DEFINITIVA 1.400/2019 · Suprema Corte de Justicia · 28 de noviembre de 2019Importancia alta

La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto. El caso de autos gira en torno a la legitimidad del accionar de la concubina del titular Peralta en relación a las sociedades y en determinar a quién corresponde la titularidad de las acciones de Bonvilam S.A. y Vanil Finance S.A. Los actores son hijos legítimos de quien fuera titular de las sociedades, hoy fallecido. Se concluye que la Sala no incurrió en la infracción normativa denunciada por la parte recurrente, atento que la conclusión probatoria se asienta en una serie de indicios concluyentes. No se advierte infracción alguna a las reglas procesales que distribuyen la carga en la producción de la prueba. A criterio de los Ministros Dres. Eduardo Turell, Bernadette Minvielle, Luis Tosi y Elena Martínez, la causal de casación fundada en errónea aplicación de las normas de admisibilidad o de valoración de la prueba se reduce a los supuestos en los cuales se violen tasas legales en supuestos de prueba tasada o cuando se incurra en absurdo evidente. El Doctor Tabaré Sosa considera que la valoración probatoria realizada por el Tribunal de Alzada no resulta excluída del control casatorio, ya que las reglas de la sana crítica y de la experiencia configuran pautas legales consagradas expresamente en la norma procesal, pudiendo alegarse su infracción en casación. En definitiva, concluyen que la Sala no vulneró las reglas relativas a la valoración de la prueba.

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 231/2019 · Tribunal Apelaciones Civil 5ºTº · 27 de noviembre de 2019Importancia alta

Se revoca la sentencia en cuanto condena al MSP a suministrar al actor el medicamento peticionado, sin especial condena en costas ni costos de la alzada. No puede calificarse la conducta del MSP de ilegítima y mucho menos de manifiestamente ilegítima, si se niega a suministrar un medicamento que no se encuentra registrado para su venta en el país, que no ha sido evaluado en forma suficiente de conformidad con la normativa que le impone estudiar cada medicamento antes de autorizar su uso público en el territorio nacional. Por lo tanto, como el mismo demandado indica en su comparecencia, imponerle una conducta diversa implicaría actuar contra leyes y reglamentos, contraviniendo el ordenamiento positivo mediante un pronunciamiento judicial, actuación violatoria del orden jurídico vigente en un Estado de Derecho.. (Sentencia Nº 61/2019).

Proceso de amparo

DEFINITIVA 1.398/2019 · Suprema Corte de Justicia · 20 de noviembre de 2019Importancia alta

La Corporación, integrada y por unanimidad, hace lugar a la acción de inconstitucionalidad deducida contra el art. 733 de la ley 19.355. Los actores, funcionarios del Poder Ejecutivo, Miisterio de Educación y Cultura, pertenecientes a la Dección Gral. de Registro de Estado Civil, se encuentran legitimados para invocar la inconstitucionalidad aludida. Sin perjuicio que el art. 733 de la Ley 19.355 fue derogado por el art. 16 de la Ley nº 19.535, dicha derogación requiere considerar si la presente causa ha devenido carente de objeto. Sobre el punto, la Corporación se pronuncia sobe el fondo del asunto, considerando que la derogación de la previsión legal de referencia no extingue el derecho de los accionantes a obtener un pronunciamiento sobre su reclamo, ante los posibles efectos que pudo haber desplegado la norma durante el término de vigencia. Este Colegiado considera que el art. 733 de la Ley nº 19.355 es inconstitucional, por cuanto violenta los derechos de protección constitucional relativos a la igualdad ante la ley, debido proceso, seguridad jurídica, tutela jurídica efectiva, separación de poderes, todos inherentes a la personalidad humana y a la forma republicana de gobirno (arts. 72 y 332 de la Constitución).

