DEFINITIVA 77/2008 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2008Importancia alta

LA EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 19 DEL DECRETO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO Nº. 26.836, FUE DESESTIMADA. DICHA NORMA NO VULNERA AL REGULAR LA PRESCRIPCION, EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho tributario · Derecho procesal · Derecho constitucional

DEFINITIVA 68/2008 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2008Importancia alta

EN AUTOS NO SE VERIFICARON LOS PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE OPERE EL INSTITUTO DE LA COMPENSACION. BASICAMENTE PARA QUE PROSPERARA DICHA COMPENSACION, LOS CREDITOS DEBERIAN SER EXIGIBLES, COSA QUE NO OCURRIÓ. EN CUANTO AL EFECTO DE LA LEY 17.613 ART. 20, SE ACEPTA QUE TIENE EFECTO RETROACTIVO.

Recurso de casación · Derecho procesal · Derecho bancario · Derecho comercial

DEFINITIVA 65/2008 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2008Importancia alta

LA EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 19 DEL DECRETO DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO Nº. 26.836, FUE DESESTIMADA. DICHA NORMA NO VULNERA AL REGULAR LA PRESCRIPCION, EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal · Derecho tributario

DEFINITIVA 59/2008 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2008Importancia alta

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA FALLO QUE LA DEMANDADA GOZA DE INMUNIDAD DE JURISDICCION, SIENDO INADMISIBLE LA RECLAMACION EJERCITADA.

Causa diplomatica · Derecho constitucional · Derecho procesal

DEFINITIVA 49/2008 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2008Importancia alta

LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES DE LA CORPORACION ESTIMAN QUE PROCEDE HACER LUGAR AL ACCIONAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 8 DE LA LEY Nº 18.083. DICHA DISPOSICION INFRINGE EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD CONSAGRADO EN EL ART. 8 DE LA CARTA. EN PARTICULAR LA DETERMINACION DEL GRUPO DE PERSONAS AFECTADOS POR LA NORMA, RESULTA INJUSTA O CAPRICHOSA. INCLUSO EN LA MATERIA QUE REGULA LA DISPOSICION IMPUGNADA, DERECHO TRIBUTARIO, EXISTE UN PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LAS CARGAS PUBLICAS, QUE EN EL CASO A ESTUDIO SE INFRINGE CUANDO SE EQUIPARA LA SITUACION DE LOS ACTIVOS Y DE LOS PASIVOS. LA IMPOSICION DE LAS JUBILACIONES POR LA NORMA CUESTIONADA IMPLICA UNA MANIFIESTA DISMINUCION DEL MONTO JUBILATORIO A PERCIBIR, DE MANERA CONTRARIA A LA VOLUNTAD DEL CONSTITUYENTE PLASMADA EN EL ART. 67 DE NUESTRA CONSTITUCION. SE DEBE AGREGAR QUE LA VIOLACION SURGE DE CONSIDERAR EN FORMA ERRONEA LA JUBILACION COMO RENTA. LA LEY 18.083 EN SU ART. 8 INFRINGE TAMBIEN EL ART. 72 DE LA CARTA, YA QUE LOS DERECHOS DE PASIVIDAD SE PUEDEN CONSIDERAR COMO INHERENTES A LA PERSONALIDAD HUMANA. SIN EMBARGO NO SE ACEPTA QUE LA NORMA ATACADA VULNERE LOS ARTS. 7 Y 32 DE LA CONSTITUCION. (D). MINISTRO Dr. GUTIERREZ, VOTA POR DESESTIMAR LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD, ESTO PORQUE EN CONTRA DE LO QUE ADUCEN LOS ACCIONANTES, NO EXISTE EN EL ART. 67 INC. 2 DE LA CONSTITUCION UN PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS JUBILACIONES. (D). MINISTRO Dr. VAN ROMPAEY, CONSIDERA IRRELEVANTE LA ALEGACION DE QUE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES NO PUEDEN SER CONSIDERADAS TECNICAMENTE COMO RENTAS, PUES ES EVIDENTE QUE DICHAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL HAN SIDO GRABADAS EN SU CONDICION DE INGRESOS. TAMPOCO SE VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, YA QUE NO SE CREA UNA CATEGORIA IRRACIONAL O MANIFESTAMENTE DISCRIMINATORIA, PORQUE SE ACUDE A UNA VARIABLE COMO ES EL INGRESO, QUE RESULTA UN INDICADOR DE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE CUALQUIER PERSONA.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal · Derecho constitucional · Derecho tributario

DEFINITIVA 70/2008 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2008Importancia alta

LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES DE LA CORPORACION ESTIMAN QUE PROCEDE HACER LUGAR AL ACCIONAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 8 DE LA LEY Nº 18.083. DICHA DISPOSICION INFRINGE EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD CONSAGRADO EN EL ART. 8 DE LA CARTA. EN PARTICULAR LA DETERMINACION DEL GRUPO DE PERSONAS AFECTADOS POR LA NORMA, RESULTA INJUSTA O CAPRICHOSA. INCLUSO EN LA MATERIA QUE REGULA LA DISPOSICION IMPUGNADA, DERECHO TRIBUTARIO, EXISTE UN PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LAS CARGAS PUBLICAS, QUE EN EL CASO A ESTUDIO SE INFRINGE CUANDO SE EQUIPARA LA SITUACION DE LOS ACTIVOS Y DE LOS PASIVOS. LA IMPOSICION DE LAS JUBILACIONES POR LA NORMA CUESTIONADA IMPLICA UNA MANIFIESTA DISMINUCION DEL MONTO JUBILATORIO A PERCIBIR, DE MANERA CONTRARIA A LA VOLUNTAD DEL CONSTITUYENTE PLASMADA EN EL ART. 67 DE NUESTRA CONSTITUCION. SE DEBE AGREGAR QUE LA VIOLACION SURGE DE CONSIDERAR EN FORMA ERRONEA LA JUBILACION COMO RENTA. LA LEY 18.083 EN SU ART. 8 INFRINGE TAMBIEN EL ART. 72 DE LA CARTA, YA QUE LOS DERECHOS DE PASIVIDAD SE PUEDEN CONSIDERAR COMO INHERENTES A LA PERSONALIDAD HUMANA. SIN EMBARGO NO SE ACEPTA QUE LA NORMA ATACADA VULNERE LOS ARTS. 7 Y 32 DE LA CONSTITUCION. (D). MINISTRO Dr. GUTIERREZ, VOTA POR DESESTIMAR LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD, ESTO PORQUE EN CONTRA DE LO QUE ADUCEN LOS ACCIONANTES, NO EXISTE EN EL ART. 67 INC. 2 DE LA CONSTITUCION UN PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS JUBILACIONES. (D). MINISTRO Dr. VAN ROMPAEY, CONSIDERA IRRELEVANTE LA ALEGACION DE QUE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES NO PUEDEN SER CONSIDERADAS TECNICAMENTE COMO RENTAS, PUES ES EVIDENTE QUE DICHAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL HAN SIDO GRABADAS EN SU CONDICION DE INGRESOS. TAMPOCO SE VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, YA QUE NO SE CREA UNA CATEGORIA IRRACIONAL O MANIFESTAMENTE DISCRIMINATORIA, PORQUE SE ACUDE A UNA VARIABLE COMO ES EL INGRESO, QUE RESULTA UN INDICADOR DE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE CUALQUIER PERSONA.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal · Derecho constitucional · Derecho tributario

