Seguridad social. afiliaciones. deudas bancarias y prestamos a productores e industriales

(No afiliación. Sanciones). Las empresas y los contribuyentes en general, comprendidos en las leyes de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio, de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez, que aún no se hubieren afiliado a las mismas, deberán hacerlo en el plazo indicado por el artículo 9.o de la presente ley, bajo las sanciones previstas en el artículo 11 de la ley número 13.296, de 29 de octubre de 1964. Quienes lo hicieran dentro de este plazo estarán exentos de las referidas sanciones.

(Facilidades). Las sumas adeudadas hasta el 30 de junio de 1967, a las Cajas de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio y de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez, por concepto de aportes patronales y obreros, impuestos, contribuciones y demás gravámenes, podrán abonarse del modo que a continuación se expresa, y comprende tanto a los inscriptos como a los que aún no los tuvieren, acogidos o no a los planes vigentes de facilidades o regularización de sus deudas y se hallaren o no al día en el pago de sus obligaciones. El nuevo régimen podrá favorecer a los deudores acogidos a cualquier sistema anterior de facilidades para el pago de las deudas que estuvieran abonando con dichas facilidades.

(Avalúos. Declaraciones y Título Ejecutivo). La deuda se establecerá por avaluación conforme a las disposiciones legales en vigor. Mientras no se haya realizado el avalúo y la liquidación de los adeudos, se admitirá provisionalmente la declaración del deudor sobre el monto de los tributos adeudados, con cuya base se liquidará la cuota de provisoria amortización que comenzará a pagarse inmediatamente. La declaración del deudor constituirá título ejecutivo. Si la diferencia entre el monto declarado por el deudor y el monto del capital adeudado resultante del avalúo supera el 40% (cuarenta por ciento) de éste, quedarán sin efecto las facilidades. Sin embargo, podrán mantenerse si el deudor cancela el total de la diferencia con los respectivos intereses de mora liquidados hasta la fecha de cancelación con los recargos y multas correspondientes, a dicha diferencia, en el plazo de treinta días a contar de la notificación. Realizada la avaluación y la liquidación de la cuenta, se establecerán las cuotas definitivas de amortización con los intereses correspondientes al plazo elegido incluyendo el total en el período restante del convenio. Suspéndese por el término de treinta días la aplicación del régimen de avaluación vigente en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez, para los establecimientos agropecuarios.

Las deudas consolidadas a la fecha indicada en el artículo 2.o podrán pagarse: A) Con exoneración de intereses, multas y recargos, si el pago total de la deuda se realiza dentro del plazo de sesenta días para los deudores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio, y de ciento veinte días para los deudores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez. Los plazos que anteceden, comenzarán a contarse desde la fecha de entrada en vigor de esta ley (artículo 18). B) Con exoneración de intereses, multas y recargos de las deudas antedichas, en la parte proporcional a las sumas que abonen parcialmente, dentro de los mismos plazos. C) En cuotas mensuales, iguales y consecutivas, por la cantidad total declarada o por la cantidad pendiente de pago luego de verificado el pago parcial en las condiciones establecidas en el apartado B). El número de cuotas podrá extenderse hasta ciento veinte, atendiendo a la importancia de la deuda, a los antecedentes de la empresa, a su solvencia y su capacidad de pago y a los demás elementos de juicio que puedan insumir razonablemente, en la decisión, según el régimen que previamente establecerá el Banco de Previsión Social por la vía reglamentaria. La deuda generará los siguientes intereses anuales sobre los saldos: hasta en treinta y seis cuotas, el 12% (doce por ciento); hasta en setenta y dos cuotas el 14% (catorce por ciento); hasta ciento ocho cuotas, el 16% (dieciséis por ciento) y por mayor número de cuotas, el 18% (dieciocho por ciento). El Banco de Previsión Social, para dar trámite a los pedidos de consolidación, podrá exigir a los solicitantes, la presentación de los recaudos que justifiquen el pago puntual de sus obligaciones con las Cajas por el tiempo transcurrido entre el 30 de junio de 1967 y la fecha de su solicitud.

