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Fuentes: legislación del Banco de Datos de IMPO y jurisprudencia de la Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Datos abiertos bajo la Licencia de Datos Abiertos del Uruguay. Ante cualquier diferencia, prevalece el texto oficial.

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18.033 sentencias

INTERLOCUTORIA 2.279/2019 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2019Importancia alta
Contienda de competencia
Contienda de competencia · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 2.280/2019 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2019Importancia alta
Causa diplomatica
Causa diplomatica · Derecho procesal · Derecho internacional público
INTERLOCUTORIA 2.281/2019 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2019Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación movilizado por la parte demandada. El actor promovió contra el demandado, demanda de ejecución de prenda de acciones en vía de apremio. La Corporación consideró que el recurso de casación resulta inadmisible en virtud de lo dispuesto por el art. 268 inc. 2 del C.G.P., en tanto la sentencia de segunda instancia impugnada confirmó en todo y sin discordia la sentencia de primer grado.
Recurso de casación · Derecho procesal
DEFINITIVA 1.396/2019 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2019Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, declaró la ausencia de legitimación pasiva del Poder Legislativo y desestimó la acción de inconstitucionalidad. El actor cuenta con legitimación activa, en tanto en su calidad de escribano resulta alcanzado por la norma impugnada. El accionante indica que la norma impugnada Ley No. 19.574, afecta el derecho al trabajo y el derecho de propiedad, lo cual vincula con la delegación que hace la ley en el Poder Ejecutivo, de las potestades de reglamentar las sanciones y de graduar las multas. La Corporación consideró que ley prevé expresamente todos los elementos, requisitos y pautas que servirán para encausar el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de la Administración, por lo que no se advirtió inconstitucionalidad en la norma atacada. Según el accionante la norma es inconstitucional por atentar contra los principios de igualdad y de proporcionalidad de la sanción, al disponer que el mayor volumen de negocios debe agravar el quantum de la sanción impuesta. La Corte entendió que no se verifica ninguna vulneración del principio de igualdad constitucional. De no tomarse en consideración tal pauta para la graduación de la multa, es probable que la sanción no cumpliera con su función preventiva. El medio utilizado por el legislador, es racionalmente adecuado en relación al fin perseguido.
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal
DEFINITIVA 1.395/2019 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2019Importancia alta
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal
DEFINITIVA 1.394/2019 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2019Importancia alta
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal
DEFINITIVA 1.393/2019 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2019Importancia alta
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 2.278/2019 · Suprema Corte de Justicia · 7 de noviembre de 2019Importancia alta
Recurso de casación
Recurso de casación · Derecho procesal penal
INTERLOCUTORIA 2.235/2019 · Suprema Corte de Justicia · 4 de noviembre de 2019Importancia alta
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal
DEFINITIVA 1.387/2019 · Suprema Corte de Justicia · 4 de noviembre de 2019Importancia alta
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 2.214/2019 · Suprema Corte de Justicia · 4 de noviembre de 2019Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, declaró competente para seguir entendiendo en estos autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Lavalleja de 4º Turno. La sentencia definitiva de unificación de penas dictada en autos no se encuentra ejecutoriada. La sentencia definitiva “unificatoria” debió elevarse en apelación automática. Únicamente luego de la resolución de tal apelación automática y cuando ésta alcance la autoridad de cosa juzgada, se contará en autos con una sentencia ejecutoriada que habilite la intervención del Juez de Ejecución y Vigilancia del lugar de detención del imputado.
Contienda de competencia · Derecho procesal
DEFINITIVA 1.388/2019 · Suprema Corte de Justicia · 4 de noviembre de 2019Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, acogió parcialmente el recurso de casación interpuesto y, en su mérito, anuló la sentencia impugnada en cuanto, fijó las diferencias salariales en la suma de U$S 11.200, las que se determinan en U$S 5.264; liquidó el salario vacacional en igual forma que la sentencia no gozada, debiendo estarse al jornal líquido de sentencia e incluyó en la liquidación del aguinaldo el salario en especie (vivienda), el cual se excluye. En cuanto a la calificación de los hechos; la Corte consideró que la subsunción realizada por la Sala en la figura del “empleador complejo resulta jurídicamente irreprochable. En cuanto al agravio relativo a la errónea aplicación del art. 198 del C.G.P., la Corporación consideró que le asistía razón a la recurrente en cuanto afirmó que la sentencia atacada vulneró lo establecido en el art. 198 del C.G.P., al amparar la pretensión por salarios impagos, condenó más de lo solicitado.
