Reglamentacion de la ley 19.484 sobre normas de convergencia con los estandares internacionales en transparencia fiscal internacional, prevencion y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Obligación de informar de Entidades Financieras respecto de residentes fiscales en la República.- La misma obligación establecida en el artículo anterior tendrán las entidades comprendidas en el artículo 1° de la Ley N° 19.484 de 5 de enero de 2017, respecto de las cuentas financieras que sean mantenidas por personas físicas, jurídicas u otras entidades residentes en la República. Quedan exceptuadas de la obligación de informarse las cuentas financieras cuyos titulares sean personas físicas, jurídicas u otras entidades residentes en la República de acuerdo a los procedimientos de debida diligencia regulados en el presente Decreto, cuando se verifiquen conjuntamente las siguientes condiciones: a) su saldo o valor al 31 de diciembre de cada año no supere las U.I. 400.000 (Unidades Indexadas cuatrocientos mil), y b) su valor promedio anual, calculado de conformidad con lo dispuesto en el apartado ii) del numeral 5 del artículo 16, no supere las U.I. 400.000 (Unidades Indexadas cuatrocientos mil). A los efectos del cálculo del presente límite regirá lo dispuesto en el artículo 40 del presente Decreto. (*) A partir del año 2019, en el caso de personas jurídicas u otras entidades, el tope en Unidades Indexadas a que refiere el inciso anterior será de U.I. 160.000 (Unidades Indexadas ciento sesenta mil). A los efectos del presente Decreto la residencia fiscal en la República a que refiere el inciso segundo del artículo 5° de Ley N° 19.484 de 5 de enero de 2017, se determinará de conformidad a lo dispuesto en los Capítulos III a VIII.

Entidades Financieras obligadas a informar.- Son entidades financieras obligadas a informar: 1. Entidades de intermediación financiera e instituciones emisoras de instrumentos de dinero electrónico.- Las entidades de intermediación financiera comprendidas en el régimen del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982 y sus leyes modificativas, N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992 y N° 17.613, de 27 de diciembre de 2002 y las instituciones emisoras de instrumentos de dinero electrónico comprendidas en la Ley N° 19.210, de 29 de abril de 2014. 2. Entidades de custodia.- Las entidades de custodia que tengan por actividad económica relevante la custodia o el mantenimiento por cuenta y orden de terceros de activos financieros, aun cuando no estén bajo la supervisión del Banco Central del Uruguay. Se entenderá que una entidad mantiene activos financieros por cuenta de terceros como parte relevante de su negocio, si el ingreso bruto de esa entidad atribuible al mantenimiento de activos financieros y a servicios financieros relacionados, es igual o superior al 20% (veinte por ciento) de su ingreso bruto total correspondiente al período más corto entre: i. el período de 3 (tres) años concluido el 31 de diciembre (o el último día del ejercicio fiscal cuando no se corresponda con el año civil) anterior al año en que se efectúa el cálculo; o ii. el período durante el cual la entidad ha existido. Quedan comprendidos en el presente numeral, entre otros: a. los intermediarios de valores a que refieren los artículos 94 a 112 de la Ley N° 18.627, de 2 de diciembre de 2009; b. las entidades registrantes y las de custodia, compensación y liquidación de valores a que refieren los artículos 23 a 33 y 59 a 62 de la Ley N° 18.627, de 2 de diciembre de 2009. 3. Entidades de inversión.- Las entidades: A) Que realicen actividades de ejecución de inversión de activos financieros, por cuenta y orden de terceros, aun cuando no estén bajo la supervisión del Banco Central del Uruguay. Se entenderá por actividades de ejecución de inversión, la realización de una o varias de las siguientes actividades u operaciones: i. transacciones con instrumentos del mercado monetario (cheques, letras, pagarés, certificados de depósito, divisas, entre otros); instrumentos financieros derivados, instrumentos de los mercados cambiario y monetario, tipos de interés e índices; valores negociables, o instrumentos del mercado de futuros (commodities); ii. gestión de inversiones particulares o colectivas; o iii. cualquier otra operación de inversión, administración o gestión de activos financieros o de dinero, incluyendo los criptoactivos relevantes. Dichas actividades u operaciones no comprenden la prestación de servicios de asesoramiento no vinculante sobre inversiones de un cliente. Quedan comprendidos en el presente literal, entre otros: a. las sociedades administradoras de fondos de inversión, regidas por la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996, y su modificativa, Ley N° 17.202, de 24 de setiembre de 1999; b. los bancos de inversión, regidos por la Ley N° 16.131, de 12 de setiembre de 1990; c. los fiduciarios financieros, regidos por la Ley N° 17.703, de 27 de octubre de 2003; d. los intermediarios de valores, regidos por los artículos 94 a 112 de la Ley N° 18.627, de 2 de diciembre de 2009. B) Cuyos ingresos brutos procedan principalmente de una actividad de inversión, reinversión o comercialización de activos financieros o criptoactivos relevantes, si la entidad es administrada por otra entidad financiera. Se entiende que una entidad es administrada por otra cuando la entidad administradora desarrolla, ya sea de forma directa o a través de otro proveedor de servicios, cualquiera de las actividades descriptas en el inciso segundo del literal A) del presente numeral por cuenta de la entidad administrada. Se entenderá que los ingresos brutos de las entidades administradas a que refiere el inciso precedente son principales cuando, igualen o superen el 50% (cincuenta por ciento) del ingreso bruto total durante el período más corto entre: i. El período de 3 (tres) años concluido el 31 de diciembre (o el último día del ejercicio fiscal que no se corresponda con el año civil) anterior al año en que se efectúa el cálculo; o ii. El período durante el cual la entidad ha existido. A efectos de lo dispuesto por el apartado iii) del literal A) del numeral 3° de este artículo, el término "cualquier otra operación de inversión, administración o gestión de activos financieros, dinero o criptoactivos relevantes" no incluye la prestación de servicios de ejecución de operaciones de cambio de criptoactivos relevantes para o por cuenta y orden de clientes. Se entenderá por operaciones de cambio cualquier operación de cambio: a) entre criptoactivos relevantes y monedas de curso legal; y b) entre uno o más tipos de criptoactivos relevantes. El alcance del término "Entidad de Inversión" deberá interpretarse de acuerdo con las disposiciones reglamentarias y normas dictadas por el Banco Central del Uruguay para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de conformidad con el concepto de "Instituciones Financieras" contenido en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera del año 2012. 4. Entidades de Seguros.- Las entidades de seguros regidas por la Ley N° 16.426, de 14 de octubre de 1993, y la Ley N° 18.243, de 27 de diciembre de 2007 (o la sociedad controlante de una compañía aseguradora), exclusivamente con relación a los contratos de renta vitalicia y a los de seguro cuando éstos establezcan el reconocimiento del componente de ahorro en la cuenta individual. Las personas físicas que revistan la calidad de entidades financieras, solo estarán obligadas a brindar la información a que refiere el artículo 16 cuando la persona sujeta a comunicación de información sea una persona física, jurídica u otra entidad residente en la República. (*)

Activos Financieros.- A los efectos del presente Decreto se consideran activos financieros, entre otros: i. Los valores a que refiere el artículo 13 de la Ley N° 18.627, de 2 de diciembre de 2009. ii. Los contratos de permutas financieras, entendiéndose por tales, entre otros, a las permutas financieras de tipos de interés, de tipos de cambio, de tipos de referencia, de tipos de interés máximos y mínimos, de activos de mercado de futuros, contratos de intercambio de interés por renta variable, contratos sobre futuros basados en índices bursátiles y otros acuerdos similares. iii. Los contratos de forward, entendiéndose por tales a los acuerdos estructurados en función a requerimientos específicos de las partes contratantes para comprar o vender un elemento subyacente en una fecha futura y a un precio previamente pactado. iv. Los contratos de seguro, cuando los mismos establezcan el reconocimiento del componente de ahorro en la cuenta individual o contratos de renta vitalicia. v. Los criptoactivos relevantes. El término "criptoactivo" refiere a una representación digital de valor que utiliza tecnologías de registro distribuido o similares para garantizar la seguridad y transparencia de las transacciones. Se entenderá por "criptoactivos relevantes" aquellos criptoactivos que: a. no constituyan moneda digital emitida por el Banco Central; b. no sean productos específicos de dinero electrónico; c. no puedan ser usados con fines de pago o inversión, según determinación fundada del proveedor de servicios. vi. Cualquier rendimiento derivado de los anteriores. (*)

Productos específicos de dinero electrónico.- A los efectos de este Decreto, se entiende por productos específicos de dinero electrónico todos aquellos que cumplan con la definición de dinero electrónico prevista en el artículo 2° de la Ley N° 19 210, de 29 de abril de 2014. Se excluyen del concepto previsto en el inciso anterior aquellos productos creados con el único fin de facilitar la transferencia de fondos desde un cliente hacia otra persona, conforme las instrucciones de dicho cliente. Se entiende que un producto no es creado con el único fin de facilitar la transferencia de fondos, si, en el ejercicio habitual de las actividades de la entidad que realiza la transferencia, los fondos relacionados con dicho producto son mantenidos por más de 60 días desde la recepción de las instrucciones para facilitar la transferencia o, de no haberse recibido instrucciones, los fondos relacionados con dicho producto son mantenidos por más de 60 días desde la recepción de los fondos. (*)

Moneda.- Se entiende por moneda aquélla de curso legal emitida por los países o jurisdicciones o por el Banco Central designado por un país o jurisdicción o la autoridad monetaria, representada por billetes o monedas físicos o por monedas en diferentes formatos digitales, incluidas reservas bancarias, dinero en los bancos comerciales, productos de dinero electrónico y monedas digitales del Banco Central. (*)

