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LegislaciónJurisprudencia

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18.033 sentencias

DEFINITIVA 1.195/2019 · Suprema Corte de Justicia · 24 de junio de 2019Importancia alta
La corporación, por mayoría de sus miembros, integrada por los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Tosi y Chediak ampara el recurso impetrado por la parte demandada, anulando la impugnada, desestimando la demanda en todos sus términos. La pretensión deducida por los actores se trata de un reclamo de corte salarial, que no deriva de un acto administrativo. A juicio de la mayoría de la Corte, los demandantes no son titulares de un derecho subjetivo al cobro de la partida a cuyo pago se ha condenado al Estado - MTOP.La partida cuyo cobro persiguen los actores se origina en el art. 164 de la Ley Nº 18.996. Si bien se negoció entre el Director General de Secretaría y los sindicatos representativos, fue el Poder Ejecutivo, al dictar el decreto que instrumentó los acuerdos, quien no incluyó a los Capataces Generales dentro de los funcionarios con derecho a cobrar la partida de referencia. (D) El Sr. Presidente de la Corporación, Ministro Dr. Turell estima que corresponde desestimar el recurso de casación intrpuesto por razones formales, ya que incumple con el requisito exigido por el artículo 273, numeral 2 del C.G.P.
Recurso de casación · Derecho procesal · Derecho civil
DEFINITIVA 1.190/2019 · Suprema Corte de Justicia · 24 de junio de 2019Importancia alta
La Corporación, por unanimidad de sus miembros naturales, desestima el recurso impetrado en autos. En el presente caso el Sr. Aristoy accionó contra DUCSA, reclamando indemnización por despido abusivo, mas los daños y perjuicios preceptivos. A juicio de la Corte, el Directorio de DUCSA , en el marco del poder de dirección de todo empleador privado y de acuerdo a la recomendación de su accionista principal, ANCAP, fijó topes salariales, en el marco de una reestructura salarial de algunos cargos gerenciales con mayor salario, desarticulando de este modo una pretendida motivación ilegal, que no fue tal. La abusividad en la “forma” del despido no debió ingresar a la segunda instancia, ya que el reclamante no articuló agravio al respecto, por tanto en el presente grado no puede el impugnante fundar su agravio en ese fundamento. Por ello a juicio de los Dres. Turell, Minvielle y Martínez, razones formales conducen al rechazo. En cuanto a la intempestividad de la comunicación de DUCSA, lo que persigue el recurrente es una revalorización del material fáctico, sin argumentar absurdo o arbitrariedad. La existencia (o no) de “despido abusivo” constituye “quaestio juris”, en tanto la tipificación o calificación de tal situación o acontecimiento como configurante de la ilicitud del acto de despedir. En el caso, de la plataforma fáctica relacionada, no surgen elementos que ilustren sobre causas ilícitas, lo que descarta el error jurídico que el recurrente imputa al Tribunal.
Recurso de casación · Derecho laboral
DEFINITIVA 1.182/2019 · Suprema Corte de Justicia · 24 de junio de 2019Importancia alta
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho penal
DEFINITIVA 1.191/2019 · Suprema Corte de Justicia · 24 de junio de 2019Importancia alta
En el caso la sociedad actora recibió de su vinculada en el extranjero dinero para solventar el pago de indemnizaciones por despido de su personal en dos partidas mensuales consecutivas. El hecho de haber considerado las sumas recibidas por la sociedad mutuante como gravadas por IVA fue un evidente error, que justifica la pretensión restitutoria. La carga de la prueba respecto a la ausencia de deuda recae sobre la recurrente, debiendo probar que no se configuró el hecho generador del IVA y del IRAE. Probada tal circunstancia, habrá acreditado la ausencia de deuda, y por ende, corresponderá a la DGI devolver lo indebidamente abonado por la contribuyente. Actualmente, la doctrina tributarista funda el derecho de repetición no en los cuasicontratos de enriquecimiento sin causa o de pago de lo indebido, sino en principios propios del Derecho Tributario, el principio de legalidad. Si se efectúa un pago que no corresponde, la Administración no puede apropiarse de ese dinero porque ello implicaría una violación del principio de legalidad. La recurrente no pretende una revalorización de los hechos, la base factica, sino que argumenta que se ha infringido sendas reglas de Derecho al haber entendido que determinados hechos, sobre los cuales no existe controversia, implican la configuración de los hechos generadores del IVA y del IRAE. Tratándose del incumplimiento de una obligación preexistente, en materia de responsabilidad contractual, corresponde aplicar el art. 1348 del Código Civil. Dres. Jorge Chediak y Elena Martinez (D).
