DEFINITIVA 92/2020 · Suprema Corte de Justicia · 21 de mayo de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia desestimó los recursos interpuestos por las defensas de los encausados y acogió el recurso de casación movilizado por el Ministerio Público. En noviembre de 2017, dos personas abordaron a la víctima, quienes con la finalidad de concretar el apoderamiento por sustracción de cosas muebles ajenas, mediante violencias y amenazas, le efectuaron un disparo desde muy corta distancia provocándole la muerte. En cuanto a los agravios sobre la valoración del material probatorio alegados por los dos recurrentes. A juicio de los Sres. Ministro Dres. Minvielle, Martínez, Tosi y Turell, el régimen de valoración de la prueba como causal de casación que rige las causas tramitadas bajo el nuevo CPP es el mismo que rige para las causas civiles. Para el Ministro Dr. Tabaré Sosa el error en la apreciación de la prueba como causal de casación no puede limitarse a hipótesis de absurdo evidente o arbitrariedad manifiesta. La Corporación consideró que la conclusión de la Sala resulta jurídicamente justificada. En cuanto a los agravios articulados por la Fiscalía actuante, el motivo de sucumbencia que denuncia que le Tribunal aplicó erróneamente el artículo 271.5 del CPP, a juicio de la Corte resulta en parte de recibo. No puede soslayarse el valor probatorio que tiene la prueba material reunida en autos ingresó conforme al régimen legal aplicable, por medio de la acreditación realizada con los funcionarios que declararon como testigos.

Recurso de casación · Derecho penal · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 434/2020 · Suprema Corte de Justicia · 21 de mayo de 2020Importancia alta

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho civil · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 429/2020 · Suprema Corte de Justicia · 21 de mayo de 2020Importancia alta

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho de familia

INTERLOCUTORIA 428/2020 · Suprema Corte de Justicia · 21 de mayo de 2020Importancia alta

Contienda de competencia

Contienda de competencia · C.na. adolescentes infracciones · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 446/2020 · Suprema Corte de Justicia · 21 de mayo de 2020Importancia alta

La Corporación desestima el recurso de recusación promovido. En autos la actora promovió proceso ordinario en el cual solicita la adopción de una medida provisional contra el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos para que la provean de los medicamentos DAFRAFENIB y TRAMETINIB. Por sentencia interlocutoria de 23 de setiembre de 2019, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 5to. Turno no hizo lugar a la medida, por lo que la actora interpuso recurso de apelación. La ORDA designó para entender del recurso de apelación el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er. Turno, promoviendo la actora recusación de las magistradas integrantes del Tribunal. Las Ministras integrantes del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er.Turno no aceptaron la causal de recusación. Corresponde desestimar la pretensión incidental de recusación, destacando la pobreza argumentativa de la demanda promovida, ya que la actora ni siquiera indica en qué se basa la recusación promovida. la Suprema Corte de Justicia, por la mayoría legalmente requerida, estima que las Ministras recusadas no prejuzgaron sobre la medida provisional solicitada en estas actuaciones.

Proceso incidental · Derecho procesal · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 442/2020 · Suprema Corte de Justicia · 21 de mayo de 2020Importancia alta

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 115/2020 · Suprema Corte de Justicia · 21 de mayo de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, con el voto coincidente de los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Turell, Tosi y Sosa, desestimó el recurso de casación movilizado. En otros autos tramitado ante el TCA, surge que el actor demandó la anulación de la resolución de fecha 3 de agosto de 2011, dictada por la Intendencia de Canelones. En la referida resolución se desestimó la petición presentada de que se lo restituyera a su cargo, se recompusiera su carrera funcional y se le abonaran los salarios adeudados. Por Sentencia Definitiva No. 311/2015 el TCA acogió parcialmente la demanda y en su mérito anuló el acto denegatorio expreso impugnado en cuanto rechazó la solicitud de restitución en el cargo y recomposición de la carrera administrativa. En 2016 compareció el actor ante el Juzgado Letrado de Canelones a demandar la reparación por los daños y perjuicios causados por la Intendencia de Canelones. La parte demandada Intendencia de Canelones contestó la demanda y opuso la excepción de caducidad cuatrienal. Consideró la Intendencia que al operar la denegatoria ficta de la solicitud de restitución en el cargo y pago de haberes en el año 1985 comenzó a correr el plazo de caducidad cuatrienal. Ajuicio de los Sres. Ministros que integran la mayoría, no le asiste razón a la recurrente en su planteo. La norma legal establece como suspensión de la caducidad el momento en que se hace la gestión fundada. Y dicha suspensión se mantiene hasta la resolución definitiva. La resolución definitiva tiene que ser expresa. En el caso puesto a consideración la Intendencia dio una respuesta expresa y notificada al actor en agosto 2011. Recién con el dictado de este pronunciamiento es que el administrado estuvo en condiciones de ocurrir a la vía judicial en protección de sus derechos. En definitiva no operó la caducidad cuatrienal de los créditos contra el Estado. (D) Ministra Dra. Martínez porque entiende que corresponde hacer lugar al recurso de casación y, en su mérito, declarar la caducidad del crédito y desestimar la demanda.