DEFINITIVA 61/2008 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2008Importancia alta

POR MAYORIA DE SUS INTEGRANTES LA CORPORACION ACOGIO EL RECURSO EN ESTUDIO, CONFIRMANDO LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO. SE DESECHA EL AGRAVIO DE FALTA DE REPRESENTACION PROCESAL, EL QUE A LO SUMO SOLO PUEDE CAUSAR NULIDAD RELATIVA, Y POR LO TANTO SUBSANABLE. EN AUTOS SE ACREDITARON LOS ELEMENTOS QUE REQUIERE LA LEY PARA DAR POR CONFIGURADA LA POSESION NOTORIA DE ESTADO CIVIL, TRATO Y FAMA. ASI COMO LA CONDICION DE QUE EL RECONOCIMIENTO TACITO SE HAYA PROLONGADO COMO MINIMO POR DIEZ AÑOS. EN LA MATERIA A ESTUDIO, SE DEBE VALORAR ESPECIALMENTE LA PRUEBA TESTIMONIAL DANDO CABIDA A LAS DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS DENOMINADOS POR LA DOCTRINA COMO NECESARIOS, YA QUE NO PROCEDE A SU RESPECTO LA TACHA POR PARENTESCO EN CUESTIONES DE ORDEN FAMILIAR. (D). MINISTRO Dr. RODRIGUEZ CAORSI, EN TANTO DE LAS PRUEBAS NO SURGE CLARAMENTE LA EXISTENCIA DE TRATO, FAMA Y CONTINUIDAD. (D). MINISTRO Dr. GUTIERREZ, RECHAZA EL AGRAVIO VINCULADO A LA VALORACION DE LA PRUEBA, EN LA MEDIDA DE QUE EL FALLO DEL TRIBUNAL RESULTA ADECUADAMENTE FUNDADO.

Recurso de casación · Derecho procesal · Derecho de familia

DEFINITIVA 62/2008 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2008Importancia alta

EN PRIMER LUGAR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ESPECIFICA QUE LA NORMA EN CUESTION, ESTABLECE UNA EXCEPCION AL REGIMEN DE AMNISTIA QUE CONSAGRO LA LEY 15.737. A ESTO SE DEBE AGREGAR QUE NO SURGE QUE LA NORMA CUESTIONADA SEA DE APLICACION INELUDIBLE EN EL CASO DE AUTOS. NUESTRA CARTA CONSAGRA EL DERECHO A LA IGUALDAD, Y LAS DISTINCIONES ENTRE LAS PERSONAS SE PUEDEN VERIFICAR EN LA MEDIDA DE QUE LAS CATEGORIAS SE CONSTITUYAN JUSTA Y RACIONALMENTE. EL ART. 5 DE LA LEY Nº 15.737 EXCLUYO A DETERMINADAS PERSONAS Y DELITOS DEL REGIMEN DE AMNISTIA CONSAGRADO EN EL ART. 1 DE LA MENCIONADA NORMA, ASI LO QUE SE HACE ES DETERMINAR QUE EN DICHOS SUPUESTOS ES DE APLICACION EL REGIMEN GENERAL DERIVADO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. POR TODO LO ANTERIOR, SE CONCLUYE QUE LA NORMATIVA QUE SE ATACA NO VULNERA EL DERECHO DE IGUALDAD CONSAGRADO CONSTITUCIONALMENTE.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal penal · Derecho penal · Derecho constitucional

DEFINITIVA 54/2008 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2008Importancia alta

LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES DE LA CORPORACION ESTIMAN QUE PROCEDE HACER LUGAR AL ACCIONAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 8 DE LA LEY Nº 18.083. DICHA DISPOSICION INFRINGE EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD CONSAGRADO EN EL ART. 8 DE LA CARTA. EN PARTICULAR LA DETERMINACION DEL GRUPO DE PERSONAS AFECTADOS POR LA NORMA, RESULTA INJUSTA O CAPRICHOSA. INCLUSO EN LA MATERIA QUE REGULA LA DISPOSICION IMPUGNADA, DERECHO TRIBUTARIO, EXISTE UN PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LAS CARGAS PUBLICAS, QUE EN EL CASO A ESTUDIO SE INFRINGE CUANDO SE EQUIPARA LA SITUACION DE LOS ACTIVOS Y DE LOS PASIVOS. LA IMPOSICION DE LAS JUBILACIONES POR LA NORMA CUESTIONADA IMPLICA UNA MANIFIESTA DISMINUCION DEL MONTO JUBILATORIO A PERCIBIR, DE MANERA CONTRARIA A LA VOLUNTAD DEL CONSTITUYENTE PLASMADA EN EL ART. 67 DE NUESTRA CONSTITUCION. SE DEBE AGREGAR QUE LA VIOLACION SURGE DE CONSIDERAR EN FORMA ERRONEA LA JUBILACION COMO RENTA. LA LEY 18.083 EN SU ART. 8 INFRINGE TAMBIEN EL ART. 72 DE LA CARTA, YA QUE LOS DERECHOS DE PASIVIDAD SE PUEDEN CONSIDERAR COMO INHERENTES A LA PERSONALIDAD HUMANA. SIN EMBARGO NO SE ACEPTA QUE LA NORMA ATACADA VULNERE LOS ARTS. 7 Y 32 DE LA CONSTITUCION. (D). MINISTRO Dr. GUTIERREZ, VOTA POR DESESTIMAR LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD, ESTO PORQUE EN CONTRA DE LO QUE ADUCEN LOS ACCIONANTES, NO EXISTE EN EL ART. 67 INC. 2 DE LA CONSTITUCION UN PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS JUBILACIONES. (D). MINISTRO Dr. VAN ROMPAEY, CONSIDERA IRRELEVANTE LA ALEGACION DE QUE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES NO PUEDEN SER CONSIDERADAS TECNICAMENTE COMO RENTAS, PUES ES EVIDENTE QUE DICHAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL HAN SIDO GRABADAS EN SU CONDICION DE INGRESOS. TAMPOCO SE VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, YA QUE NO SE CREA UNA CATEGORIA IRRACIONAL O MANIFESTAMENTE DISCRIMINATORIA, PORQUE SE ACUDE A UNA VARIABLE COMO ES EL INGRESO, QUE RESULTA UN INDICADOR DE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE CUALQUIER PERSONA.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal · Derecho constitucional · Derecho tributario

DEFINITIVA 60/2008 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2008Importancia alta

LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES DE LA CORPORACION POSTULAN SOLUCION DESESTIMATORIA DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO. EL TRIBUNAL, INCLUSO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA EN ESTA ETAPA PROCESAL, SE ENCUENTRAN HABILITADOS PARA CONSIDERAR LA LEGITIMACION DE LOS ACCIONANTES, YA QUE RESULTA REVISABLE DE OFICIO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO, LA COMPENSACION EJERCITADA EN AUTOS NO ES PROCEDENTE PORQUE EL ART. 1.612 DEL CODIGO DE COMERCIO LA IMPIDE PARA CASOS DE SUSPENSION DE ACTIVIDADES, COMO OCURRIO EN EL EXPEDIENTE. (D). MINISTRO Dra. SARA BOSSIO, HACE LUGAR AL RECURSO Y CONFIRMA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA "IPSO JURE" LA COMPENSACION DE CREDITOS. ESTO PORQUE EL CREDITO SE ADQUIRIO CON FECHA ANTERIOR A LA QUIEBRA.