Entidades Financieras no obligadas a informar.- No estarán obligadas a informar: 1. Las entidades estatales, salvo las que desarrollen actividades: i. del dominio comercial e industrial del Estado llevadas a cabo por entidades de seguro; entidades de custodia y entidades que realicen actividad de intermediación financiera e instituciones emisoras de instrumentos de dinero electrónico comprendidas en la Ley N° 19.210, de 29 de abril de 2014; o ii de custodia de monedas digitales emitidas por el Banco Central cuyos titulares de cuentas no sean entidades financieras, entidades estatales, organizaciones internacionales o Bancos Centrales. 2. Las organizaciones internacionales, incluidas las agencias u organismos pertenecientes en su totalidad a dichas organizaciones. Esta categoría incluye toda organización intergubernamental, incluida una organización supranacional, que: a. esté compuesta principalmente de gobiernos; b. tenga en vigor un acuerdo sede o un acuerdo similar con la República; y c. cuyos ingresos no beneficien a particulares. No quedan incluidas en este numeral las organizaciones internacionales que lleven a cabo actividades propias de las entidades de seguro; entidades de custodia y entidades que realicen actividad de intermediación financiera e instituciones emisoras de instrumento de dinero electrónico comprendidas en la Ley N° 19.210, de 29 de abril de 2014; o que desarrollen actividades de custodia de monedas digitales emitidas por el Banco Central cuyos titulares de cuentas no sean entidades financieras, entidades estatales, organizaciones internacionales o Bancos Centrales. 3. Las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) regidas por la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, y modificativas; 4. Las instituciones de seguridad social; 5. Las entidades administradoras de tarjetas de crédito, entendiéndose por tales a las entidades financieras que cumplan con los siguientes criterios: a. se considere entidad financiera exclusivamente por tratarse de un emisor de tarjetas de crédito que acepta depósitos sólo cuando un cliente efectúa un pago cuyo importe excede del saldo pendiente de pago en la tarjeta, y dicho pago en exceso no sea inmediatamente devuelto al cliente, y b. a partir del 1° de enero de 2017, la entidad financiera implemente políticas y procedimientos que impidan que un cliente efectúe pagos anticipados que excedan de USD 50.000 (dólares estadounidenses cincuenta mil), o bien que garanticen que todo sobrepago por parte del cliente que exceda de USD 50.000 (dólares estadounidenses cincuenta mil) sea reembolsado al cliente en un plazo de 60 (sesenta) días, aplicando en cada caso las reglas especiales de debida diligencia dispuestas en el presente Decreto para la acumulación de saldos de cuenta (artículo 40). A tal fin, el sobrepago de un cliente excluye saldos acreedores imputables a cargos o gastos protestados, pero incluye saldos acreedores derivados de la devolución de mercancías. 6. Los fideicomisos y los fondos de inversión, en la medida en que la fiduciaria o la sociedad administradora de fondos de inversión sea una entidad financiera a que se refiere el artículo 3° del presente Decreto, y comunique toda la información con respecto de las cuentas financieras sujetas a comunicación de información del fideicomiso o del fondo de inversión. (*)

Entidades Financieras.- A los efectos del presente Decreto, se consideran entidades financieras las entidades descriptas en los artículos 3° y 5°. (*) Declárase que las cajas de auxilio o seguros convencionales regidos por el Decreto - Ley N° 14.407, de 22 de julio de 1975, y por la Ley N° 18.731, de 7 de enero de 2011, no se consideran entidades financieras a los efectos de lo dispuesto por el Capítulo I de la Ley N° 19.484, de 5 de enero de 2017. (*)

Entidades No Financieras.- Son entidades no financieras todas aquellas entidades que no sean una entidad financiera comprendida en los artículos 3° y 5° del presente Decreto.

Entidades No Financieras Activas.- Son entidades no financieras activas las que cumplan con alguno de los siguientes requisitos: 1. aquellas que en el año calendario inmediato anterior u otro periodo de comunicación apropiado, por razón de sus ingresos y activos, posean ingresos correspondientes a rentas pasivas que no superen el 50% (cincuenta por ciento) de sus ingresos brutos y que igual o menos del 50% (cincuenta por ciento) de sus activos generen rentas pasivas. A los efectos del presente Decreto se consideran rentas pasivas, entre otras, a las provenientes de: i. arrendamiento, subarrendamiento, así como por la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o goce de bienes inmuebles, cualquiera sea su denominación o naturaleza; ii. rendimientos de capital mobiliario, originados en depósitos, préstamos y en general en toda colocación de capital o de crédito de cualquier naturaleza; iii. arrendamiento, subarrendamiento, así como por la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o goce de bienes muebles, cualquiera sea su denominación o naturaleza; iv. enajenación o participación en el rendimiento de acciones, cuotas o participaciones sociales, cuotapartes de fondos de inversión o entidades de otra denominación que cumplan iguales funciones; 2. aquellas cuyo capital social es regularmente comercializado en un mercado de valores establecido, o la entidad no financiera sea una entidad vinculada a una entidad, cuyo capital social se comercialice regularmente en un mercado de valores establecido; 3. organismos públicos, organizaciones internacionales o entidades que sean de propiedad total de uno o más de los anteriores; 4. todas las actividades de la entidad no financiera sustancialmente consisten en poseer (en todo o en parte) las acciones en circulación de, o proveer financiamiento y servicios a, una o varias subsidiarias que se dediquen a un comercio o actividad empresarial distinta a la de una entidad financiera obligada a informar. Se excluyen de este supuesto, considerándose entidades no financieras pasivas a los fondos de inversión o cualquier instrumento de inversión cuyo propósito sea adquirir o financiar compañías para después tener participaciones en las mismas en forma de activos de capital para fines de inversión; 5. entidades no financieras nuevas, cuando no estén operando un negocio y no tengan historial previo de operación, pero estén invirtiendo capital en activos con la intención de operar un negocio distinto al de una entidad financiera de las descriptas en los artículos 3° y 5° del presente Decreto, siempre que no hayan transcurrido 24 (veinticuatro) meses desde la fecha de su constitución; 6. la entidad no financiera no haya actuado como entidad financiera en los últimos 5 (cinco) años y esté en proceso de liquidar sus activos o esté en proceso de reorganización empresarial con la intención de continuar o reiniciar operaciones en una actividad empresarial distinta a la de una entidad financiera; 7. sociedades de gestión de tesorería pertenecientes a un grupo no financiero. Se consideran como tales a las entidades no financieras que se dedican principalmente a financiar o cubrir operaciones con o para entidades vinculadas que no son entidades financieras y que no prestan servicios de financiamiento o de cobertura a ninguna entidad que no sea una entidad vinculada, siempre que el grupo de cualquier entidad vinculada referida se dedique primordialmente a una actividad empresarial distinta de la de una entidad financiera. (*) 8. entidades no financieras sin fines de lucro. Se entienden como tales a aquellas que cumplan simultáneamente con los siguientes requisitos: i. estén establecidas y operen en su país o jurisdicción de residencia exclusivamente para fines religiosos, beneficencia, científicos, artísticos, culturales, deportivos o educativos; o estén establecidas y operen en su país o jurisdicción de residencia y sean una organización profesional, laboral, agrícola, hortícola, civil, operada exclusivamente para la promoción del bienestar social, empresarial o cámara de comercio; ii. estén exentas de los impuestos a la renta en su país o jurisdicción de residencia; iii. no tengan accionistas o miembros que tengan una participación por la que se beneficien de los ingresos o activos; iv. la legislación aplicable del país o jurisdicción de residencia de la entidad o su contrato social, no permitan que ningún ingreso o activo sea distribuido a o utilizado en beneficio de una persona física, jurídica o entidad que no sean de beneficencia, salvo que se utilice para la conducción de las actividades de beneficencia de la entidad no financiera, como pagos por una compensación razonable por servicios prestados o como pagos que representan el valor de mercado de la propiedad que la entidad no financiera compró, y v. la legislación aplicable del país o jurisdicción de residencia de la entidad no financiera o su contrato social requieran que, cuando ésta se liquide o se disuelva, todos sus activos se distribuyan a una entidad estatal o una organización sin fines de lucro, o se transfieran al gobierno del país o jurisdicción de residencia de la entidad o a cualquier subdivisión de éste.

Entidades No Financieras Pasivas.- Son entidades no financieras pasivas todas aquellas entidades que: i. no sean entidades no financieras activas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo anterior; o ii.cumplan con la definición establecida en el literal B) del numeral 3 del artículo 3° del presente Decreto y sean residentes en un país o jurisdicción con los que no exista un acuerdo en vigor en virtud del cual se deba proporcionar la información a que refiere el presente Decreto.

Entidades Vinculadas.- A los efectos del presente Decreto, se entiende que se está ante entidades vinculadas cuando cualquiera de ellas controla a la otra o cuando ambas se encuentran bajo el mismo control. En este caso, el control incluye la propiedad directa o indirecta de más del 50% (cincuenta por ciento) del derecho a voto y del valor de una entidad.

País o Jurisdicción extranjera.- Se entenderá por tal, cualquier país o jurisdicción distinta de la República Oriental del Uruguay.

Obligación de informar.- Las entidades financieras a que refiere el artículo 3°, deberán proporcionar la información que se detalla en el presente Capítulo respecto de cada cuenta financiera sujeta a la obligación de informar, en tanto la misma sea mantenida por una persona sujeta a comunicación de información, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15.

