Declaracion de interes nacional la marina mercante de bandera uruguaya

Los buques de bandera nacional existentes a la fecha de promulgación de esta ley, gozarán de la reserva de cargas aunque no llenen los requisitos de los artículos 9º o 10º, siempre que realicen servicio regular aprobado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. (*)

El Poder Ejecutivo, previo informe del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, reglamentará los plazos y los radios de acción necesarios para considerar un buque en posición de carga en relación a los puertos de embarque. (*)

Corresponde al Ministerio de Defensa Nacional por intermedio de la Prefectura Nacional Naval, y con intervención de la Cámara de la Marina Mercante Nacional, certificar la existencia o no de buques en posición de carga para efectuar el transporte. Cumplido este requisito, se remitirá al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, (Dirección General de Marina Mercante), copia de los certificados expedidos, para el debido contralor y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 3º de esta ley. (*)

El Poder Ejecutivo, establecerá las bonificaciones de que gozarán los fletes de las exportaciones que se efectúen en buques de bandera nacional. A tales efectos, el exportador podrá deducir del pago de impuestos nacionales, la suma correspondiente a dichas bonificaciones. (*)

El Poder Ejecutivo podrá extender la obligación de embarcar en buques de bandera nacional, a las exportaciones de mercaderías, bienes o productos que gocen de franquicias fiscales y a aquéllas cuya financiación o aval se realicen por instituciones que formen parte del sistema bancario nacional. (*)

Los buques de bandera nacional que cumplan tráficos o servicios aprobados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y las mercaderías, productos y bienes que éstos transporten, gozarán de los beneficios de la presente ley, siempre que aquéllos cumplan con los requisitos que se enumeran a continuación: A) Cuando sus propietarios, partícipes o armadores (artículo 1045 del Código de Comercio) sean personas físicas, deberán acreditar su condición de ciudadanos naturales o legales de la República y justificar su domicilio en el territorio nacional. B) Cuando sus propietarios, partícipes o armadores (artículo 1045 del Código de Comercio) sean personas jurídicas privadas, estatales o mixtas (artículo 188 de la Constitución de la República) deberán acreditar, en cuanto corresponda: 1) Su domicilio social en el territorio nacional. 2) Control y dirección de la empresa ejercidos por ciudadanos naturales o legales uruguayos. 3) Tener representante debidamente acreditado y con domicilio en el territorio nacional. 4) Inscripción y justificación de estar al día con las obligaciones establecidas por leyes sociales y tributarias correspondientes a la empresa, a buques armados por ésta o de su propiedad. Para los casos en que el tráfico o servicio a que se destine la nave, deba cumplirse exclusivamente dentro del territorio nacional, deberán acreditar en cuanto corresponda: A) Cuando los propietarios, partícipes o armadores sean personas físicas, su condición de ciudadanos naturales o legales de la República y justificar su domicilio en territorio nacional. B) Cuando los propietarios, partícipes o armadores sean personas jurídicas, estatales o mixtas (artículo 188 de la Constitución de la República): 1) Que la mitad más uno de los socios esté integrada por ciudadanos naturales o legales uruguayos, domiciliados en la República. 2) Por constancia contable y notarial, que la mayoría de las acciones, representativa por lo menos del 51% (cincuenta y uno por ciento) de los votos computables, esté formada por acciones nominativas, de propiedad de ciudadanos naturales o legales uruguayos. 3) Que el control y dirección de la empresa son ejercidos por ciudadanos naturales o legales uruguayos. 4) Justificación de estar al día con las obligaciones establecidas por leyes sociales y tributarias correspondientes a la empresa, a buques armados por ésta, o de su propiedad. En todos los casos indicados será necesaria la inscripción en el Registro Público de Propietarios y Armadores y en el Registro Nacional de Comercio. Los beneficios establecidos en la presente ley se encuentran sometidos a la condición resolutoria del cumplimiento de los requisitos exigidos precedentemente. (*)

