DEFINITIVA 244/2020 · Suprema Corte de Justicia · 17 de agosto de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, debidamente integrada, por unanimidad de sus integrantes, acoge el accionamiento deducido contra el artículo 39 inciso 3 de la Ley No. 19.307 y desestima el planteo contra el artículo 68 literal Y), por carecer de objeto al agotarse el interés del accionante. Asimismo, con el concurso de las voluntades de los Señores Ministros Minvielle, Tosi, Posada y el redactor, desestima el planteo de inconstitucionalidad deducido contra los artículos 39 (incisos 1 y 2) y 40 de la Ley No. 19.307. Por su parte, el Sr. Ministro Dr. Turell considera que los artículos 39 (en su totalidad) y 40 resultan inconstitucionales y por ende inaplicables al caso concreto. Los señores Ministros Minvielle, Tosi, Posada y el redactor, observan que la cuestión no resulta novedosa en el derecho comparado. Por tanto, a juicio de este Colegiado en mayoría, la solución legislativa consagrada en el artículo 39 de la Ley No. 19.307 se encuentra acorde con medidas que se habilitan, por ejemplo, en otros sistemas de integración regional como en la Unión Europea. El derecho exclusivo de televisación de la AUF (inmaterial) no es un derecho absoluto que, para beneficio o rédito patrimonial de la AUF, obligue al Estado a abstenerse por completo de regular cómo se ejerce tal derecho, si se intenta proteger y conciliar con otros valores protegidos constitucionalmente. Por su parte, la Sra. Ministra Dra. Minvielle, en el antecedente jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia (Sentencia No. 138/2018), en la fundamentación particular de la Dra. Minvielle se cita la posición de la Dra. BALSA CADENAS que entiende que los derechos exclusivos pueden plantear conflictos con los legítimos derechos de los consumidores en acceder a los partidos. Pues bien, estima la Corte que la AUF se encuentra en una posición diversa a TENFIELD. En efecto, la primera es la titular de los derechos de televisación y la segunda, en un caso previamente juzgado, había obtenido una licencia o autorización para emitir partidos de la selección nacional. Sin embargo, aún en el caso de considerar que la AUF sea titular de un derecho de propiedad en cuanto a la “incorporalidad”, no puede entenderse que la limitación legal suponga una agresión a los derechos a la libertad de empresa y comercio. Subraya la Corte que los derechos fundamentales no son absolutos y, en su ejercicio y protección en el goce, admiten su limitación cuando existan razones de interés general (artículo 7 de la Constitución de la República). Recuerda y resalta la Corte que la selección uruguaya de fútbol, en función de las hazañas deportivas y copas obtenidas en campeonatos mundiales y juegos olímpicos, forma parte de la identidad nacional y es tópico actual y recurrente en la ciudadanía. Se expresa que los eventos deportivos en instancias clasificatorias y en instancias definitorias de torneos internacionales son de especial relevancia para la sociedad civil por el sentido de pertenencia que genera el seleccionado nacional. No se comparte la afirmación relativa a que los habitantes sean meramente titulares de un interés simple pues ese criterio tiene su basamento sólo en pura lógica comercial y es vano contraponerla con la lógica pública ya que lo que corresponde es armonizar o ponderarlas. El fin