Recurso de casación · Derecho procesal · Derecho tributario
INTERLOCUTORIA 1.209/2019 · Suprema Corte de Justicia · 24 de junio de 2019Importancia alta
La Corporación, por unanimidad, desestima el recurso de revisión movilizado por resultar indamisible, ya que la sentencia contra la cual se dirige, providencia interlocutoria por la cual se decretara un lanzamiento, no es pasible de ser resistida mediante este medio de impugnación.
Recurso de revision · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 1.241/2019 · Suprema Corte de Justicia · 24 de junio de 2019Importancia alta
Contienda de competencia
Contienda de competencia · Derecho laboral · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 1.239/2019 · Suprema Corte de Justicia · 24 de junio de 2019Importancia alta
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional
INTERLOCUTORIA 1.242/2019 · Suprema Corte de Justicia · 24 de junio de 2019Importancia alta
Recurso de queja
Recurso de queja · Derecho procesal
DEFINITIVA 1.189/2019 · Suprema Corte de Justicia · 24 de junio de 2019Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, anuló por unanimidad la sentencia impugnada, y por mayoría integrada por los Ministros Dr. Chediak, Turell y Tosi dispuso la remisión de los autos a conocimiento del Tribunal de Apelaciones de Familia subrogante, a efectos de que resuelva los recursos interpuestos por las pares contra la sentencia definitiva de primera instancia. A juicio de los Ministros Dres. Chediak, Turell, Minivielle y Tosi existe una clara ausencia de motivación en la sentencia impugnada. El Tribunal ha incumplido el deber de fundamentar acabadamente sus decisiones, lo que conduce, a la anulación de la sentencia impugnada. De la lectura de la sentencia atacada no emergen los fundamentos que respaldan la conclusión a la que arriba el Tribunal en el caso, en relación al porcentaje del valor del inmueble sobre el que corresponde fijar el crédito a favor de la actora. La Sala reduce el monto del crédito, que pasa del 25% al 10% del valor del inmueble, sin justificar racionalmente dicha morigeración. En cuanto a las consecuencias de la falta de motivación, estima la mayoría de la Corte , conformada por los Ministros Dres. Chediak, Turell y Tosi, que dicho vicio constituye un supuesto de error “in procedendo”, por lo cual deben remitirse los autos al Tribunal subrogante. (D) Ministras Dras. Martínez y Minvielle; por cuanto entendieron que el vicio denunciado en la recurrencia, configura un vicio “in iudicando”.
Recurso de casación · Derecho procesal · Derecho de familia
INTERLOCUTORIA 1.236/2019 · Suprema Corte de Justicia · 24 de junio de 2019Importancia alta
En un proceso penal abreviado, se dicta la respectiva sentencia definitiva, la cual es consentida en la propia audiencia, quedando la misma ejecutoriada. La contienda se plantea entre el Jdo. Ldo. de Rosario 3er. Turno y el Jdo. Ldo. de Ejecución y Vigilancia de 2º turno, acerca de quién es competente para realizar la liquidación de penas. El tema se resuelve aplicando lo dispuesto en los artículos 289.5 y 290 del C.P.P., es decir que una vez ejecutoriada la sentencia de condena cesa la competencia material del Jdo. de Rosario en punto a la ejecución de la misma, siendo de ahí en más la competencia exclusiva del Juzgado de Ejecución y Vigilancia de Montevideo, por estar recluido el encausado en el Establecimiento de Reclusión de Santiago Vázquez. En particular la liquidación de la sentencia penal constituye una actividad propia de la fase de ejecución que presupone la ejecutoriedad de la sentencia.