Cuenta Financiera. - Se considera cuenta financiera a toda cuenta mantenida en una entidad financiera obligada a informar, quedando comprendidas las siguientes: 1. Cuenta de depósito: refiere a toda cuenta corriente, cuenta de ahorro, cuenta a plazo, cuenta de aportación definida, u otra cuenta representada por un certificado de depósito, de ahorro, de inversión, de deuda o cualquier instrumento similar, abierta en una entidad financiera obligada a informar con motivo de su actividad de intermediación financiera o de emisión de instrumentos de dinero electrónico. La cuenta de depósito también comprende: a. el monto que posea la compañía de seguros en virtud de un contrato de inversión garantizada o acuerdo similar, para pagar o acreditar intereses sobre dicha cuenta; b. una cuenta o cuenta nominal que represente todo producto específico de dinero electrónico mantenido para beneficio de un cliente; y c. una cuenta que contenga una o más monedas digitales de curso legal para beneficio de un cliente. 2. Cuenta de custodia: refiere a una cuenta en la que se depositan uno o varios activos financieros en beneficio de un tercero; 3. Cuenta de una entidad de inversión: refiere a la participación o el valor en la inversión, así como todo título de deuda o participación en la misma. En el caso de un fideicomiso con naturaleza de entidad financiera, se entiende que la cuenta a informar es la participación en el capital del fideicomitente o beneficiario de la totalidad o de una parte del fideicomiso, o cualquier otra persona física que resulte beneficiario final del fideicomiso. Se considerará beneficiario de un fideicomiso a todo aquel que tenga derecho a percibir, directa o indirectamente, una distribución discrecional del fideicomiso. Lo dispuesto en este inciso será de aplicación, en lo pertinente, a las figuras jurídicas similares a fideicomisos constituidos en el exterior, tales como trust. Cuando la entidad de inversión sea una entidad transparente a los efectos tributarios, la cuenta será cualquier participación en el capital o en los beneficios de la entidad. No se encuentran comprendidos en el presente numeral los títulos de deuda o las participaciones en el capital de una entidad que se considere una entidad de inversión sólo por el hecho de: i. Ofrecer asesoramiento en materia de inversiones a clientes y actuar por cuenta de los mismos; o ii. Gestionar carteras en nombre de y por cuenta de un cliente, con la finalidad de invertir, gestionar o administrar activos financieros depositados en nombre del cliente en una entidad financiera obligada a informar distinta de dicha entidad; 4. Contrato de seguro: refiere a un contrato que establezca el reconocimiento del componente de ahorro en la cuenta individual y contrato de renta vitalicia celebrados con una entidad financiera obligada a informar, distintos de las rentas vitalicias inmediatas, intransferibles y no vinculadas a inversión, emitidas a una persona física y que monetizan una pensión o una prestación por incapacidad por razón de una cuenta identificada como cuenta excluida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo siguiente. El término "contrato de seguro" se refiere a un contrato (distinto de un contrato de renta vitalicia) en virtud del cual el asegurador acuerda un monto ante la ocurrencia de una contingencia específica que implique riesgos de fallecimiento, enfermedad, accidente, responsabilidad civil, o riesgo patrimonial. El término "contrato de renta vitalicia" se refiere a un contrato conforme al cual el emisor acuerda realizar pagos por un plazo de tiempo determinado, en su totalidad o en parte, por referencia a la expectativa de vida de una o más personas físicas. El término también incluye un contrato que se considere un contrato de renta vitalicia conforme a la legislación, normativa, o práctica de la jurisdicción en la cual se formalizó el contrato, y en virtud del cual el emisor acuerda realizar pagos durante una determinada cantidad de años. El término "contrato de seguro que establezca el reconocimiento del componente de ahorro en la cuenta individual" significa un contrato de seguro (distinto de un contrato de reaseguro entre dos compañías de seguros) que tiene el reconocimiento del componente de ahorro en la cuenta individual. La expresión "componente de ahorro en la cuenta individual" se refiere a la mayor de las siguientes cantidades: i. La cantidad que el asegurado tiene derecho a percibir tras el rescate o terminación del contrato (determinada sin reducir cualquier comisión por rescate o política de préstamo), y ii. La cantidad que el asegurado puede obtener como préstamo de conformidad con o respecto del contrato. No obstante, lo anterior, la expresión "componente de ahorro en la cuenta individual" no incluye una cantidad a pagar de acuerdo con un contrato de seguro: a. Exclusivamente por el fallecimiento de una persona física asegurada en virtud de un contrato de seguro de vida; b. A título de prestación por daños personales o enfermedad y otra prestación indemnizatoria por pérdida económica derivada de la materialización del riesgo asegurado; c. A título de devolución al contratante de la póliza de una prima pagada anteriormente (menos el coste de los derechos de seguro, se hayan aplicado efectivamente o no) por razón de un contrato de seguro (distinto de un contrato de seguro de vida o de un contrato de anualidades, vinculados a inversión) en concepto de cancelación o terminación de la póliza, merma de exposición al riesgo durante la vigencia del contrato de seguro, o que surja al recalcular la prima por rectificación de la notificación o error análogo; d. Como dividendo del titular de la póliza (distinto de un dividendo de terminación contractual) siempre que el dividendo se origine en un contrato de seguro conforme al cual las únicas prestaciones pagaderas sean las descriptas en el literal b) precedente; o e. A título de devolución de una prima anticipada o depósito de prima por razón de un contrato de seguro cuya prima es exigible al menos una vez al año cuando el importe de la prima anticipada o de la prima depositada no exceda del importe de la siguiente prima anual exigible en virtud el contrato. La expresión "cuenta financiera" no comprende, en ningún caso, a aquellas cuentas con la consideración de "cuentas excluidas" a que refiere el artículo siguiente. (*)

Cuenta Excluida.- Son cuentas excluidas de la obligación de informar: 1. Las cuentas correspondientes a contratos de seguros identificadas en el numeral 4° del artículo 12 del presente Decreto cuando el beneficiario del mismo sea residente en la República. Lo dispuesto en el presente numeral no regirá en el año en que se haya cancelado por rescate o terminación del contrato; 2. Las cuentas correspondientes a contratos de seguros de vida previsionales (seguro colectivo de invalidez y fallecimiento y contrato de renta vitalicia previsional) regidos por la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, cuando el beneficiario del mismo sea un residente en la República; 3. Toda cuenta cuya titularidad exclusiva corresponda a una sucesión, cuando de la documentación de esa cuenta resulte una copia del testamento o testimonio de partida de defunción del causante; 4. Toda cuenta abierta por mandato de un órgano jurisdiccional, a nombre de la Sede y bajo el rubro de autos; 5. Una cuenta de depósito que cumpla con los siguientes requisitos: i. la cuenta existe únicamente porque un cliente efectúa un pago en exceso del saldo adeudado respecto de una tarjeta de crédito u otra facilidad de crédito renovable y el sobrepago no es devuelto de inmediato al cliente, y ii. a partir del 1° de enero de 2017, la entidad emisora implemente políticas y procedimientos para prevenir que un cliente efectúe un sobrepago que exceda de USD 50.000 (dólares estadounidenses cincuenta mil), o para garantizar que cualquier sobrepago que exceda de USD 50.000 (dólares estadounidenses cincuenta mil), sea reembolsado al cliente en un plazo de 60 (sesenta) días. Para tales efectos, el sobrepago de un cliente no se refiere a saldos acreedores imputables a cargos o gastos protestados, pero incluye saldos acreedores derivados de la devolución de mercancías; 6. Las cuentas de depósito cuyo único fin sea recibir las transferencias monetarias del Programa Tarjeta Uruguay Social del Ministerio de Desarrollo Social; 7. Las cuentas de depósito inactivas cuyo saldo anual no exceda de USD 1.000 (dólares estadounidenses un mil). A estos efectos se considera cuenta inactiva aquella respecto de la cual su titular: i. No ha realizado transacción alguna durante los últimos 3 (tres) años, ni en relación a cualquier otra cuenta mantenida en la entidad financiera obligada a informar; ii. No ha tenido contacto con la entidad financiera obligada a informar por cuestiones relacionadas con esa o cualquier otra cuenta mantenida por el titular de la cuenta en dicha entidad, durante los últimos 6 (seis) años; o iii. Tratándose de un contrato de seguro que establezca el reconocimiento del componente de ahorro en la cuenta individual, la entidad financiera obligada a informar no haya contactado al titular de la cuenta por cuestiones relacionadas respecto de esa cuenta o de cualquier otra mantenida por el titular de la cuenta en la entidad financiera obligada a informar durante los últimos 6 (seis) años. 8. Las cuentas abiertas y utilizadas exclusivamente para recibir el depósito del pago de gastos comunes y otros gastos extraordinarios de edificios en régimen de propiedad horizontal; 9. Las cuentas abiertas en el Banco Hipotecario del Uruguay: i. utilizadas exclusivamente para el depósito en garantía respecto al arrendamiento de un bien inmueble, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto-Ley N° 14.219, de 4 de julio de 1974, en la redacción dada por el artículo 4° del Decreto-Ley N° 14.266, de 10 de setiembre de 1974; ii. a nombre de un funcionario público con la finalidad de depositar los quebrantos de caja a que el mismo tenga derecho a percibir en el marco de las disposiciones correspondientes; iii. exclusivamente para mantenimiento de ofertas en procesos licitatorios ante la Administración Central y otros entes públicos. 10. Las cuentas abiertas en relación con integraciones o aumentos de capital correspondientes a una entidad, siempre que cumplan con los siguientes requisitos: i. se utilicen exclusivamente para depositar el capital que será usado con el propósito de la integración o aumento de capital, según lo prescripto por la ley; ii. los montos mantenidos en dichas cuentas no puedan ser retirados hasta que la entidad financiera obligada a informar obtenga la aprobación de la Auditoría Interna de la Nación respecto a la integración o aumento de capital, en caso de corresponder; iii. sean cerradas o transformadas en cuentas a nombre de la entidad una vez realizada la integración o aumento de capital; iv. los reembolsos resultantes de integraciones o aumentos de capital no concretados, descontados los honorarios de prestadores de servicios y similares, sean efectuados únicamente a los aportantes; y v. no hayan sido abiertas hace más de 12 (doce) meses. 11. Las cuentas de depósito que representen todo producto específico de dinero electrónico mantenido a nombre de un cliente, siempre que el saldo o valor agregado diario al final del día, calculado como promedio móvil de 90 (noventa) días durante cualquier período de 90 (noventa) días consecutivos, no exceda el monto de USD 10.000 (dólares estadounidenses diez mil) en ningún día durante el año civil o período sujeto a reporte. Lo dispuesto en los numerales 1) y 2) del presente artículo no libera a las entidades financieras del cumplimiento de la obligación de debida diligencia respecto de los titulares de dichas cuentas. (*)

Cuenta sujeta a comunicación de información.- Es cuenta sujeta a comunicación de información toda cuenta financiera mantenida por una o más personas sujetas a comunicación de información de acuerdo a lo dispuesto en el artículo siguiente, siempre que haya sido identificada como tal en aplicación de los procedimientos de debida diligencia previstos en el presente Decreto.

