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Fuentes: legislación del Banco de Datos de IMPO y jurisprudencia de la Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Datos abiertos bajo la Licencia de Datos Abiertos del Uruguay. Ante cualquier diferencia, prevalece el texto oficial.

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8 sentencias

INTERLOCUTORIA 2642/2016 · Juzgado Ldo.Civil 1º Tº · 27 de octubre de 2016Importancia alta
En autos se solicitó la reinscripción o nueva inscripción de embargo. La solicitud fue denegada por haber caducado la inscripción atento a lo dispuesto por art 79 de la ley de Registros nro 16.871. Se recurre en estribando su argumento en lo dispuesto en el art. 80 de la citada ley. La sentenciante entiende que el art. 80 debe ser interpretado en armonía a todo el sistema normativo y con los demás que constituyen el capítulo VIII relativo a la caducidad de las inscripciones. El este proceso de reinscripción tiene a su vez un tope y es el de treinta años que establece el art 80 a contar desde la primera inscripción. El artículo fija como término de inicio del plazo de treinta años la primera inscripción y esta es sin duda la primera que se dispone a continuación de resolver el gravamen peticionado. Las demás serán reinscripciones, o nuevas inscripciones, pero referidas a un gravamen que se dispuso antes.
Proceso monitorio · Derecho civil
DEFINITIVA 58/2016 · Juzgado Ldo.Civil 1º Tº · 24 de octubre de 2016Importancia alta
En autos se promueve acción de daños y perjuicios, padres, hermano y paciente tratado con medicamento Roaccutan contra Roche, fabricante de dicho medicamento. El joven de 19 años tratado por acné con Roaccutan, al que se le adminsitra dicho medicamento sufre de aplasia medular y debe ser sometido a transplante de médula. Los actores refieren a las características del medicamento, los reparos que ha generado en otros países y estudios técnicos, acciones judiciales entabladas en otros países. Citan casos ocurridos en Uruguay . Aseguran que no se ha cumplido con el deber de informar. El punto a dilucidar es si el medicamento producido por el demandado puede provocar la aplasia medular. La sentencia aborda el tema desde el derecho a la Salud y profundiza dicho concepto y su evolución( Ley 18211 y 18473.) Asimismo la Sentencia analiza el caso a la luz de la Ley de relaciones de consumo 17.250 y profundiza sobre el concepto de consumidor en tanto destinatario final de los bienes o servicios que los usa para satisfacer una necesidad propia y no con el fin de reproducir la riqueza mediante procesos de transformación o comercialización. Este principio de necesidad explica el especial énfasis en la salud y seguridad. La sentencia hace una análisis profundo del prospecto adjunto al medicamento y consecuentemente la falta de advertencia conlleva la responsabilidad del laboratorio conforme a la ley 17250. Analiza el prospecto que se dita en Estados Unidos para la comericialización del medicamento. Se destaca también como en la historia clínica se observa como antecedente la ingesta del medicamento. Concluye que el riesgo de la posibilidad de la ocurrencia de aplasia medular por la ingesta del medicamento debió informarse por el proveedor y la omisión en tal conducta le hace responsable cuando ese riesgo se produce. En consecuencia, se falla condenando al demandado.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 476/2016 · Juzgado Ldo.Civil 1º Tº · 11 de julio de 2016Importancia alta
Paciente oncológico solicita fármaco no incluido en el FTM Formulario Terapéutico Medicamentos. Realizó la petición ante el MSP la cual fue rechazada y realizó luego la petición en el FNR y fue rechazada también. Argumenta que la lista de FTM no se actualiza desde 2008 y ello atenta contra el art. 44 de la Constitución. Presenta prueba sobre la procedencia del medicamento para el paciente actor del amparo. Cita estudios europeos, el ateneomédico realizado en la Asociación Española y la recomendación de la cátedra de oncología. En cuanto a la falta de legitimación pasiva interpuesta por el FNR la sentenciante entiende que el FNR como Persona Pública No Estatal adminsitra y financia medicamentos de alto costo que se encuentran en la nómina de medicaments registrados la que es realizada por la Comisión Asesora del Formulario Terapéutico Nacional. Atento a lo expuesto dado que Regorafenib, no se encuentra dentro del FTM, el Fondo Nacional de Recursos no puede brindarlo dado que ello se encuentra fuera de su competencia. Por lo expuesto, excluye el FNR como legitimado pasivo respecto del accionante. La sentenciante entiende que la discusión se centra en considerar si es lícito que el MSP niegue costear el medicamento reclamado. En ese sentido, debe concluirse que nada que cueste dinero puede ser absoluto, podrá sostenerse un derecho a la salud amplio, abarcativo de las más variadas prestaciones que la salud puede comprender pero necesariamente la efectiva protección de tales asistencias será limitada en tanto depende de los recursos que se cuenten para sustentarlo. E, incluso, si el presupuesto se reduce, las prestaciones que se habían alcanzado podrán disminuirse e incluso no sean más cubiertas. Ello no significa que el accionar del Estado sea ilegitimo sino establecer el alcance del derecho reclamado. El principio de equidad, continuidad y oportunidad de las prestaciones, supone que todos los habitantes tengan iguales condiciones y oportunidades de acceder a un sistema de salud en relación a todos los servicios que brinda. Cuando se decide qué medicamentos integran el FTM se atiende sin duda a estos principios. Es por tanto no existe ilegitimidad manifiesta en el actuar del MSP y por tanto rechaza la demanda de amparo.
