DEFINITIVA 58/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

La Corporación, debidamente integrada y por unanimidad, desestima recurso de casación incoado. A criterio de la Suprema Corte de Justicia, el medio impugnativo movilizado no puede prosperar, ya que no se dirige contra el argumento determinante de la sentencia. Los accionantes plantearon en la demanda ser titulares de un derecho subjetivo al cobro de una partida salarial creada en beneficio de los funcionarios de los Equipos de Salud Mental de Policlínicas y Salas de Internación Psiquiátrica. Afirmaron que ASSE nunca les pagó esa partida. ASSE controvirtió su calidad de titulares de un derecho subjetivo al cobro de esa partida. En definitiva, la Sala consideró que las normas generadoras del beneficio atendieron, no a la concreta función prestada por el funcionario, sino a la función prestada por la institución en la que reviste el funcionario. Sobre este preciso argumento, nada se dijo por la parte actora en su recurso de casación, quien se centró en aspectos accesorios. Ello sella negativamente la suerte del recurso de casación interpuesto, en atención a lo establecido en el artículo 270 inciso segundo del C.G.P., en el cual se establece que no se tendrán en cuenta “ los errores de derecho que no determinaren la parte dispositiva de la sentencia” . Esta norma, que además de jurídica es lógica, implica que la parte deba articular agravio contra el argumento determinante del fallo. Cuando una sentencia se fundamenta en varios argumentos la ley procesal impone al recurrente atacar todos los extremos determinantes del fallo. A criterio del Doctor Eduardo Turell, corresponde agregar que comparte la postura jurídica sostenida en la sentencia impugnada, ya que no existe norma alguna que establezca el derecho al cobro del incentivo reclamado, por lo cual la pretensión fue desestimada en dos instancias.

Recurso de casación · Derecho procesal · Derecho civil

DEFINITIVA 67/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

La Corporación, por unanimidad, desestima el recurso de casación interpuesto. Si bien el recurrente refiere en sus agravios a la errónea valoración de la prueba y defectos de la motivación, lo que cuestiona es la valoración material del material probatorio realizado por la Sala. A juicio de los Dres. Minvielle, Martínez, Turell y Tosi, el Código del Proceso Penal, vigente a partir del 1° de noviembre de 2017, implicó un cambio relevante en relación a la errónea valoración de la prueba como causal de casación en relación al anterior régimen procesal penal del Decreto-ley Nº 15.032. Así, en el anterior régimen procesal penal se dijo en numerosas ocasiones por la Corporación, que la función de la Corte en casación es tomar el hecho narrado por el tribunal o tenido por probado como tal para reexaminar, eso sí, si la calificación jurídica es o no apropiada al hecho así narrado No obstante, aún con esa redacción, un sector doctrinario y jurisprudencial -al que se afilian los Dres. Tosi y Minvielle- admitía la posibilidad de censurar la valoración probatoria en casación en los supuestos de absurdo evidente. En el todavía reciente, nuevo ordenamiento procesal penal de la Ley número 19.293, la regulación legal de la cuestión se modificó sustancialmente al no haberse reiterado un mandato legal como el del artículo 270 inciso segundo del C.P.P. de 1980, Decreto-Ley 15.032. A partir del marco normativo descripto, el régimen de valoración de la prueba como causal de casación que rige las causas tramitadas bajo el nuevo C.P.P. es el mismo que rige para las causas civiles. Por su parte, para el redactor, el error en la apreciación de la prueba como causal de casación no debe interpretarse restrictivamente, ya que las reglas de la sana crítica y de la experiencia configuran pautas legales consagradas expresamente en la norma procesal y por ende su infracción puede alegarse en casación. Ahora bien, compartiéndose con la mayoría que el régimen de valoración de la prueba como causal de casación en el N.C.P.P. es el que rige para las causas civiles, es que concluye el redactor que la valoración en causas tramitadas ante el Nuevo Código del Proceso Penal no puede limitarse a hipótesis de absurdo evidente o arbitrariedad manifiesta. En definitiva, para el redactor, la solución es idéntica tratándose de recursos movilizados, ya sea al amparo del C.G.P., C.P.P. (1980) o N.C.P.P. (2017) por los motivos anteriormente reseñados. Ahora bien, en forma liminar, a juicio del señor Ministro Dr. Tosi, existe un motivo formal que por sí solo implica que el recurso movilizado por la defensa deba de ser desestimado, ya que estima que el recurrente no esgrimió la existencia de valoración absurda o arbitraria por parte de la Sala, no plantea una contradicción abierta a las reglas de valoración de prueba previstas en los arts. 140 y 141 del C.G.P., por lo que la Corte no está habilitada para revalorizar el material fáctico. El razonamiento de primera instancia, compartido por la Sala que conoció en la segunda instancia, resulta racionalmente inobjetable. La hipótesis acusatoria quedó debidamente probada mediante indicios coincidentes y concordantes, que se unen lógica y racionalmente con la conclusión probatoria. La Corte considera que la materialidad de la conducta típica (transporte de sustancias estupefacientes – artículo 31 del Decreto-Ley Nº 14.294) está probada.

