DEFINITIVA 227/2021 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2021Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus miembros, desestima la excepción de inconstitucionalidad opuesta. A juicio de la Corporación, corresponde rechazar el planteo de la Sra. Pisano debido a la falta de legitimación de quien lo propone, pues la referida curial no es parte en el proceso en el cual se solicitó la declaración de inconstitucionalidad. No resulta admisible la acción popular o fundada en la mera legalidad objetiva. En lo que guarda relación con el deudor concursado debe señalarse que se encuentra legitimado para promover el presente planteo por ser titular de un interés directo, personal y legítimo. Acerca de la inconstitucionalidad del art. 252 de la Ley 18.387, no se observan los motivos por los cuales el excepcionante estima que la norma contenida vulnera el principio de igualdad al regular el recurso de apelación, pues el legislador, si bien en el texto normativo estableció un “numerus clausus” de sentencias que admiten recurso de apelación no lo hizo en función de cuál sea la parte recurrente. No se considera que la solución legislativa viole las normas constitucionales que guardan relación con el debido proceso. En definitiva, por los fundamentos expuestos corresponde desestimar el excepcionamiento contra el art. 252 de la Ley 18.387. Sobre la supuesta inconstitucionalidad del inciso 2º del art. 104 de la Ley 18.387 A juicio de la Corte, se dan los argumentos que ameritan el rechazo del excepcionamiento. Lo que pretende el excepcionante en el caso concreto es una suerte de inconstitucionalidad por omisión y tal extremo, en nuestro sistema, resulta improcedente. Pero, además, en el caso de autos el deudor concursado se encuentra suspendido en su legitimación y de conformidad con el art. 46 el Síndico es su sustituto procesal; los únicos actos que puede realizar el deudor concursado son aquellos que la ley le permitió en forma expresa y que están recogidos en el art. 45 núm. 6) en el cual no se incluyó el poder actuar como parte en el incidente de impugnación a la lista de acreedores cuando la misma es promovida por un acreedor. En consecuencia, el presente planto carece de toda utilidad, pues como se señaló, ni aun en el mejor de los casos podría obtener la satisfacción de su interés. Corresponde desestimar el excepcionamiento en relación con el art. 104 inciso 2º de la Ley 18.387. Sobre la inconstitucionalidad del art. 91.1 de la Ley 18.387, en el caso, no se juzga la conveniencia o no de la norma. En otras palabras, no corresponde que la Corte se pronuncie en relación al acierto de la postura que asumió el legislador, sino que la tarea debe limitarse a analizar si el inciso en cuestión viola normas o principios constitucionales. En cuanto a la violación del derecho de defensa y del debido proceso corresponde señalar que el derecho del compareciente no se encuentra lesionado. En tal sentido, el concursado, debidamente asistido, compareció en varias oportunidades y ejerció en debida forma sus derechos e incluso realizó una serie de impugnaciones a la lista de acreedores presentada por la sindicatura, no existiendo una hipótesis de indefensión. Tampoco se puede hablar de desigualdad desde el momento en que cada acreedor carga con los gastos de los honorarios de su propio abogado.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 589/2021 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2021Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal

DEFINITIVA 221/2021 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad anuló la recurrida y, en su lugar, dictó el fallo correspondiente. El tema a resolver en autos es si entre las partes existió una sociedad de hecho y, en caso afirmativo, si de ello se deriva un derecho de crédito (que el actor califica como “utilidades”). La Corporación consideró que la valoración probatoria de la Sala, fue irracional y contraria a la abundante prueba obrante en autos y, por ende puede debe ser censurada en casación. A juicio de los Sres. Ministros la existencia de la sociedad de hecho se encuentra probada en la medida que se dan todos los requisitos reclamados por el art. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales No. 16.060. La intención constitutiva del elemento affectio societatis, cuya presencia el Tribunal se negó a reconocer, quedó perfectamente probada.