Persona sujeta a comunicación de información.- Es persona sujeta a comunicación de información toda persona física, jurídica o entidad residente en la República o en un país o jurisdicción extranjera que mantiene una cuenta en una entidad financiera obligada a informar, así como los beneficiarios finales de toda entidad no financiera pasiva, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley N° 19.484, de 5 de enero de 2017. Se entenderá que la persona física, jurídica o entidad mantiene una cuenta en una entidad financiera obligada a informar cuando sea registrada o identificada como titular o beneficiaria de dicha cuenta. A estos efectos, no serán consideradas como titulares de la cuenta aquellas personas, distintas de una entidad financiera, que sean titulares en beneficio o por cuenta de otra persona en calidad de representante, custodio, agente designado, signatario, asesor de inversiones o intermediario, tratamiento que si tendrán las personas en beneficio o por cuenta de quien se mantiene la cuenta. A tal fin, una entidad financiera obligada a informar deberá remitirse a la información que obre en su poder (incluida la recabada en aplicación de los Procedimientos sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y las Políticas y Procedimientos de Conozca a su cliente), sobre cuya base pueda determinar con un nivel de certeza suficiente si una determinada persona está actuando en beneficio o por cuenta de otra. En el caso de un contrato de seguro que establezca el reconocimiento del componente de ahorro en la cuenta individual o un contrato de renta vitalicia, el titular de la cuenta será cualquier persona que tenga acceso al componente de ahorro en la cuenta individual o que pueda cambiar al beneficiario del contrato; y en su defecto será cualquier persona nombrada como titular del contrato y cualquier persona que tenga el derecho a percibir un pago de conformidad con el mismo. Al momento del vencimiento del contrato de seguro que establezca el reconocimiento del componente de ahorro en la cuenta individual o del contrato de renta vitalicia, cada persona con derecho a recibir el pago de acuerdo con el contrato será considerado como un titular de la cuenta. No se consideran personas sujetas a comunicación de información: 1. Las entidades cuyo capital sea regularmente comercializado en un mercado bursátil reconocido y supervisado por un organismo público competente en el mercado en el que está ubicado; 2. Cualquier entidad que sea una entidad vinculada a una entidad descripta en el numeral anterior; 3. Las entidades estatales; 4. Las organizaciones internacionales; 5. El Banco Central del Uruguay; 6. Las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP) regidas por la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, y modificativas; 7. Las cajas de auxilio o seguros convencionales regidas por el Decreto-Ley N° 14.407, de 22 de julio de 1975, y por la Ley N° 18.731, de 7 de enero de 2011; 8. Las instituciones de seguridad social; 9. Las entidades financieras obligadas a informar, en tanto actúen como entidades financieras y asuman sus propias obligaciones de información. (*)

Información a suministrar.- Las entidades financieras a que refiere el artículo 3° del presente Decreto, deberán suministrar anualmente a la Dirección General Impositiva la siguiente información: 1. Nombre, número de identificación fiscal y domicilio de la entidad financiera obligada a informar; 2. Datos identificatorios de la persona sujeta a comunicación de información: i. en el caso de una persona física: nombre, domicilio, países o jurisdicciones de residencia fiscal, números de identificación fiscal (o su equivalente funcional en ausencia de un número de identificación fiscal), fecha, lugar de nacimiento y si el titular de la cuenta ha presentado una declaración de residencia fiscal válida; ii. en el caso de una persona jurídica o entidad: denominación, domicilio, países o jurisdicciones de residencia fiscal y números de identificación fiscal (o su equivalente funcional en ausencia de un número de identificación fiscal); iii. en el caso de una entidad no financiera pasiva que mantenga una cuenta cuyo beneficiario final sea una o más personas sujetas a comunicación de información: denominación, domicilio, países o jurisdicciones de residencia fiscal y número de identificación fiscal de la entidad (o su equivalente funcional en ausencia de un número de identificación fiscal), así como el nombre, domicilio, países o jurisdicciones de residencia fiscal, número de identificación fiscal (o su equivalente funcional en ausencia de un número de identificación fiscal), fecha y lugar de nacimiento de cada beneficiario final, el fundamento por el cual cada persona sujeta a comunicación ostenta la calidad de beneficiario final de la entidad y si se ha presentado una declaración de residencia fiscal válida por cada una de ellas; 3. Número de cuenta o su equivalente funcional, tipo de cuenta, y, de tratarse de una cuenta conjunta, el número de titulares de dicha cuenta; 4. Indicación de si se trata de una cuenta nueva (artículos 26 y 34) o una cuenta preexistente (artículos 19 y 29). Para el caso de personas jurídicas u otras entidades residentes en un país o jurisdicción extranjera se deberá indicar si el saldo o valor de la cuenta preexistente superó al 31 de diciembre de 2016 o al 31 de diciembre de cualquier año posterior los USD 250.000 (dólares estadounidenses doscientos cincuenta mil); 5. Información relativa a saldos, valores, promedios anuales y rentas para todo tipo de cuentas financieras, en la moneda de origen de la cuenta, considerando, según corresponda: i. el saldo o valor de la cuenta al final del año civil correspondiente. En el caso de cancelación de la cuenta durante el año o periodo en cuestión, se deberá informar la cancelación, en caso de tratarse de un contrato de seguro que establezca el reconocimiento del componente de ahorro en la cuenta individual o un contrato de renta vitalicia, el valor de rescate; ii. el promedio anual de la cuenta durante el referido año u otro período sujeto a información, considerando a estos efectos el promedio en el año civil de los saldos o valores en cuenta a fin de cada mes; iii. información relativa a rentas durante el año calendario u otro período sujeto a información: a. en el caso de cuentas de depósito, el monto bruto total de intereses pagados o acreditados en la cuenta. Tratándose de participaciones patrimoniales mantenidas en una entidad de inversión que no tenga personería jurídica, el fundamento en virtud del cual la persona sujeta a comunicación es el titular de dicha participación patrimonial; y b. en el caso de cuentas de custodia: b.1) el monto bruto total de intereses pagados o acreditados en la cuenta o respecto de la cuenta; b.2) el monto bruto total de dividendos pagados o acreditados en la cuenta o respecto de la cuenta; b.3) el monto bruto total de otros ingresos generados respecto de los activos mantenidos en la cuenta pagados o acreditados como reajustes de capital; b.4) el total bruto de ingresos provenientes de la venta o rescate de activos financieros pagados o acreditados en la cuenta respecto de los cuales la entidad financiera obligada a informar actúe como custodio, corredor, agente designado o de otra manera como un representante para un titular de la cuenta. Sin perjuicio de lo antedicho, el total bruto de ingresos antes referido no deberá ser reportado, en la medida que haya sido informado según el Estándar de Reporte de Criptoactivos, de encontrarse vigente. iv. en el caso de otras cuentas, el monto bruto total pagado o acreditado en la cuenta o respecto de la cuenta de los cuales la entidad financiera informante es deudor u obligado, incluyendo el monto bruto de los pagos por rescates efectuados al titular de la cuenta. Las entidades financieras a que refiere el artículo 3° del presente Decreto, no estarán obligadas a verificar el número de identificación fiscal del país o jurisdicción extranjera proporcionado por el titular de la cuenta financiera; no obstante, en el caso de países o jurisdicciones participantes deberán verificar si el formato del número de identificación proporcionado es compatible con el formato establecido por el país o jurisdicción de que se trate. A estos efectos, se entenderá por país o jurisdicción participante, todo país o jurisdicción adherente al Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras. Las cuentas expresadas en Unidades Indexadas, Unidades Reajustables u otras unidades monetarias reajustables, deberán convertirse a moneda nacional considerando la cotización de dicha unidad al cierre del año civil correspondiente. No se requerirá informar el rendimiento derivado de la variación del valor de la unidad en que se encuentre expresada la cuenta ocurrida durante el período que se informa. En el caso de una cuenta denominada en más de una moneda, la entidad financiera obligada a informar deberá reportar la información del saldo, valor y promedio en una de las monedas en las que se denomine la cuenta, debiendo identificar la moneda en la que se reporta dicha cuenta. Las entidades financieras obligadas a informar utilizarán los arbitrajes y cotizaciones que proporcione el Banco Central del Uruguay para el último día hábil del mes para el cálculo del promedio, y los del último día hábil del año civil sujeto a información para el cálculo del saldo o valor de la cuenta. Cuando se haya verificado la cancelación de la cuenta se utilizarán los arbitrajes y cotizaciones del último día hábil. En caso de arbitrajes o cotizaciones no proporcionadas por el Banco Central del Uruguay, se reportarán de acuerdo a la cotización internacional que surja de información verificable por la Dirección General Impositiva. Respecto de las rentas pagadas o acreditadas en cuenta la información reportada deberá identificar la moneda en la que se denomine cada uno de los importes a los que se refiere. Cuando, de conformidad a lo previsto en los Capítulos IV a VIII, el titular de la cuenta sea una persona sujeta a comunicación de información residente fiscal en un país o jurisdicción extranjera, y el saldo, valor o promedio anual de la cuenta financiera a informarse sea negativo, la entidad financiera obligada a informar deberá comunicar como promedio, saldo o valor cero. No se considerará que una cuenta ha sido cancelada únicamente por tener un promedio, saldo o valor equivalente a cero o negativo. (*)

Excepciones a la información a suministrar.- En el caso de cuentas preexistentes cuya titularidad corresponda a residentes fiscales en un país o jurisdicción extranjera, no existe obligación de proporcionar el número de identificación fiscal, fecha o lugar de nacimiento cuando los mismos no consten en los archivos de la entidad financiera obligada a informar y siempre que la cuenta hubiera sido abierta con anterioridad al 13 de octubre del año 2000, debiendo dicha entidad llevar a cabo esfuerzos razonables a fin de obtener los referidos datos antes de finalizar el segundo año calendario siguiente en que se identificaron como cuentas sujetas a comunicación de información, así como cada vez que deba actualizar la información relativa a la cuenta preexistente en función de la normativa interna vigente para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y a las Políticas y Procedimientos de Conozca a su cliente. No existirá la obligación de proporcionar el número de identificación fiscal cuando éste no haya sido emitido por el país o jurisdicción extranjera, debiendo, en tal caso, proporcionar el equivalente funcional. (*)

Obligaciones generales de debida diligencia.- De conformidad con lo previsto en el artículo 14, una cuenta será considerada como cuenta sujeta a comunicación de información a partir de la fecha en que se la identifique como tal, de acuerdo con los procedimientos de debida diligencia previstos en el presente Decreto. Salvo disposición en contrario, la información a que refiere el artículo 16 se comunicará anualmente en el año calendario siguiente a aquél al que corresponda dicha información de acuerdo a los plazos que a tales efectos establezca la Dirección General Impositiva, determinándose el promedio anual y el saldo o valor de la misma al último día del período que se informa. Cuando se identifique una cuenta como no sujeta a comunicación de información, podrá ser considerada como tal hasta tanto no se produzca modificación respecto de la calidad de la misma. El Poder Ejecutivo podrá implementar un servicio electrónico de verificación oficial, que permita a las entidades financieras obligadas a informar, comprobar la identidad y residencia fiscal de titulares de cuentas y/o beneficiarios finales al momento de aplicar los procedimientos de debida diligencia. (*)