Recurso de casación · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 66/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus integrantes, desestima la excepción de inconstitucionalidad opuesta. Respecto a la impugnación de la Ley No. 19.580 en general, la Corte estima que, en principio, el excepcionante contaría con legitimación activa para su impugnación, en tanto ha sido demandado en un proceso en el que resultan de aplicación las normas de la señalada ley. Sin embargo, no ha sido suficientemente fundada la impugnación, no habiéndose cumplido con los requisitos impuestos por el art. 512 del C.G.P., lo que determinará el rechazo de la excepción opuesta genéricamente contra la totalidad de la ley. Por su parte, en lo que respecta a los artículos de la ley concretamente impugnados por el excepcionante, éste carece de legitimación activa para impugnar algunos de ellos, en tanto no surge que se encuentre alcanzado en el supuesto normativo previsto por tales normas. Al respecto, se observa en primer lugar que el demandado no está legitimado para cuestionar la regularidad constitucional del art. 1º de la Ley No. 19.580. Lo mismo cabe señalar respecto del art. 3º de la ley. La norma, en modo alguno, puede entenderse que comprenda o sea pasible de afectar la situación jurídica subjetiva del excepcionante. Por otro lado, la Corte considera que el demandado tampoco está legitimado para impugnar lo dispuesto en el art. 38 de la Ley. El excepcionante expresa que dicha disposición viola el principio del debido proceso legal, al determinar intervenciones en los contratos de arrendamiento y sus garantías. Agrega que esta disposición afecta gravemente la seguridad jurídica, la cual deriva del sistema republicano de gobierno. Por su parte, en relación a la impugnación del art. 46 de la Ley, cabe reproducir lo sostenido por la Corporación en Sentencia No. 920/2019, ante otra impugnación en la que también se planteara la inconstitucionalidad de dicha norma. Por iguales fundamentos a los expuestos en el citado pronunciamiento, se concluye que el excepcionante solo está legitimado para impugnar la primera parte del primer inciso del art. 46 de la Ley, no así el restante contenido del precepto, por carecer de interés directo a su respecto. En lo que refiere a los arts. 51 y 58, las normas impugnadas regulan las competencias de los Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual y crean las Fiscalías Penales de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género, respectivamente. Es de recordar que, a criterio de la Suprema Corte de Justicia, los Juzgados Letrados Especializados en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual no han sido creados por el legislador y, por tanto, la norma es programática. Por otra parte, las Fiscalías Penales de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género ya no tienen competencia en materia de procesos de protección de violencia en género. De modo de que no resulta aplicable la norma impugnada en el proceso judicial en curso, precisamente porque el art. 95 refiere al supuesto de situaciones de violencia doméstica respecto de varones víctimas y en este proceso judicial es sindicado como presunto agresor. En suma, el demandado carece de legitimación en lo que respecta a la impugnación de los arts. 1, 3 y 38 de la Ley, así como en relación a la segunda parte del inciso 1º y al inciso 2º de los arts. 46, 51, 58 y 95 de la Ley No. 19.580. Por el contrario, existe una serie de normas que, a juicio de la Corporación, sí son pasibles de afectar la situación jurídica subjetiva del demandado, por lo cual éste cuenta con legitimación para impugnarlas, lo dispuesto en los arts. 8 lit. G), 38, 49, 62, 63, 65, 67, 70 y 97. Por otro lado, el demandado también cuenta con legitimación activa para impugnar la primera parte del inciso primero del art. 46 de la ley, por los fundamentos que fueran analizados anteriormente. En suma, entonces, el excepcionante cuenta con legitimación activa respecto de la impugnación de los arts. 6 lit. G), 8 lit. G), 46 inc. 1º (solo la primera parte), 49, 51, 58, 62, 63, 65, 67, 70 y 97. En lo que respecta al planteo de inconstitucionalidad de la Ley No. 19.580 en general, la Corte considera que el excepcionante incumple con las exigencias impuestas por el art. 512 del C.G.P., puesto que no explica de qué manera y por qué fundamento entiende que la Ley, en su totalidad, vulneraría los derechos fundamentales de libertad e igualdad, consagrados en los arts. 7 y 8 de la Constitución de la República. En efecto, el excepcionante se limita a realizar críticas respecto a las soluciones introducidas por la Ley, así como extensos desarrollos teóricos, pero en ningún momento argumenta en qué sentido y por qué fundamentos entiende que la totalidad de la Ley vulneraría lo dispuesto en los arts. 7 y 8 de la Constitución de la República. En consecuencia, la excepción de inconstitucionalidad planteada en relación a la totalidad de la Ley, resulta inadmisible por ausencia de la debida argumentación. Sin perjuicio de lo cual, cabe advertir que muchas consideraciones realizadas por el excepcionante refieren a defectos de técnica legislativa o crítica a la ideología plasmada en la regulación legal. Tal punto no puede ser objeto de control por la Corte en este proceso de inconstitucionalidad. En tal caso, el contralor del acierto o desacierto del legislador, será evaluado por el Cuerpo Electoral en las instancias constitucionalmente previstas a tal efecto. La Sra. Ministra, Dra. Elena MARTÍNEZ, entiende del caso precisar que el excepcionante pretende que el Poder Judicial, por medio de la Suprema Corte de Justicia, incursione en la definición de aspectos de la organización social que resultan ajenos a su competencia. Buena parte de los planteos de inconstitucionalidad dirigidos contra diversas normas particulares de la Ley No. 19.580, arts. 6 lit. G), 65, 67, 70 y 97 de la Ley No. 19.580 no han sido suficientemente fundados, por lo que corresponde su rechazo en virtud de no satisfacerse las exigencias previstas en el art. 512 del C.G.P. Respecto a la alegada inconstitucionalidad de los arts. 46 y 8 lit. G) de la Ley No. 19.580, por su parte, los Sres. Ministros, Dres. Elena MARTÍNEZ y Eduardo TURELL, habrán de revalidar los fundamentos por ellos expuestos en la Sentencia No. 920/2019. Asimismo, entienden los Sres. Ministros, Dres. Luis TOSI, Tabaré SOSA y la redactora, de rechazo el planteo de inconstitucionalidad formulado por el excepcionante en relación al art. 8 lit. G) de la Ley No. 19.580. Como señalaran los Sres. Ministros Dres. Luis TOSI y la suscrita redactora en la Sentencia No. 920/2019, en consideraciones aplicables respecto a la norma objeto de análisis no hay violación del principio de igualdad cuando la paridad de tratamiento se reclama entre sujetos que no se encuentran en análogas condiciones. Por su parte, los Sres. Ministros, Dres. Eduardo TURELL y Elena MARTÍNEZ, también consideran que el agravio no puede progresar en base a similar fundamentación a la que sostuvieran en Sentencia No. 920/2019 en relación al art. 46. Por lo expuesto, la solución introducida por la norma legal atacada no violenta el principio de igualdad consagrado en la Constitución de la República. Respecto a la alegada inconstitucionalidad de los arts. 62, 49 y 63 de la Ley No. 19.580, los planteos del excepcionante resultan de franco rechazo, desde que parten de la base de pretender aplicar garantías y principios propios de los procesos penales, al denominado “proceso de protección” regulado en la Ley No. 19.580, el cual no se trata de un proceso de naturaleza penal, como ya ha tenido oportunidad de señalar la Corte en Sentencia No. 920/2019, por lo cual corresponde rechazar la excepción de inconstitucionalidad opuesta en relación a lo dispuesto en los arts. 49, 62 y 63 de la Ley No. 19.580.

