INTERLOCUTORIA 618/2021 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2021Importancia alta

La Corporación declara competente para seguir entendiendo en la presente causa a la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rocha de 4º turno. Se reiteran los fundamentos de la sentencia interlocutoria nro. 2.454/2019 de esta Corte. Se agrega que se haya vencido un plazo para dictar sentencia no implica que deba remitirse el expediente a la omisa para cumplir fuera de plazo con el dictado de aquélla. Si la Sra. Juez no proveyó en tiempo, será resorte de la Corporación analizar si tal omisión requiere de corrección disciplinaria al amparo de lo dispuesto por la Acordada No. 8078 y la Ley No. 15.750, pero, tal aspecto, no influye en lo jurisdiccional. En suma, encontrándose el expediente tramitado ante el Juzgado Letrado de 4° Turno, corresponde que su titular dicte la sentencia del caso, pues dicha solución es de regla.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 593/2021 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2021Importancia alta

Recurso de queja

Recurso de queja · Derecho procesal

DEFINITIVA 219/2021 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales desestimó el recurso de casación movilizado. La recurrente postuló que el Tribunal arribó a una conclusión absurda y arbitraria al tener por acreditadas las supuestas razones técnicas que constituyeron la justa causa de receso. La Corte no comparte el enfoque de la recurrente y participa del parecer de la Sala, acerca de que efectivamente existió una justa causa justificante del receso unilateral del contrato de distribución. La existencia de una causa que determinó el cese del suministro de la semilla tempestivamente comunicada, excluye cualquier hipótesis de abuso de derecho y con ello si el actor padeció daños, los mismos no resultan indemnizables por el demandado.

Recurso de casación · Derecho comercial

DEFINITIVA 242/2021 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2021Importancia alta

La Corporación, debidamente integrada y por unanimidad, ampara el recurso de casación incoado. En su mérito, anula la sentencia de condena y dispone la absolución del imputado. En el caso de autos, en un allanamiento se incautaron diversos elementos, entre los que se encontraban sustancias que, según prueba de campo realizada el mismo día, resultaron ser estupefacientes (2,234 kilogramos de cocaína y 5 gramos de marihuana) La Defensa sostuvo que el allanamiento fue contrario a la Constitución y a las normas legales sobre la materia. Al imputado se le adjudicó la presunta comisión de un delito previsto en el artículo 31 del Decreto-ley Nº 14.294, en la modalidad de depósito de sustancias estupefacientes prohibidas. El auto de procesamiento fue apelado por la Defensa. En segunda instancia intervino el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno. Por sentencia interlocutoria de segunda instancia N° 70, del 29 de marzo de 2017, la Sala Penal de 2° Turno dispuso: declarar absolutamente nulo el allanamiento realizado por la autoridad administrativa por contradecir las leyes prohibitivas en la materia y confirmar el enjuiciamiento y prisión del encausado. El quid de la controversia en examen estriba en establecer si la prueba de cargo tomada en consideración por el Tribunal de Apelaciones y ceñida a la confesión del encausado y a la prueba de laboratorio, es una prueba que debe considerarse ilícita como pretende el recurrente e inválida para sustentar la condena impuesta. A criterio de la Suprema Corte de Justicia, corresponde entender por prueba ilícita aquella prueba obtenida en infracción a derechos y garantías constitucionales. En el caso, la ilicitud consistió y así se declaró por la Sala Penal, en el allanamiento de morada realizado en horas no habilitadas (antes de la salida del sol). Este acto de instrucción, supuso una violación al derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, expresión particular del derecho a la intimidad, consagrado en el artículo 11 de la Constitución. La cuestión central de la casación es el valor de las pruebas que tienen su fuente directa en el allanamiento ilícito. Esto cabe tanto cómo preguntarse si la nulidad declarada tiene un efecto reflejo respecto de las sucesivas pruebas y hasta qué punto ello alcanza. La Corporación reconoce dicho efecto reflejo respecto de las pruebas sucesivas y en la medida que sean claramente dependientes del acto ilícito declarado así. Como lo consigna el Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre en su voto, en buena medida el meollo de la cuestión discutida pasa por establecer si el fin puede justificar los medios empleados para llegar a la constatación judicial de los hechos que penalmente tipifican la figura delictual. La Suprema Corte considera que en autos la prueba de cargo se obtuvo íntegramente a partir de un allanamiento nocturno, proscripto por la Constitución y, tal proceder como ya fue declarado, no puede ser admitido jurídicamente en un Estado de Derecho. En este marco, carece de valor la confesión judicial. Por último, corresponde consignar que, en atención a lo establecido en el artículo 177 del Código Penal (Omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos), resulta insoslayable que la Corte, como tribunal que ha tenido conocimiento de esta causa, tiene el deber de formular denuncia ante el Fiscal que por turno corresponda de los dos hechos referidos.