Recurso de casación · Derecho laboral · Derecho procesal
DEFINITIVA 1.389/2019 · Suprema Corte de Justicia · 4 de noviembre de 2019Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, desestimó el recurso de casación movilizado por la parte demandada. Los actores celebraron un contrato con el demandado por el que se obligaron a cederles los derechos y obligaciones de que eran titulares sobre una cuarta ava parte indivisa de un ómnibus y de seis acciones nominativas de una sociedad. No resultó controvertido la existencia de incumplimiento de la parte demandada. La defensa del demandado argumentó que el precio pactado fue desmesurado con relación al precio de mercado porque en las cuotas se habían incluido los intereses compensatorios. La verdadera tasa de interés pactada resulta superior a los límites normativamente previstos. Pidió que se declare la usura civil y la caducidad del derecho del acreedor a exigir el pago de los intereses y reajustes pactados. En primera instancia se amparó la defensa del demandado fundada en la existencia de usura. En segunda instancia, la Sala se apartó de la pericia contable por entender que la peritación consideró el tope de intereses promedio establecido para los créditos tomados por las empresas y no por las familias (créditos al consumo). La Corporación comparte la fundamentación del Tribunal . Las tasas a las que hay que atender para determinar si existió usura en éste caso, es las tasas publicadas por el Banco Central del Uruguay para la categoría familias. Respecto a la infracción de los art. 4 inc. 1º de la ley 18.212 y 2205 del Código civil. El planteo concerniente a la nulidad de la cláusula en la que se pactaron los intereses no fue realizado en la oportunidad procesal correspondiente y no formó parte del objeto del proceso, por lo que el cuestionamiento planteado recién en el recurso de casación, no puede ser atendido.
Recurso de casación · Derecho procesal
DEFINITIVA 1.390/2019 · Suprema Corte de Justicia · 4 de noviembre de 2019Importancia alta
La Corporación, por unanimidad, aunque por diferentes fundamentos, desestima la excepción de inconstitucionalidad incoada. Es el caso de un colono que interpone excepción de inconstitucionalidad contra el art. 61 lit. b de la ley 11.029, en cuanto se establece la obligación del colono de residir en el predio rural afectado al régimen de colonización, al cual se le impuso por tal motivo una multa y no utilizó los mecanismos correspondientes contra tal acto administrativo. La Corte en mayoría (Dres. Luis Tosi, Tabaré Sosa y Dra. Minvielle) sostienen que el demandado en un proceso ejecutivo en el cual la sentencia monitoria no se encuentra firme, se encuentra legitimado para impugnar la regularidad constitucional de leyes que sustentan la habilidad del título ejecutivo que se pretende ejecutar. En criterio divergente, los Sres Ministros Dres. Elena Martínez y Eduardo Turell, consideran que la ausencia de legitimación se debe en el caso a la aplicación definitiva de la norma impugnada. Los Sres. Ministros que ingresan al análisis de mérito ( Dres. Luis Tosi, Tabaré Sosa y la redactora, Dra. Minvielle), consideran que no se verifica la inconstitucionalidad planteada.
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal
DEFINITIVA 1.391/2019 · Suprema Corte de Justicia · 4 de noviembre de 2019Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, desestimó el recurso de casación interpuesto por la parte actora y, a su vez, la adhesión a la casación interpuesta por la demandada. El actor promovió demanda a efectos de que se le indemnizara por los daños y perjuicios que le causó el acto administrativo, por el cual se le impuso la sanción de apercibimiento por escrito. El actor se agravió por haberse prescindido de prueba en segunda instancia en forma infundada. La Corporación consideró que la Sala fundó las razones por las cuales rechazó el diligenciamiento de prueba. En cuanto al agravio por la reducción del importe de la indemnización por daño moral. La Corte considera que la indemnización del daño moral es tarea discrecional de los Tribunales por lo cual no puede configurarse infracción a ninguna norma de derecho, salvo la fijación de cifra arbitraria o absurda y en el caso concreto, la suma fijada no resulta arbitraria ni absurda. Respecto a la tasa de interés legal objeto de condena. El recurrente afirmó que la Sala incurrió en error porque era de aplicación el art. 2207 del Código Civil y no el interés del 6% previsto en el Decreto Ley 14.500. La Corporación rechazó este agravio. Cuando la condena está establecida en moneda extranjera, solo se descarta el mecanismo de actualización previsto por los art. 1 y 2 del D.L. 14.500, pero no el del art. 4, que tiene como función resarcir al acreedor por verse privado de utilizar el capital durante un determinado lapso legal. En cuanto al recurso de casación de la parte demandada. Respecto a la errónea valoración de la prueba del daño moral. Entendió la Corporación que nada de absurdo hay en concluir que, la imposición de una sanción en forma infundada es causa de aflicción para cualquier persona que revista como funcionario público, por la innegable afectación de su honra.