Recurso de casación · Derecho procesal · Derecho comercial · Derecho bancario

DEFINITIVA 53/2008 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2008Importancia alta

LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES DE LA CORPORACION ESTIMAN QUE PROCEDE HACER LUGAR AL ACCIONAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 8 DE LA LEY Nº 18.083. DICHA DISPOSICION INFRINGE EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD CONSAGRADO EN EL ART. 8 DE LA CARTA. EN PARTICULAR LA DETERMINACION DEL GRUPO DE PERSONAS AFECTADOS POR LA NORMA, RESULTA INJUSTA O CAPRICHOSA. INCLUSO EN LA MATERIA QUE REGULA LA DISPOSICION IMPUGNADA, DERECHO TRIBUTARIO, EXISTE UN PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LAS CARGAS PUBLICAS, QUE EN EL CASO A ESTUDIO SE INFRINGE CUANDO SE EQUIPARA LA SITUACION DE LOS ACTIVOS Y DE LOS PASIVOS. LA IMPOSICION DE LAS JUBILACIONES POR LA NORMA CUESTIONADA IMPLICA UNA MANIFIESTA DISMINUCION DEL MONTO JUBILATORIO A PERCIBIR, DE MANERA CONTRARIA A LA VOLUNTAD DEL CONSTITUYENTE PLASMADA EN EL ART. 67 DE NUESTRA CONSTITUCION. SE DEBE AGREGAR QUE LA VIOLACION SURGE DE CONSIDERAR EN FORMA ERRONEA LA JUBILACION COMO RENTA. LA LEY 18.083 EN SU ART. 8 INFRINGE TAMBIEN EL ART. 72 DE LA CARTA, YA QUE LOS DERECHOS DE PASIVIDAD SE PUEDEN CONSIDERAR COMO INHERENTES A LA PERSONALIDAD HUMANA. SIN EMBARGO NO SE ACEPTA QUE LA NORMA ATACADA VULNERE LOS ARTS. 7 Y 32 DE LA CONSTITUCION. (D). MINISTRO Dr. GUTIERREZ, VOTA POR DESESTIMAR LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD, ESTO PORQUE EN CONTRA DE LO QUE ADUCEN LOS ACCIONANTES, NO EXISTE EN EL ART. 67 INC. 2 DE LA CONSTITUCION UN PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS JUBILACIONES. (D). MINISTRO Dr. VAN ROMPAEY, CONSIDERA IRRELEVANTE LA ALEGACION DE QUE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES NO PUEDEN SER CONSIDERADAS TECNICAMENTE COMO RENTAS, PUES ES EVIDENTE QUE DICHAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL HAN SIDO GRABADAS EN SU CONDICION DE INGRESOS. TAMPOCO SE VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, YA QUE NO SE CREA UNA CATEGORIA IRRACIONAL O MANIFESTAMENTE DISCRIMINATORIA, PORQUE SE ACUDE A UNA VARIABLE COMO ES EL INGRESO, QUE RESULTA UN INDICADOR DE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE CUALQUIER PERSONA.

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DEFINITIVA 71/2008 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2008Importancia alta

LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES DE LA CORPORACION ESTIMAN QUE PROCEDE HACER LUGAR AL ACCIONAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 8 DE LA LEY Nº 18.083. DICHA DISPOSICION INFRINGE EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD CONSAGRADO EN EL ART. 8 DE LA CARTA. EN PARTICULAR LA DETERMINACION DEL GRUPO DE PERSONAS AFECTADOS POR LA NORMA, RESULTA INJUSTA O CAPRICHOSA. INCLUSO EN LA MATERIA QUE REGULA LA DISPOSICION IMPUGNADA, DERECHO TRIBUTARIO, EXISTE UN PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LAS CARGAS PUBLICAS, QUE EN EL CASO A ESTUDIO SE INFRINGE CUANDO SE EQUIPARA LA SITUACION DE LOS ACTIVOS Y DE LOS PASIVOS. LA IMPOSICION DE LAS JUBILACIONES POR LA NORMA CUESTIONADA IMPLICA UNA MANIFIESTA DISMINUCION DEL MONTO JUBILATORIO A PERCIBIR, DE MANERA CONTRARIA A LA VOLUNTAD DEL CONSTITUYENTE PLASMADA EN EL ART. 67 DE NUESTRA CONSTITUCION. SE DEBE AGREGAR QUE LA VIOLACION SURGE DE CONSIDERAR EN FORMA ERRONEA LA JUBILACION COMO RENTA. LA LEY 18.083 EN SU ART. 8 INFRINGE TAMBIEN EL ART. 72 DE LA CARTA, YA QUE LOS DERECHOS DE PASIVIDAD SE PUEDEN CONSIDERAR COMO INHERENTES A LA PERSONALIDAD HUMANA. SIN EMBARGO NO SE ACEPTA QUE LA NORMA ATACADA VULNERE LOS ARTS. 7 Y 32 DE LA CONSTITUCION. (D). MINISTRO Dr. GUTIERREZ, VOTA POR DESESTIMAR LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD, ESTO PORQUE EN CONTRA DE LO QUE ADUCEN LOS ACCIONANTES, NO EXISTE EN EL ART. 67 INC. 2 DE LA CONSTITUCION UN PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS JUBILACIONES. (D). MINISTRO Dr. VAN ROMPAEY, CONSIDERA IRRELEVANTE LA ALEGACION DE QUE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES NO PUEDEN SER CONSIDERADAS TECNICAMENTE COMO RENTAS, PUES ES EVIDENTE QUE DICHAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL HAN SIDO GRABADAS EN SU CONDICION DE INGRESOS. TAMPOCO SE VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, YA QUE NO SE CREA UNA CATEGORIA IRRACIONAL O MANIFESTAMENTE DISCRIMINATORIA, PORQUE SE ACUDE A UNA VARIABLE COMO ES EL INGRESO, QUE RESULTA UN INDICADOR DE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE CUALQUIER PERSONA.