INTERLOCUTORIA 536/2021 · Suprema Corte de Justicia · 13 de julio de 2021Importancia alta

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Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 535/2021 · Suprema Corte de Justicia · 13 de julio de 2021Importancia alta

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 533/2021 · Suprema Corte de Justicia · 13 de julio de 2021Importancia alta

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 534/2021 · Suprema Corte de Justicia · 13 de julio de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, declaró carente de objeto la presente contienda de competencia.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 532/2021 · Suprema Corte de Justicia · 13 de julio de 2021Importancia alta

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 528/2021 · Suprema Corte de Justicia · 13 de julio de 2021Importancia alta

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 526/2021 · Suprema Corte de Justicia · 13 de julio de 2021Importancia alta

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 525/2021 · Suprema Corte de Justicia · 13 de julio de 2021Importancia alta

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 524/2021 · Suprema Corte de Justicia · 13 de julio de 2021Importancia alta

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 523/2021 · Suprema Corte de Justicia · 13 de julio de 2021Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal

DEFINITIVA 149/2021 · Suprema Corte de Justicia · 29 de junio de 2021Importancia alta

La Corporación, debidamente integrada, por unanimidad, desestima el recurso de casación incoado. En autos se sustancia la pretensión de cobro de pesos promovida por DISTRIBUIDORA URUGUAYA DE COMBUSTIBLES S.A. (DUCSA), contra la sociedad constituida en Dinamarca ROHDE NIELSEN A/S La sentencia que se impugna en casación relevó la falta de legitimación pasiva de RN, por entender que esta celebró un contrato con OW BUNKER y no con DUCSA. Por ende, el Tribunal concluyó que RN no tiene una obligación de fuente contractual pendiente de cumplimiento con la reclamante. La legitimación en la causa constituye un requisito necesario para la admisión de la pretensión, requisito que debe ser controlado de oficio por el Tribunal. Por ello, no le asiste razón a la recurrente cuando asegura que la sentencia de la Sala vulneró el principio de congruencia al ingresar en un aspecto no planteado por la parte ni incluido en el objeto del proceso y de la prueba. La actora no acreditó haber celebrado contrato alguno con la demandada. Y aunque invocó una especie de acción directa que le permitiría soslayar a OW BUNKER, a quien le facturó el combustible, para reclamar su precio directamente a quien terminó haciendo uso de tal mercadería, semejante acción directa no existe en nuestro Derecho Civil y Comercial. En suma, la suerte de la actora está sellada por no haber acreditado el extremo principal fundante de su pretensión: su calidad de acreedora de RN por el crédito cuyo pago reclamó judicialmente. La Corte no comparte la interpretación que la recurrente propone del art. 1048 del Código de Comercio. Según la interpretación de la recurrente, la norma resultaría aplicable porque el combustible es una deuda de aprovisionamiento y, en consecuencia, el propietario del buque resulta obligado. Sin embargo, esto no es así, para responsabilizar al propietario, la norma atiende no solo al objeto de la prestación comprometida sino al sujeto que contrae la obligación, esto es, el capitán. Sin embargo, la actora no alegó ni demostró haber vendido el combustible al capitán designado por la demandada en los buques provistos de combustible, lo que determina que la norma no resulte aplicable.

Recurso de casación · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 478/2021 · Suprema Corte de Justicia · 29 de junio de 2021Importancia alta

La Corporación declara carente de objeto la presente contienda. El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paysandú de 6º Turno ya había asumido competencia en los presentes autos; por lo cual al existir un cambio de titular en la Sede de Paysandú, la presente contienda carece de objeto.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 462/2021 · Suprema Corte de Justicia · 25 de junio de 2021Importancia alta

Se deniegan medida cautelar y habilitacion de feria

Proceso cautelar · Derecho procesal

DEFINITIVA 141/2021 · Suprema Corte de Justicia · 17 de junio de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestimó el recurso de casación interpuesto. El reclamo de los actores consistió en que asisten pacientes con problemas de salud mental y por atender pacientes con patologías psiquiatritas, consideraron que generaron el derecho al cobro de la partida denominada “incentivo salud mental”. La Corporación entendió que el derecho al pago del rubro se genera en atención a la función específica de cada institución y no a la que efectivamente cumplan los trabajadores. Por otra parte los actores no dieron cumplimiento a la carga de la debida alegación lo que generó un defecto formal en su demanda, que conllevó al rechazo del recurso.