DEFINITIVA 55/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia por mayoría integrada por los Sres. Ministros, Dres. Martínez, Minvielle, Turell y Tosi, anuló la sentencia recurrida y en su lugar desestimó la demanda. La parte actora promovió demanda a los efectos de obtener la indemnización de los daños y perjuicios que, según alegaron, sufrieron a consecuencia de los errores técnico-médicos padecidos durante la asistencia prestada a la actora en el parto de su hijo. Se imputa a la Ginocóloga responsabilidad por mala praxis, derivada de la demora en el diagnóstico de hipoxia fetal, a la que se le atribuye el rango de causa de las graves secuelas que padece el menor. La Corporación por mayoría consideró que no se probó la supuesta responsabilidad de la ginecóloga por omisión que se le atribuyó en la demanda por carecer la culpa y el nexo causal de soporte probatorio, no existe fundamento que habilite a ratificar una condena por causalidad directa, ni siquiera a título de pérdida de chance. (D) Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa. Votó por desestimar el recurso de casación interpuesto. La parca historia clínica no permite sospechar otra causa del daño que no haya sido un incorrecto suministro de oxitocina, tal como lo concluyó la perito legista.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 53/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

La Corporación, por unanimidad, desestima el recurso de casación ilnterpuesto. De acuerdo al criterio mayoritario de la Corporación (Sres. Ministros Dres. Turell, Martínez, Tosi y el redactor), aunque las sentencias de primera y segunda instancia no resulten totalmente coincidentes en su parte dispositiva, no resulta posible reexaminar en casación aquellos puntos sobre los cuales han recaído dos pronunciamientos coincidentes. A diferencia del criterio de la mayoría, la Señora Ministra Dra. Bernadette MINVIELLE considera de recibo una tesis más amplia sobre los requisitos de admisibilidad del recurso de casación, en el entendido que, siempre que el Tribunal de segunda instancia revoque en forma total o parcial la sentencia de primera instancia (o que la confirme pero con discordia), la sentencia, en su integralidad, será pasible de ser revisada en casación. Desde luego que, como esta posición sobre la admisibilidad del recurso es minoritaria, resulta estéril en este caso ingresar a examinar aspectos sobre los cuales, a juicio de la mayoría de la Corporación, resulta vedado su control en casación En definitiva, observa la Corte que consta un punto en el cual existen pronunciamientos coincidentes y, por ende, a juicio de la mayoría, aquel no es revisable en casación. Por lo tanto, la discusión se centra en determinar si corresponde mantener la condena a reparar el lucro cesante en los términos impuestos por la Sala, especialmente, en relación con las limitaciones temporales. Siguiendo el criterio sustentado por esta Corporación ante un caso similar, sentencia 911/1996, la Corporación ante un caso similar, estiima que la decisión del Directorio de la Compañía de Transporte es ilegítima por ser violatoria del estatuto social de la demandada. La sanción del derecho al trabajo, impuesta no está prevista expresamente ni tampoco puede inferirse de la intrerpretación del estatuto. El derecho a desempeñar funciones es un derecho adscripto al status de accionista. Como resultado de esa ilegitimidad en el obrar de la sociedad corresponde resarcimiento del lucro cesante.

