viviendas Económicas.

Cuando la presente ley se refiere a su publicación se entenderá la realizada en el "Diario Oficial", desde cuya fecha comenzará a regir.

Los arrendatarios o subarrendatarios con plazo judicial pendiente que no opten por los beneficios que concede esta ley dentro del plazo previsto en el artículo 1.o, tendrán derecho a ocupar la finca hasta el fin de aquel plazo; pero al término del mismo podrán ser desalojados de conformidad con lo establecido en la ley N.o 8.153 de 16 de diciembre de 1927.

Por contrato inicial se entenderá el primero que las partes hayan otorgado a partir del 1.o de enero de 1943. Para los otorgados con anterioridad, el precio a tener en cuenta y el coeficiente aplicable serán los correspondientes al año 1943. Se entenderá por contrato inicial el acuerdo de voluntades en virtud del cual el inquilino actual o su causante por título universal ingresó a la finca como arrendatario o subarrendatario, cuando la utilización de la misma se haya continuado sin interrupción y a igual título hasta la fecha de publicación de esta ley.

Deróganse los incisos 2.o del artículo 2.o y 2.o del artículo 3.o de la ley N.o 12.492 de 9 de enero de 1958.

Fuera de las causales establecidas en el artículo 27 de la presente ley, no podrá deducirse acción de desalojo hasta que hubiere transcurrido el plazo del artículo 1.o.

La manifestación unilateral de voluntad para acogerse a los beneficios de esta ley deberá hacerse por escrito, en papel simple y sin necesidad de firma letrada.

Queda prohibido percibir sumas por cualquier otro concepto que puedan ser consideradas como pago de diferencias de alquileres así como aplicar recargos que no correspondan, de acuerdo con la legislación en vigor, o cobrar gastos judiciales no decretados por el Juez.

Las cifras a que se refiere el inciso 11) del artículo 27 serán modificadas a partir del 1.o de octubre de 1966 y luego cada dos años, de acuerdo con el porcentaje de variación del costo de la vida, el que será fijado por el Poder Ejecutivo dentro de las siguientes condiciones: a) La Dirección General de Estadísticas y Censo en el mes de julio de 1966 determinará la variación del costo de la vida a partir del 30 de junio de 1963, lo que comunicará al Poder Ejecutivo. b) El Poder Ejecutivo podrá modificar dicho porcentaje hasta en un 20 % (veinte por ciento). c) El Ministerio de Hacienda, antes del 31 de agosto de 1966, publicará el porcentaje fijado por el Poder Ejecutivo en el "Diario Oficial" y le dará amplia difusión.

(*)

El arrendatario podrá realizar la instalación de antenas receptoras para canales de televisión en las siguientes condiciones: a) La instalación deberá ser de tipo profesional. b) Si la antena causara vibraciones, zumbidos o cualquier otro tipo de molestias, deberá complementarla colocando elementos antivibratorios, filtros, para señales de radio y montaje sobre goma, a fin de subsanarlas. c) Los daños causados en la mampostería del edificio por la instalación de la antena, serán reparados de inmediato por el arrendatario. Si no lo hiciere éste, podrá hacerlo el propietario o administrador, debiendo el arrendatario reintegrarle su importe conjuntamente con el alquiler del mes inmediato siguiente, formando con éste una obligación indivisible. d) Si el propietario instalare en el edificio un sistema colectivo receptor de canales de televisión los arrendatarios no podrán instalar su antena particular, debiendo retirar las que se encuentran instaladas en el momento de empezar a funcionar el sistema colectivo.

Los servicios accesorios a la locación no podrán suprimirse ni reducirse salvo caso de fuerza mayor judicialmente declarada. Lo mismo se entenderá en lo relativo a las obligaciones de cualquier clase, expresamente pactadas o que hayan estado de cargo del arrendador o subarrendador durante el período ya cumplido de ejecución del contrato. Los arrendatarios podrán solicitar la inspección ocular del inmueble a los efectos de comprobar su incumplimiento y reclamar al Juez intime dicho restablecimiento fijando un plazo no inferior a 30 (treinta) días para la realización de los trabajos pertinentes. A petición de parte podrá aumentar o prorrogar dicho término por causa justificada. Al disponer lo anteriormente establecido el Juez determinará el porcentaje de rebaja del alquiler entre el 10 por ciento (diez por ciento) y el 50 % (cincuenta por ciento) que correspondería en caso de incumplimiento del arrendador. Si éste incumpliera en el plazo fijado el arrendatario pagará en adelante el alquiler con la rebaja establecida hasta que se restablezcan los servicios u obligaciones, sin que el arrendador pueda reclamar su devolución. La aplicación del máximo de rebaja, se tendrá por especialmente justificado cuando en la finca vivan niños o ancianos.

Las infracciones a la presente ley, no previstas expresamente, darán lugar a la aplicación de multas hasta el equivalente del importe de 10 (diez) meses de arrendamiento. La demanda se deducirá ante el Juez competente para el desalojo. La multa en caso de corresponder, se adjudicará al demandante.

Declárense nulas las cláusulas de los contratos que establezcan directa o indirectamente: a) La renuncia anticipada a los plazos, derechos y demás disposiciones de esta ley. b) El pago por el arrendatario de gravámenes que las leyes y ordenanzas pongan a cargo del propietario. c) La prohibición de instalar en el edificio antenas receptoras para canales de televisión. d) La elevación del alquiler o su pago por adelantado, para la época posterior al vencimiento de los plazos pactados a favor de ambos contratantes. e) La fijación o el monto del alquiler en moneda extranjera.