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DEFINITIVA 57/2008 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2008Importancia alta

LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES DE LA CORPORACION ESTIMAN QUE PROCEDE HACER LUGAR AL ACCIONAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 8 DE LA LEY Nº 18.083. DICHA DISPOSICION INFRINGE EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD CONSAGRADO EN EL ART. 8 DE LA CARTA. EN PARTICULAR LA DETERMINACION DEL GRUPO DE PERSONAS AFECTADOS POR LA NORMA, RESULTA INJUSTA O CAPRICHOSA. INCLUSO EN LA MATERIA QUE REGULA LA DISPOSICION IMPUGNADA, DERECHO TRIBUTARIO, EXISTE UN PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LAS CARGAS PUBLICAS, QUE EN EL CASO A ESTUDIO SE INFRINGE CUANDO SE EQUIPARA LA SITUACION DE LOS ACTIVOS Y DE LOS PASIVOS. LA IMPOSICION DE LAS JUBILACIONES POR LA NORMA CUESTIONADA IMPLICA UNA MANIFIESTA DISMINUCION DEL MONTO JUBILATORIO A PERCIBIR, DE MANERA CONTRARIA A LA VOLUNTAD DEL CONSTITUYENTE PLASMADA EN EL ART. 67 DE NUESTRA CONSTITUCION. SE DEBE AGREGAR QUE LA VIOLACION SURGE DE CONSIDERAR EN FORMA ERRONEA LA JUBILACION COMO RENTA. LA LEY 18.083 EN SU ART. 8 INFRINGE TAMBIEN EL ART. 72 DE LA CARTA, YA QUE LOS DERECHOS DE PASIVIDAD SE PUEDEN CONSIDERAR COMO INHERENTES A LA PERSONALIDAD HUMANA. SIN EMBARGO NO SE ACEPTA QUE LA NORMA ATACADA VULNERE LOS ARTS. 7 Y 32 DE LA CONSTITUCION. (D). MINISTRO Dr. GUTIERREZ, VOTA POR DESESTIMAR LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD, ESTO PORQUE EN CONTRA DE LO QUE ADUCEN LOS ACCIONANTES, NO EXISTE EN EL ART. 67 INC. 2 DE LA CONSTITUCION UN PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS JUBILACIONES. (D). MINISTRO Dr. VAN ROMPAEY, CONSIDERA IRRELEVANTE LA ALEGACION DE QUE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES NO PUEDEN SER CONSIDERADAS TECNICAMENTE COMO RENTAS, PUES ES EVIDENTE QUE DICHAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL HAN SIDO GRABADAS EN SU CONDICION DE INGRESOS. TAMPOCO SE VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, YA QUE NO SE CREA UNA CATEGORIA IRRACIONAL O MANIFESTAMENTE DISCRIMINATORIA, PORQUE SE ACUDE A UNA VARIABLE COMO ES EL INGRESO, QUE RESULTA UN INDICADOR DE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE CUALQUIER PERSONA.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal · Derecho constitucional · Derecho tributario

DEFINITIVA 50/2008 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2008Importancia alta

LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES DE LA CORPORACION ESTIMAN QUE PROCEDE HACER LUGAR AL ACCIONAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 8 DE LA LEY Nº 18.083. DICHA DISPOSICION INFRINGE EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD CONSAGRADO EN EL ART. 8 DE LA CARTA. EN PARTICULAR LA DETERMINACION DEL GRUPO DE PERSONAS AFECTADOS POR LA NORMA, RESULTA INJUSTA O CAPRICHOSA. INCLUSO EN LA MATERIA QUE REGULA LA DISPOSICION IMPUGNADA, DERECHO TRIBUTARIO, EXISTE UN PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LAS CARGAS PUBLICAS, QUE EN EL CASO A ESTUDIO SE INFRINGE CUANDO SE EQUIPARA LA SITUACION DE LOS ACTIVOS Y DE LOS PASIVOS. LA IMPOSICION DE LAS JUBILACIONES POR LA NORMA CUESTIONADA IMPLICA UNA MANIFIESTA DISMINUCION DEL MONTO JUBILATORIO A PERCIBIR, DE MANERA CONTRARIA A LA VOLUNTAD DEL CONSTITUYENTE PLASMADA EN EL ART. 67 DE NUESTRA CONSTITUCION. SE DEBE AGREGAR QUE LA VIOLACION SURGE DE CONSIDERAR EN FORMA ERRONEA LA JUBILACION COMO RENTA. LA LEY 18.083 EN SU ART. 8 INFRINGE TAMBIEN EL ART. 72 DE LA CARTA, YA QUE LOS DERECHOS DE PASIVIDAD SE PUEDEN CONSIDERAR COMO INHERENTES A LA PERSONALIDAD HUMANA. SIN EMBARGO NO SE ACEPTA QUE LA NORMA ATACADA VULNERE LOS ARTS. 7 Y 32 DE LA CONSTITUCION. (D). MINISTRO Dr. GUTIERREZ, VOTA POR DESESTIMAR LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD, ESTO PORQUE EN CONTRA DE LO QUE ADUCEN LOS ACCIONANTES, NO EXISTE EN EL ART. 67 INC. 2 DE LA CONSTITUCION UN PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS JUBILACIONES. (D). MINISTRO Dr. VAN ROMPAEY, CONSIDERA IRRELEVANTE LA ALEGACION DE QUE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES NO PUEDEN SER CONSIDERADAS TECNICAMENTE COMO RENTAS, PUES ES EVIDENTE QUE DICHAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL HAN SIDO GRABADAS EN SU CONDICION DE INGRESOS. TAMPOCO SE VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, YA QUE NO SE CREA UNA CATEGORIA IRRACIONAL O MANIFESTAMENTE DISCRIMINATORIA, PORQUE SE ACUDE A UNA VARIABLE COMO ES EL INGRESO, QUE RESULTA UN INDICADOR DE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE CUALQUIER PERSONA.

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DEFINITIVA 75/2008 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2008Importancia alta

LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES DE LA CORPORACION ESTIMAN QUE PROCEDE HACER LUGAR AL ACCIONAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 8 DE LA LEY Nº 18.083. DICHA DISPOSICION INFRINGE EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD CONSAGRADO EN EL ART. 8 DE LA CARTA. EN PARTICULAR LA DETERMINACION DEL GRUPO DE PERSONAS AFECTADOS POR LA NORMA, RESULTA INJUSTA O CAPRICHOSA. INCLUSO EN LA MATERIA QUE REGULA LA DISPOSICION IMPUGNADA, DERECHO TRIBUTARIO, EXISTE UN PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LAS CARGAS PUBLICAS, QUE EN EL CASO A ESTUDIO SE INFRINGE CUANDO SE EQUIPARA LA SITUACION DE LOS ACTIVOS Y DE LOS PASIVOS. LA IMPOSICION DE LAS JUBILACIONES POR LA NORMA CUESTIONADA IMPLICA UNA MANIFIESTA DISMINUCION DEL MONTO JUBILATORIO A PERCIBIR, DE MANERA CONTRARIA A LA VOLUNTAD DEL CONSTITUYENTE PLASMADA EN EL ART. 67 DE NUESTRA CONSTITUCION. SE DEBE AGREGAR QUE LA VIOLACION SURGE DE CONSIDERAR EN FORMA ERRONEA LA JUBILACION COMO RENTA. LA LEY 18.083 EN SU ART. 8 INFRINGE TAMBIEN EL ART. 72 DE LA CARTA, YA QUE LOS DERECHOS DE PASIVIDAD SE PUEDEN CONSIDERAR COMO INHERENTES A LA PERSONALIDAD HUMANA. SIN EMBARGO NO SE ACEPTA QUE LA NORMA ATACADA VULNERE LOS ARTS. 7 Y 32 DE LA CONSTITUCION. (D). MINISTRO Dr. GUTIERREZ, VOTA POR DESESTIMAR LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD, ESTO PORQUE EN CONTRA DE LO QUE ADUCEN LOS ACCIONANTES, NO EXISTE EN EL ART. 67 INC. 2 DE LA CONSTITUCION UN PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS JUBILACIONES. (D). MINISTRO Dr. VAN ROMPAEY, CONSIDERA IRRELEVANTE LA ALEGACION DE QUE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES NO PUEDEN SER CONSIDERADAS TECNICAMENTE COMO RENTAS, PUES ES EVIDENTE QUE DICHAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL HAN SIDO GRABADAS EN SU CONDICION DE INGRESOS. TAMPOCO SE VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, YA QUE NO SE CREA UNA CATEGORIA IRRACIONAL O MANIFESTAMENTE DISCRIMINATORIA, PORQUE SE ACUDE A UNA VARIABLE COMO ES EL INGRESO, QUE RESULTA UN INDICADOR DE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE CUALQUIER PERSONA.

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DEFINITIVA 56/2008 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2008Importancia alta

LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES DE LA CORPORACION ESTIMAN QUE PROCEDE HACER LUGAR AL ACCIONAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 8 DE LA LEY Nº 18.083. DICHA DISPOSICION INFRINGE EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD CONSAGRADO EN EL ART. 8 DE LA CARTA. EN PARTICULAR LA DETERMINACION DEL GRUPO DE PERSONAS AFECTADOS POR LA NORMA, RESULTA INJUSTA O CAPRICHOSA. INCLUSO EN LA MATERIA QUE REGULA LA DISPOSICION IMPUGNADA, DERECHO TRIBUTARIO, EXISTE UN PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LAS CARGAS PUBLICAS, QUE EN EL CASO A ESTUDIO SE INFRINGE CUANDO SE EQUIPARA LA SITUACION DE LOS ACTIVOS Y DE LOS PASIVOS. LA IMPOSICION DE LAS JUBILACIONES POR LA NORMA CUESTIONADA IMPLICA UNA MANIFIESTA DISMINUCION DEL MONTO JUBILATORIO A PERCIBIR, DE MANERA CONTRARIA A LA VOLUNTAD DEL CONSTITUYENTE PLASMADA EN EL ART. 67 DE NUESTRA CONSTITUCION. SE DEBE AGREGAR QUE LA VIOLACION SURGE DE CONSIDERAR EN FORMA ERRONEA LA JUBILACION COMO RENTA. LA LEY 18.083 EN SU ART. 8 INFRINGE TAMBIEN EL ART. 72 DE LA CARTA, YA QUE LOS DERECHOS DE PASIVIDAD SE PUEDEN CONSIDERAR COMO INHERENTES A LA PERSONALIDAD HUMANA. SIN EMBARGO NO SE ACEPTA QUE LA NORMA ATACADA VULNERE LOS ARTS. 7 Y 32 DE LA CONSTITUCION. (D). MINISTRO Dr. GUTIERREZ, VOTA POR DESESTIMAR LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD, ESTO PORQUE EN CONTRA DE LO QUE ADUCEN LOS ACCIONANTES, NO EXISTE EN EL ART. 67 INC. 2 DE LA CONSTITUCION UN PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS JUBILACIONES. (D). MINISTRO Dr. VAN ROMPAEY, CONSIDERA IRRELEVANTE LA ALEGACION DE QUE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES NO PUEDEN SER CONSIDERADAS TECNICAMENTE COMO RENTAS, PUES ES EVIDENTE QUE DICHAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL HAN SIDO GRABADAS EN SU CONDICION DE INGRESOS. TAMPOCO SE VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, YA QUE NO SE CREA UNA CATEGORIA IRRACIONAL O MANIFESTAMENTE DISCRIMINATORIA, PORQUE SE ACUDE A UNA VARIABLE COMO ES EL INGRESO, QUE RESULTA UN INDICADOR DE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE CUALQUIER PERSONA.

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DEFINITIVA 55/2008 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2008Importancia alta

LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD FUE DESESTIMADA, YA QUE LA CONSTITUCION GARANTIZA EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PERO SIN DEFINIRLO, TRASLADANDO A LA LEY LA DETERMINACION DE SU CONTENIDO. LA NORMA CUESTIONADA NO VULNERA EL DEBIDO PROCESO, YA QUE LA DISPOSICION CUMPLE CON LA NOTA DE RAZONABILIDAD Y PERMITE EL DERECHO DE DEFENSA DEL DEMANDADO.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal · Derecho tributario

DEFINITIVA 76/2008 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2008Importancia alta

LA MAYORIA DE LOS INTEGRANTES DE LA CORPORACION ESTIMAN QUE PROCEDE HACER LUGAR AL ACCIONAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 8 DE LA LEY Nº 18.083. DICHA DISPOSICION INFRINGE EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD CONSAGRADO EN EL ART. 8 DE LA CARTA. EN PARTICULAR LA DETERMINACION DEL GRUPO DE PERSONAS AFECTADOS POR LA NORMA, RESULTA INJUSTA O CAPRICHOSA. INCLUSO EN LA MATERIA QUE REGULA LA DISPOSICION IMPUGNADA, DERECHO TRIBUTARIO, EXISTE UN PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LAS CARGAS PUBLICAS, QUE EN EL CASO A ESTUDIO SE INFRINGE CUANDO SE EQUIPARA LA SITUACION DE LOS ACTIVOS Y DE LOS PASIVOS. LA IMPOSICION DE LAS JUBILACIONES POR LA NORMA CUESTIONADA IMPLICA UNA MANIFIESTA DISMINUCION DEL MONTO JUBILATORIO A PERCIBIR, DE MANERA CONTRARIA A LA VOLUNTAD DEL CONSTITUYENTE PLASMADA EN EL ART. 67 DE NUESTRA CONSTITUCION. SE DEBE AGREGAR QUE LA VIOLACION SURGE DE CONSIDERAR EN FORMA ERRONEA LA JUBILACION COMO RENTA. LA LEY 18.083 EN SU ART. 8 INFRINGE TAMBIEN EL ART. 72 DE LA CARTA, YA QUE LOS DERECHOS DE PASIVIDAD SE PUEDEN CONSIDERAR COMO INHERENTES A LA PERSONALIDAD HUMANA. SIN EMBARGO NO SE ACEPTA QUE LA NORMA ATACADA VULNERE LOS ARTS. 7 Y 32 DE LA CONSTITUCION. (D). MINISTRO Dr. GUTIERREZ, VOTA POR DESESTIMAR LA ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD, ESTO PORQUE EN CONTRA DE LO QUE ADUCEN LOS ACCIONANTES, NO EXISTE EN EL ART. 67 INC. 2 DE LA CONSTITUCION UN PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS JUBILACIONES. (D). MINISTRO Dr. VAN ROMPAEY, CONSIDERA IRRELEVANTE LA ALEGACION DE QUE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES NO PUEDEN SER CONSIDERADAS TECNICAMENTE COMO RENTAS, PUES ES EVIDENTE QUE DICHAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL HAN SIDO GRABADAS EN SU CONDICION DE INGRESOS. TAMPOCO SE VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, YA QUE NO SE CREA UNA CATEGORIA IRRACIONAL O MANIFESTAMENTE DISCRIMINATORIA, PORQUE SE ACUDE A UNA VARIABLE COMO ES EL INGRESO, QUE RESULTA UN INDICADOR DE LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE CUALQUIER PERSONA.