perseguido no es meramente dar satisfacción a intereses individuales, sin relevancia alguna para el Derecho. Se pretende, por efecto de la norma, universalizar el acceso de los habitantes a eventos deportivos con relevancia social. En suma, concluye la Corte integrada, no es cierto que se afecte la subsistencia de la entidad ni se licue en forma irrazonable el precio obtenido por la cesión de los derechos televisivos. El beneficio que la medida legislativa genera en la comunidad implica, simplemente, que determinados eventos deportivos taxativamente previstos no estén al abrigo de cláusulas de exclusividad y no por ello merma el negocio, porque lo que se garantiza es una retransmisión de los partidos en televisión abierta, en directo y en simultáneo, de no existir otro prestador interesado en la emisión. En conclusión, por los fundamentos antes expuestos, con el concurso de voluntades de los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Tosi, Posada y el redactor, el accionamiento contra los artículos 39 (inciso 1 y 2) y 40 de la Ley No. 19.307 deberá ser desestimado. Sobre la acción de Inconstitucionalidad promovida contra el inciso tercero del artículo 39 de la Ley No. 19.307. La Corte debidamente integrada y por unanimidad, recepcionará el accionamiento contra dicha norma. En efecto, esta Corporación, por Sentencia No. 138/2018 de fecha 5 de marzo de 2018 ya tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la cuestión en términos que por su exacta adecuación a la causa se tendrán por reiterados y como parte integrante del presente pronunciamiento. Sobre la constitucionalidad del art. 68 lit. Y) de la Ley No. 19.307.A juicio de la Corporación, no le asiste razón al promotor en su planteo porque tal como señaló la Corte en la Sentencia No. 138/2018, la impugnación carece de objeto al haberse agotado el interés de la accionante. Los Sres. Ministros Dres. Turell, Posada y el redactor estiman oportuno precisar que como ha sostenido reiteradamente esta Corporación, no corresponde emitir pronunciamiento alguno en cuanto a la eficacia temporal de la sentencia de declaración de inconstitucionalidad, cuando ello no fue objeto de pedido expreso. En cambio, los Sres. Ministros Dres. Tosi y Minvielle no comparten el criterio antes reseñado y a tales efectos extenderán la respectiva discordia. (D) SRA. PRESIDENTE MINISTRA DRA. BERNADETTE MINVIELLE :por cuanto estima que corresponde pronunciarse sobre los efectos temporales de la sentencia declarativa de inconstitucionalidad, independientemente de que exista pedido del interesado. A tales efectos, se remite a los fundamentos expuestos en anteriores discordias, a las sentencias Nos. 255/2018 y 602/2019 (D)SR. MINISTRO DR. EDUARDO TURELL: por cuanto considera que corresponde, asimismo, declarar inconstitucionales y por ende, inaplicables a la accionante los artículos 39 inc. 1 y 2 y 40. (D)SR. MINISTRO DR. LUIS TOSI DISCORDE : en cuanto considera que corresponde pronunciarse expresamente sobre los efectos temporales de la sentencia, por lo que, en la especie, estima que corresponde declarar la inconstitucionalidad y consecuente inaplicabilidad a la accionante del art. 39 inc. 3º de la Ley No. 19.307 desde la fecha de la demanda de inconstitucionalidad.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 970/2020 · Suprema Corte de Justicia · 17 de agosto de 2020Importancia alta