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal

DEFINITIVA 220/2019 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 13 de noviembre de 2019

Ahora bien, por expresa disposición de la Ley No. 19.121 (art. 2) la misma no aplica a funcionarios policiales, como es el caso de los actores. Como bien se sostiene en la contestación de la demanda, la especialidad, naturaleza y función policiales hace que tenga un estatuto legal propio. Respecto a los funcionarios de hemoterapia, la demandada afirma y parte de la base de que ya se les aplica la Ley No. 19.313. Por ende, sobre el punto no existe controversia, sin perjuicio de que la aplicabilidad de mención es ratificada en el art. 73 de la Ley No. 19.670, recién de aplicación a partir del 1º/I/19, o sea, en fecha posterior a la promoción de la presente demanda. Por lo tanto, no corresponde retroactividad y más allá de la no controversia referida opera el principio “iura novit curia” por no estarse ante una situación de hecho que pueda ser admitida, sino de derecho. Y si no hay normas en ese sentido, en una actividad o servicio especialísimo y fundamental de un Estado de Derecho, es porque el Legislador no quiso que la hubiese, ya sea por voluntad propia o por omisión. En ese orden, la integración de la Ley Orgánica Policial con la Ley No. 19.313 no corresponde, no solamente porque de ese modo se vulnera la voluntad legislativa, sino porque la Ley No. 19.313 no constituye un fundamento análogo -que exige el art. 16 C. Civil- a la Ley No. 19.315. Sobre esto último, la analogía supone aplicar la solución legal contemplada en casos determinados a otro caso similar, pero no regulado. En otras palabras, consiste en aplicar la ley que contempla la regulación de un caso determinado, a otra situación no prevista, pero semejante a la anterior. Para explicar la analogía se necesita de dos casos similares: uno de ellos previsto por la ley y el otro no. Como existe una misma razón de justicia para aplicar la solución del caso regulado al no regulado, se integran los vacíos legales por esta vía.

Proceso civil ordinario

INTERLOCUTORIA 76/2019 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 13 de noviembre de 2019

TERCERIA DE DOMINIO El Tribunal cuenta con jurisprudencia que puede ser convocada en la cual se sostuvo "pacíficamente se admite que el tercerista debe acreditar en forma clara y fehaciente el derecho invocado como fundamento de su pretensión y, de acuerdo a las reglas de distribución de la carga probatoria "corresponde probar, a quien pretende algo, los hechos constitutivos de su pretensión" (art. 139.1 del CGP) lo que significa que, en una tercería de dominio, la carga probatoria sobre la propiedad de los bienes objeto de la cautela con la finalidad de liberarlos de la ejecución, es del tercerista" (Cf. Sentencia de la Sala N° 348/2007 y 122/2009 en BJN ). Y ello no es más que la aplicación de los principios generales sobre carga de la prueba (art. 139 CGP) que son válidos para la tercería; así, el actor -tercerista- debe producir la prueba de los hechos constitutivos del derecho que invoca, si no lo hace, los demandados que no los hayan reconocido no tienen nada que probar (Cf. PODETTI, Trat. de la Tercería, p. 108) y ello lleva a concluir que la carga corresponde al actor tercerista sin perjuicio de la colaboración del interesado en mantener la cautela (LJU 13776).

Otros · Derecho procesal

DEFINITIVA 156/2019 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 13 de noviembre de 2019Importancia alta

El Tribunal confirma la Sentencia recurrida que amparó la demanda acusación, condenando a una infracción aduanera de Contrabando.-

Proceso aduanero · Derecho aduanero

INTERLOCUTORIA 74/2019 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 13 de noviembre de 2019