Con excepción de aquellas disposiciones que permitan el otorgamiento de créditos o avales para reparaciones y equipamiento de buques mercantes, gozarán de los beneficios de esta ley aquellos buques que, sin cumplir los requisitos del artículo anterior fueran objeto de fletamiento o arrendamiento por parte de armadores o propietarios que, encontrándose en las condiciones previstas en los literales A), B) y C) del artículo 9º, hayan sido autorizados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con sujeción a las siguientes condiciones: A) Que el buque o los buques arrendados guarden la debida relación de tonelaje con los buques de propiedad del arrendatario, B) Que los buques arrendados no interfieran con los buques nacionales que presten servicios en determinados tráficos; C) Que los arrendatarios justifiquen estar al día con las obligaciones establecidas por leyes sociales o tributarias que correspondan a buques por ellos armados o de su propiedad, D) Que pueda preverse que la operación arrojará beneficios. El arrendatario deberá presentar cada ciento ochenta días ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Dirección General de Marina Mercante) el resultado económico de la operación de arrendamiento. (*)

En los tráficos donde no concurran los buques nacionales el Poder Ejecutivo podrá conceder los beneficios y facilidades otorgados por la presente ley a las mercaderías, bienes o productos nacionales de exportación, transportados en buques de otras banderas, siempre que las compañías navieras beneficiadas en la operación acuerden reciprocidad de cargas a los buques nacionales en los tráficos que éstos puedan realizar en la forma que establezca la reglamentación respectiva. (*)

La Prefectura Nacional Naval llevará un Registro Público de Propietarios y Armadores de buques mercantes nacionales mayores de seis toneladas de arqueo total. El Poder Ejecutivo, al reglamentar esta ley, fijará las condiciones que deberán acreditar los interesados para su inscripción en el Registro. La información obtenida por el Registro será comunicada a la Dirección General de Marina Mercante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, dentro de los diez días hábiles de registrada. (*)

Los propietarios que tengan buques inscriptos en la matrícula nacional a la fecha de la promulgación de esta ley, deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo que antecede, dentro de los sesenta días de publicada la reglamentación respectiva y en la forma que en ella se establezca. (*)

La importación de buques para ser incorporados a la Marina Mercante Nacional, con un tonelaje mayor de mil toneladas de peso propio, o menores de mil toneladas cuando la Prefectura Nacional Naval certifique que no se pueden construir en el país en condiciones técnica o económicamente adecuadas, estará exonerada de derechos consulares y de todo tributo.

Los buques de cabotaje y ultramar que reúnan las condiciones establecidas en los artículos 9º o 10º, así como los de bandera nacional existentes a la fecha de promulgación de la presente ley, gozarán de los siguientes beneficios: A) Exoneración de todo tributo para la importación de partes, equipos, repuestos, combustibles y lubricantes necesarios a su explotación, B) Exoneración de todo tributo que grave laos actos de enajenación del buque o la constitución de garantías sobre el mismo, así como la inscripción de dichos actos; C) Exoneración de derechos consulares; D) Exoneración del Impuesto al Valor Agregado que grave todos los fletes realizados por ellos; E) Exclusión del valor fiscal del buque para la liquidación del Impuesto al Patrimonio (Título 7, artículos 1º a 24º del Texto Ordenado - 1976); F) El Poder Ejecutivo podrá establecer exoneraciones totales o parciales sobre las tarifas que regulan los distintos servicios que afectan a los buques nacionales y a las cargas por ellos transportadas. (*)

Los buques de bandera nacional no comprendidos en las exoneraciones del artículo anterior, gozarán, sin embargo, de las previstas en los incisos A), B) y C) del mismo, salvo que hayan sido arrendados a personas que no cumplan con los requisitos del artículo 9º de la presente ley. (*)

La importación de buques que se efectúe con la totalidad de las divisas propias del armador será realizada "sin operación cambiaria". La exportación de los mismos se efectuará "sin operación cambiaria" siempre que el producido de la venta se destine a la reposición de la unidad vendida o al requipamiento de buques de propiedad del mismo armador, inscritos en la matrícula nacional, o luego de los tres años de su importación; en caso contrario, la operación se liquidará al tipo de cambio vigente para las exportaciones no tradicionales, a la fecha de la denuncia de dicha importación. (*)

Las construcciones y reparaciones que realicen en buques de bandera nacional los astilleros y talleres navales instalados en el país gozarán de todas las exoneraciones y beneficios que por aportaciones sociales, impuestos, tratamientos crediticios, etc., corresponden a estos astilleros cuando realizan reparaciones o construcciones de buques de bandera extranjera. Asimismo, estarán exoneradas del Impuesto al Valor Agregado.