Recurso de casación · Derecho comercial

INTERLOCUTORIA 594/2021 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2021Importancia alta

La Corporación declara inadmisible el recurso de casación interpuesto. Respecto a la naturaleza de la sentencia impugnada, estamos ante una sentencia interlocutoria simple, la cual no admite recurso de casación. La sentencia que pone fin a la cuestión surgida respecto a las observaciones al inventario, resuelve una cuestión accesoria, en el marco del proceso principal, que es el proceso de liquidación de la sociedad conyugal. Asimismo, dicha interlocutoria no le pone fin al proceso (principal), ni hace imposible su continuación, por lo que no califica como sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva. (D) SR.PRESIDENTE DE LA S.C.J.DR. TABARÉ SOSA AGUIRRE : Por cuanto entiende que corresponde declarar admisible el recurso de casación interpuesto de acuerdo con los argumentos particulares que expresó en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia N° 177/2021. (D) SR. MINISTRO DE LA S.C.J. DR. JHON PÉREZ BRIGNANI: En el caso concreto, a efectos de determinar la admisibilidad del recurso en trámite, considerando la naturaleza jurídica de la sentencia que resuelve el proceso de observaciones al inventario, al igual que fuera sostenido por el Dr. Sosa en el seno de esta Corporación, entiende que sin importar el tracto procesal por el que se tramite este proceso, la sentencia que resuelva la cuestión tiene naturaleza de definitiva y no de interlocutoria simple, como lo sostiene la mayoría, considerando entonces que el recurso de casación interpuesto es admisible, en tanto se dirige contra una sentencia de naturaleza definitiva.

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 224/2021 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2021Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus miembros naturales, desestima la excepción de inconstitucionalidad opuesta contra el art. 29 de la Ley 19.889. Con respecto a la causal de inconstitucionalidad alegada por razones de forma, la Suprema Corte de Justicia, se remite a las consideraciones formuladas por sus integrantes en la Sentencia Nº 53/2021, teniéndose como parte integrante del presente pronunciamiento. El excepcionante fundó la inconstitucionalidad alegada en el entendido de que el nuevo proceso simplificado vulnera lo dispuesto en los arts. 8, 12 y 72 de la Constitución de la República, violentándose los principios de igualdad y debido proceso legal, todo ello en perjuicio de la Defensa. No le asiste razón en su planteo. En el caso de autos, el plazo que erróneamente considera el excepcionante, es una limitante para la investigación, justamente refiere a la duración de una etapa preparatoria, esto es, preexistente al juicio oral, por lo que no se trata de circunstancias objetivamente apreciadas que coincidan con la situación subjetiva del excepcionante y que provoquen un incorrecto favorecimiento al Ministerio Público en detrimento de su esfera jurídica personal.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 624/2021 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2021Importancia alta

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 597/2021 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2021Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 607/2021 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, declaró competente para continuar entendiendo en la presente causa a la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rocha de 4º Turno. La sentencia debió haber sido dictada, en su momento, por la Sra. Juez Letrado Suplente, a quien se le venció el plazo legalmente previsto al efecto. Pero dado que el expediente tramita ante el Juzgado Letrado de 4º Turno y que está pendiente el dictado de la sentencia interlocutoria del caso, corresponde que ésta sea emitida por la titular de la Sede, pues dicha solución es de regla.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 600/2021 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2021Importancia alta

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 591/2021 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2021Importancia alta

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 154/2021 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2021Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 217/2021 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2021Importancia alta