PRINCIPIO DISPOSITIVO Entiende el Tribunal que asiste razón a la recurrente en cuanto señala que ya en alzada del referido proceso de conocimiento, al contestar el traslado de la apelación y adherir a él, en el petitorio 2º (fs. 1861 v.) el actor había pedido el reajuste desde la demanda, lo que debe interpretarse como una forma de aclarar lo poco claro de los términos de la demanda en lo que tiene relación con el Decreto Ley No. 14.500. De este modo, en tal petitorio se viene a dar luz lo que de principio quedaba en la incertidumbre. En consecuencia, aún entendiendo, como se hizo en el grado anterior que el reajuste procede desde el hecho ilícito conforme Dec. Ley No. 14.500, lo cierto y concreto es que para quien reclama este anexo corre desde la demanda por así haberlo expresamente dicho, pues debe primar el principio dispositivo que gobierna nuestro derecho procesal (arts. 1, 92, 130, 132, 134, 321, 323, 324 y concordantes CGP). Como señala PALACIO (Manual de Derecho Procesal Civil, 14ª ed., p. 65) y es recogido por la jurisprudencia (SCJ en LJU 14763): “tal principio impone que sean las partes, exclusivamente, quienes determinen el thema decidendum, debiendo el juez, por lo tanto, limitar su pronunciamiento a lo que ha sido pedido por aquéllas en los actos de constitución del proceso”.

Proceso civil ordinario · Derecho civil · Derecho procesal

DEFINITIVA 215/2019 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 11 de noviembre de 2019Importancia alta

El Tribunal integrado y en mayoría (con 2 Discordias), revoca la sentencia apelada .- Es esto último lo que hace la Constitución nacional cuando dispone, en el inciso primero del artículo 44, que el Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas.Es entonces, en este punto de la argumentación, que cobra protagonismo el principio de separación de poderes, de indudable raigambre constitucional y de incidencia decisiva, para la dilucidación de la cuestión debatida en autos.Como sostuvo la Dra. Martínez, integrando la mayoría, en Sentencia No. 201/2014 del T.A.C. de 6º Turno: 'Entiende la mayoría que el Poder Judicial no está preparado ni llamado a asumir la responsabilidad de decidir, directamente, sin contar con elementos suficientes, sobre temas altamente técnicos, como es ponderar si realmente es cierto que determinada solución es la adecuada, en el contexto general de actuación del Estado, sin perder de vista que cuenta con recursos limitados y que con ellos debe atender las necesidades de salud de todos los habitantes.No puede perderse de vista que las políticas de salud las deciden el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en la órbita de sus respectivas competencias'. DISCORDES: Dr. John Pérez Brignani Dr. Álvaro França Por entender que corresponde confirmar la recurrida.- En cuanto al marco jurídico, una correcta hermenéutica de las normas y principios aplicables, determina la configuración de ilegitimidad manifiesta por injustificada e inmotivada dilación u omisión del Estado (MSP) en tutelar la Salud de los habitantes de la República (art. 44 de la Constitución) por medio de tempestiva y eficaz puesta a disposición de los pacientes de los medios que proporciona la medicina actual para el tratamiento de las patologías (accesibilidad –todas las personas deben tener acceso al nivel más alto posible de servicios de salud-). Respecto a que el Ministerio de Salud Pública no está obligado, a prestar directamente los medicamentos cabe señalar que si bien no existe una obligación directa, desde el punto de vista legal, como aduce la recurrente, no es menos cierto que como se expresara anteriormente, en sentencia del Tribunal de 4to. Turno que el redactor integró "Además de los argumentos antes relacionados, consideran también las integrantes naturales de la Sala, Dras. Maggi y Gatti, y el Ministro integrante Dr. Pérez, que el M.S.P. debe proporcionar el medicamento al reclamante, aún cuando no esté incluido en el FTM, y ello, porque a dicho Ministerio corresponde preservar la salud de los habitantes, bien fundamental que no puede estar supeditado a las contingencias y dilaciones de un trámite burocrático, por lo que debe inferirse que mediante el cumplimiento de los requisitos formales que el apelante alega para fundar su negativa a suministrar el medicamento (inclusión en FTM, así como la necesidad de cumplir con el procedimiento técnico-científico a tales efectos), se está, en puridad, desconociendo derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

DEFINITIVA 150/2019 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 6 de noviembre de 2019Importancia alta

El Tribunal confirma la sentencia de 1ª Instancia recurrida, excepto en la cuantificación del daño moral que se aumenta.- Se afirma que, si bien es indudable que el contrato de transporte supone la existencia de una obligación de resultado (transportar sanos y salvos a los pasajeros a destino); en el caso existió una causa extraña no imputable: existencia de barro sobre la carretera, que estaba siendo reparada, lo que provocó que el vehículo patinara.- Pero para el Tribunal la prueba allegada a la causa no es suficiente para demostrar ello.-