Recurso de casación · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 2.215/2019 · Suprema Corte de Justicia · 31 de octubre de 2019Importancia alta
Recurso de queja
Recurso de queja · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 2.185/2019 · Suprema Corte de Justicia · 31 de octubre de 2019Importancia alta
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Recurso de revision · Derecho procesal
DEFINITIVA 1.383/2019 · Suprema Corte de Justicia · 31 de octubre de 2019Importancia alta
La Corporación, anula la recurrida en cuanto no hizo lugar a la pretensión de condena al pago de diferencias de licencia, salario vacacional y aguinaldo, derivadas del llamado salario “en negro”, condenando a la demandada a su pago. A criterio de los Sres. Ministros Eduardo Turell, Luis Tosi, Tabaré Sosa y Elena Martínez, no es posible revisar en casación cuestiones que han sido objeto de dos pronunciamientos judiciales coincidentes, en la interpretación del art. 268 inciso 2 del C.G.P. La Ministra Dra. Bernadette Minvielle, en cambio, estima que los agravios resultan admisibles por los fundamentos expuestos en la sentencia de la Corporación nº 837/2017. A criterio de los Ministros Dres. Eduardo Turell, Bernadette Minvielle, Luis Tosi y Elena Martínez, la causal de casación fundada en errónea aplicación de las normas de admisibilidad o de valoración de la prueba, se reduce a los supuestos en los cuales se violen tasas legales en supuestos de prueba tasada o cuando se incurra en absurdo evidente. El Doctor Tabaré Sosa considera que la valoración probatoria realizada por el Tribunal de Alzada no resulta excluída del control casatorio, ya que las reglas de la sana crítica y de la experiencia configuran pautas legales consagradas expresamente en la norma procesal, pudiendo alegarse su infracción en casación.
Recurso de casación · Derecho laboral · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 2.213/2019 · Suprema Corte de Justicia · 31 de octubre de 2019Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, anuló la condena en costas y costos impuesta en segunda instancia al recurrente y en su lugar, dispuso que dicho recurrente sufrague los gastos procesales por el orden causado. El único punto sobre el que no existe doble confirmatoria, es sobre la condena causídica impuesta en segunda instancia. A juicio de la Corporación la decisión de condenar al recurrente al pago de las costas y costos del grado resulta totalmente infundada. La absoluta carencia de fundamentación, es causal de anulación.
Recurso de casación · Derecho procesal · Derecho comercial
DEFINITIVA 1.382/2019 · Suprema Corte de Justicia · 31 de octubre de 2019Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, desestimó el recurso de casación interpuesto en autos. Compareció el actor promoviendo demanda laboral contra la parte demandada, reclamó el pago de diferencias en la liquidación de egreso, y daños y perjuicios por despido abusivo. La recurrente se agravió por la errónea aplicación del artículo 253 del C.G.P. La Corporación consideró de rechazo éste agravio. La apelación movilizada por el actor adolece, de serios defectos de alegación, pero específicamente en torno a la fase de la recurrencia, el reclamante cuestionó útilmente los fundamentos considerados por la sentencia dictada en primera instancia. Respecto al agravio relativo a la errónea aplicación del art. 198 del C.G.P., violación del principio de congruencia. La Sala no incurrió en el vicio denunciado por la recurrente, no condenó por un rubro no reclamado inicialmente por el demandante, lo que hizo la Sala fue amparar la pretensión oportunamente deducida, aunque limitando su cuantía a razón del período en que perduró la relación laboral.
Recurso de casación · Derecho laboral · Derecho procesal

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