Proceso de amparo · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 321/2016 · Juzgado Ldo.Civil 1º Tº · 29 de febrero de 2016Importancia alta
Tercero se presenta en un proceso ejecutivo y promueve tercería de dominio y de mejor derecho manifestando que adquirió el vehículo en la automotora Pereira Automóviles SRL y abonó el precio por dicho automotor. El ejecutante considera que, siendo la compraventa de automotor, un acto registrable, la tramitación de la tercería era innecesaria, bastando con observar la información registral adjunta para concluir que la tercería debe desestimarse. La sentenciante entiende que la tercería de dominio no es exclusivamente la que refiere a bienes cuya propiedad surja de la inscripción en el registro dado que muchos otros bienes muebles pueden ser objeto de tercería de dominio y debe tramitarse el proceso incidental para poder determinar si se ampara o rechaza la pretensión del tercerista. En la medida que el tercerista alega la propiedad adquirida sin que se encuentre registrada y que, por su parte, el ejecutante invoca otro negocio jurídico por el que el bien discutido se transfirió al deudor, lo que tampoco surge del registro, debe concluirse que se discute el dominio del bien en forma independiente de la registración de los negocios que se invocan. En consecuencia, la tercería interpuesta debe calificarse de tercería de dominio. La sentenciante hace un análisis de los hechos y concluye que en el caso que el tercerista hubiera consultado el registro a efectos de corroborar que el bien se encontraba libre de gravámenes, no le habría arrojado información de ningún gravamen. Por su parte, adquirió el automóvil en una automotora que le exhibió el título anterior del vehículo, título que estaba inscripto en el registro y podía presumir, de buena fe, que se trataba del antecedente dominial que debía atender para decidir negociar el auto que se le ofrecía en venta. En suma, surgiendo que el tercerista es el poseedor de buena fe del automóvil, mediante adquisición realizada antes de dispuesta la cautela en los autos principales corresponde levantar el embargo trabado en autos.
Proceso incidental
DEFINITIVA 55/2015 · Juzgado Ldo.Civil 1º Tº · 3 de diciembre de 2015Importancia alta
Se presenta agente reconocido por FIFA (Federación Internacional de Futbol) quien en esa calidad celebró contrato de representación con Sebastián Coates, jugador de fútbol profesional. Se reclama por el accionante el pago de honorarios, la multa y los daños y perjuicios ocasionados en un invocado incumplimiento. Respecto del jugador se invoca resposabilidad contractual y respecto del padre del jugador, responsabilidad extracontractual La sentenciante analiza profundamente el contrato que vincula jugador-representante. Según se expresa por la parte actora, el formato del contrato obedece a las pautas indicadas por el Reglamento sobre agentes de jugadores de la FIFA. En atención a lo allí establecido se elaboró el contrato de marras. La Sede se expide sobre el alcance de la obligatoriedad del reglamento FIFA, no pudiendo ser invocado dicho reglamento en contraposición a la legislación nacional. De la redacción confusa se puede concluirse que la obligación del agente o representante era la de obtener o lograr la contratación del deportista por parte de un club o institución deportiva.La sentenciante hace un análisis profundo de la prueba producida en autos y concluye que el representante no cumplió con las obligaciones contraídas en el contrato de representación. La actividad del representante no se tradujo en mejorar las condiciones de contratación deportiva de su representado sino que tal gestión estuvo a cargo de otras personas. Tampoco se acreditó que hubiera realizado sus mejores esfuerzos, hiciera todo lo posible o lo que estuviera a su alcance, todos sinónimos de la imprecisa obligación que se alega recaía sobre sí para tener derecho a los honorarios reclamados. Concretamente sobre la participación del actor en calidad de representante en la contratación de Coates por Liverpool, ningún testigo lo afirma puesto que quien participó fue su padre, Peter, en ejercicio de la facultad que le confiere el art 4to num 1 del reglamento de la federación internacional de fútbol. En cuanto a la cláusula de exclusividad, ésta no alcanza la padre del judagor. La sentencia entiende que se trata de un arrendamiento de servicios. Aún si la función no era la de alcanzar la contratación sino solo acercar a las partes, en una categorización jurídica de la obligación a su cargo similar a la prevista en un contrato de mediación, donde entonces su obligación es de medios, no se acreditó que hubiera intervenido en ese acercamiento sino que este estuvo a cargo de otras personas por lo que tampoco puede concluirse que haya cumplido con la obligación a su cargo que le haga acreedor de los honorarios pactados. Se rechaza la demanda.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 2704/2015 · Juzgado Ldo.Civil 1º Tº · 28 de octubre de 2015Importancia alta