Proceso civil ordinario

DEFINITIVA 145/2019 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 16 de octubre de 2019Importancia alta

El Tribunal integradi y en mayoría confirma el amparo de la excepción de falta de legitimación activa respecto de uno de los coactores y revoca la desestimatoria de la demanda en todos sus términos, y ampara en forma parcial la demanda, condenando al Ministerio del Interior al pago de los rubros pretendidos.- Discordia parcial Dra. Alonso, Dra. Kelland: Por entender que, respecto al cómputo del interés legal sobre los rubros objeto de condena se deben intereses legales desde la interposición de la demanda.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA 210/2019 · Tribunal Apelaciones Civil 6ºTº · 16 de octubre de 2019

PROCESO DE REGULACION DE HONORARIOS A partir de la ley 16.699 ha quedado resuelto el trámite que ha de seguir el procedimiento de regulación de honorarios este el procedimiento especial del art. 144 de la LOT.El art. 545 del CGP mantuvo en vigor algunos procedimientos especiales que se detalla en sus respectivo literales, asimismo el art. 1 de la ley 16.699, incorporó dos letras a la norma en examen los literales f) y g), el primero de los cuales refiere “al proceso de regulación de honorarios establecidos por el art. 144 de la ley 15.750 de 24 de junio de 1985”.En consecuencia a partir de la vigencia de dicha ley estos procesos deben regularse por el procedimiento especial del art. 144 de la LOT y dentro de la noción procedimiento cabe entenderse también el régimen recursivo, cuya especialidad fue establecida para acelerar la decisión sobre el tema involucrado.Por otra parte el art. 545 del CGP señala “…que en toda materia que no existe norma especial se aplicará el CGP”, y en el caso existe norma especial y a ella habrá de atenerse.En este orden, el juicio de regulación de honorarios se trata de un proceso principal y autónomo respecto a aquel en el que se generaron los honorarios no obstante su conexión especial con aquel de que deriva su unidad competencial y del hecho que las circunstancias que lo determinaran sean las que resulten del mismo.Por otra parte aunque su sustanciación sea por vía incidental impuesta por el art. 114. inciso 6 citado, esto no modifica la naturaleza de la sentencia que culmina este proceso que es definitiva y esto lo reafirma en su inciso 11 al establecer que solo cabrá recurso de apelación contra la sentencia el que se interpondrá en el plazo de cinco días.

Regulacion de honorarios

DEFINITIVA 129/2019 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 25 de setiembre de 2019Importancia alta

El Tribunal revoca la sentencia de 1ª Instancia que había acogido la demanda.- La redacción de la norma es clara, es un régimen excepcional, y la solución a casos como el que nos ocupa depende del legislador. Fue el legislador el que dividió claramente el proceso penal del infraccional de adolescentes (en la especie), y es el mismo legislador el que, de haber querido que un adolescente privado de su libertad en forma indebida sea indemnizado objetivamente lo tendría que haber dispuesto, no ha sido así hasta el presente.

Proceso civil ordinario · Derecho administrativo

DEFINITIVA 130/2019 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 25 de setiembre de 2019

El Tribunal confirma la sentencia que desestima la demanda por hecho de la víctima.-

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA 131/2019 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 25 de setiembre de 2019Importancia alta

El Tribunal confirma la impugnada que desestimó la excepción de Inhabilidad del título.- En suma, la expresión de agravios debe señalar punto por punto los errores fundamentales de la sentencia y aportar la demostración que es errónea, injusta o contraria a derecho; y en el caso no se ha cumplido con la carga de expresar agravios que lograran demostrar tales extremos, imponiéndose desestimar el recurso de apelación.-

Proceso civil ordinario · Derecho comercial

DEFINITIVA 143/2019 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 18 de setiembre de 2019Importancia alta