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DEFINITIVA 52/2008 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2008Importancia alta

Las accionantes promueven acciòn de inconstitucionalidad contra los arts. 2 lit. C, 30 y 33 del Texto Ordenado 1996, en la redacciòn dada por el art. 8 de la Ley Nº 18.083, en tanto son violatorios de los arts. 7, 67, 32, 8 y 72 de la Constituciòn. La Suprema Corte de Justicia, por mayorìa legal de los integrantes naturales, hizo lugar al accionamiento de inconstitucionalidad promovido. Se estima, que la norma cuestionada infringe lo dispuesto en el art. 8 de la Constituciòn. Èste dispone que "todas las personas son iguales ante la Ley, no reconocièndose otra distinciòn entre ellas sino la de los talentos y las virtudes". A juicio de la mayorìa de la Corte se infringe dicha disposiciòn consitucional de dos maneras, a saber: 1) porque se trata de forma igualitaria a aquellas personas que estàn en distinta posiciòn jurìdica y, 2) porque se legisla en forma diferente respecto de aquèllos que estàn en igual situaciòn jurìdica. En lo relativo al primer punto, se entiende que los activos, o sea aquèllos que trabajan y perciben por ello una contraprestaciòn, estàn en diferente situaciòn que los pasivos, los que, despuès de haber aportado a la seguridad social durante toda su vida activa, reciben una prestaciòn como retribuciòn a lo ya vertido en las arcas del Estado por tal concepto. Por otra parte, se trata en forma desigual a aquèllos que estàn en igual situaciòn, al considerar el tratamiento de las jubilaciones y pensiones por un lado, y el de otras prestaciones a la seguridad social referida en el art. 2 lit. C), por otro, en forma diferente. Es evidente que, mientras todas son prestaciones a la seguridad social, en las cuales no existe actividad generadora de renta, el tratamiento impositivo es absolutamente desigual, ya que se grava, con el impuesto a la renta a las jubilaciones y pensiones y no se grava con dicho impuesto a las demàs prestaciones. En anteriores fallos de esta Corporaciòn se ha sostenido con respecto a este principio: sentencia nro. 168/2005, reiterando conceptos vertidos en la sentencia nro. 312/2004, como en muchas otras: "... el principio de igualdad no impide que se legisle para clases o grupos de personas, siempre que èstos se constituyan justa y racionalmente". No debe existir un propòsito arbitrario, hostil, y que determine la formaciòn de grupos o clases sin un sentido de razonabilidad, en ese supuesto permitido por la misma desigualdad en que se encuentra, pues de otra forma, al mantenèrsela y no ser corregida, se transformarìa en un ataque al propio principio de igualdad consagrado constitucionalmente" (cf. L.J.U., Tomo 135, Año 2007, c. 15.382). La doctrina en materia tributaria, le ha asignado al principio de igualdad diversos significados: 1) igualdad en la ley, en el sentido de que la ley no debe establecer desigualdades, en el Derecho Tributario se concreta en la igualdad ante las cargas publicas; 2) igualdad por la ley, en el sentido de que èsta serìa utilizada como instrumento para lograr una igualdad de los individuos, corrigiendo las desigualdades econòmicas imperantes; 3) igualdad ante la ley, que significa que la norma debe ser aplicada con criterio de estricta igualdad, a todos los afectados por ella; 4) igualdad de las partes, ìnsita en la concepciòn de la obligaciòn tributaria como una relaciòn jurìdica de crèdito y dèbito, y no como una relaciòn de poder (Valdès Costa, Ramòn "Instituciones de Derecho Tributario", 1º Ed., reimpresiòn de 1996, pàg. 370).-. En cuanto a la "igualdad en la ley", està contemplada en el art.8 de la Carta y supone que, en tanto todos los ciudadanos son iguales, " la ley tributaria no debe hacer discriminaciones perjudicando o beneficiando a determinados individuos o grupos de individuos". Dentro de esta concepciòn suele distinguirse entre igualdad jurìdica (referida a las condiciones fìsicas o morales del individuo) e igualdad econòmica , en referencia a las posibilidades econòmicas (igualdad ante las cargas fiscales) o capacidad contributiva de los individuos. Las mayores dificultades se plantean a la hora de determinar la igualdad de capacidad cotributiva en virtud de que "el concepto de capacidad contributiva no puede ser objeto de determinaciòn exacta", dependiendo de diversos factores econòmicos y sociales que difieren en cada sociedad. Pese a que nuestra Carta Magna carece de una disposiciòn expresa que refiera a la "igualdad por la ley", doctrina y jurisprudencia lo encuentran comprendido en la amplitud del art. 8 de la Constituciòn Nacional, señalando el Dr.Valdès Costa que ademàs, de existir diversas disposiciones constitucionales que, en forma expresa, pretenden resolver ese problema, a lo que, incluso se llegarìa por aplicaciòn del art.72 del mismo cuerpo normativo, existen otras normas que dan respaldo jurìdico a la admisiòn de esta nueva modalidad del principio de igualdad, recordando en tal sentido, la existencia de pactos internacionales celebrados por el paìs, con indudable fuerza vinculatoria, lo que incluye a la Declaraciòn Universal de los Derechos Humanos. Se concluye que asiste razòn a las accionantes cuando sostienen que la norma vulnera este principio. La infracciòn se efectùa cuando se equipara la situaciòn de los activos y de los pasivos, gravando las rentas que perciben con un tributo que "se determinarà mediante la aplicaciòn de tasas progresionales vinculadas a una escala de rentas", sin distinguir la situaciòn en que se encuentran y sin considerar que las llamadas "rentas" que son gravadas por el tributo creado no tienen las mismas caracterìsticas, afectando, en definitiva, este principio en cuanto "igualdad en la ley". Efectivamente, la propia Constituciòn en su art. 67 establece que lo que perciben los jubilados y pensionistas es una prestaciòn -consecuencia de su propio aporte al règimen previsional durante su època activa-, mientras que los activos reciben "contraprestaciones" por el desarrollo de sus actividades econòmicas. Asimismo, màs allà de que es harto notoria la diferente situaciòn en que se encuentran unos y otros, la evidencia aumenta cuando se aprecia que los activos pueden aumentar sus ingresos mediante el desempeño de otras tareas o actividades productivas, mientras que los pasivos no cuentan con esa posibilidad. Esta circunstancia, en definitiva, al no ser considerada por el legislador, supone una infracciòn -clara- al principio de igualdad no respetando, en definitiva, la necesaria "igualdad ante las cargas pùblicas". En definitiva, cuando hablamos de "renta" en el caso de los pasivos, lejos se està en los hechos de tal realidad. El Dr. Hugo Martins, en trabajo publicado en L.J.U., Tomo 136, señala que la "renta" es "el producido econòmico derivado