La Corporación, por mayoría, acoge el recurso de casación interpuesto por el BROU y, en su mérito, anula la sentencia impugnada y en su lugar desestima la demanda. Asimismo, a consecuencia de tal solución, desestima los recursos interpuestos por los restantes recurrentes. De autos surge que Juan Carlos López Mena promovió demanda de resolución de contrato, cobro de pesos por reembolso de sumas abonadas y daños y perjuicios contra el Banco de la República Oriental del Uruguay. El 17 de julio de 2012 entró en vigencia la Ley Nº 18.931, que en su art. 1 autorizó al Poder Ejecutivo a constituir un fideicomiso, al que se le encomendó “subastar extrajudicialmente, en forma pública, los bienes fideicomitidos”, para pagar a los acreedores cuyos créditos originales o “las garantías otorgadas por terceros” estén garantizados con derechos reales, en las condiciones de plazo y base previstas en el último inciso de la disposición.El 1º de octubre de 2012 se remataron siete aeronaves Bombardier CRJ 900, pertenecientes al “Fideicomiso Aeronaves Ley 18.931”creado por la referida ley, ocasión en la que resultó mejor postor la firma Cosmo Líneas Aéreas S.L. Para poder presentar oferta de compra en el remate, la empresa Cosmo obtuvo del BROU, el mismo día del remate, un aval hasta la suma de U$S 13.888.156 como garantía de mantenimiento de su oferta. El beneficiario original del aval era el Ministerio de Economía y Finanzas.En el remate, Cosmo, único oferente, resultó adjudicatario de las siete aeronaves, por la suma de U$S 137.000.000. Contaba con un plazo de treinta días desde la fecha de la subasta para hacer efectivo el pago. El 26 de octubre de 2012 se notificó al BROU que el MEF, beneficiario del aval, había cedido sus derechos al Fideicomiso.El 1º de noviembre de 2012 el Fideicomiso comunicó al BROU que Cosmo había incumplido su obligación de pagar el precio ofrecido por los aviones, por lo que le intimó el pago del aval. El 4 de marzo de 2013 López Mena remitió una nota al presidente del BROU por la que ofreció asumir el pago del aval y subrogarse en los derechos que el Banco tuviera contra Boston Seguros. El BROU aceptó la propuesta en los términos que quedaron plasmados en el acuerdo celebrado el 19 de marzo de 2013, cuya resolución persigue López Mena en estos obrados. En el transcurso de estos hechos, se tramitaron ante la Suprema Corte de Justicia tres pretensiones de declaración de inconstitucionalidad de la Ley Nº 18.931, cuyas sentencias, de un mismo tenor, en los cuales la Corte declaró inconstitucionales , y en consecuencia inaplicables a los excepcionantes los arts. 1, 2 y 3 de la Ley Nº 18.931. Según adujo López Mena en su demanda, la declaración de inconstitucionalidad de tales normas determina que el remate que se llevó adelante en cumplimiento de la Ley Nº 18.931 resulte nulo. Y ello determina, a su vez, que se deba tener por cumplida la condición resolutoria prevista en la cláusula séptima del acuerdo que celebró con el BROU el 19 de marzo de 2013, por el cual asumió la obligación de pagar el aval a cambio de subrogarse en los derechos que el BROU tenía como beneficiario de la póliza de seguro de caución contra Boston Seguros. El quid de la cuestión reside en determinar si la declaración de inconstitucionalidad de los art. 1 a 3 de la ley Nro. 18.931, tramitada por otros sujetos, en otros procesos, provoca la nulidad del remate. Respecto de la eficacia de la sentencia de declaración de inconstitucionalidad: inaplicabilidad en el caso concreto, plena vigencia en todos los demás casos alcanzados por el ámbito de aplicación de la norma. La sentencia impugnada considera que, como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 y 3 de la Ley Nº 18.931, resultó que el Fideicomiso carecía de poder normativo negocial para disponer el remate de los aviones de la ex PLUNA, lo que determina a su vez que la subasta deba considerarse nula o inexistente, verificándose de este modo la condición resolutoria prevista en el contrato celebrado entre las partes del presente juicio. La Corte, en mayoría conformada por las voluntades de los Sres. Ministros Dr. Tabaré Sosa Aguirre, Dra. Bernadette Minvielle y Dr.Luis Tosi Boeri estima que le asiste razón al impugnante en su planteo. En nuestro sistema constitucional, la declaración de inconstitucionalidad de una ley no tiene efectos erga omnes, conforme art. 259 de la Constitución. El Poder Judicial no tiene potestad para derogar ni anular leyes con carácter general. Solo puede disponer que la norma declarada inconstitucional no se aplique al caso concreto del promotor o excepcionante. Ello impide considerar, como lo hizo el Tribunal, que el Fideicomiso resultó extinguido por el dictado de esas sentencias, o que se vio despojado de poder normativo para disponer el remate de las aeronaves. Para el promotor de la presente demanda, la norma sigue plenamente vigente y resulta aplicable a su respecto. La declaración de inconstitucionalidad no provocó la nulidad del remate, por lo que no se cumplió la condición resolutoria prevista en la cláusula séptima del Acuerdo. En la especie, la cuestión litigiosa reside en determinar si la condición resolutoria pactada se verificó o no. A criterio de la mayoría de la Corporación, la condición no se ha verificado y, en consecuencia, corresponde hacer lugar al agravio expresado por el BROU a tal respecto (reiterado tanto por el MEF como por el Fideicomiso). Por otra parte, no se produjo la nulidad del remate ni del aval. La validez de un acto jurídico depende de que se reúnan, al momento de su formación o perfeccionamiento, todos los presupuestos o requisitos necesarios para su validez. En nada influye lo que posteriormente puedan acordar las partes, quienes podrán en todo caso dejar sin efecto lo anteriormente acordado, pero ello no significará la falta de validez (nulidad) del acto oportunamente celebrado, sino simplemente su ineficacia. En la especie, el actor para demostrar la nulidad de la subasta, era necesario que el accionante alegara y acreditara la falta de algún presupuesto o requisito de existencia o validez de dicho acto jurídico. Y ello, a criterio de la Corte, no ha sido demostrado. Corresponde entonces acoger el recurso de casación interpuesto por el BROU y anular la sentencia impugnada en cuanto confirmó la declaración de resolución del contrato que había sido dispuesta en la sentencia de primera instancia. Al hacerse lugar al medio impugnativo deducido por el BROU y disponerse la anulación de la sentencia recurrida y en su lugar desestimar la demanda, carece de objeto analizar los recursos de los citados en garantía: Fideicomiso y MEF. Tampoco cabe analizar el recurso de casación interpuesto por el actor, quien se agravió acerca de las consecuencias propias de la repristinación subsiguiente a la resolución. (D) SRA. MINISTRA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DRA. ELENA MARTÍNEZ , por cuanto desestima, por razones de fondo, el recurso de casación interpuesto por la parte demandada (BROU); y desestima, por razones de forma, el recurso de casación interpuesto por Juan Carlos LÓPEZ MENA, por resultar inadmisible; asimismo desestima, por razones de fondo, los recursos de casación interpuestos por el FIDEICOMISO y el MEF (citados en garantía). Considera que el acuerdo de pago quedó subordinado a que ocurran dos eventos interrelacionados; a saber: que la normativa en base a la cual se estructuró la subasta de los aviones quedara sin efecto o resultare inaplicable por prosperar las acciones legales promovidas al respecto, por sentencia ejecutoriada; y por ende si ello implicara, entre otros, la nulidad del remate y en consecuencia la del aval otorgado por el BROU al MEF. A su criterio, al tornarse inaplicables las disposiciones mencionadas se disparó la condición resolutoria contenida en la previsión contractual. La sentencia recurrida no asigna efectos generales a la sentencia de la Corte, sino que comprueba que se ha configurado la condición resolutoria y asigna a ésta lo que la propia cláusula séptima establece. Asimismo considera que también en el caso se verificó la nulidad de la subasta y el aval. En conclusión, estima que corresponde desestimar los agravios articulados por el BROU y, en su mérito, mantiene firme la condena recaída en primera y segunda instancia. (D) SR.MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DR. JHON PÉREZ BRIGNANI : por cuanto entiende que debe desestimarse el recurso de casación interpuesto y en su mérito mantener firme el fallo de segunda instancia recaído en autos. Considera que existen dos puntos esenciales cuya dilucidación determinará el acogimiento o el rechazo del recurso objeto de estudio, a saber: a) La interpretación que debemos asignarle a la cláusula 7ª del documento referido en autos y, 2) el alcance de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Fideicomiso de Pluna. Debe tenerse presente que ninguna de las partes del contrato puede imponer unilateralmente a la otra el contenido de las obligaciones que lo conforman, éstas en ejercicio de su libertad contractual pueden pactar lo que mejor entiendan conforme a sus intereses, y lo definitivamente pactado constituye ley entre las partes. Ahora bien en la especie, conforme al acuerdo de pago celebrado entre las partes se previó, en la cláusula séptima una condición resolutoria, que en caso de verificarse pondría fin al acuerdo de pago existente entre las partes y al reintegro de las sumas abonadas. Esto significa que, conforme a la clara voluntad de las partes , el acogimiento de las acciones introducidas, mencionadas con carácter genérico en el documento lleva, como acontece en el caso de autos, que se configure el presupuesto de la cláusula rescisoria pactada por éstas. En suma, habiendo ingresado los bienes al fidecomiso en virtud de una ley, que fuera declarada inconstitucional, los mismos por efecto de tal declaración volvieron al patrimonio de Pluna, lo que conlleva a que se encuentre verificada la condición resolutoria prevista en el documento que motiva los presentes obrados. Ello por cuanto la declaración de inconstitucionalidad anula los efectos creados por su aplicación y uno de ellos es la adjudicación de los aviones al fideicomiso.