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 946/2020 · Suprema Corte de Justicia · 13 de agosto de 2020Importancia alta

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 942/2020 · Suprema Corte de Justicia · 13 de agosto de 2020Importancia alta

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 941/2020 · Suprema Corte de Justicia · 13 de agosto de 2020Importancia alta

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 940/2020 · Suprema Corte de Justicia · 13 de agosto de 2020Importancia alta

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal

DEFINITIVA 239/2020 · Suprema Corte de Justicia · 13 de agosto de 2020Importancia alta

La Corporación por unanimidad, desestima el recurso de casación interpuesto. El caso de autos se inicia con una denuncia formulada en 2016, que una vez que fuera instruída se decretó el procesamiento con prisión del imputado por la comisión de reiterados delitos de atentado violento al pudor . El día 28 de noviembre de 2017 recayó sentencia condenatoria de primera instancia en los términos anteriormente reseñados. Contra la referida, la defensa del encausado interpuso recurso de apelación, el cual previo los trámites de rigor, fue desestimado, tal como surge de la sentencia confirmatoria pronunciada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3er. Turno. Interpuesto el recurso de casación, respecto de la infracción a las normas que regulan la culpabilidad, el escrito presentado en esta instancia, no cumple con los requisitos mínimos de alegación a los efectos de su estudio en etapa casatoria, por lo cual se concluye que dicho agravio resulta inadmisible. En cuanto a la valoración de la prueba en sede de casación penal, habiéndose tramitado el presente bajo la vigencia del C.P.P.(Decreto-Ley No. 15.032), la opinión de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia se encuentra dividida. Los Sres. Ministros Dres. Luis Tosi y Bernadette Minvielle, consideran, en principio, que no es posible discutir los hechos tenidos por probados en segunda instancia, atento a lo dispuesto por el inciso segundo del art. 270 del Código del Proceso Penal. En tal sentido, tal como la Corte, en mayoría, ha sostenido, los hechos son intangibles y debe estarse a los dados por probados por el tribunal de mérito, siendo únicamente posible apreciar si medió o no error en la aplicación de las normas jurídicas o en la subsunción de los hechos al derecho que los regula. La función de la Corte es tomar el hecho narrado por el tribunal o tenido por probado como tal para reexaminar, eso sí, si la calificación jurídica es o no apropiada al hecho así narrado .Hasta aquí, como se verá, la posición que suscriben los Sres. Ministros Dres. Minvielle y Tosi es idéntica a la sostenida por la Sra. Ministra Dra. Martínez y el redactor. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Minvielle y Tosi, en este marco cabe, sin embargo, reivindicar la figura del “absurdo evidente”, que, precisamente, surgió como medio de ampliar el campo del recurso de casación ante las limitaciones de la Ley frente a casos de notoria injusticia. Por su parte, la Sra. Ministra, Dra. Martínez y el redactor no están de acuerdo con que exista la posibilidad de revalorar la prueba en la casación penal en hipótesis de absurdo evidente, puesto que la norma procesal penal no prevé a la infracción de las reglas legales de admisibilidad o de valoración de la prueba como causal de casación, como sí la recoge, expresamente, la norma procesal civil. Por último, en postura más amplia se encuentra el Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre. En tal sentido, lo expresamente previsto en el inciso 2 del artículo 270 del C.P.P. no colide en forma alguna con el mandato previsto por el codificador en el artículo 174 del C.P.P., al exigirle al Magistrado que valore las pruebas conforme a las reglas de la sana critica. Ahora bien, efectuadas las consideraciones establecidas precedentemente, los Sres. Ministros entienden, por diversos fundamentos, que el recurso movilizado debe de ser rechazado. El agravio del recurrente relacionado con la calificación de “reiterados delitos”, es inadmisible por incumplimiento de las exigencias de alegación previstas en el artículo 272 del C.P.P.

DEFINITIVA 238/2020 · Suprema Corte de Justicia · 13 de agosto de 2020Importancia alta