de bienes, derechos o actividades aplicados a una funciòn productiva regular", siendo"... preciso que exista en todos los casos una fuente que dè origen a la renta correspondiente, una fuente de caràcter estable, que sea explotada por su titular o por su propietario; puede ser un bien de capital, puede ser una actividad desarrollada por el individuo cuando las rentas provienen del trabajo": Sin embargo, los "jubilados del B.P.S. perciben de un Ente Autònomo del Estado (art.195 de la Constituciòn) una prestaciòn social, sin trabajar, màs aun tienen prohibido trabajar en la actividad por la cual se jubilaron". A partir del anàlisis de los conceptos de renta e ingreso que utiliza la ley atacada, el sistema de seguridad social vigente y teniendo en cuenta la naturaleza de los aportes que, obligatoriamente, vuelcan los activos al sistema, cabe concluir que las "prestaciones de jubilaciòn y pensiòn" constituyen genèricamente ingresos del contribuyente, lo que si bien pueden incluirse en un concepto amplio de renta, por su origen y naturaleza no pueden ser materia de gravamen, por no resultar de igual condiciòn que los demàs incluidos en la categorìa, violentando su inclusiòn principios de orden superior. En efecto, aun cuando las pensiones y jubilaciones incluidas en la ley constituyen ingresos a los que la ley asimila e incluye dentro de la categorìa de las "rentas del trabajo", ellos no pueden ser materia gravada por ser de diverso origen y naturaleza, sin violentar el principio de igualdad consagrado en el art. 8 de la Carta. El Sr. Ministro Ruibal Pino, en este punto, segùn destacò en su voto, entiende que "...aun cuando las pensiones y jubilaciones incluidas en la ley constituyan ingresos, a los que la ley asimila e incluye dentro de la categorìa Rentas de Trabajo, ellas no pueden ser materia gravada sin violentar el principio de igualdad consagrado en el art. 8 de la Carta". Las accionantes alegan infracciòn a lo dispuesto en el art. 67 de la Constituciòn, modificado en la reforma constitucional de 1989. Por la referida reforma se incorporaron al art. 67 de la Constituciòn dos disposiciones por las que el moto de los ajustes de las pensiones y jubilaciones no podrà se inferior al ìndice medio de salarios y a su vez que dichos ajustes deberàn ser efectuados en las mismas oportunidades en que se establezcan los aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administraciòn Central. Por otra parte se ratificò el sistema de financiaciòn sobre la base de contribuciones obreras y patronales y demàs tributos establecidos por ley, especificando que dichos recursos no podràn ser afectados a fines ajenos a los mencionados (ajustes de asignaciones de jubilaciones y pensiones). El derecho a la jubilaciòn y la garantìa de un retiro adecuado han sido consagrados sin ningùn lìmite legal en el art. 67 inc. 1) de la Constituciòn. Esta norma ha sido explìcitamente complementada por los incisos 2) y 3) del mismo artìculo que fueron incorporados por la reforma constitucional referida. El inc.2) establece, expresamente, que las asignaciones de Jubilaciòn y Pensiòn no podràn ser inferiores a la variaciòn del Ìndice Medio de Salarios. A su vez, el inc. 3) se refiere a la forma de financiaciòn de las mencionadas prestaciones, estableciendo que èstas " se financian sobre la base de: A) Contribuciones obreras y patronales y demàs tributos establecidos por ley. Dichos recursos no podràn ser afectados a fines ajenos a los precedentes mencionados; y B) La asistencia financiera que deberà proporcionar el Estado, si fuere necesario". Ello supone necesariamente que la norma constitucional en su contenido ha consagrado el respeto ìntegro del poder adquisitivo de las jubilaciones mediante el referido ajuste. Esta disposiciòn ha consagrado claramente la voluntad de que las normas legales no puedan afectar de ningùn modo el retiro adecuado a que se hace referencia en el inciso primero del artìculo. Pero, ademàs, la norma ha complementado, sin duda alguna, la finalidad del reajuste, previendo y regulando dos aspectos a destacar: por un lado, la no afectaciòn de los recursos necesarios para financiar estas prestaciones a fines ajenos a ello, y por otro lado, la asistencia financiera que deberà proporcionar el Estado para poder cumplirse con el pago de las mismas en la forma establecida en el inc.2). En efecto, el lit.A) del inc.3) del art. 67 establece que los recursos necesarios para solventar el pago de las prestaciones de pasividades pueden derivar, ademàs de las contribuciones obreras y patronales, de otros tributos cualquiera sea su fuente, pero el producto de esos tributos debe ser utiizado para el pago de esas prestaciones. Y agrega a continuaciòn la expresa prohibiciòn de que los recursos mencionados sean destinados a fines ajenos al pago de esas prestaciones. Esto es, los tributos que graven las jubilaciones deben ser utilizados solamente para el pago de las prestaciones adecuadas cuya consagraciòn y protecciòn realiza el artìculo analizado. De ningùn modo puede admitirse que tengan por destino Rentas Generales para realizar otros gastos, cualquiera sea la naturaleza de èstos, ( ya sea corrientes o de inversiòn) o su pretendida finalidad (subsidio, subvenciòn o distributivos). Ni siquiera puede hablarse de razones de interès general, siendo que -en el caso- èste no puede vulnerar un interès especìficamente establecido en la misma Constituciòn y que limita todo tipo de consideraciòn al respecto. Lo esencial es que hay una clara limitaciòn constitucional al gravamen de las prestaciones de pasividad. A lo expresado, debe agregarse el lit. B) del inciso, el que dispone que, si fuere necesario, el Estado deberà proporcionar asistencia financiera para el cumplimiento de los fines consagrados en el art. 67: el pago de los retiros adecuados de conformidad con el reajuste establecido que asegure por consiguiente el poder adquisitivo de los jubilados. Con las normas impugnadas no solamente no se cumple con este precepto, sino que, por el contrario, se violenta el mismo, gravando y detrayendo del monto de las prestaciones de pasividad sumas significativas que disminuyen, claramente, el valor adecuado de las mismas. Asì, la imposiciòn de las jubilaciones por la norma cuestionada implica una manifiesta disminuciòn del monto jubilatorio a percibir, de manera contraria a la voluntad del constituyente. Y aùn màs, detrae de las prestaciones recursos disminuyendo el poder adquisitivo del reajuste, gravando las prestaciones jubilatorias con montos que superan ampliamente el reajuste, disminuyendo sustancialmente el monto de la jubilaciòn anterior al reajuste. Es claro que asì no se respeta ni el texto ni el espìritu de la norma constitucional oportunamente plebiscitada. La jubilaciòn es una prestaciòn de seguridad social que se da a aquella