DEFINITIVA 222/2021 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2021Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus integrantes desestima la excepción de inconstitucionalidad incoada. Se señala que el artículo 160 del NCPP prohíbe que en juicio se interrogue en forma directa a los testigos menores de dieciocho años de edad. Asimismo, por los mismos motivos que se señalaron con relación al artículo 160, corresponde desestimar el planteo con relación al artículo 163. El hecho de que se trate de un mismo precepto o formulación normativa que contiene varias normas no es impedimento para sostener que el legislador aglutinó diversas normas perfectamente diferenciables y divisibles. El análisis que haga la Corte debe circunscribirse al artículo 163.1, sin abarcar los numerales 2) y 3), pues contra ellos nada esgrime el excepcionante. Los fundamentos que llevan a desestimar la excepción de inconstitucionalidad con relación al artículo 163.1 del NCPP son los mismos que los expuestos respecto del artículo 160 del NCPP, ya que aquella disposición remite específicamente a ésta. Respecto de las causales de inconstitucionalidad esgrimidas contra el artículo 164 del NCPP, no asiste razón al excepcionante, en cuanto a cuestionar que, por efecto de las normas controvertidas, se delega en un funcionario la recepción de la prueba testimonial. No existe, en modo alguno, delegación de la función jurisdiccional que privativamente ejerce el Juez, por cuanto las normas legales (artículos 160 y 164 del NCPP) disponen que el interrogatorio es dirigido por el Juez, simplemente se vale de un auxiliar para propiciar un ámbito amable y no invasivo para la supuesta víctima. Por otra parte, en ningún momento el Juez de Garantías, al hacer lugar al diligenciamiento de prueba anticipada, prejuzga dando por ciertos los hechos investigados. La denunciada transgresión del artículo 19 de la Constitución, al consagrarse una “comisión especial” con un tercero no juez y la delegación, no tiene el menor sustento que lo acredite. En definitiva, por los fundamentos antes señalados, concluye la Corte que corresponde desestimar el excepcionamiento opuesto.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 150/2021 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2021Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 592/2021 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2021Importancia alta