La Corporación acoge en parte el recurso de casación interpuesto por la parte actora y, en su mérito, anula la recurrida en lo atinente a la cuantificación de la “cuota útil” del rubro lucro cesante objeto de la condena. Los recursos de casación interpuestos por los co-demandados, se desestiman por unanimidad en punto a la atribución causal y, por la mayoría compuesta por los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Turell y el redactor, en lo relativo al dies a quo de los intereses. En este caso se demandan daños y perjuicios que tuvieron lugar en un accidente de tránsito con resultado muerte. La cuestión consiste en determinar si, sobre esa base fáctica, corresponde responsabilizar a Bemaor S.A. por los daños causados por su dependiente. Actualmente la jurisprudencia es unánime en partir de la premisa básica de la ocasionalidad necesaria: basta que la función facilite la ocasión y el instrumento que intervino en el evento, para que corresponda la condena al patrono. Como fundamento particular, la Sra. Ministra Dra. Martínez agrega que en el caso, el préstamo y uso del vehículo formaba parte de las ventajas que solo el vínculo laboral pudo facilitar. Respecto al punto de partida de intereses legales, la Corporación en mayoría conformada por los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Turell y el redactor, considera que el criterio sostenido en la sentencia de segunda instancia resulta ajustado a Derecho. Por ello, se desestima el agravio y se mantiene la solución dispuesta por la Sala. La actora planteó dos agravios. El primero, refiere a la disminución de la “cuota útil” que debe tenerse en cuenta para el cálculo del lucro cesante y el segundo, atañe a la expectativa de vida de la víctima que corresponde considerar para liquidar el lucro cesante. La Suprema Corte hace lugar al primero de los agravios y desestima el restante. La rebaja de la cuota útil en un porcentaje superior al reclamado por la parte recurrente, supone un pronunciamiento ultra petita , violatorio de la congruencia, causal que también conduce a recepcionar el agravio. Por ello, corresponde que la Corte dicte la sentencia que corresponda y reemplace los fundamentos jurídicos erróneos por los que estime correctos (art. 277.1 C.G.P.). La Suprema Corte de Justicia ampara el agravio de la actora, anula la decisión de rebajar la cuota útil al 25% de los ingresos líquidos de la víctima y, en su lugar, la establece en el 80% de los ingresos líquidos del fallecido. (D)SRES. MINISTROS DRES.MARTINEZ Y TOSI: estiman que el agravio relativo a la fecha del cómputo de intereses es de recibo. Consideran que en materia de responsabilidad extracontractual, los intereses legales se deben desde la fecha de interposición de la demanda

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 241/2020 · Suprema Corte de Justicia · 13 de agosto de 2020Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestima el planteo de inconstitucionalidad deducido en estos autos. El excepcionante planteó su pretensión de inconstitucionalidad contra el art. 48 inciso 2º del CNA. en cuanto establece que los efectos temporales de la sentencia que decide un aumento de la pensión alimenticia deben retrotraerse a la fecha de interposición de la demanda. En cuanto a la violación del debido proceso legal que se alega, no se hace configura en autos, ya que la determinación, en cuanto a la eficacia temporal de la sentencia, en nada violenta el debido proceso. Una demanda de aumento de pensión alimenticia supone, alegar y probar que existen nuevas necesidades de los alimentados, que deben estar configuradas al momento de plantearse la demanda. No se advierte ilegitimidad alguna en la solución legal y, menos aún, que esta entre en colisión con el debido proceso legal. En cuanto al cuestionamiento fundado en la igualdad, este debe ser desestimado por los defectos en su formulación.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho de familia · Derecho constitucional · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 939/2020 · Suprema Corte de Justicia · 13 de agosto de 2020Importancia alta

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal

DEFINITIVA 240/2020 · Suprema Corte de Justicia · 13 de agosto de 2020Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestima el recurso de casación movilizado por la parte actora. En autos las actoras comparecieron ante la Sede Laboral respectiva a efectos de promover demanda por cobro de pesos contra la demandada, esgrimiendo que el despido fue por la actividad sindical de la parte actora siendo por ende violatorio de la normativa que protege la libertad sindical, reclamando indemnización por despido abusivo. Respecto a la admisibilidad del recurso de casación interpuesto, la misma es procedente ya que la parte actora está compuesta por un litisconsorcio facultativo. El carácter abusivo que las promotoras adscriben al despido estaría dado por las motivaciones anti sindicales que precedieron tal decisión. Por su parte, al contestar la demanda, la demandada ofrece una versión diametralmente distinta de los hechos. En concreto, el embate crítico de la recurrente busca desacreditar la valoración probatoria practicada por el Tribunal de Apelaciones y, a partir de ello, realizar una recalificación jurídica de los hechos tenidos por acreditados, a fin de que la Corte resuelva que el despido fue abusivo, motivado por razones anti sindicales. Sin embargo, no surge probado, ni aun valorando prueba indiciaria, la persecución sindical alegada por las promotoras; los testigos que deponen refieren que el despido se produce a causa del cierre del bar, más allá de la condición de trabajadoras sindicalizadas de las actoras. Pues bien. A criterio de la unanimidad de los integrantes de la Corte, ningún reproche cabe efectuar a la valoración probatoria ejercitada en la especie por el ad quem . A juicio de los Sres. Ministros Dra. Elena Martínez, Dr. Eduardo Turell, Dra. Bernadette Minvielle y el redactor, la Sala, en el ejercicio de la actividad probatoria, efectuó una valoración de la prueba acorde con las reglas de la sana crítica, la que se podrá compartir o no, pero en forma alguna puede calificarse como absurda, arbitraria o ilógica. El Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa Aguirre considera, igualmente, que el órgano de alzada no infringió las reglas relativas a la valoración de la prueba (arts. 140 y 141 del C.G.P.), ya que su apreciación del material probatorio no vulnera el límite de la razonabilidad en la valoración de la prueba .Con tal realidad, la Corte se ve impedida de ejercitar algún tipo de reproche que conduzca a una revalorización probatoria, como la reclamada por la parte impugnante.