(Cese, caducidad y rehabilitación de los convenios). Treinta días después del vencimiento del mes de cargo de cada cuota, el deudor caerá automáticamente en mora, sin necesidad de previa intimación judicial ni otro aviso. El Banco de Previsión Social, en este caso, podrá ejecutar únicamente las cuotas vencidas, si así lo justificase la importancia de su monto, con independencia del resto de la deuda, a cuyo respecto subsistirán las facilidades acordadas. No obstante lo expuesto, caducará el convenio si el deudor incurre en demora en el pago de tres cuotas mensuales consecutivas, así como también, si no abonare por el mismo período las obligaciones correspondientes. La caducidad del convenio aparejará la inmediata ejecución por el saldo del crédito, con todos los recargos legales, a partir del atraso. El Banco de Previsión Social podrá rehabilitar el convenio a solicitud del deudor, siempre que éste asegure debidamente su cumplimiento ofreciendo garantía real o personal o caución, que se juzguen bastantes por el Banco. En tal caso el plazo para el pago no podrá exceder de la mitad del que se concedió originalmente.

(Bonificación tributaria). Las empresas que al 31 de mayo de 1967, se encontraran al día tanto en el pago de los tributos corrientes como en el de las cuotas de convenios que hubieren celebrado, gozarán de una disminución de un 1% (uno por ciento) de la tasa de contribución patronal en el curso del año 1968 y del 2% (dos por ciento) en el curso del año 1969, que regirá en tanto se mantenga el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales. Este artículo sólo se aplicará a los contribuyentes de las Cajas de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio y Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez y con referencia a sus obligaciones con respecto a las mismas.

(Intervención y ejecución). En las situaciones previstas en los artículos anteriores, una vez caído en mora el deudor, el Banco de Previsión Social podrá intervenir o ejecutar a la empresa deudora según lo juzgue más conveniente. La intervención no tendrá otro objeto que el de retener periódicamente las cantidades necesarias hasta completar la suma adeudada, acrecida con los intereses legales y los gastos que se originen. La intervención podrá cumplirse por funcionarios del Banco de Previsión Social en forma extra-judicial siempre que así lo consienta expresamente el deudor. El Banco de Previsión Social establecerá previamente y mediante reglamentación los requisitos y condiciones que deberán cumplir y satisfacer los interventores para desempeñar el encargo, y podrá removerlos cuando las circunstancias así lo justifiquen. Los interventores que cobren honorarios como tales, no percibirán su sueldo como funcionarios del Banco.

(Certificados). El Banco de Previsión Social librará los certificados de rigor, a las empresas y contribuyentes que se acojan a las facilidades de pago y los renovará periódicamente mientras subsista el convenio.

(Plazo para el acogimiento). Fíjase el plazo de sesenta días, para que los deudores de tributos a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio, formalicen el acogimiento al régimen que se establece en los artículos anteriores, en cualquiera de sus oficinas. Para los deudores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez, el plazo será de ciento veinte días.

Las empresas deberán comunicar al Banco de Previsión Social, por escrito del que conservarán copia sellada, todo cambio de domicilio. En caso de no practicarse tal comunicación se tendrá por domicilio el denunciado en último término ante el organismo, a todos los efectos administrativos y judiciales.

(Régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares). El Banco de Previsión Social podrá celebrar convenios de pago con organismos públicos deudores de aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles y Escolares, en los casos en que la situación financiera del organismo deudor acreditara, a juicio del Banco de Previsión Social, la imposibilidad del cumplimiento regular del pago de los aportes adeudados al 30 de junio de 1967. En dichos convenios se fijará el monto total del crédito, el plazo de pago, que no podrá ser en ningún caso superior a los ciento veinte meses, y las demás condiciones que correspondan. Se establecerá además la parte del crédito que el Banco de Previsión Social deberá percibir necesariamente en efectivo, esto es, una entrega inicial y las cuotas acordadas. Fíjase el plazo de sesenta días para que los organismos públicos deudores formalicen su acogimiento a este régimen.

La celebración del convenio y el pago de la primera cuota, facultarán al Banco de Previsión Social para expedir el certificado previsto por el artículo 87 de la ley N.o 12.761, de 23 de agosto de 1960.

Los organismos públicos que cumplan con el convenio y con los aportes generados por nuevas obligaciones, se tendrán como estando al día en los pagos, a los efectos que correspondan. Todo sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 43 de la ley No. 13.426, de 2 de diciembre de 1965. Lo establecido en los artículos anteriores y en el presente no será aplicable a los pagos de aportes que atiende el Ministerio de Hacienda, el que convendrá con el Banco de Previsión Social las formas de pago que fueren del caso.

El Banco de Previsión Social podrá dejar sin efecto el convenio en los siguientes casos; A) Si el organismo deudor omite abonar dos cuotas mensuales consecutivas. B) Si el organismo deudor se atrasa dos meses consecutivos en el cumplimiento de sus aportaciones normales. En estos casos, el Banco de Previsión Social no expedirá el certificado de rigor.