Los plazos que se determinan en esta ley se reputarán establecidos en beneficio de los arrendatarios y subarrendatarios.

Se entenderá por plazo judicial el que ha sido fijado o aprobado por el Juez competente en los trámites de fijación de alquiler razonable, o los establecidos en conciliaciones y transacciones judiciales.

Cuando el propietario haya pagado tributos nacionales y municipales o servicios accesorios cuyo pago se haya puesto a cargo del inquilino, la deuda se reputará indivisible con el alquiler y su falta de pago tendrá los mismos efectos que la del alquiler mismo. A los efectos de la competencia judicial, sólo se tendrá en cuenta el monto de los arrendamientos.

La presente ley se aplicará a los arrendatarios y subarrendatarios de fincas urbanas y suburbanas y las disposiciones de la misma que establezcan beneficios para los inquilinos, sólo podrán invocarse por quienes tengan la calidad de buenos pagadores, con excepción de lo establecido en los artículos 46 y 47 que se aplicarán igualmente para los inquilinos malos pagadores. Se entenderá que no ha perdido su calidad de buen pagador quien haya hecho uso de la facultad que le acuerda el artículo 33 de la ley N.o 8.153 de 16 de diciembre de 1927.

Los porteros, cuidadores, limpiadores, encargados y en general todos los empleados que estén al servicio de conventillos, casas de inquilinatos, apartamentos, escritorios o similares, y a los cuales se les proporcione vivienda en el propio edificio que sirven con la única compensación que por tal concepto autoricen las leyes, reglamentos o laudos de Consejos de Salarios, no tienen la calidad de arrendatarios. Podrán ser desalojados con plazo de 15 (quince) días.

El comodatario de un bien inmueble, aún si tuviere la calidad de precario, no modifica dicha calidad por el hecho de abonar los consumos de luz, agua corriente, gas u otros que se derivaren del uso que él hace del inmueble. En caso de desalojo fundado en esta calidad, incumbe al intimado la prueba del hecho de no ser comodatario que él invocara.

El inquilino seguirá abonando el alquiler vigente, cuando de la aplicación de los respectivos coeficientes, resultare un alquiler menor.

En todos los casos de desalojo cuyos plazos legales sean de 15 (quince) días, la sentencia de primera instancia que haga lugar al desalojo será inapelable. El desalojado podrá iniciar juicio ulterior de revisión para reclamar los daños y perjuicios que correspondiere, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 48.

El contrato de arrendamiento y los derechos que otorgan al arrendatario las Leyes Especiales pasan a su cónyuge y en su defecto a los ascendientes y descendientes directos y parientes afines hasta el segundo grado inclusive del locatario, cuando éstos hayan convivido con aquél no menos de un año inmediato anterior a su fallecimiento.

En todo juicio de desalojo y hasta la toma judicial de posesión del bien desalojado, cualquiera de las partes podrá solicitar la realización de una inspección ocular o inventario del bien, al solo efecto de comprobar el estado de conservación del mismo o de las mejoras en él efectuadas y los desperfectos existentes.

En los desalojos de malos pagadores, no se admitirá recurso alguno contra la sentencia definitiva de primera instancia, si no se acredita simultáneamente por el desalojado, que ha consignado en la Dirección de Crédito Público, el importe de los alquileres devengados hasta ese momento, debiendo el desalojado, para poder continuar el trámite, acreditar mes a mes el mismo extremo. En caso de no mediar las justificaciones mencionadas, los recursos se tendrán por no deducidos y a petición del desalojante, se decretará el lanzamiento, que no podrá ser aplazado y contra el cual no habrá recurso alguno.(*)

Esta ley y lo dispuesto en el artículo 1819 del Código Civil son de orden público. A falta de disposición expresa se aplicarán en lo pertinente las normas de la ley N.o 8.153, de 16 de diciembre de 1927.

Agrégase al artículo 1813 del Código Civil el siguiente inciso: "Si el arrendatario de una casa de inquilinato o de otro tipo de finca que determine cierta convivencia entre los inquilinos del mismo edificio, promoviere escándalos u observare una conducta tal que comprometiera gravemente la corrección de costumbres de la comunidad de inquilinos o su pacífica convivencia, el arrendador o el co-inquilino perjudicado podrán pedir judicialmente su desalojo en la forma prevista por el inciso B) del artículo 2o. y artículo 17 de la ley No. 8.153, de 16 de diciembre de 1927".

En caso de concurrir la doble finalidad de habitación y otro destino, las disposiciones de esta ley se aplicarán atendiendo a lo principal.

Deróganse todas las leyes sobre arrendamientos, desalojos y lanzamientos urbanos promulgadas con posterioridad a la vigencia de la ley No. 8.153, de 16 de diciembre de 1927, así como todas las que se opongan a la presente. No obstante, los procedimientos de desalojos y lanzamientos en trámite promovidos al amparo de las excepciones del artículo 7o. de la ley No. 11.921 de 24 de marzo de 1953 y 15 de la ley No. 12.492, de 9 de enero de 1958, así como las reclamaciones de multas y demás acciones deducidas de conformidad con dichas leyes, continuarán rigiéndose por éstas hasta su completa terminación. No podrán iniciarse nuevos juicios de alquiler razonable y los que estén en trámite quedarán clausurados. Los tributos serán de oficio.

Comuníquese, etc.