Recurso de casación · Derecho procesal · Derecho laboral

DEFINITIVA 90/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad acogió el recurso de casación interpuesto por la parte actora y por mayoría desestimó el recurso interpuesto por la co-demandada. El de autos es un proceso por daños y perjuicios promovido por los padres –por sí y en representación de su hija–, hermana, abuelos paternos, abuela materna y tío materno de la menor contra la parte demandada. La niña de autos nació en septiembre de 2002 y se le diagnosticó cardiopatía ductus dependiente, fue intervenida quirúrgicamente y recibió dos transfusiones de contenido plaquetario. En febrero de 2007, se le indicó un examen de VIH por tratarse de una paciente politransfundida. El examen recién se concretó en 2011 y en esa ocasión, se comunicó a los padres que la niña había sido infectada con VIH. Se discute en obrados quién debe responder por tal contagio y los daños que de él se han derivado a la niña y que habrá de padecer a lo largo de su vida. La sentencia de primera instancia acogió la demanda. Por su parte, la sentencia de segunda instancia revocó en parte tal decisión y, en su lugar, dispuso dejar sin efecto la condena a alguno de los co-demandados y desestimar la demanda planteada por los abuelos y tío de la menor. Respecto a la revocación de la condena por daño extrapatrimonial a favor de los abuelos y tío de la menor. La Corporación consideró que le asistía razón a la recurrente. De la prueba testimonial que surge de autos resulta absurda para la mayoría y desajustada a la sana crítica para el Dr. Sosa la conclusión a la que arriba la Sala al afirmar que “ en el caso de estos reclamantes no medió mayor ilustración ” respecto del daño moral padecido. En la especie, la vinculación estrecha entre los reclamantes y la niña está por demás acreditada por los testigos; y, probada la intensidad del vínculo, va de suyo la existencia de un especial sufrimiento o padecimiento de los actores, calificable como daño extrapatrimonial, a raíz de la penosa situación de su nieta/sobrina. (D) Ministros Dres. Minvielle y Turell; por cuanto acogen el recurso de casación interpuesto por los co-demandados y en su mérito, anulan la condena dispuesta en segunda instancia a su respecto.

Recurso de casación · Derecho procesal · Derecho civil

DEFINITIVA 70/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, hizo lugar al recurso de casación interpuesto. El actor entabló demanda laboral contra la demandada, por la que reclamo rubros laborales, indemnización por despido común y abusivo y daños y perjuicios. El actor conductor – cobrador, fue despedido por “notoria mala conducta”. De los agravios referentes a la errónea aplicación de las normas que regulan el despido por notoria mala conducta. La Corporación concluyó que la solución impugnada no guarda relación con la verdad material, que informa que el despido por “notoria mala conducta” del trabajador fue correctamente dispuesto por el empleador y certeramente decidido por la Sra. Juez “a-quo” cuyo fallo la Corte mantuvo firme. De los agravios vinculados a la infracción a las normas que regulan la procedencia del pago de las horas extras. La realización de horas extras estaba expresa y especialmente prohibida a los obreros dependientes de la demandada. La conducta ilícita del actor no puede ser fuente del derecho s cobrar horas extras, máxime cuando el trabajador, con ciencia y conciencia, transgredió una norma prohibitiva de larga data.

Recurso de casación · Derecho laboral

DEFINITIVA 56/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia integrada y por unanimidad, hizo lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto en autos, y en su mérito condenó a la Intendencia Departamental de Rivera a pagar a la actora los trabajos en días de descanso. El derecho al descanso semanal está consagrado -a juicio de los Dres. Luis TOSI y Bernadette MINVIELLE- en la Constitución de la República y en diversos instrumentos internacionales, y -a juicio de la unanimidad de los integrantes de la Corte- existe una norma de rango legal que reconoce tal derecho a los funcionarios administrativos de la Intendencia de Rivera -art. 51 del Estatuto-, en consecuencia no puede aceptarse que se intente restringir tal derecho en base a una resolución administrativa que establece una compensación para el funcionario, por medio de la cual no se resarce el trabajo en día de descanso semanal, sino otra cosa distinta: el trabajo sin límite de horario, en régimen de dedicación total.