(*)

Sustitúyese lo dispuesto por los artículos 1o. de la ley No. 12.143, de 19 de octubre de 1954, 7o. de la ley No. 12.934, de 24 de octubre de 1961 y 37 de la ley No. 13.426, de 2 de diciembre de 1965, por el siguiente: "Los afiliados patronos que al 31 de diciembre de 1966 tengan adeudos con las Cajas de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio y de los Trabajadores Rurales y Domésticos y de Pensiones a la Vejez, por cuya causa no entraron al goce de la pasividad, conforme con la ley número 11.237, de 8 de enero de 1949, en su artículo 1o., podrán acogerse al régimen de pago que se condiciona por los artículos siguientes".

El Banco de Previsión Social podrá disponer de cualquiera de los fondos que administra, a los fines de dar cumplimiento de la totalidad de las obligaciones de cada uno de los sectores que lo integran y de las pensiones a la vejez. El uso de dichos fondos será en carácter de oportuno reintegro en un plazo no mayor de noventa días.

(Fecha de aplicación). Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo entrarán en vigor, a todos sus efectos, a partir del día primero del mes siguiente al de su publicación.

El régimen establecido en este Capítulo se aplicará, en lo pertinente, a las aportaciones de Asignaciones Familiares y Seguros de Enfermedad, con excepción de lo dispuesto en el artículo 6o.

Se mantiene lo dispuesto por el artículo 6o. de la ley N.o 8.634, de 18 de junio de 1930, modificativas y concordantes, en lo referente a las aportaciones normales a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Industria y Comercio. El Banco de Previsión Social deberá expedir el certificado correspondiente dentro de los noventa días de presentados, por parte del interesado, los recaudos necesarios, vencidos los cuales se dará por cumplido el extremo exigido en el artículo 6o. de la ley referida.

El Banco de la República Oriental del Uruguay concederá créditos por un monto no mayor de $ 3:000.000.00 (tres millones de pesos) a un interés no superior al 12% (doce por ciento) anual, a todo productor agropecuario o industrial que haya contraído ante acreedores particulares, Banca Oficial o privada y Cajas Populares, deudas vinculadas con el giro normal de esos negocios y a los deudores por todo concepto del Instituto Nacional de Colonización, y cuyo pago en las circunstancias actuales supusiera una real descapitalización. Los acreedores particulares a que se refiere el inciso precedente deberán tener la calidad de productores agropecuarios, de cooperativas agropecuarias o tratarse de la Cooperativa Nacional de Productores de Leche. En el caso de deudas ante acreedores particulares, sólo se tendrán en cuenta las documentadas en escrituras públicas de fecha anterior al 1o. de julio de 1967 o en vales, conformes o pagarés reconocidos o dados por reconocidos, judicialmente, antes de la misma fecha. Sólo se podrán tener en cuenta las deudas vencidas o a vencer dentro de los próximos ciento ochenta días, siempre que hayan sido contraídas antes del 1o. de julio de 1967. Las Cooperativas Agropecuarias en actividad y amparadas en la ley N.o 10.008, de 5 de abril de 1941, con antigüedad superior a tres años de funcionamiento, que justifiquen fehacientemente, ante el Banco de la República Oriental del Uruguay, la existencia de deudas contraídas con sus asociados, con anterioridad al 1o. de julio de 1967, deberán obtener del referido Banco, los créditos a que se refiere este artículo.

Para obtener los créditos a que se refiere el artículo anterior, deberá el interesado presentarse dentro de los noventa días de la fecha de promulgación de la presente ley ante el Banco de la República Oriental del Uruguay con un estado de situación y un detalle de todas sus deudas, especificando las que mantenga con los acreedores particulares, la Banca Oficial o privada, Cajas Populares o Instituto Nacional de Colonización. El Banco de la República Oriental del Uruguay examinará la situación planteada y dentro de los ciento ochenta días de presentada la solicitud, deberá determinar si el deudor se encuentra en la situación de real descapitalización prevista en el artículo 21, en cuyo caso concederá el préstamo y fijará los plazos y forma de concertación y amortización del mismo. El plazo no podrá exceder de cinco años. El préstamo comprenderá la deuda o deudas contraídas en moneda nacional, más la totalidad de sus intereses incluso los de mora, las comisiones y tributos judiciales producidos hasta la fecha de concesión del préstamo. Asimismo comprenderá los costos producidos hasta el 1o. de julio de 1967. Los tributos y los costos referidos serán abonados a la institución acreedora, la que para hacerlos efectivos, podrá girar por los respectivos importes contra la cuenta mencionada en el inciso final de este artículo. El importe total del préstamo será depositado en una cuenta especial que se abrirá para cada institución acreedora en el Banco de la República Oriental del Uruguay, pudiendo operarse su retiro total o parcial, de conformidad con lo establecido en el artículo 26. El depósito en la referida cuenta determinará la cancelación de la obligación del deudor frente a la institución acreedora.