Contienda de competencia · Derecho procesal penal
INTERLOCUTORIA 1.238/2019 · Suprema Corte de Justicia · 24 de junio de 2019Importancia alta
Recurso de casación
Recurso de casación · Derecho laboral · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 1.243/2019 · Suprema Corte de Justicia · 24 de junio de 2019Importancia alta
Proceso de inconstitucionalidad
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 1.181/2019 · Suprema Corte de Justicia · 17 de junio de 2019Importancia alta
La Corporación integrada y por unanimidad, rechazó el recurso de revisión interpuesto por entender que el mismo resulta formalmente inadmisible. Lo que el recurrente pretendió fue la revisión de una resolución judicial que decidió el reconocimiento y la ejecución de una sentencia extranjera de condena. De acuerdo a nuestro ordenamiento procesal, se trata de una sentencia que no admite recurso alguno.
Recurso de revision · Derecho procesal
INTERLOCUTORIA 1.162/2019 · Suprema Corte de Justicia · 13 de junio de 2019Importancia alta
Recurso de queja
Recurso de queja · Derecho procesal
DEFINITIVA 1.177/2019 · Suprema Corte de Justicia · 10 de junio de 2019Importancia alta
La Corporación desestima la acción de inconstitucionalidad impetrada. La falta de legitimación pasiva de la Junta Departamental de Lavalleja es adoptada por mayoría, integrada por los Sres. Ministros Dres. Turell, Martínez y Chediak, ya que es claro que la Junta Dptal. no resulta “beneficiada” por la norma, ni tampoco se verá “afectada” por un pronunciamiento respecto de su constitucionalidad, refrendando lo sostenido en la sentencia nº 643/2018 de la Corporación. La falta de legitimación pasiva del Tribunal de Cuentas, en cambio, es decisión adoptada por unanimidad, ya que no se beneficia ni perjudica según cuál sea el resultado del accionamiento. Los Sres. Ministros Dres. Tosi y Minvielle consideran también que la falta de legitimación pasiva del Tribunal de Cuentas se da en función de los términos de la demanda y el tenor de la norma cuya regularidad constitucional se impugna. (D) Los Sres. Ministros Dres. Bernadette Minvielle y Luis Tosi discordes parcialmente, consideran que la Junta Departamental de Lavalleja se encuentra legitimada para ser demandada en autos. Se precisa que el decreto departamental nº 3468 /2018 tiene carácter innovativo, creando normas no previstas en la disposición que dice interpretar. En este caso la inconstitucionalidad denunciada consiste en que la Junta Departamental de Lavalleja sancionó una norma que la Constitución le impide crear, excediendo su competencia. Por ende, se concluye en que la determinación de la legitimación pasiva es una cuestión de derecho, relevable de oficio.
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho procesal
DEFINITIVA 1.180/2019 · Suprema Corte de Justicia · 10 de junio de 2019Importancia alta
Reconocimiento y ejecucion de sentencias extranjeras (execuatur)
Reconocimiento y ejecucion de sentencias extranjeras (execuatur) · Derecho de familia · Derecho procesal
DEFINITIVA 1.179/2019 · Suprema Corte de Justicia · 10 de junio de 2019Importancia alta
La Corporación, por mayoría de sus miembros, conformada por los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Tosi y Chediak, desestima los recursos de casación presentados por las co-demandadas. En el presente caso la actora, quien padece de una discapacidad que afecta su aptitud locomotora y se encuentra inscripta en el Registro de Personas con Discapacidad, comparece a denunciar que el Estado-MTOP y la empresa COT S.A., no han cumplido con los deberes impuestos por la Ley nº 18.651, es decir que permitieran la accesibilidad de las personas las unidades de transporte en el plazo previsto, lo que no se ha cumplido en el caso de autos. En estos casos procede el principio de tutela jurisdiccional efectiva, la acción de cumplimiento que la actora ha emprendido. A juicio del Cuerpo, la condena al cumplimiento de las disposiciones de la ley no puede ser cuestionada. (D) Ministro Dr. Eduardo Turell considera que corresponde amparar los recursos de casación interpuestos. Considera que asiste razón a la recurrente COT, en lo que tiene que ver con el agravio relativo al desconocimiento del marco regulatorio. Sostiene que asiste razón a la recurrente en cuanto a que nada incumplió, en tanto observó las estipulaciones y habilitaciones de la Dirección Nacional del Transporte, órgano regulador.