Recurso de casación · Derecho laboral

DEFINITIVA 65/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad desestimó el recurso de casación interpuesto. En autos se iniciaron actuaciones judiciales a efectos de indagar un hecho delictivo que tuviera lugar en un almacén de Minas, en el cual una persona de sexo masculino ingresó en el comercio con el objetivo de perpetrar una rapiña, exhibiendo arma de fuego efectuó tres disparos con el arma que tuvieron por consecuencia la muerte de la víctima. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º Turno, revocó la sentencia de primera instancia y en su mérito condenó al encausado como autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado a la pena de 21 años de penitenciaría. El defensor se agravió porque el principal testimonio en que se funda la requisitoria fiscal fue dado por un “testigo protegido” figura no prevista para éste tipo de delitos y cuyo uso no se justifica en el caso. La Corporación no advirtió defecto procedimental alguno en el hecho de haber recibido la declaración del testigo preservando su identidad. La Corte también desestimó el agravio sobre la valoración de la prueba relativa a la coartada alegada por el encausado. No resulta absurda, ilógica, arbitraria (en términos de la Dra. Minvielle) ni vulnera los límites de la razonabilidad (según los Dres. Tosi y Sosa) la conclusión a que arriba la Sala, en cuanto a que la coartada en examen tiene como único sustento la declaración de familiares, lo que conlleva a que sean tildados por el Tribunal de “sospechosos”, extremo que se configura dadas las circunstancias que afectan la credibilidad.

Recurso de casación · Derecho penal · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 60/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia , por unanimidad de sus integrantes naturales, anuló la sentencia recurrida y absolvió al adolescente de responsabilidad. A juicio de los Sres. Ministros, Dres. Eduardo Turell, Bernadette Minvielle, Tabaré Sosa y Elena Mrtínez, el razonamiento probatorio de la Sala debe ser calificado como absurdo o manifiestamente arbitrario desde que se basa en elementos endebles para justificar la atribución de responsabilidad al adolescente.

Recurso de casación · C.na. adolescentes infracciones

DEFINITIVA 59/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

La Corporación, por la mayoría legalmente requerida, hará lugar al recurso de casación incoado y, en su mérito, anulará la sentencia impugnada y estará a lo resuelto en primera instancia. Los Sres.Valentín Sessarego y Luz Aldao, dieron en arrendamiento a Médica Uruguaya Corporación de Asistencia Médica un padrón de la Ciudad de la Costa . Posteriormente, acordaron los arrendadores modificar el referido contrato en cuanto a la figura del arrendador, que pasó a ser únicamente el cónyuge administrador del inmueble). Al tiempo de celebrarse el arrendamiento, en el padrón solo existía un galpón, propiedad del actor . En el contrato de arrendamiento se incluyó un contenido atípico: la obligación de MUCAM de construir un edificio, cuyos planos lucen en obrados. La obra nunca se ejecutó, lo que originó el reclamo de autos. El agravio del recurrente referido a que la motivación del fallo del Tribunal para apartarse de las claras disposiciones contractuales no es suficiente, no resulta de recibo. Las sentencias recaídas en obrados discrepan en cuanto a la interpretación de la cláusula sexta del contrato de arrendamiento. La interpretación del contrato es quaestio iuris que puede ser analizada en esta instancia. Según la cláusula quinta, las obras quedarían en “ beneficio de la propiedad, no pudiendo la arrendataria reclamar nada por tal concepto... ”. La intelección natural sugiere que las obras quedarían en beneficio de la propiedad y, como contraprestación, a cambio de ello, el arrendador renunciaba a su crédito por rentas durante dos años. En lo que refiere a la ejecución forzada por equivalente, Este punto, en el caso de autos, se encuentra íntimamente vinculado con la interpretación que se le dé a la cláusula sexta, pues el “equivalente” que se reclama dependerá, primero, de determinar en qué consistía el interés del acreedor que se vio defraudado. En la interpretación que se propone de la cláusula sexta, las partes acordaron la medida del intercambio: el valor de la obra es equivalente a veinticuatro meses de renta, no al precio de la construcción. La cláusula sexta contiene una estimación convencional de la utilidad del acreedor, esto es, el precio de veinticuatro meses de renta, y no el precio de la obra. Además de todo lo manifestado con anterioridad, la redactora estima del caso agregar que, en carácter de argumento coadyuvante, es claro que las partes estimaron el valor de las obras en el precio establecido en el contrato y este perjuicio es el único que debe ser indemnizado en el caso. En la demanda se requirió la indemnización de los costos en los cuales incurría la demandada para la construcción de la obra, los cuales no pueden ser considerados en ningún sentido como perjuicios generados a la actora. La demandante no realizó tales gastos, ni tuvo menoscabo patrimonial derivado de que esas erogaciones no se realizaran. En el acto de proposición inicial no se hace el menor esfuerzo por determinar por qué deberían considerarse daños derivados del incumplimiento los gastos en los cuales hubiera incurrido la demandada incumplidora. Por tanto, el único gasto que corresponde indemnizar en el caso es el precio fijado por las partes para la obra. (D)SR. MINISTRO DR. EDUARDO TURELL manifiesta su discordia limitada al alcance de la denominada “ejecución forzada por equivalente”. La finalidad de esta especie de ejecución es compensar al acreedor por el perjuicio causado por el incumplimiento En tal caso, el cumplimiento por equivalente es el sustituto de la obligación incumplida y no los tradicionales daños y perjuicios compensatorios. A tal equivalente deben sumársele los daños moratorios, que en el caso de autos son los intereses. Por ello debe estarse al sentido que las partes asignaron a la cláusula sexta del contrato. Sobre dichas bases, resulta ajustada a derecho la interpretación del contrato que efectuó la Sala ad quem, que entendió que la ejecución forzada por equivalente que pretendió la arrendadora, es el valor de la obra y no el valor de los 24 meses de arriendo exonerados. Pero no comparte la siguiente afirmación :“… el valor de utilidad de la prestación de hacer las obras a cargo de la arrendataria fue estimado en el contrato por las partes en veinticuatro meses de alquileres...” La exoneración de veinticuatro meses de alquiler fue el precio que la arrendadora aceptó pagar por la realización de las obras a las que se obligaba la arrendataria y la expresión económica por la que esta última se obligaba a construir.