Recurso de casación · Derecho laboral

DEFINITIVA 143/2021 · Suprema Corte de Justicia · 17 de junio de 2021Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestima el recurso de casación interpuesto. En este proceso se investiga la eventual responsabilidad penal del imputado en el otorgamiento del aval bancario, sin la información necesaria, a una empresa, la cual fue la única mejor postora en la subasta de las siete aeronaves. La Fiscalía dedujo demanda acusatoria, solicitando se condenara al encausado como autor penalmente responsable de un delito de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley (artículos 60 numeral 1 y 162 del Código Penal), a la pena de 20 meses de prisión, inhabilitación especial de dos años y multa de mil unidades reajustables. En ambas instancias se hizo lugar a la requisitoria Fiscal respecto al procesado. Se extendió discordia del Señor Ministro Reyes por entender que correspondía revocar y absolver al imputado. Los Ministros de la Corporación sostienen distintas posturas en referencia a los agravios que se dirigen contra la valoración de la prueba en el proceso penal regido por el decreto-ley 15.032. Los Doctores Bernadette Minvielle y Luis Tosi, respecto de la errónea valoración de la prueba como causal de casación en materia penal, reiteran lo expresado por la Corte en sentencia nro. 134/2018 . La jurisprudencia de la Corporación ha admitido la posibilidad de revisar las decisiones sobre valoración probatoria, cuando estas resultan arbitrarias, irracionales o contrarias a las reglas de la lógica. A criterio de los Doctores John Pérez Brignani y Elena Martínez, no corresponde ingresar a la revalorización de los hechos, aun en aquellos supuestos en que se constate una valoración probatoria que resulte absurda o arbitraria. El Dr. Tabaré Sosa, en cambio, estima que la valoración probatoria realizada por el órgano de alzada no resulta, en principio, excluida del control casatorio aún en hipótesis en las cuales no se haya denunciado absurdo o arbitrariedad, ya que las reglas de la sana crítica y de la experiencia configuran pautas legales consagradas expresamente en la norma procesal. En el caso, sin perjuicio de las diversas posturas de los Sres. Ministros, el agravio tal como fue introducido se desestima. Asimismo, con respecto al agravio referido a la vulneración del principio de congruencia, la Corte considera que en el caso no existe tal violación.En definitiva, al comparar la acusación y la sentencia no se observa ninguna incongruencia con relación a los hechos que se tipificaron. Entendido el abuso del cargo como sinónimo de “abuso de funciones” o, más precisamente, de “abuso de los poderes funcionales inherentes al cargo”, cabe concebirlo como el mal uso de los poderes otorgados al funcionario en su condición de tal por el ordenamiento jurídico. El límite a la discrecionalidad en nuestro Estado de Derecho es el interés público. En el caso, la única defensa ensayada por el condenado es que lo guió un interés nacional, pero realmente no era un interés público normativamente previsto con relación a sus cometidos. Nada justificaba actuar excediendo su competencia por fuera de los procedimientos habituales de la institución o instruyendo a sus dependientes a conceder el aval. El caso de autos revela un supuesto de desviación de poder. La Corte, por unanimidad, entiende que lo que perdió de vista el agente es que la finalidad que deliberadamente persiguió no se vinculaba con su esfera competencial. El proceder del encausado revela la comisión de un acto arbitrario, inmotivado. Tampoco puede validarse el argumento del recurrente referente a un error de hecho sobre los elementos objetivos del tipo. Por tanto, el agravio debe ser desestimado. Con respecto al agravio que se refiere a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la parte carece de agravio, por lo cual se desestima.

DEFINITIVA 142/2021 · Suprema Corte de Justicia · 17 de junio de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto. La Corporación, con el concurso de voluntades de los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Pérez y Tosi considera que no es posible discutir los hechos tenidos por probados en segunda instancia. El Dr. Sosa señaló que la prueba reunida en la causa resulta totalmente concluyente y derriba el umbral de duda. En definitiva del análisis del cúmulo obrante es concluyente en el sentido de que el detenido murió a causa de las torturas infligidas en el interrogatorio en el cual participó el imputado.

Recurso de casación · Derecho procesal penal · Derecho penal