Cuentas preexistentes de personas físicas sujetas a comunicación de información.- Se entenderá por tal, toda cuenta abierta por una o varias personas físicas sujetas a comunicación de información antes del: i. 1° de enero de 2017 en una entidad de intermediación financiera; o ii. 1° de julio de 2017 en las restantes entidades financieras obligadas a informar. Para aquellas cuentas financieras que se identifiquen como tales a partir de lo dispuesto por el Decreto N° 43/026, de 25 de febrero de 2026, se entenderá por cuenta preexistente aquella que haya sido abierta antes del 31 de diciembre de 2025. Asimismo, se considerará cuenta preexistente toda cuenta sujeta a comunicación de información con independencia de la fecha de apertura de la misma, siempre que: a) el titular de la cuenta mantenga en la entidad financiera obligada a informar (o en una entidad vinculada situada en el país) una cuenta financiera que sea una cuenta preexistente conforme a lo dispuesto en los incisos primero y segundo del presente artículo; b) la entidad financiera obligada a informar (o una entidad vinculada situada en el país) considere las referidas cuentas financieras, así como cualquier otra cuenta financiera de dicho titular de la cuenta que tenga la consideración de cuenta preexistente, como una única cuenta financiera siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 37°, 38° y 40°; c) tratándose de una cuenta financiera que esté sujeta al cumplimiento de la normativa vigente para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y a las Políticas y Procedimientos de Conozca a su cliente, la entidad financiera obligada a informar esté autorizada a cumplir dichos procedimientos respecto a la cuenta en cuestión basándose en aquéllos aplicados a la cuenta preexistente, y d) la apertura de la cuenta financiera no implique la aportación de datos nuevos, complementarios o modificativos por parte del titular de la cuenta diferentes a los contemplados en el presente Decreto A efectos de identificar las referidas cuentas deberán aplicarse los procedimientos dispuestos en los siguientes artículos. (*)

Procedimientos de revisión respecto de cuentas preexistentes de personas físicas de bajo valor.- Se entenderá por cuentas de bajo valor las preexistentes de personas físicas con un saldo o valor que no exceda de USD 1:000.000 (dólares estadounidenses un millón). La entidad financiera obligada a informar deberá en tales casos, aplicar los siguientes procedimientos de revisión para identificar la residencia fiscal del o de los titulares de las mismas, a efectos de determinar si es una persona sujeta a comunicación de información: 1. Domicilio. Si la entidad financiera obligada a informar tiene registrado un domicilio actualizado de la persona física titular de la cuenta que surja de pruebas documentales, podrá considerarlo a efectos fiscales, persona física residente del país o jurisdicción en la que está ubicado el domicilio. Se entenderá por domicilio actualizado, el más reciente registrado por dicha entidad, en relación con el titular de la cuenta sujeta a comunicación de información. A tales efectos no constituirá domicilio actualizado el utilizado para envíos de correspondencia si el correo es devuelto por destinatario desconocido. Con independencia de lo precedente, se considerará que el domicilio asociado a una cuenta inactiva es el domicilio actualizado durante el período de inactividad de la misma. Asimismo, se entenderá que el domicilio actualizado surge de pruebas documentales si las políticas y procedimientos de la entidad financiera obligada a informar garantizan que el domicilio actualizado presente en sus archivos como domicilio coincide con o se encuentra en el mismo país o jurisdicción que aquél constatado por las pruebas documentales. También se entenderá que esta condición se cumple, cuando las políticas y procedimientos de la entidad obligada a informar permiten asegurar que cuando esta última posea pruebas documentales de carácter oficial y en las misma no conste un domicilio reciente o alguna otra dirección, el domicilio que figura en los archivos de la entidad financiera obligada a informar coincide con o se encuentra en el mismo país o jurisdicción que el que figura en documentos recientes expedidos por un organismo público competente o una empresa de suministros, entre los que se incluye, suministro de agua, electricidad, teléfono (línea fija), gas por cañería, o que consta en una declaración jurada de la persona física titular de la cuenta. Únicamente se aceptará una declaración jurada del titular de la cuenta si: i. La entidad financiera obligada a informar ha estado legalmente obligada a recabarla durante los últimos cinco años; ii. Figura en ella el domicilio del titular de la cuenta, y iii. Está fechada y firmada por la persona física titular de la cuenta bajo pena de incurrir en responsabilidad civil y penal (artículos 237 y 239 del Código Penal). En tales circunstancias, los criterios de conocimiento aplicables a las pruebas documentales establecidas en el inciso segundo del artículo 38 del presente decreto se harán igualmente extensibles a los documentos a los que se remite la entidad financiera obligada a informar. Alternativamente, una entidad financiera obligada a informar cumple con que el domicilio actualizado surge de pruebas documentales cuando sus políticas y procedimientos permitan asegurar que la jurisdicción del domicilio se corresponde con la jurisdicción de expedición de las evidencias documentales oficiales. En el caso de las cuentas a que refiere el artículo 17 del presente decreto, la acreditación de que el domicilio actualizado de la persona física titular de la cuenta surja de pruebas documentales se entenderá satisfecha si las políticas y procedimientos de la entidad financiera obligada a informar permiten afirmar que el domicilio que figura en sus archivos se halla en el mismo país o jurisdicción que la que consta en los documentos más recientes recopilados por dicha entidad financiera. De forma alternativa, para cumplir la acreditación de que el domicilio actualizado de la persona física titular de la cuenta surja de pruebas documentales, si se trata de un contrato de seguro que establezca el reconomiento del componente de ahorro en la cuenta individual, la entidad financiera obligada a informar puede remitirse al último domicilio que figure en sus archivos: i. Hasta producirse un cambio de circunstancias que implique que la entidad financiera obligada a informar tenga conocimiento o pueda llegar a conocer que esa dirección es incorrecta o no confiable, o ii. Hasta la fecha de amortización (total o parcial) o de vencimiento del contrato. La amortización o vencimiento de dicho contrato constituirá un cambio de circunstancias siendo de aplicación lo dispuesto en el siguiente inciso. Si una entidad financiera obligada a informar se remite al procedimiento de revisión establecido en este numeral y se produce un cambio de circunstancias que implique que dicha entidad tenga conocimiento o pueda llegar a conocer que las pruebas documentales originales no son correctas o confiables, la entidad financiera obligada a informar deberá, como máximo el último día del año civil considerado o período en cuestión, o en un plazo de 90 (noventa) días corridos contados a partir de la notificación o desde que se tenga conocimiento de dicho cambio de circunstancias, obtener una declaración de residencia fiscal y recabar nuevas pruebas documentales para establecer la residencia de la persona física que mantiene una cuenta. Si la entidad financiera obligada a informar no consigue la declaración de residencia fiscal, ni nuevas pruebas documentales para esa fecha, deberá aplicar el procedimiento de búsqueda electrónica de datos previsto en el siguiente numeral. (*) 2. Búsqueda Electrónica de Datos. Si la entidad financiera obligada a informar no identificara el domicilio actualizado de conformidad al procedimiento previsto en el numeral anterior, la misma deberá revisar los datos susceptibles de búsqueda electrónica que obraren en su poder, a efectos de obtener cualquiera de los siguientes indicios de vinculación: a. identificación del titular de la cuenta como residente de un país o jurisdicción extranjera o en la República; b. dirección postal o domicilio actual en un país o jurisdicción extranjera; o en la República; c. uno o varios números telefónicos correspondientes a un país o jurisdicción extranjera y ningún número telefónico en la República; d. instrucciones permanentes de transferencia de fondos a una cuenta abierta mantenida en un país o jurisdicción extranjera, salvo las relativas a una cuenta de depósito; e. un poder notarial de representación o una autorización de firma concedida, a una persona con domicilio en un país o jurisdicción extranjera o en la República, o f. una instrucción de "retención de correspondencia" o una dirección para la recepción de correo "a cargo de" en uno o más países o jurisdicciones extranjeras o en la República, cuando no conste ninguna otra dirección del titular de la cuenta en los archivos de la entidad. De constatarse alguno de los indicios descriptos en los literales a) a e) del numeral 2 del presente artículo, o cuando se produzca un cambio de circunstancias que determine la existencia de uno o varios de dichos indicios de vinculación asociados a la cuenta, la entidad financiera deberá considerar al titular de la cuenta como residente a efectos fiscales de cada uno de los países o jurisdicciones de las cuales se haya identificado alguno de los referidos indicios, a menos que dicha entidad opte, de corresponder, por aplicar lo dispuesto en el inciso sexto de este artículo. Cuando el indicio de vinculación descripto en el literal f) del numeral 2 del presente artículo fuera el único resultante de la búsqueda electrónica, y no se identificare otra dirección, la entidad financiera obligada a informar deberá, en el orden que mejor se adecue a las circunstancias: i. efectuar una búsqueda en los archivos en papel de acuerdo a lo dispuesto por el numeral 2 del artículo siguiente (Búsqueda de Archivos en Papel), o ii. intentar obtener una declaración de residencia fiscal del titular o pruebas documentales para determinar la residencia a efectos fiscales del mismo. De resultar infructuosos los procedimientos referidos en el inciso anterior, la entidad financiera obligada a informar deberá comunicar la cuenta como cuenta no documentada. Sin perjuicio de obtenerse indicios de vinculación conforme a lo dispuesto por los literales b) a e) del numeral 2 del presente artículo (Búsqueda Electrónica de Datos), la entidad financiera obligada a informar no estará obligada a considerar al titular de la cuenta como residente en el país o jurisdicción resultante del indicio, si obtiene o ha examinado previamente y conserva en sus archivos: i. una declaración de residencia fiscal del titular de la cuenta indicando los países o jurisdicciones de residencia del mismo en la que no conste el país o jurisdicción identificado por la entidad, o ii. una prueba documental que determine que el titular de la cuenta es residente a efectos fiscales de un país o jurisdicción distinta del país o jurisdicción identificado por la entidad. (*)