DEFINITIVA 57/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

Legisladores accionantes, Senadores y Diputados de los partidos Colorado, Nacional, Independiente y De La Gente, en tanto representantes de los partidos políticos accionantes en el Poder Legislativo, manifiestan verse afectados por una ley que pretende modificar la Sección Habilitados para votar del Registro Nacional Electoral y, por tanto, el padrón electoral de cada acto. Se considera que los partidos políticos que la presentan, en tanto entidades con participación en la Conformación del Cuerpo Electoral y en el ejercicio de la soberanía, son titulares de un interés, directo, personal y legítimo. La Corporación acoge la demanda de inconstitucionalidad promovida, declarando la inconstitucionalidad del art. 1º de la ley 19.654 y su inaplicabilidad al caso de marras. Los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Turell, Simón, así como el redactor, consideran que les asiste razón a los accionantes, en cuanto afirman que lo dispuesto por el artículo de la ley impugnada se sancionó sin la mayoría especial de dos tercios de componentes de cada cámara, en contravención con lo dispuesto por el art. 77 numeral 7º de la Carta Magna. El Dr. Turell y el redactor consideran que al ser de recibo tal causal de inconstitucionalidad, se satisface la pretensión de los accionantes, lo que torna innecesario ingresar en otras consideraciones. Los Dres. Minvielle, Simón y Sosa Aguirre, por su parte, consideran a su vez que se verifica una inconstitucionalidad por razón de fondo, por violarse lo establecido en el artículo 81 de la Carta. En cuanto al tema de fondo, la ciudadanía y el sufragio solamente se activa cuando estamos en el país, dentro de nuestra comunidad. Sin perjuicio que el art. 80 de la Constitución no establece la residencia fuera del país como causal de suspensión de la ciudadanía, esto surge de su interpretación concordante con lo dispuesto en el art. 81 de dicha Carta. (D) El Dr. Tabaré Sosa, por su parte, no comparte el criterio en cuanto a que la materia regulada en el 1er. art. de la Ley 19.654 está comprendida en la previsión especial del art. 77 ordinal 7 de la Constitución, por lo que no es aplicable en el caso la mayoría especial referenciada.Por lo expuesto, no se verifica inconstitucionalidad por razón de forma.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 63/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

La Corporación desestima el recurso de casación incoado. El caso de marras consiste en determinar a quién le corresponde la titularidad del inmueble ubicado en el Departamento de Maldonado - Localidad Catastral Punta del Este, empadronado con el No. 7.334. Mientras el actor en el principal (Juan Ramón Fernández) asegura que es el propietario del bien, del que fue adquirente y a cuyo nombre está registrado, los demandados en el principal (Heber Correa Arrieta y María Luisa Cerdeña Prieto) alegaron que el bien es propiedad de una sociedad que integraron con el Sr. Fernández. En tal sentido, de acuerdo al criterio mayoritario de la Corporación (Turell, Martínez, Tosi y el redactor), aunque las sentencias de primera y segunda instancia no resulten totalmente coincidentes en su parte dispositiva, no resulta posible reexaminar en casación aquellos puntos sobre los cuales han recaído dos pronunciamientos coincidentes (artículo 268 inciso 2º del C.G.P.) A diferencia del criterio postulado por la mayoría, la Señora Ministra Dra. Bernadette MINVIELLE considera de recibo una tesis más amplia sobre los requisitos de admisibilidad del recurso de casación, en el entendido que, siempre que el Tribunal de segunda instancia revoque en forma total o parcial la sentencia de primera instancia (o que la confirme pero con discordia), la sentencia, en su integralidad, será pasible de ser revisada en casación. Desde luego que, como esta posición sobre la admisibilidad del recurso es minoritaria, no se controlará en esta instancia. Atento e que existen dos pronunciamientos que han condenado a la Escribana Cerdeña a devolver los títulos y que se han expedido en el sentido de que el titular del inmueble es el Sr. Fernández. De acuerdo al entender mayoritario de la Corporación, no resulta posible ingresar a examinar si la titularidad del inmueble corresponde al Sr. Fernández o reexaminar la condena a la entrega de los títulos. El único punto revisable es la decisión de declarar la existencia de una sociedad accidental o en participación, y de disponer su disolución y liquidación conforme a lo establecido por los artículos 483 y 488 de la Ley No. 16.060. Debe de tenerse en cuenta que por más que la Corte reconociera que la sociedad que constituyeron no fue accidental o en participación y que se trató de una sociedad atípica, la suerte de los recurrentes no mejoraría. Y ello desde el momento en que lo que pretenden, es que se reconozca que dentro del patrimonio social se encuentra el inmueble (extremo que no puede revisarse por existir doble conformidad). Observa la Corte que los recurrentes, por vía indirecta y oblicua, pretenden una modificación de lo resuelto en ambas instancias de mérito respecto de la propiedad del inmueble en cuestión. Constata la Corporación que la sociedad sea de uno u otro tipo, en cualquier caso, siempre será una sociedad vacía patrimonialmente al haberse resuelto. En suma, la Suprema Corte de Justicia en forma unánime, desestimará los agravios articulados por la recurrente.