Recurso de casación · Derecho administrativo · Derecho procesal

DEFINITIVA 84/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de mayo de 2020Importancia alta

La Corporación por mayoría conformada por los Sres. Ministros, Dres. Elena Martínez, Luis Tosi y el redactor, desestima el excepcionamiento de inconstitucionalidad incoado. En efecto, para los referidos Sres. Ministros, corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad promovido, por razones ajenas al mérito. La Corporación solo habrá de pronunciarse respecto de la inconstitucionalidad de una norma legal cuando la eventual declaración de inconstitucionalidad tenga por consecuencia impedir la aplicación de dicha disposición en el proceso principal. Tal y cómo está regulado el proceso de declaración de inconstitucionalidad de la ley en nuestro país, la demanda instaurada es manifiestamente improponible, ya que es inidónea para llegar a un resultado final útil porque lo que el accionante pretende es obtener una sentencia de inconstitucionalidad que disponga la desaplicación de ciertas normas que reputa inconstitucionales respecto de su caso concreto –única pretensión posible en este proceso– con efecto retroactivo a la presentación de la demanda “principal”, y ello no es jurídicamente posible, dado que las sentencias dictadas en el proceso de inconstitucionalidad tienen efecto a partir de la demanda de inconstitucionalidad, postura sostenida por la Corporación en múltiples oportunidades. (D) SRA. MINISTRA DRA. BERNADETTE MINVIELLE : entiende que la excepción de inconstitucionalidad opuesta no resulta manifiestamente improponible por ausencia de interés del oponente.A diferencia de la mayoría, considera que una eventual sentencia declarativa de la inconstitucionalidad de las normas impugnadas tiene eficacia temporal ex tunc a la fecha de configuración de la lesión jurídica al interesado, coincide en el caso con el dictado del acto administrativo que se dice “aplicativo” de las normas legales impugnadas, por lo que la vía procesal incoada es perfectamente viable. (D) SR. MINISTRO DR. TABARÉ SOSA AGUIRRE: estima que corresponde ingresar al fondo del asunto, no obstante lo cual, no se pronunciará sobre el mérito atento a la solución a la que arriba la mayoría. El dicente entiende que la sentencia que acoge la pretensión de declaración de inconstitucionalidad es de naturaleza declarativa y, como tal, tiene efectos “ex tunc”; pero se retrotrae solamente al momento en que el gestionante resulta afectado al configurarse contienda de intereses.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho administrativo · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 400/2020 · Suprema Corte de Justicia · 29 de abril de 2020Importancia alta

Recurso de reposicion

Recurso de reposicion · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 399/2020 · Suprema Corte de Justicia · 27 de abril de 2020Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 395/2020 · Suprema Corte de Justicia · 27 de abril de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, en un nuevo enfoque del alcance de la modificación del art. 66 del CNA por la ley 19.747, declaró que el Juzgado Letrado de primera Instancia de Familia Especializado de 1er. Turno es el competente para entender en el caso. La contienda planteada implica determinar cuál es el Juzgado competente en la jurisdicción de Montevideo para entender, luego de adoptadas las medidas de urgencia a que hubiera habido lugar, en procesos relativos a las situaciones de niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados. En la actualidad hay argumentos de texto que llevan a entender que el tribunal que actuando en urgencia dispuso medidas, debe controlar las mismas hasta que se supere la situación de vulneración y se clausure el expediente, sin derivación alguna.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 394/2020 · Suprema Corte de Justicia · 27 de abril de 2020Importancia alta

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 397/2020 · Suprema Corte de Justicia · 27 de abril de 2020Importancia alta

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 398/2020 · Suprema Corte de Justicia · 27 de abril de 2020Importancia alta

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 392/2020 · Suprema Corte de Justicia · 27 de abril de 2020Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 368/2020 · Suprema Corte de Justicia · 23 de abril de 2020Importancia alta

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Recurso de casación · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 73/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho procesal

DEFINITIVA 82/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

La Corporación desestima la acción de declaración de inconstitucionalidad presentada. El promotor carece de interés directo para solicitar la declaración de inconstitucionalidad del art. 9 inc. 4° de la Ley 15.869. En efecto, la norma impugnada regula la caducidad bienal de la acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En el caso, el actor reconoce que en los autos en los que intervino, el T.C.A. se pronunció a través de una sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva que le fue notificada electrónicamente, la cual admitía recursos de reposición y/o revisión, sin embargo no fue impugnada, y pasó en autoridad de cosa juzgada, quedando la situación firme. Ello determina la ausencia de interés legítimo del actor en promover la presente declaración de inconstitucionalidad. El accionamiento se dirigió contra el Poder Legislativo, en tanto sistema orgánico emisor del acto y no como afectado por la Ley. Se hace ver la ausencia de legitimación pasiva del Estado – Poder Legislativo.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 79/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 68/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