En expediente de juicio ejecutivo se dispuso el embargo de bienes muebles del deudor, el instituto cultural y deportivo Malvin. Se presenta presidente y secretario del club malvín interponen tercería de dominio o mejor derecho. Explican la diferencia entre el instituto cultural y deportivo Malvín y el Club Malvín. Comparece el ejecutante evacuando el traslado y solicitando el rechazo de la tercería reclamando la inoponibilidad de la personería jurídica invocada por el Club Malvín. La sentenciante hace un análisis del contrato de concesión entre el instituto y el club malvín y entendió que no resultó acreditada en autos la personería jurídica del llamado Instituto. Además la sentencia devela la maniobra montada por los deudores. El Club Malvín, con dificultades económicas y financieras admitidas en el año 1999, queríalograr la renovación del club, pero, por las mismas razones económicas, eligió realizar estas remodelaciones a través de un nombre diverso, que solo tenía existencia en los papeles dado que seguía identificándose hacia afuera con el nombre de Club Malvín. Mediante tal procedimiento, las cargas sociales, los tributos, la responsabilidad civil y penal eventuales, el pago de honorarios de los profesionales que trabajaran en la obra, el costo de materiales y mano de obra, todo quedaba de cargo de una entidad diversa al Club Malvín. Si esa entidad no tenía manera de afrontar tales obligaciones, no era responsabilidad del Club Malvín quien, sin embargo, y conforme lo pactado con el ICDM, se quedaba con las obras y los equipamientos a su beneficio (cláusula 3era). Cumplida la obra, se rescindió el contrato quedando estas inversiones a nombre del Club Malvín, como se había pactado, sin que se hubiera pagado por ellas a los acreedores, terceros ajenos a los acuerdos privados que celebra el Club Malvín con el llamado ICDM. De manera que, debe concluirse, las demás obligaciones detalladas en las otras cláusulas no reflejaban la verdadera intención de las partes pues el interés estaba centrado en la realización de las obras. Se rechaza la tercería interpuesta.
Proceso incidental · Derecho civil · Derecho procesal
DEFINITIVA 40/2015 · Juzgado Ldo.Civil 1º Tº · 30 de setiembre de 2015
La compañía aseguradora demanda a la empresa de trasnportes terrestres por incumplimiento de un contrato de transporte terrestre de carga dado que la mercadería no llegó a destino por haber sufrido una rapiña el camión que transportaba la mercadería. La sentencia de primera instancia analiza el concepto de incumplimiento, el concepto de caso de fuerza mayor, irresistible, inevitable e imprevisible como eximente de responsabilidad en el incumplimiento la obligación del transportista. Se analiza la relevancia de los medios electrónicos, ejemplo control satelital y la diligencia debida del demandado. Desestima la demanda.
Proceso civil ordinario · Derecho comercial
DEFINITIVA 48/2013 · Juzgado Ldo.Civil 1º Tº · 15 de noviembre de 2013Importancia alta
Un afiliado a la institución médica accionante, protagonizó un accidente mientras circulaba en moto y fue embestido por el taxi conducido por el co demandado. Se presenta la Asociación promoviendo demanda por recupero de gastos mutuale, demanda al chofer y a los propietarios del taxi. Invoca legitimación activa en el accionamiento que promueve en base al Dec 103786 que en su art. 12 da derecho a la institución médica a repetir contra el causante del accidente o su asegurador por los gastos resultantes de la atención del afiliado liquidados conforme a los costos mutuales. La accionante finca su legitimación en el contrato que vincula al afiliado con la institución médica. Menciona el Dec Ley 15.181 como marco legal por el cual se brinda la atención médica a través de organizaciones privadas de asistencia colectiva especificando que Casa de Galicia participa de tal naturaleza como mutualista. La sentenciante entiende que el actor carece de legitimación activa. La ley 18.211 que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud supone un régimen y establece principios en la rama del derecho de la salud que inciden en cuanto a la legitimación activa de la reclamante desde que su obligación de brindar asistencia no se vincula exclusivamente con el asociado sino también con la obligación que deviene de integrar el sistema. Y la reclamación de reembolso de gastos estará también delimitada a cuál fue el aporte efectivo que realizó la mutualista y cual se verificó con los fondos del seguro de salud financiado por el FONASA con los múltiples aportes. Se rechaza la demanda.
Proceso civil ordinario · Derecho civil