Procedimientos de revisión respecto de cuentas preexistentes de alto valor.- Se entenderá por cuentas de alto valor a las preexistentes de personas físicas con un saldo o valor que iguale o exceda de USD 1:000.000 (dólares estadounidenses un millón). Con el fin de identificar la residencia fiscal del o de los titulares de las mismas, la entidad financiera obligada a informar deberá en tales casos aplicar los siguientes procedimientos intensificados de revisión: 1. Búsqueda en Archivos Electrónicos. La entidad revisará los datos susceptibles de búsqueda electrónica de los que disponga con objeto de detectar cualquiera de los indicios de vinculación descriptos en el numeral 2 del artículo anterior (Búsqueda Electrónica de Datos). 2. Búsqueda en Archivos de Papel. La entidad sólo estará obligada a revisar la ficha, carpeta o legajo del titular de la cuenta con el fin de obtener cualquiera de los indicios de vinculación descriptos en el numeral 2 del artículo anterior (Búsqueda Electrónica de Datos), cuando las bases de datos susceptibles de búsqueda electrónica no posean campos para la inclusión y captura de toda la información detallada a continuación: a. residencia fiscal del titular de la cuenta; b. domicilio y dirección postal del titular de la cuenta; c. número o números de teléfono de dicho titular de la cuenta; d. instrucciones permanentes vigentes de transferencia de fondos de la cuenta a otra (salvo el caso de cuentas financieras de depósito); e. instrucción de "retención de correspondencia" o dirección para la recepción de correo "a cargo" del titular de la cuenta, y f. poder notarial de representación o autorización de firma relacionada con la cuenta. Para el caso de que las bases de datos susceptibles de búsqueda electrónica no incluyan campos para la inclusión y captura de toda la información referida, y que la misma no resulte de la ficha, carpeta o legajo, la entidad estará obligada además a revisar los siguientes documentos asociados a la cuenta, obtenidos durante los últimos 5 (cinco) años: a. pruebas documentales recabadas en relación con la cuenta; b. contratos o documentación de apertura de la cuenta; c. documentación obtenida por la entidad en cumplimiento de la normativa vigente para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y a las Políticas y Procedimientos de Conozca a su cliente, o para otros efectos regulatorios; d. todo poder notarial de representación o autorización de firma, y e. toda instrucción de transferencia de fondos, salvo las vinculadas a una cuenta de depósito. En el caso de los literales a) a c) del inciso anterior deberá priorizarse la documentación de fecha más próxima en el tiempo y para el caso de los literales d) y e), deberá considerarse únicamente los que se encuentren vigentes. 3. Consulta al Ejecutivo de Cuenta o quien haga sus veces sobre su conocimiento de hecho. Además de los procedimientos a que refieren los numerales anteriores, la entidad deberá considerar como cuenta sujeta a comunicación de información toda cuenta de alto valor asignada a un ejecutivo de cuenta o quien haga sus veces (inclusive cualquier cuenta financiera acumulada a esa cuenta de alto valor) cuando éste tenga conocimiento de hecho de que el titular de la cuenta es una persona sujeta a comunicación de información. A los efectos de este numeral, la entidad deberá implementar procedimientos para garantizar que los ejecutivos de cuenta o quien haga sus veces identifiquen cualquier cambio de circunstancias (artículo 39) respecto de alguna cuenta. De constatarse alguno de los indicios descriptos en los literales a) a e) del numeral 2 del artículo anterior, o cuando se produzca un cambio de circunstancias que determine la existencia de uno o varios de dichos indicios de vinculación asociados a la cuenta, la entidad financiera deberá considerar al titular de la cuenta como residente a efectos fiscales de cada uno de los países o jurisdicciones de las cuales se haya identificado alguno de los referidos indicios, a menos que dicha entidad opte, de corresponder, por aplicar lo dispuesto en el inciso sexto del artículo anterior. Cuando el indicio de vinculación descripto en el literal f) del numeral 2 del artículo anterior fuera el único resultante de la búsqueda electrónica, y no se identificare otra dirección, la entidad financiera obligada a informar deberá obtener una declaración de residencia fiscal del titular o pruebas documentales para determinar la residencia a efectos fiscales del mismo. En caso de no obtenerlas, deberá informar la cuenta como cuenta no documentada. (*)

Procedimiento de revisión adicional para cuentas preexistentes de alto valor.- Una vez que una entidad financiera obligada a informar aplique los procedimientos de revisión descritos en el artículo 21 del presente Decreto a una cuenta de alto valor: i. dicha entidad financiera no estará obligada a aplicarlos de nuevo en años posteriores respecto de la misma cuenta, a excepción de la consulta al ejecutivo de cuenta a la que se refiere el numeral 3 del artículo 21. Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación cuando se trate de una cuenta no documentada, en cuyo caso la entidad financiera obligada a informar deberá aplicar anualmente los procedimientos de revisión del artículo 21 hasta que dicha cuenta deje de considerarse como no documentada. ii. si ocurriera un cambio de circunstancias respecto de una cuenta de alto valor que evidencie uno o varios de los indicios de vinculación descritos en el numeral 2 del artículo 20 en relación con dicha cuenta, la entidad financiera obligada a informar deberá considerar al titular de la cuenta como residente a efectos fiscales de cada uno de los países o jurisdicciones de las cuales se haya identificado alguno de los referidos indicios, a menos que opte por aplicar las disposiciones del inciso final del artículo 20 y una de las excepciones contempladas en ese mismo inciso resulte aplicable con respecto a dicha cuenta.(*)

Transformación de una cuenta preexistente de bajo valor a una cuenta de alto valor.- En el caso de que una cuenta preexistente de persona física no sea una cuenta de alto valor al 31 de diciembre del año sujeto a comunicación pero se convierta en una cuenta de alto valor al último día del año calendario posterior, la entidad financiera obligada a informar deberá concluir los procedimientos previstos en el artículo anterior dentro del año calendario siguiente al año en que la cuenta se haya convertido en una cuenta de alto valor.

Excepción al procedimiento de revisión de cuentas preexistentes de bajo y alto valor.- No requerirán ser revisadas: a. las cuentas abiertas exclusivamente para el pago de remuneraciones, jubilaciones, pensiones, beneficios sociales y asignaciones familiares en virtud de lo dispuesto por los artículos 10, 15, 16 y 17 de la Ley N° 19.210 de 29 de abril de 2014, y su reglamentación; b. las cuentas de ahorro previo exclusivamente para la adquisición de vivienda nueva o usada situada en el territorio nacional, incluidas las abiertas a menores de edad, por disposición del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay; c. las cuentas correspondientes a contratos de seguros colectivos que no sean previsionales, contratadas por entidades residentes. En los supuestos a que refieren los literales precedentes, la entidad financiera obligada a informar, podrá considerar que el titular de la cuenta es residente fiscal en la República, siempre que a su juicio no surgieran indicios suficientes de que el mismo es: i. residente fiscal en otro país o jurisdicción, ii. titular de otra cuenta sujeta a comunicación de información, o iii. beneficiario final de una entidad no financiera pasiva. Lo dispuesto en el presente articulo no será de aplicación cuando el saldo o valor de la cuenta en cualquier momento del año civil exceda las U.I. 160.000 (Unidades Indexadas ciento sesenta mil), en cuyo caso la entidad financiera obligada a informar deberá finalizar los procedimientos de revisión dentro del año calendario siguiente a aquel en que la cuenta superó dicho monto.

Plazos para la revisión de cuentas preexistentes de Personas físicas de bajo y alto valor.- La entidad financiera obligada a informar deberá concluir los procedimientos de revisión a que refieren los artículos precedentes para cuentas preexistentes de alto valor al 31 de diciembre de 2017. Para el caso de las cuentas preexistentes de bajo valor, se podrá concluir los procedimientos de revisión al 31 de diciembre de 2018.

Cuentas nuevas de personas físicas sujetas a comunicación de información.- Se entenderá por tal toda cuenta sujeta a comunicación de información cuya apertura se realice a partir de las fechas señaladas en el artículo 19, y sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del mencionado artículo. A efectos de identificar las referidas cuentas deberán aplicarse los procedimientos dispuestos en los siguientes artículos.

Procedimientos de revisión respecto de cuentas nuevas de personas físicas.- Al momento de la apertura de la cuenta, la entidad financiera obligada a informar deberá obtener una declaración de residencia fiscal del titular de la cuenta, de acuerdo a lo establecido por el artículo 37 del presente Decreto. La entidad deberá verificar la verosimilitud de la referida declaración, cotejando su contenido con la información obtenida al momento de la apertura de la misma, incluida cualquier documentación recopilada en cumplimiento de la normativa vigente para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y a las Políticas y Procedimientos de Conocimiento del cliente. Cuando de la declaración de residencia fiscal surja que el titular de la cuenta es residente a efectos fiscales en la República o en un país o jurisdicción extranjera, la entidad financiera deberá considerar la cuenta como una cuenta sujeta a comunicación de información de dicho país o jurisdicción. De producirse un cambio de circunstancias en relación con la cuenta que haga suponer que la declaración originalmente obtenida no refleja la situación actual, deberá obtenerse una nueva declaración.

Excepción al procedimiento de revisión para cuentas nuevas de personas físicas.- No requerirán ser revisadas: a. las cuentas abiertas para el pago de remuneraciones, jubilaciones, pensiones, beneficios sociales y asignaciones familiares en virtud de lo dispuesto por los artículos 10, 15, 16 y 17 de la N° 19.210 de 29 de abril de 2014, y su reglamentación; b. las cuentas de ahorro previo exclusivamente para la adquisición de vivienda nueva o usada situada en el territorio nacional, incluidas las abiertas a menores de edad, por disposición del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay; c. las cuentas correspondientes a contratos de seguros colectivos que no sean previsionales, contratadas por entidades residentes. En los supuestos a que refieren los literales precedentes, la entidad financiera obligada a informar, podrá considerar que el titular de la cuenta es residente fiscal en la República, siempre que a su juicio no surgieran indicios suficientes de que el mismo es: i. residente fiscal en otro país o jurisdicción, ii. titular de otra cuenta sujeta a comunicación de información, o iii. beneficiario final de una entidad no financiera pasiva. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación cuando el saldo o valor de la cuenta en cualquier momento del año civil exceda las U.I. 160.000 (Unidades Indexadas ciento sesenta mil), en cuyo caso la entidad financiera obligada a informar deberá finalizar los procedimientos de revisión dentro del año calendario siguiente a aquel en que la cuenta superó dicho monto.