El Tribunal integrado y en mayoría (con 2 discordias), revoca la sentencia apelada y, en su lugar, desestima la demanda incoada contra el MSP.- Se coincide con el apelante en cuanto postula que no se configura el requisito de manifiesta ilegitimidad. - DRA. NILZA SALVO – DRA. TERESITA MACCIÓ – DRA. MARÍA ESTHER GRADÍN – MINISTRAS. DRAS. BEATRIZ VENTURINI Y MARY ALONSO DISCORDES: POR CUANTO ENTENDEMOS QUE CORRESPONDE CONFIRMAR LA RECURRIDA EN CUANTO CONDENÓ AL MSP.-

Proceso de amparo · Derecho constitucional

DEFINITIVA 1.326/2019 · Suprema Corte de Justicia · 6 de setiembre de 2019Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal

DEFINITIVA 1.327/2019 · Suprema Corte de Justicia · 6 de setiembre de 2019Importancia alta

La Suprema Corte integrada y por unanimidad, hizo lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida respecto de los arts. 2 y 9 de la Ley No. 19.310. Los actores en tanto funcionarios judiciales, son titulares de un interés jurídicamente protegido, por lo que se encuentran legitimados para promover la acción instaurada en autos, en tanto la ley impugnada de inconstitucionalidad les afecta directamente, al estar involucrados sus salarios, cuyo derecho a su percepción se encuentra constitucionalmente protegido. El artículo 2º de la Ley No. 19.310 es inconstitucional porque se abocó el conocimiento que formalmente solo pueden hacer normas de carácter presupuestal. El artículo 9º de la Ley No. 19.310, es inconstitucional en tanto el mismo viola normas constitucionales que consagran la separación de poderes y el principio general de igualdad recogido por el art. 8 de la Constitución de la República.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho administrativo · Derecho procesal

DEFINITIVA 124/2019 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 29 de agosto de 2019Importancia alta

El Tribunal, integrado y en mayo?ia, revoca la sentencia apelada en lo que fue objeto de agravios y, en su mérito, desestima la demanda incoada contra el MSP.- DRA. NILZA SALVO -DRA. TERESITA MACCIO -DRA. MARIA ESTHER GRADIN. En 1ª Instancia se resolvió condenar al Estado-Poder Ejecutivo-MSP al suministro de DABRAFENIB Y TRAMETINIB al actor, de acuerdo a las indicaciones que formulara su médico tratante y durante el tiempo que éste lo indicara, bajo apercibimiento de la aplicación de sanciones pecuniarias en caso de incumplimiento. Y d esestimar la demanda contra el Fondo Nacional de Recursos por falta de legitimación pasiva.- DRAS. BEATRIZ VENTURINI – BEATRIZ JOSEFINA TOMMASINO, DISCORDES: Corresponde confirmar la recurrida en cuanto condenó al MSP.-

Proceso de amparo · Derecho administrativo · Derecho constitucional · Derecho civil · Derecho procesal

DEFINITIVA 1.242/2019 · Suprema Corte de Justicia · 14 de agosto de 2019Importancia alta

En estos autos un funcionario judicial administrativo IV,cuyo ingreso al Poder Judicial es posterior a algunas de las normas involucradas, promueve por vía de acción la inconstitucionalidad de las normas en cuestión, atento a que su retribución tiene por base un sistema de equiparación o "enganche" respecto al cargo de Subdirector de los Servicios Administrativos de la Suprema Corte de Justicia. La Corporación integrada y por unanimidad, considera que el actor posee legitimación para impetrar esta acción, y declara la inconstitucionalidad de la Ley Nº 18.738, la Ley Nº 18.996, arts. 14 a 16 y la ley Nº 19.310, arts. 2 y 9, así como la inaplicabilidad de los mismos a la parte actora, ratificando los criterios ya vertidos en diversos fallos de la Suprema Corte de Justicia en distintas integraciones.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal

DEFINITIVA 112/2019 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 14 de agosto de 2019Importancia alta

El Tribunal confirma la impugnada que desestimó la demanda.-

Proceso civil ordinario · Derecho administrativo