DEFINITIVA 64/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus integrantes, desestima la excepción de inconstitucionalidad promovida contra el artículo cinco de la Ley No. 19.293. Esta Corte considera que el excepcionante carece de interés directo, personal y legítimo para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la norma atacada ( ex artículos 258 de la Constitución de la República y 509 inciso 1º del C.G.P.). No es posible determinar de qué manera podría la norma afectar su interés ya que no surge que el Tribunal la haya aplicado en el caso. A juicio de esta Corporación, el órgano de alzada no ha aplicado en el subexamine , ni explícita ni implícitamente, la norma legal cuya declaración de inconstitucionalidad se solicita.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 88/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia por unanimidad, desestimó el recurso de adhesión a la casación deducido por la parte actora y por mayoría conformada por los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Tosi y Turell, hizo lugar parcialmente al recurso de casación de la parte demandada. La parte actora promovió demanda de daños y perjuicios a raíz de un siniestro de tránsito. La parte demandada articuló agravios referidos a la errónea valoración de la prueba, en cuanto a la ponderación de la espirometría positiva y en cuanto a la no deducción de la pensión que la co-actora, percibió, percibe y percibirá por parte del Ministerio de Defensa y/o Caja Militar. Respecto al agravio relativo a la valoración de la espirometría positiva, independientemente de las distintas posiciones de los Sres. Ministros en cuanto a la valoración de la prueba como causal de casación, existe acuerdo en entender que la sentencia de segunda instancia realizó una valoración probatoria no despegada de las reglas legales que rigen la materia. La Corporación comparte con el ad-quem, que si bien se acreditó que el co-actor, conductor de la moto conducía bajo los efectos del alcohol, no se demostró que incidencia causal tuvo tal circunstancia en el accidente. La parte demandada se agravió porque la Sala no dispuso descontar de las bases de la liquidación del lucro cesante de la co-accionante, el importe de lo que ella recibió, recibe y recibirá del organismo de Seguridad Social. La Corte en mayoría conformada por los Dres. Martínez, Minvielle, Tosi y Turell amparó el agravio deducido, anulando en el punto la decisión recurrida. (D) Ministro Dr. Sosa. Votó por desestimar el agravio relativo a la no detracción del importe de la indemnización de la co-actora de su haber derivado del sistema de seguridad social.

Recurso de casación · Derecho civil · Derecho procesal

DEFINITIVA 86/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales confirmó la sentencia recurrida. Compareció la parte actora a promover ejecución hipotecaria contra la demandada. Sostuvo ser titular de un crédito garantizado con hipoteca. Respecto al agravio sobre la errónea valoración de la prueba diligenciada en autos. Los Dres. Martínez, Minvielle, Tosi y Turell entendieron que el recurrente no denunció un error en el razonamiento probatorio que implique un absurdo o una arbitrariedad, lo que impide ingresar a su análisis. Estima el Dr. Sosa, que en el caso, la Sala no infringió las reglas relativas a la valoración de la prueba, ni tampoco realizó una incorrecta aplicación del art. 1275 del C. Civil. De la prueba rendida en autos surge que el inmueble presentaba patologías constructivas y que el hotel había tenido ejercicio con pérdidas. Sin embargo, esa no es una realidad que el vendedor haya ocultado a los compradores y estos la podían haber conocido adoptando cautelas medias, involucrándose en el objeto del negocio que estaban celebrando. Por último la pretensión de declaración de oficio de la nulidad absoluta, fue rechazada. La recurrente solicitó que la Corporación declare de oficio la nulidad absoluta de la cesión de crédito con garantía hipotecaria a favor de la actora de autos por ser manifiesta (art. 1.561 C.C).