Cuentas preexistentes de personas jurídicas y otras entidades sujetas a comunicación de información.- Se entenderá por tal toda cuenta abierta por una o varias personas jurídicas u otras entidades antes del: ii. 1° de enero de 2017 en una entidad de intermediación financiera; o ii. 1° de julio de 2017 en las restantes entidades financieras obligadas a informar. Para aquellas cuentas financieras que se identifiquen como tales a partir de lo dispuesto por el Decreto N° 43/026, de 25 de febrero de 2026, se entenderá por cuenta preexistente aquella que haya sido abierta antes del 31 de diciembre de 2025. Asimismo, se considerará cuenta preexistente toda cuenta sujeta a comunicación de información con independencia de la fecha de apertura de la misma, siempre que: a) el titular de la cuenta mantenga en la entidad financiera obligada a informar (o en una entidad vinculada situada en el país) una cuenta financiera que sea una cuenta preexistente conforme a lo dispuesto en los incisos primero y segundo del presente artículo; b) la entidad financiera obligada a informar (o en una entidad vinculada situada en el país) considere las referidas cuentas financieras, así como cualquier otra cuenta financiera de dicho titular de la cuenta que tenga la consideración de cuenta preexistente, como una única cuenta financiera siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 37°, 38° y 40°; c) tratándose de una cuenta financiera que esté sujeta al cumplimiento de la normativa vigente para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y a las Políticas y Procedimientos de Conozca a su cliente, la entidad financiera obligada a informar esté autorizada a cumplir dichos procedimientos respecto a la cuenta en cuestión basándose en aquéllos aplicados a la cuenta Preexistente, y d) la apertura de la cuenta Financiera no implique la aportación de datos nuevos, complementarios o modificativos por parte del titular de la cuenta, diferentes a los contemplados en el presente Decreto. A efectos de identificar las referidas cuentas deberán aplicarse los procedimientos dispuestos en los siguientes artículos. (*)

Procedimiento de revisión de cuentas preexistentes de personas jurídicas y otras entidades.- La entidad financiera obligada a informar deberá determinar la residencia fiscal de las personas jurídicas y otras entidades, considerando para ello, la información mantenida para fines regulatorios o de relación con el cliente, incluyendo la información obtenida en cumplimiento de la normativa vigente para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y a las Políticas y Procedimientos de Conozca a su cliente. Para estos efectos, la información que indica que el titular de la cuenta es residente en la República y/o en uno o más países o jurisdicciones extranjeras, incluirá el lugar de constitución o sede de dirección efectiva, o bien un domicilio de la entidad.

Determinación de Residencia de Beneficiarios Finales. Procedimientos de revisión de cuentas preexistentes de Entidades No Financieras Pasivas.- La entidad financiera obligada a informar deberá determinar si el titular de la cuenta es una entidad no financiera pasiva y sin perjuicio de aplicar a su respecto el procedimiento de revisión dispuesto en el artículo anterior, deberá establecer, además, la residencia fiscal de sus beneficiarios finales. Cuando alguno de los beneficiarios finales sea una persona sujeta a comunicación de información, la cuenta también deberá considerarse como cuenta sujeta a comunicación de información a su respecto. En tal caso, la entidad financiera obligada a informar, realizará los siguientes procedimientos: 1. Determinar si el titular de la cuenta es una entidad no financiera pasiva. Para determinar si el titular de la cuenta es una entidad no financiera pasiva, la entidad financiera obligada a informar deberá obtener una declaración del titular de la cuenta que acredite su situación, salvo que de la información que conste en sus registros o de información pública pueda determinarse razonablemente que el titular de la cuenta es una entidad no financiera activa o una entidad financiera obligada informar. 2. Identificar a los beneficiarios finales de una entidad no financiera pasiva. La entidad obligada a informar podrá basarse en la información que haya recabado y conservado en cumplimiento de la normativa vigente para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y a las Políticas y Procedimientos de Conozca a su cliente. 3. Determinar la residencia fiscal de los beneficiarios finales de una entidad no financiera pasiva. La entidad financiera obligada a informar podrá basarse, según corresponda: i. en la información recabada y conservada en cumplimiento de la normativa vigente para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y a las Políticas y Procedimientos de Conozca a su Cliente siempre que se trate de una cuenta preexistente cuyo saldo o valor acumulado no exceda USD 1:000.000 (dólares estadounidenses un millón), o ii. en una declaración de residencia fiscal del titular de la cuenta o del beneficiario final de la misma, indicando el país o jurisdicción de residencia fiscal de dicho beneficiario final. En caso de no aportarse una declaración, la entidad financiera obligada a informar establecerá dichos países o jurisdicciones de residencia fiscal recurriendo a los indicios de vinculación descriptos en el numeral 2 del articulo 20 (Búsqueda Electrónica de Datos).

Procedimiento de revisión adicional para cuentas preexistentes de personas jurídicas y otras entidades.- De producirse un cambio de circunstancias en relación con la cuenta que haga suponer que la declaración de residencia fiscal u otra documentación asociada con la cuenta originalmente obtenida no refleja la situación actual, la entidad financiera obligada a informar deberá volver a determinar la calidad de la cuenta de conformidad con los procedimientos previstos en el artículo 30 y 31 del presente Decreto. Los procedimientos deberán aplicarse, como máximo, el último día del periodo sujeto a información, o en un plazo de 90 (noventa) días corridos a contar desde que se tuvo conocimiento del cambio de circunstancias. (*) Lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 38 será igualmente aplicable a la documentación asociada a que se remite la entidad financiera obligada a informar conforme a los procedimientos descritos en los artículos 30 y 31 del presente Decreto. (*)

Plazos para la revisión de cuentas preexistentes de personas jurídicas y otras entidades.- La entidad financiera obligada a informar deberá concluir los respectivos procedimientos de revisión al 31 de diciembre de 2018 respecto de cuentas cuyo saldo o valor exceda de USD 50.000 (dólares estadounidenses cincuenta mil) al 31 de diciembre de 2016 o 30 de junio de 2017, según corresponda. Los procedimientos de revisión de las cuentas cuyo saldo o valor al 31 de diciembre de 2016 o 30 de junio de 2017 exceda de USD 20.000 (dólares estadounidenses veinte mil) y no supere de USD 50.000 (dólares estadounidenses cincuenta mil) deberán concluir al 31 de diciembre de 2019. Para el caso de cuentas preexistentes cuyo saldo o valor no exceda de USD 50.000 (dólares estadounidenses cincuenta mil) al 31 de diciembre de 2016 o 30 de junio de 2017, según corresponda, pero que exceda las referidas cifras al 31 de diciembre de cualquier año posterior, el procedimiento de revisión deberá finalizarse en el año calendario siguiente a aquél en que el saldo o valor de dicha cuenta exceda USD 50.000 (dólares estadounidenses cincuenta mil). Para el caso de cuentas preexistentes cuyo saldo o valor no exceda de USD 20.000 (dólares estadounidenses veinte mil) al 31 de diciembre de 2016 o al 30 de junio de 2017, pero que exceda las referidas cifras al 31 de diciembre 2017 o al 31 de diciembre de 2018, el procedimiento de revisión deberá finalizarse al 31 de diciembre de 2019. Cuando el saldo o valor exceda la referida cifra a la finalización de cualquier año calendario posterior, el procedimiento de revisión deberá finalizarse en el año calendario siguiente a aquél en que el saldo o valor de dicha cuenta exceda de USD 20.000 (dólares estadounidenses veinte mil).

Cuentas nuevas de personas jurídicas y otras entidades sujetas a comunicación de información.- Se entenderá por tal a toda cuenta sujeta a comunicación de información cuya apertura se realice a partir de las fechas señaladas en el artículo 29, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del mencionado artículo.

Determinación sobre si la persona jurídica u entidad es una persona sujeta a comunicación de información - Procedimiento de revisión de cuentas nuevas de personas jurídicas v otras entidades.- Al momento de la apertura de la cuenta, la entidad financiera obligada a informar deberá obtener una declaración de residencia fiscal del titular de la cuenta, de acuerdo a lo establecido por el artículo 37 del presente Decreto. La entidad deberá verificar la verosimilitud de la referida declaración, cotejando su contenido con la información obtenida al momento de la apertura de la misma, incluida cualquier documentación recopilada en cumplimiento de la normativa vigente para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y a las Políticas y Procedimientos de Conocimiento del cliente. Cuando de la declaración de residencia fiscal surja que el titular de la cuenta es residente a efectos fiscales en la República o en un país o jurisdicción extranjera, la entidad financiera deberá considerar la cuenta como una cuenta sujeta a comunicación de información de dicho país o jurisdicción, salvo que conste en sus registros o en información pública que el titular de la misma no es una persona residente respecto de dicho país o jurisdicción. De producirse un cambio de circunstancias en relación con la cuenta que haga suponer que la declaración originalmente obtenida no refleja la situación actual, deberá volver a determinar la calidad de la cuenta de conformidad con los procedimientos previstos en el artículo 30 y 31 del presente Decreto. Los procedimientos deberán aplicarse, como máximo, el último día del periodo sujeto a información, o en un plazo de 90 (noventa) días corridos a contar desde que se tuvo conocimiento del cambio de circunstancias. (*) Lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 38 será igualmente aplicable a la documentación asociada a que se remite la entidad financiera obligada a informar conforme a los procedimientos descritos en los artículos 30 y 31 del presente Decreto. (*)

Determinación de Residencia de Beneficiarios Finales - Procedimiento de revisión de cuentas nuevas de Entidades No Financieras Pasivas.- La entidad financiera obligada a informar deberá determinar si el titular de la cuenta es una entidad no financiera pasiva y, sin perjuicio de aplicar a su respecto el procedimiento de revisión dispuesto en el artículo anterior, deberá establecer, además, la residencia fiscal de sus beneficiarios finales. Cuando alguno de los beneficiarios finales sea una persona sujeta a comunicación de información, la cuenta también deberá considerarse como cuenta sujeta a comunicación de información a su respecto. En tal caso, la entidad financiera obligada a informar, realizará los siguientes procedimientos: 1. Determinar si el titular de la cuenta es una entidad no financiera pasiva. La entidad deberá obtener una declaración que acredite el tipo de persona jurídica u otra entidad de que se trate, salvo que de la información que conste en sus registros o de información pública pueda determinarse razonablemente que el titular de la cuenta es una entidad no financiera activa o una entidad financiera obligada a informar. 2. Identificar a los beneficiarios finales de una entidad no financiera pasiva. La entidad podrá basarse en la información que haya recabado y conservado en cumplimiento de la normativa vigente para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y a las Políticas y Procedimientos de Conozca a su cliente, siempre que dicha normativa sea consistente con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de 2012. Si la entidad financiera obligada a informar no está obligada jurídicamente a aplicar la normativa y políticas referidas, deberá aplicar procedimientos sustancialmente similares a fin de identificar los beneficiarios finales. 3. Determinar la residencia fiscal de los beneficiarios finales de una entidad no financiera pasiva. La entidad financiera obligada a informar deberá basarse en una declaración del titular de la cuenta o del beneficiario final de la misma, indicando el país o jurisdicción de residencia fiscal de dicho beneficiario final. (*)

Declaraciones de residencia fiscal.- Las declaraciones de residencia fiscal a que refiere el presente Decreto deberán realizarse por escrito por el titular de la cuenta o por el beneficiario final de la persona jurídica u otra entidad cuando correspondiere, o por su representante legal o voluntario. El contenido de dicha declaración podrá constar en uno o varios documentos o formatos (impresos, digitales, electrónico o de cualquier otra naturaleza), considerándose válida en tanto contenga la siguiente información: i. en el caso de una persona física: nombre, domicilio, países o jurisdicciones de residencia fiscal, número de identificación fiscal, fecha y lugar de nacimiento; ii. en el caso de una persona jurídica u otra entidad: denominación, tipo de entidad de que se trate, domicilio, países o jurisdicciones de residencia fiscal y número de identificación fiscal; iii. en el caso de una entidad no financiera pasiva que mantenga una cuenta cuyo beneficiario final sea una o más personas sujetas a comunicación de información: además de la información detallada en el punto ii, deberá resultar el nombre, domicilio, países o jurisdicciones de residencia fiscal, número de identificación fiscal, fecha y lugar de nacimiento de cada beneficiario final. La entidad financiera obligada a informar deberá tomar los recaudos con el fin de acreditar el contenido, fecha de emisión y suscripción por el titular de la cuenta, beneficiario final o representante legal o voluntario, de la declaración de residencia fiscal y tendrá un plazo de 90 (noventa) días corridos de recibida la declaración de residencia fiscal para determinar si la misma es correcta y confiable de acuerdo a lo dispuesto en el presente artículo. En todos los casos las entidades financieras obligadas a informar se asegurarán de haber obtenido y validado la declaración de residencia fiscal en tiempo a efectos de cumplir con sus obligaciones de debida diligencia y de informar para el año sujeto a comunicación de información en el que se abrió la cuenta. En circunstancias excepcionales en las que la declaración de residencia fiscal no pueda ser obtenida oportunamente por parte de una entidad financiera obligada a informar respecto de una cuenta nueva, a efectos de cumplir con la debida diligencia y obligaciones de informar en relación al período sujeto a comunicación durante el cual la cuenta fue abierta, la entidad aplicará los procedimientos de debida diligencia para las cuentas preexistentes, hasta que dicha declaración de residencia fiscal sea obtenida o validada. Cuando la información a que refiere este artículo forme parte de la documentación de apertura de una cuenta, no será necesario que se presente en un formato específico o por separado. La entidad financiera obligada a informar no podrá basarse en declaraciones de residencia fiscal cuando tenga conocimiento o razones para considerar que las mismas no son correctas o confiables. Se entiende que la declaración no es correcta o confiable cuando: a. esté incompleta respecto a algún elemento que sea relevante para verificar las afirmaciones formuladas por dicha persona; b. contenga cualquier información que no se corresponda con dichas afirmaciones; o c. la entidad financiera en cuestión posea otra información sobre la cuenta que no concuerda con las mencionadas afirmaciones. Una declaración de residencia fiscal seguirá siendo válida hasta que exista un cambio de circunstancias que ocasione que la entidad financiera obligada a informar conozca o tenga razones para conocer que la declaración original no es correcta o confiable. No se considerará que existe un cambio de circunstancias por el solo hecho de que un certificado de residencia fiscal emitido por la Administración Tributaria del país o la jurisdicción correspondiente haya superado el plazo para el que se emitió. La entidad financiera obligada a informar podrá basarse en la declaración proporcionada por un cliente para otra cuenta nueva en la medida en que dichas cuentas sean tratadas como una sola cuenta de conformidad a lo dispuesto en el artículo 40 del presente Decreto. Las declaraciones de residencia fiscal a que refiere el presente artículo que contengan información falsa, darán lugar a la sanción prevista en el artículo 95 del Código Tributario, sin perjuicio de las sanciones civiles y/o penales que puedan corresponder de acuerdo con la legislación nacional. (*)

Pruebas documentales.- Se entenderá por prueba documental: i. un certificado de residencia fiscal emitido por la Administración Tributaria del país o la jurisdicción donde el titular de la cuenta declara residir; ii. estados financieros auditados o reporte emitido por una autoridad reguladora de valores o similar; iii. en caso de persona física: cualquier identificación válida emitida por una entidad estatal autorizada, que incluya su nombre y se utilice con fines identificatorios; iv. en caso de una persona jurídica u otra entidad: cualquier documentación oficial emitida por una entidad estatal autorizada, que incluya su nombre y domicilio de la sede principal en el país o jurisdicción donde manifieste ser residente o del país o jurisdicción donde la entidad fue constituida. La entidad financiera obligada a informar no podrá basarse en pruebas documentales cuando tenga conocimiento o razones para considerar que las mismas no son correctas o confiables. Se entiende que las pruebas documentales no son correctas o confiables cuando: a. no establezcan de forma razonable la identidad de la persona que las aporta; b. contenga informaciones incompatibles con la situación alegada por esa persona, considerando información en poder de la entidad con relación a la misma; c. esa prueba documental carezca de la información necesaria para establecer su situación.

Cambio de circunstancias.- Se considerará un cambio de circunstancias toda modificación que tenga como resultado información adicional relativa a la calidad del titular de la cuenta o de corresponder su beneficiario final, o que de cualquier otra forma entre en contradicción con la situación de dichas personas, así como toda alteración o incorporación de información a cualquier cuenta asociada (artículo 40) a la cuenta sujeta a revisión.

Acumulación de cuentas financieras.- Para determinar el saldo, valor o promedio acumulado de las cuentas financieras mantenidas por una persona física, jurídica u otra entidad, la entidad financiera obligada a informar deberá acumular todas las cuentas financieras sujetas a comunicación de información abiertas en ella o en una entidad vinculada. Lo dispuesto en el presente inciso será aplicable sólo en la medida en que los sistemas informáticos de la entidad establezcan un nexo entre dichas cuentas atendiendo a un dato, como el número de cliente o el número de identificación fiscal, y permitan acumular saldos o valores de cuenta. A efectos de lo establecido en el inciso anterior, se atribuirá a cada titular de una cuenta conjunta, el total del saldo o valor de la misma.

Regla especial de acumulación aplicable a los ejecutivos de cuenta o quienes hagan sus veces.- A los efectos de determinar el saldo, valor o promedio de cuentas financieras mantenidas por una persona con el fin de establecer si la cuenta financiera es una cuenta de alto valor, la entidad financiera obligada a informar deberá acumular todas aquellas cuentas financieras de las que el ejecutivo de cuenta o quien haga sus veces conozca o pueda llegar a conocer, que pertenecen directa o indirectamente, o son controladas o han sido abiertas por dicha persona (salvo en los casos en que actúe en calidad de administrador fiduciario). A estos efectos, deben acumularse todas la cuentas que el ejecutivo de cuenta o quien haga sus veces haya asociado entre si mediante un nombre, un código o número de cliente, número de identificación fiscal o un indicador similar, o que dicho ejecutivo asociaría habitualmente entre sí en aplicación de los procedimientos previsto por la entidad financiera obligada a informar.

Obligación de conservar la documentación respaldante.- Las entidades financieras obligadas a informar deberán conservar los registros de las medidas adoptadas y cualquier documentación en que se hayan basado en la aplicación de los procedimientos de revisión a que refieren los Capítulos III a VIII de este Decreto, así como de la información comunicada a la Dirección General Impositiva, por un plazo mínimo de 5 (cinco) años. (*) El referido plazo será computado a partir del 1° de enero del año siguiente a aquel en que se debió suministrar la información. (*)

Cotización del dólar y valor de la Unidad Indexada. A los efectos de aplicar los umbrales de debida diligencia se estará a la cotización interbancaria tipo comprador billete al 31 de diciembre de 2016 o al 30 de junio de 2017 o al 31 de diciembre del año civil correspondiente. A los efectos de aplicar los umbrales de reporte establecidos en Unidades Indexadas, se tomará el valor de las mismas al cierre de cada mes o año, según corresponda.

Las entidades financieras obligadas a informar deberán comunicar, por única vez, por cualquier medio a sus clientes, con una antelación mínima de 45 (cuarenta y cinco) días al primer suministro de información, que los datos de los que son titulares podrán estar sujetos a la obligación de información a que refiere el presente Decreto.

Autorización a la Dirección General Impositiva.-Autorízase a la Dirección General Impositiva a establecer las formas, plazos y condiciones en que las entidades financieras darán cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto.

Comunicación de la información al exterior.- La Dirección General Impositiva remitirá la información a que refiere el presente Decreto a las autoridades competentes de países o jurisdicciones extranjeras en el marco de acuerdos o convenios internacionales ratificados por la República, y sus respectivos protocolos de entendimiento, que aseguren reciprocidad y confidencialidad, conforme al siguiente detalle: i. Personas físicas residentes en otro país o jurisdicción: a. cuentas nuevas: antes del 30 de setiembre de cada año, a partir del año 2018; b. cuentas preexistentes cuyo saldo o valor acumulado al 31 de diciembre de 2016 o al 30 junio de 2017, según corresponda, exceda USD 1:000.000 (dólares estadounidenses un millón): antes del 30 de setiembre de cada año, a partir del año 2018; c. restantes cuentas preexistentes: antes del 30 de setiembre de cada año, a partir del año 2019. ii. Personas jurídicas y otras entidades residentes en otro país o jurisdicción: a. cuentas nuevas: antes del 30 de setiembre del cada año, a partir del año 2018; b. cuentas preexistentes cuyo saldo o valor acumulado al 31 de diciembre de 2016 o al 30 junio de 2017, según corresponda, exceda USD 250.000 (dólares estadounidenses doscientos cincuenta mil): antes del 30 de setiembre de cada año, a partir del año 2019; c. cuentas preexistentes no incluidas en el literal anterior, pero cuyo saldo o valor acumulado exceda la referida cifra al 31 de diciembre de cualquier año posterior: antes del 30 de setiembre del año siguiente, a partir del año 2019.

Comuníquese, publíquese y archívese.