persona respecto de la cual se verifican los requisitos exigidos de edad y años de trabajo y en tanto se haya cumplido con el pago de los aportes legales correspondientes, todas èstas condiciones establecidas por la normativa legal. El jubilado no trabaja. Solamente percibe una prestaciòn de seguridad social, que supone una vinculaciòn con la devoluciòn parcial de los aportes realizados durante toda su vida activa laboral, de acuerdo con ciertos principios caracterìsticos y propios de la seguridad social de las pasividades. Suma absolutamente exigua y limitada en general, puesto que respecto de muchos de los beneficiarios rigen topes que la prestaciòn no puede superar. Ahora bien, el mencionado art. 2 considera las jubilaciones como renta y las grava supuestamente en cuanto tales. Corresponde realizar un estudio sobre el concepto de renta a fin de determinar si las jubilaciones pueden ser consideradas "renta". Dentro de los diferentes criterios de renta utilizados por la doctrina econòmico financiera internacional y nacional, la Ley Nº 18.083 (a diferencia de la Ley Nº 12.804 que tomaba en cuenta para la generaciòn del gravamen un concepto de renta producto) adopta el criterio de "renta fuente o producto" para las rentas provenientes del trabajo ( dentro de las cuales incluye jubilaciones y pensiones). Y segùn el criterio de "renta fuente" se define la renta como el fruto de una fuente permanente capaz de producirla o reproducirla sin agotarse. En la medida que la materia gravada sea la renta, la norma legal debe ajustarse al concepto racional y connatural de la misma, el cual es el pacìficamente aceptado por la doctrina. Por lo demàs, èste es el concepto que incluso adopta la misma ley al regular en el art.3 el elemento espacial del hecho generador, cuando establece que las rentas gravadas son las provenientes de actividades desarrolladas, bienes situados y derechos utilizados econòmicamente en la Repùblica. Por lo tanto, no puede decirse entonces, que las jubilaciones gravadas por el art. 2 y 33 sean rentas. En la hipòtesis de las jubilaciones no hay ninguna actividad econòmica actual que genere renta, segùn resulta de la misma naturaleza de aquèllas de acuerdo a lo ya expresado. La propia ley incurre en una flagrante y manifiesta contradicciòn al regular el caso de las jubilaciones y pensiones en forma diferente frente a situaciones iguales. Asì, en el art. 2 lit. C), luego de la arbitraria inclusiòn como rentas del trabajo de las jubilaciones, pensiones y prestaciones de pasividades de similar naturaleza en su inc.1º, agrega en su inc. 2º "no se encuentran comprendidas las partidas correspondientes a los subsidios establecidos en el Decreto-Ley Nº 15.180 (seguro por desempleo), el Decreto-Ley Nº 14.407 (seguro por enfermedad), los arts. 11 y siguientes del Decreto-Ley Nº 15.084 (subsidio por maternidad), y la Ley Nº 16.074, en lo relativo a la indemnizaciòn temporal por accidente...".- La razòn por la cual estas prestaciones de seguridad social no son gravadas como renta es que en todas ellas no hay una actividad econòmica actual desarrollada (fuente productora) que genere renta y por lo tanto no hay renta que justifique una imposiciòn. Lo expresado es claramente demostrativo de que la correcta teleologìa de la norma implica que la inexistencia de actividad econòmica deriva en el corolario de la inexistencia de renta, y por ello no procede la imposiciòn de la referida prestaciòn de pasividad como una renta. En conclusiòn, cabe expresar que las prestaciones de pasividad de jubilaciones y pensiones no son renta. En consecuencia, se entiende que la imposiciòn de las jubilaciones y pensiones constituye una violaciòn al art. 67 de la Constituciòn en tanto en cuanto desvirtùa el concepto y naturaleza de los beneficios de pasividad al considerarlos incorrectamente como renta, como fundamentalmente en cuanto viola la adecuada protecciòn y garantìa de los mismos respecto de la adecuaciòn, ajuste y mantenimiento de su poder adquisitivo conforme prescribe y es voluntad de aquèl. Y aùn màs, se gravan las prestaciones de pasividad con un tributo cuyo producto va a ser destinado claramente a fines ajenos al sistema de seguridad social de las pasividades, detrayendo recursos que en realidad debìan ser utilizados para las prestaciones del mismo, lo que es aun peor. Ello se verifica en contradicciòn con el lit. B) del inc. 3); no solamente no se presta asistencia financiera para cumplir con el contenido de la norma sino que se detraen recursos del sistema con fines totalmente ajenos al mismo. En la medida que la norma legal cuestionada incurre en el apartamiento y violaciòn de la norma constitucional señalada, los Dres. Rodrìguez Caorsi y Bossio Reig, entienden que podrìa decirse, en forma complementaria, que atento a lo explìcitamente dispuesto por esta norma, la ley viola tambièn lo establecido en el art. 72 de la Constituciòn que consagra la protecciòn de los derechos y garantìas que son inherentes a la personaldiad humana. Las accionantes invocaron asimismo la vulneraciòn de los arts. 7 y 32 de la Constituciòn. Las disposiciones cuestionadas no son susceptibles de conculcar el bien jurìdico "vida" tutelado en el art. 7 de la Carta. Y con referencia al art. 32, no se comparte que el fondo de previsiòn proveìdo por cada persona constituya "propiedad" y se pueda considerar amparado por lo dispuesto en el invocado artìculo de la Constituciòn. En cuanto a la eficacia del fallo que hace lugar a la declaraciòn de inconstitucionalidad, las accionantes solicitaron que los efectos se retrotraigan a la fecha de la vigencia de la ley. En este sentido, cabe precisar que, en opiniòn de la mayorìa de los integrantes de la Corte, la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una ley es declarativa y como tal tiene efectos ex tunc. Discordia: Dr. Van Rompaey. Discorde por los mismos fundamentos desarrollados en la sentencia nro. 43/2008, que resultan aplicables al caso. Y destaca asimismo que a diferencia de lo que se resuelve en la sentencia objeto de la presente discordia, estima que no corresponde retroatraer los efectos de la declaraciòn de inconstitucionalidad a la fecha de la vigencia de la ley. Discordia: Dr. Gutièrrez Proto. Desestima el accionamiento con costas a los promotores y se remite a los fundamentos de la sentencia nro. 43/2008, por considerarlos enteramente aplicables al caso.

INTERLOCUTORIA 715/2008 · Suprema Corte de Justicia · 4 de abril de 2008Importancia alta

La parte demandada interpuso recurso de reposiciòn. La Suprema Corte de Justicia no hizo lugar al recurso de reposiciòn interpuesto. La contestaciòn de la demanda fue presentad en forma extemporànea, fuera del plazo legal de que disponìa para contestar el traslado conferido.

Recurso de reposicion · Derecho procesal · Derecho tributario