El Banco de la República Oriental del Uruguay podrá exigir, para la nueva operación, el mantenimiento de todas las garantías existentes o exigir otras nuevas, adecuadas a la situación del deudor.

El Banco Central del Uruguay redescontará al Banco de la República Oriental del Uruguay los documentos extendidos de conformidad con lo establecido en los artículos anteriores, cualquiera fuere el plazo de los mismos. Los billetes que se emitan por este concepto serán retirados de la circulación a medida que se amorticen los documentos redescontados.

El importe que se acredite a las instituciones acreedoras, en virtud de lo establecido por el artículo 22 de esta ley, sólo podrá ser colocado en préstamos dentro de las líneas de crédito agrario o industrial y de los plazos mínimos que fije el Banco Central del Uruguay para asegurar su inversión con fines reproductivos. Quienes reciban estos créditos no pagarán por ello más del 12% (doce por ciento) de interés anual y un porcentaje de hasta el 6% (seis por ciento) anual por concepto de comisiones y gastos. Se exceptúa de esta disposición al Instituto Nacional de Colonización y a los acreedores particulares mencionados en el artículo 21, que podrán disponer de los importes del modo que consideren más conveniente.

Las instituciones acreedoras a medida que vayan concediendo los créditos a que se refiere el artículo anterior, podrán efectuar retiros de la cuenta especial abierta para cada una de ellas en el Banco de la República Oriental del Uruguay, según lo establecido por el artículo 22 de esta ley. El Banco Central del Uruguay mantendrá en todo tiempo los poderes de fiscalización más amplios para controlar el cumplimiento de las normas de la presente ley, por parte de los Bancos privados y Cajas populares y de las disposiciones que dicte el mismo Banco en virtud de lo establecido en los artículos anteriores. Las infracciones a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos serán sancionados, previo sumario, por el Banco Central del Uruguay con multas de pesos 5.000.00 (cinco mil pesos) a $ 500.000.00 (quinientos mil pesos) quedando además facultado dicho Banco para proponer al Poder Ejecutivo, suspender o anular la autorización de funcionamiento de la institución infractora. Toda resolución sancionatoria que se adopte será publicada, a costa de los infractores, en dos de los diarios de mayor circulación.

El Banco de la República Oriental del Uruguay establecerá una línea de crédito especial, para la asistencia a los productores agropecuarios perjudicados por los factores climáticos ocurridos en el país en el período comprendido entre el 1.o de octubre de 1966 y la fecha de vigencia de la presente ley con fines de reposición o reparación de los daños emergentes. El Banco de la República Oriental del Uruguay adoptará las medidas conducentes a la comprobación de los hechos en que se fundamenta la petición. A los efectos establecidos en el inciso primero de este artículo, autorízase al Banco Central del Uruguay para redescontar al Banco de la República Oriental del Uruguay, los documentos originados en los préstamos que se otorguen y de conformidad con el artículo 20, apartado B) de la ley N.o 9.808, de 2 de enero de 1939, en la nueva redacción dada en la ley N.o 13.243, de 20 de febrero de 1964. Los créditos que por esta disposición conceda el Banco de la República Oriental del Uruguay, deberán serlo por montos, plazos, y amortizaciones adecuados al tipo y entidad de los perjuicios sufridos. Tendrá en cuenta además, especialmente, las características de las producciones intensivas y los efectos inmediatos que su deterioro tiene en el consumo nacional. Estos créditos serán otorgados independientemente de lo dispuesto en el artículo 21.

A partir de la fecha de la promulgación de la presente ley, el Banco de la República Oriental del Uruguay no aceptará nuevas solicitudes de crédito de productores agropecuarios o industriales, por el régimen establecido en la ley N.o 13.141, de 4 de julio de 1963.

Exonérase del impuesto establecido en el artículo 32 de la ley N.o 13.420, de 2 de diciembre de 1965, y sus modificativas a los créditos que conceda el Banco de la República Oriental del Uruguay en virtud de los artículos 21 y 25 de esta ley.

Comuníquese, etc.