Recurso de casación · Derecho laboral · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 938/2020 · Suprema Corte de Justicia · 13 de agosto de 2020Importancia alta

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 237/2020 · Suprema Corte de Justicia · 13 de agosto de 2020Importancia alta

La Corporación acoge el recurso de casación en estudio y, en su mérito, anula la sentencia impugnada, manteniendo firme la decisión de primera instancia. Se aplican en autos las consideraciones efectuadas por la Corporación en las Sentencias Nos. 1.029/2019 y 1.119/2019, por lo cual, con las adecuaciones al caso en estudio, se reitera la argumentación expuesta por la mayoría.

Recurso de casación · Derecho laboral · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 945/2020 · Suprema Corte de Justicia · 13 de agosto de 2020Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 944/2020 · Suprema Corte de Justicia · 13 de agosto de 2020Importancia alta

Recurso de reposicion

Recurso de reposicion · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 943/2020 · Suprema Corte de Justicia · 13 de agosto de 2020Importancia alta

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 937/2020 · Suprema Corte de Justicia · 13 de agosto de 2020Importancia alta

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal

DEFINITIVA 234/2020 · Suprema Corte de Justicia · 10 de agosto de 2020Importancia alta

La Corporación, debidamente integrada, desestima el recurso de revisión incoado. Los recurrentes fundan su solicitud de revisión en la alegada existencia de un fraude montado por la demandada para lograr el engaño de los jueces intervinientes. Los Ministros que emiten el presente pronunciamiento estiman que no puede considerarse acreditada maniobra fraudulenta alguna. Desde el punto de vista probatorio, la recurrente contó con todas las garantías para ofrecer prueba y para controlar la ofrecida por su contraria; participó del diligenciamiento y pudo brindar su valoración al alegar de bien probado. El hecho de disentir con la postura jurídica adoptada por el Tribunal de segunda instancia o la circunstancia de estimarla errónea o agraviante no constituye causal de revisión. Tampoco resulta de recibo la causal invocada subsidiariamente, es decir, la prevista en el num. 3 del art. 283 C.G.P. La causal de revisión invocada requiere la existencia de documentos que resulten decisivos para el proceso, lo que no se verifica en el caso.

Recurso de revision · Derecho laboral · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 893/2020 · Suprema Corte de Justicia · 10 de agosto de 2020Importancia alta

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 892/2020 · Suprema Corte de Justicia · 10 de agosto de 2020Importancia alta

La Corporación declara competente para continuar entendiendo en autos al Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de Maldonado de 1er. Turno. En autos, contienden negativamente los Juzgados Letrados de Primera Instancia de San José de 1er. Turno y el Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de Maldonado de 1er. Turno, en cuanto a quien corresponde seguir los trámites posteriores a la condena y resolver el incidente de unificación de penas. La Corte constata que ambas causas no pueden unificarse por cuanto el nuevo delito ocurrió con posterioridad a que la sentencia recaída en la primera causa quedara ejecutoriada.

Contienda de competencia · Derecho procesal penal