Causa diplomatica

Causa diplomatica · Derecho procesal

DEFINITIVA 218/2021 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, desestimó el recurso de casación interpuesto. Fiscalía solicitó se condene al encausado como autor penalmente responsable de un delito de suministro de sustancia etupefaciente. La parte recurrente se agravió por la valoración de la prueba que sustenta el fallo absolutorio de la Sala. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Martínez, Tosi, Pérez y Minvielle, en ésta causa, no se alegó por el recurrente un error en la valoración que amerite su calificación como absurdo o evidente en grado manifiesto. Para el Sr. Ministro Dr. Sosa, el Ministerio Público no probó, más allá de toda duda razonable que el encausado suministrara sustancia estupefaciente a diversas personas.

Recurso de casación · Derecho penal · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 588/2021 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, declaró competente para continuar conociendo en autos, a los efectos del dictado de la sentencia definitiva de primera instancia a la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Salto de 5º Turno. En este caso el juez competente para dictar la sentencia es aquel ante quien finalizó la instrucción probatoria.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 618/2021 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2021Importancia alta

La Corporación declara competente para seguir entendiendo en la presente causa a la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rocha de 4º turno. Se reiteran los fundamentos de la sentencia interlocutoria nro. 2.454/2019 de esta Corte. Se agrega que se haya vencido un plazo para dictar sentencia no implica que deba remitirse el expediente a la omisa para cumplir fuera de plazo con el dictado de aquélla. Si la Sra. Juez no proveyó en tiempo, será resorte de la Corporación analizar si tal omisión requiere de corrección disciplinaria al amparo de lo dispuesto por la Acordada No. 8078 y la Ley No. 15.750, pero, tal aspecto, no influye en lo jurisdiccional. En suma, encontrándose el expediente tramitado ante el Juzgado Letrado de 4° Turno, corresponde que su titular dicte la sentencia del caso, pues dicha solución es de regla.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 593/2021 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2021Importancia alta

Recurso de queja

Recurso de queja · Derecho procesal

DEFINITIVA 219/2021 · Suprema Corte de Justicia · 20 de julio de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales desestimó el recurso de casación movilizado. La recurrente postuló que el Tribunal arribó a una conclusión absurda y arbitraria al tener por acreditadas las supuestas razones técnicas que constituyeron la justa causa de receso. La Corte no comparte el enfoque de la recurrente y participa del parecer de la Sala, acerca de que efectivamente existió una justa causa justificante del receso unilateral del contrato de distribución. La existencia de una causa que determinó el cese del suministro de la semilla tempestivamente comunicada, excluye cualquier hipótesis de abuso de derecho y con ello si el actor padeció daños, los mismos no resultan indemnizables por el demandado.

Recurso de casación · Derecho comercial