El Fondo de Fomento de la Marina Mercante, creado por el artículo 183 de la ley 14.100, de 29 de diciembre de 1972, será administrado por la Comisión Administradora Honoraria del Fondo de Fomento de la Marina Mercante, integrada por el Director General de Transporte Fluvial y Marítimo de la Dirección Nacional de Transporte, que la presidirá, un delegado del ministerio de Economía y Finanzas, un delegado de la Cámara de la Marina Mercante Nacional; un delegado del Ministerio de Defensa Nacional y un delegado de la Cámara de la Marina Mercante Nacional, un delegado del Ministerio de Defensa Nacional y un delegado de la Cámara de Industrias Navales, todos los cuales tendrán sus respectivos suplentes. La Comisión Administradora Honoraria dependerá directamente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y adoptará sus decisiones y recomendaciones por mayoría de sus integrantes. Dicha Comisión podrá disponer para gastos de administración y funcionamiento de hasta el 1 % (uno por ciento) de los fondos a que hacen referencia los literales A), B) y C) del artículo siguiente. (*)

El Fondo de Fomento de la Marina Mercante se integrará con los siguientes recursos: A) El 10% (diez por ciento) del producido de las tasas consulares (Articulo 184º de la ley 14.100, de 29 de diciembre de 1972); B) Multas originadas por infracciones a la presente ley y por aplicación del artículo 326º de la ley 14.106, de 14 de marzo de 1973, en lo que tenga relación con el transporte por agua, actualizado por el artículo 32º de esta ley; C) Por herencias, legados o donaciones; D) Préstamos provenientes de organismos internacionales; E) El producido de las inversiones que efectúe este Fondo. (*)

El Banco de la República Oriental del Uruguay llevará una cuenta corriente denominada Fondo de Fomento de la Marina Mercante, en la que se depositarán las contribuciones establecidas en el artículo anterior y sus intereses. Dicho Banco verterá a esa cuenta los recursos previstos en el inciso A) del artículo anterior, dentro de los diez primeros días hábiles de cada mes. (*)

El Poder Ejecutivo, previa propuesta de la Comisión Administradora Honoraria, adjudicará los préstamos del Fondo de Fomento de la Marina Mercante a quienes reúnan las condiciones establecidas en el artículo 9º de la presente ley, en función de las disponibilidades del Fondo y del Programa de Desarrollo de la Marina Mercante Nacional a que se refiere el artículo 35º de esta ley. Los préstamos tendrán los siguientes destinos: A) Construcción de buques y reparaciones mayores de los mismos; B) Renovación, transformación y modernización de unidades; C) Adquisición de nuevas unidades cuya construcción no se remonte a más de quince años a la fecha de la solicitud de crédito. En casos especiales y por razones fundadas, la Comisión administradora Honoraria podrá aconsejar el préstamo aunque la edad de los buques sea mayor. En todos los casos enumerados en los literales A), B) y C) precedentes, la Comisión Administradora Honoraria del Fondo de Fomento de la Marina Mercante solicitará a costo del interesado, la certificación emitida por un perito naval de reconocida trayectoria en el medio, que las reparaciones a efectuar son necesarias y que el monto solicitado es razonable. De igual forma se procederá en todos los casos de adquisición y de construcción de buques a ser incorporados a la bandera nacional con financiación del Fondo de Fomento de la Marina Mercante. (*)

Sin perjuicio de los préstamos que el Poder Ejecutivo pueda conceder del Fondo de fomento de la Marina Mercante, el Banco de la República Oriental del Uruguay podrá otorgar créditos o avales sobre operaciones para la adquisición, construcción, reparación y equipamiento de buques mercantes a quienes reúnan las condiciones establecidas en el artículo 9º de la presente ley. Las respectivas solicitudes deberán contar con el informe previo de la Comisión Administradora Honoraria. (*)

Las operaciones de financiación que se efectúen al amparo de esta ley se reajustarán de acuerdo con lo dispuesto por la ley 14.404, de 22 de julio de 1975, y su reglamentación. El interés de los préstamos será el que fije la reglamentación respectiva y las garantías se constituirán con hipoteca naval, hipoteca sobre bienes raíces situados en la República, o con otras garantías reales o personales a satisfacción de la Comisión Administradora Honoraria. (*)

No será acordado ningún cese de bandera a la matrícula nacional si no se presenta certificado de estar al día con las obligaciones del Fondo de Fomento de la Marina Mercante. (*)

Los propietarios, partícipes o armadores de los buques que hubieran utilizado el Fondo de Fomento de la Marina Mercante, o créditos o avales del sistema bancario nacional, no podrán solicitar el cese de bandera con posterioridad a la cancelación total del préstamo, hasta transcurrido un plazo que será fijado por el Poder Ejecutivo al reglamentar esta ley. (*)

Cuando se efectúe la venta de un buque de bandera nacional al exterior, el Poder Ejecutivo podrá otorgar el cese de bandera en forma inmediata, delegado dicho acto en la Prefectura Nacional Naval, bastando para ello que el armador nacional, vendedor del buque, presente documentación que demuestre que el Banco de la República Oriental del Uruguay ha intervenido en la operación y ha retenido el total del producido de la venta, destinado a garantizar las eventuales deudas del armador nacional con los organismos del Estado. Presentados los certificados correspondientes, el Banco de la República Oriental del Uruguay devolverá al vendedor la retención efectuada al tipo de cambio del día de su devolución o de acuerdo al artículo 17º de esta ley. (*)

Las divisas netas correspondientes a los ingresos generados en el transporte de personas, equipajes, mercaderías, bienes o productos por los buques de bandera nacional o por los buques arrendados en las condiciones previstas en el artículo 10º, deberán ser vertidas en el sistema bancario nacional, quedando a disponibilidad del armador en la moneda en que fueron depositadas, para aplicarse a las operaciones corrientes de su giro. (*)

En función de lo establecido en el artículo precedente, las empresas, propietarios o armadores que efectúen la explotación del buque deberán presentar anualmente ante el Banco de la República Oriental del Uruguay y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas una declaración jurada donde consten los ingresos y egresos en moneda nacional y extranjera, así como el destino del superávit. (*)

Las operaciones comprendidas en la presente ley devengarán fletes no superiores a los determinados por las condiciones imperantes en el orden internacional o a los fijados por conferencias en las que participen armadores nacionales. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas queda facultado para fijar porcentajes diferenciales cuando las condiciones así lo aconsejen. (*)

El texto de todo acuerdo conferencial (pool de fletes, cargas, etc.), en que intervengan empresas de transporte marítimo o fluvial nacionales, deberá ser comunicado por escrito a la Dirección General de Marina Mercante, dentro de un plazo de treinta días, contados desde su firma por la empresa nacional. La validez de los acuerdos conferenciales que involucren al comercio nacional de importación y exportación, queda sujeta a su homologación por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El Poder Ejecutivo podrá inhabilitar para operar en puertos del país, a las empresas nacionales y extranjeras que participen en acuerdos conferenciales que, involucrando al comercio nacional de importación y exportación, no hayan sido aprobados en la forma prevista. (*)

Las infracciones a lo establecido en la presente ley correspondientes al transporte de carga y pasajeros, a excepción de aquellas infracciones especialmente establecidas en los acuerdos o convenios que suscriba y ratifique la República, serán sancionadas por el Poder Ejecutivo con apercibimiento, multas o revocación de la autorización, según los casos. Las multas se fijarán entre un mínimo de 2.600 UI (dos mil seiscientas unidades indexadas) y un máximo de 260.000 UI (doscientas sesenta mil unidades indexadas). La descripción de las conductas infractoras y el monto de las sanciones, se regulará por el Reglamento que al respecto dicte el Poder Ejecutivo. A los efectos de su aplicación se considerará los antecedentes del infractor, su conducta frente a los hechos, la capacidad de la embarcación, la negligencia, dolo o culpa del infractor, la reincidencia y la afectación al servicio. (*)

En toda negociación en materia conferencial, (pool de fletes, cargas, etc.) y siempre que la magnitud de los fletes lo justifique, estará representado el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. (*)

El Poder Ejecutivo fijará los valores fictos de los sueldos y jornales del personal embarcado en buques de la Marina Mercante Nacional, con el solo fin de calcular los aportes a los organismos de seguridad social. (*)

Dentro de los ciento ochenta días a contar desde la promulgación de la presente ley, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, elaborará y pondrá en ejecución, un Programa de Desarrollo de la Marina Mercante Nacional. (*)

Las disposiciones de las leyes 14.178 y 14.179 de 28 de marzo de 1974 y normas concordantes, no son aplicables al régimen establecido por la presente ley. (*)

Comuníquese, etc.