La Corporación, por unanimidad, desestimará el recurso de casación interpuesto. En estos obrados compareció la actora a efectos de promover demanda de cuasicontrato de enriquecimiento injusto contra su ex pareja. La sentencia impugnada revocó solo parcialmente la decisión de primera instancia, y de acuerdo al criterio mayoritario de la Corporación, en atención a lo dispuesto en el art. 268 inc. 2º del C.G.P., solamente resultan revisables en casación aquellos aspectos de la sentencia atacada respecto a los cuales no hayan recaído dos pronunciamientos coincidentes. La Sra. Ministra Dra. Minvielle, por su parte, considera de recibo una tesis más amplia sobre los requisitos de admisibilidad del recurso de casación, que entiende que siempre que el Tribunal de segunda instancia revoque en forma total o parcial la sentencia de primera instancia, o que la confirme pero con discordia, la sentencia, en su integralidad será pasible de ser revisada en casación. Al ser una postura minoritaria, resulta estéril en el caso de marras ingresar a dichos aspectos. La aplicación del criterio de la Corporación determina la inadmisibilidad de los agravios expuestos por la recurrente en relación a la extensión del período de la condena, dado que ambas sentencias coinciden respecto al punto. En lo que difieren las sentencias de mérito, y que por ende puede ser revisado en esta etapa, es en el valor del crédito objeto de condena. En primer lugar, señaló la recurrente que existen dos sentencias definitivas dictadas por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de San José de 2º Turno (Nº 18/2015 y 43/2015), recaídas ante sendas demandas promovidas por la misma accionante, una de reconocimiento y disolución de unión concubinaria y otra laboral, cuyas conclusiones de hecho y de Derecho, con las pruebas allí aportadas, pasaron en autoridad de cosa juzgada; y a pesar de que la sentencia recurrida dice que aplica y respeta dichas conclusiones, hace justamente lo contrario; lo cual, a juicio de la Corte, resulta de rechazo. En cuanto al análisis de este agravio, la Sra. Ministro Dra. Elena Martínez consigna en su voto que la forma en que fue articulada la defensa torna imposible que pueda prosperar, puesto que no se analiza el alcance de la cosa juzgada resultante de los fallos sino argumentos puntuales de las sentencias. Sin perjuicio de lo expuesto, los restantes integrantes de la Corporación consideran del caso hacer los siguientes desarrollos. De la citada sentencia no surge que tuvo lugar un cuasicontrato de enriquecimiento injusto, por lo que cabe rechazar de plano el planteo formulado por la recurrente en tal sentido. Respecto de dos sentencias referidas por la recurrente, no hay contradicción alguna entre los fallos, por lo que de manera alguna puede recibirse el agravio relativo a la vulneración de la cosa juzgada. Respecto al agravio relativo a la valoración de la prueba sobre el crecimiento del local comercial y las adquisiciones y mejoras realizadas en los bienes, a criterio de la Corporación el planteo no puede prosperar, en función de cómo fue estructurado el presente agravio por parte de la impugnante. Ello por cuanto, la recurrente se limita a disentir con la valoración probatoria efectuada por la Sala, pero sin denunciar la existencia de valoración arbitraria o absurdo evidente en la apreciación del material probatorio efectuada por el Tribunal, lo que sella la suerte del planteo. El Ministro Dr. Tabaré Sosa, partidario de una “tesis amplia” en función de la cual el error en la apreciación de la prueba como causal de casación no debe limitarse exclusivamente a hipótesis de arbitrariedad o absurdo evidente, en el caso habrá de arribar a una conclusión similar a la sustentada por los restantes Ministros. En el caso no surge de la forma en que se han estructurado los agravios la existencia de una hipótesis de contradicción abierta a las reglas de valoración de la prueba previstas en los arts. 140 y 141 del C.G.P., por lo que la Corporación no está habilitada para revalorizar el material probatorio. Se entiende que el crédito de la accionante no puede ser calculado en relación a las utilidades del emprendimiento comercial, sino en base al laudo del grupo de actividad al que pertenece el comercio del demandado. Señaló la impugnante, por último, que la sentencia recurrida deja de aplicar los arts. 1308 del Código Civil y 198 del C.G.P., al no valorar esta acción de acuerdo al instituto del enriquecimiento sin causa y darle un contenido diferente al fallo, idéntico a la demanda laboral, pero no logra fundar su planteo de acuerdo a las exigencias del art. 273 C.G.P. En relación a la alegada infracción a los arts. 198, 219 y 222 del C.G.P., resulta ostensible la carencia argumentativa del planteo, lo que conduce a su liminar rechazo.