Recurso de casación · Derecho procesal · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 1.141/2019 · Suprema Corte de Justicia · 10 de junio de 2019Importancia alta
Proceso incidental
Proceso incidental · Derecho penal · Derecho procesal
DEFINITIVA 1.178/2019 · Suprema Corte de Justicia · 10 de junio de 2019Importancia alta
Los reclamantes obtienen sentencia favorable en primera y segunda instancia sobre diferencias salariales respecto a la demanda entablada contra el Poder Ejecutivo, en tanto a través del Decreto 42/09, se otorgó a funcionarios de la DGI un porcentaje de recuperación inferior al concedido a los restantes funcionarios. El Poder Ejecutivo interpone recurso de casación y la Corte entiende que el recurso es admisible, pese a la existencia de dos sentencias coincidentes y sin discordias, dado que se ha demandado a un órgano del Estado, y la cuantía del asunto superas las 6.000 UR, ingresando en lo previsto por art. 268 inc 2º del CGP. En lo que respecta al agravio por valoración absurda, se estimó que el apartamiento invocado de las reglas de la sana critica debe ir acompañado de la solución jurídica que se estima correcta en sustitución de la atacada. Si la valoración fue absurda, entonces la recurrente debió atacar la estructuración del razonamiento probatorio y demostrar los errores manifiestos, por lo que no es de recibo dicho agravio, además de que no ahondó ni minimamente en que consistía el error denunciado. Respecto al error de derecho invocado, en relación al art. 454 de la Ley Nº 17.930, el crear por vía jurisprudencial o mediante el dictado de un decreto nuevas exclusiones (además de las ya previstas en dicho artículo) desatiende la clara y explícita voluntad legislativa concretada. Las únicas exclusiones admisibles son las que están previstas en la norma legal. La creación por vía reglamentaria de otras exclusiones desconoce la explicita voluntad legislativa. Dr. Jorge Chediak (D) entendió habiéndose establecido una nueva escala retributiva prevista en el inciso segundo de la Ley Nº 17.706, y su Decreto Reglamentario Nº 166/2005, que ya contemplaba las pérdidas salariales, no existe salario a recuperar en los términos previstos en el art. 454 de la Ley 17.930.
Recurso de casación · Derecho procesal
DEFINITIVA 1.175/2019 · Suprema Corte de Justicia · 10 de junio de 2019Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, desestimó el recurso de casación interpuesto en autos. Conforme emerge de autos, la empresa constructora CALPUSA URUGUAY S.A., contrató un seguro de caución con la enjuiciada, designándose como beneficiaria a la accionante FIDEICOMISO EL PINAR. La cuestión debatida en autos fue determinar si en la especie, se configuró algún supuesto de “exclusión” de la indemnización del seguro como lo alega la accionada, o, si por el contrario le asistió razón a la parte actora en cuanto a que la empresa asesuradora debió dar cobertura al siniestro. La Corporación consideró al igual que la Sala que hubo alteraciones del contrato de seguro que vinculaba a las partes, que de acuerdo con los términos de la póliza, debieron ser informados a la aseguradora so pena de que se perdiera la cobertura de la póliza. Asimismo hubo actos del “tomador”, que debieron ser notificados a la aseguradora; por ejemplo, que había solicitado su concurso judicial.
Recurso de casación · Derecho civil · Derecho procesal

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