Recurso de casación · Derecho civil · Derecho procesal

DEFINITIVA 62/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus integrantes, desestimará la excepción de inconstitucionalidad deducida respecto del art. 45 del Acto Institucional Nº 9, por considerarla inadmisible. La norma otorga legitimación activa al BPS para iniciar proceso para el otorgamiento de pensión alimenticia a los beneficiarios de pensión por invalidez, como ocurre en el caso. La norma impugnada no puede ser objeto del proceso de declaración de inconstitucionalidad de la ley. Ello, en tanto se encuentra dentro de un cuerpo normativo (el llamado Acto Institucional Nº 9) que no tiene naturaleza de ley, ni de decreto de Gobierno Departamental con fuerza de ley en su jurisdicción. Se trata de una regulación dictada por el Poder Ejecutivo del gobierno de facto y, por tanto, de una norma de orden administrativo. Esta postura fue sostenida con anterioridad por la Suprema Corte de Justicia en la Sentencia No. 223/1986 . La norma que se impugna en obrados no fue convalidada y, en consecuencia, no goza de naturaleza legislativa. En suma, la presente excepción de inconstitucionalidad, deducida contra una norma de rango reglamentario, debe ser desestimada por resultar extraña a nuestro régimen constitucional, por cuanto, conforme lo establece a texto expreso nuestra Constitución (arts. 256 y 260) y el Código General del Proceso (art. 508), únicamente las normas con fuerza de ley son pasibles de análisis en este proceso.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal · Derecho constitucional

DEFINITIVA 85/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

La Corporación, por unanimidad, desestima la excepción de inconstitucionalidad interpuesta, en virtud que los excepcionantes carecen de interés directo. Así para los Sres. Ministros, Dres. Elena Martínez, Tabaré Sosa y el redactor, el artículo 199 de la LCRE que se tacha de inconstitucional ya fue definitivamente aplicado. Por su parte, para los Sres. Ministros, Dres. Luis Tosi y Bernadette Minvielle, el hecho de que la norma impugnada haya o no haya sido definitivamente aplicada resulta irrelevante, por tratarse de un requisito no previsto en la Constitución. En rigor, lo que se verifica en la especie es un supuesto de ausencia de interés directo: lo que afecta la situación jurídica planteada por los excepcionantes no es la disposición atacada, sino la inmutabilidad de la cosa juzgada derivada de la ejecutoriedad de la providencia judicial que tuvo por evacuado el traslado conferido a los interesados del informe presentado por la síndico, quedando agotada la instancia prevista en el art. 199 inc.2 de la Ley 18.387, por lo que una eventual declaración de inconstitucionalidad de la norma supondría la emisión de un juicio genérico. El compareciente, cumplió, en forma mínima, con tal exigencia al dirigir su planteo contra el artículo 200 inciso 1° de la LCRE, alegando la violación del principio del debido proceso y del principio de igualdad entre las partes. El argumento esgrimido de vulneración del Principio de Debido Proceso no es de recibo, tampoco la vulneración al principio de igualdad.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho comercial · Derecho procesal

DEFINITIVA 87/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

La Corporación, por unanimidad, desestima el accionamiento de inconstitucionalidad incoado. A juicio de la Corporación, le asiste razón a la Intendencia de Montevideo en tanto no luce acreditado en autos la legitimación activa de la señora Picos. En lo que respecta a los restantes comparecientes, se considera que poseen legitimación activa, ya que el interés está representado por la existencia o la posibilidad cierta de la existencia de un perjuicio o agravio, ya que el art. 1º del Decreto en cuestión, modifica cuestiones atinentes al transporte oneroso de pasajeros en vehículos privados contratados a través del uso de plataformas públicas. Los accionantes manifestaron que la modificación del decreto reglamentario genera condiciones de desigualdad respecto a los permisarios de taxímetros.Sobre el punto puesto a consideración, la Corte en Sentencia No. 1.449/2019, se pronunció al respecto, en el entendido que resultan justificadas las diferencias de tratamiento existentes en la regulación de la actividad de los permisarios de taxis y los permisarios de vehículos contratados mediante plataformas electrónicas.La causa de distinción entre las actividades es razonable y objetiva, la finalidad de la norma aparece como legítima, y las herramientas utilizadas cumplen con los principios de racionalidad y proporcionalidad entre los fines perseguidos y los medios utilizados. El planteo relativo a la presunta vulneración del derecho de propiedad, resulta de franco rechazo. Respecto a la alegada inconstitucionalidad por violación del artículo 36 de la Constitución, para el Sr. Ministro, Dr. Tabaré Sosa, el planteo no cumple con las exigencias previstas por el artículo 512 del C.G.P. Por su parte, para los Sres. Ministros Dres. Luis Tosi, Elena Martínez, Bernadette Minvielle y el redactor, la impugnación deducida por los accionantes satisface, mínimamente, las exigencias del art. 512 del C.G.P., por lo que corresponde ingresar al análisis sustancial del planteo. En lo sustancial, el planteo no puede ser recibido, por cuanto las limitaciones efectuadas por la disposición impugnada al goce de la libertad de trabajo, industria y comercio, cumplen con los requisitos exigidos por el art. 36 de la Constitución, dado que han sido establecidas por “leyes”; y responden efectivamente a razones de interés general. Respecto a la alegada inconstitucionalidad por violación de los artículos 39, 53 y 72 de la Constitución, corresponde desestimar el planteo por inadmisible al no cumplir con las exigencias previstas en el art. 512 del C.G.P.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 77/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional