INTERLOCUTORIA 607/2023 · Suprema Corte de Justicia · 25 de mayo de 2023

Se plantea contienda de competencia negativa respecto a reclamo de daños y perjuicios, cobro de pesos de diferencias de salarios contra su empleadora (BROU) debido a que correspondía ocupar una vacante que luego fuera ocupada por otro funcionario proveniente de otro concurso. La contienda se produce entre Juzgado de materia Civil y Juzgado de materia Contencioso Administrativa. La Corporación entiende que el reclamo versa sobre reparación de daños y perjuicios derivados de actos administrativos (concurso interno), por lo que ingresaría dentro de la competencia de lo Contencioso Administrativo de reparación patrimonial.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 598/2023 · Suprema Corte de Justicia · 25 de mayo de 2023

La Corporación declara competente para continuar conociendo en autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 5º Turno. En razón de la materia, el fuero civil es el competente, habida cuenta de que, evidentemente, el reclamo de autos no ingresa en el concepto de “conflicto individual de trabajo”, legalmente de conocimiento exclusivo de las Sedes competentes en materia laboral. En definitiva, conforme a la regla general y a la particular que rige en la materia, cuando se descarte un “conflicto individual de trabajo”, la competencia será de la justicia civil y por razón de turno este Colegiado entiende que el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado competente en el caso es el de 5º Turno, al cual corresponde remitir el expediente.

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 443/2023 · Suprema Corte de Justicia · 25 de mayo de 2023

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Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 608/2023 · Suprema Corte de Justicia · 25 de mayo de 2023

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 600/2023 · Suprema Corte de Justicia · 25 de mayo de 2023

Se plantea contienda de competencia negativa entre Juzgados de Ejecución y Vigilancia de los departamentos de Paysandú y Montevideo. EL recluso es trasladado al INR Nº 4, para comenzar a cumplir pena por otro auto diferente al que se encontraba cumpliendo, motivo por el cual, la sede de Paysandú remite los autos a 6to turno de Montevideo. A su vez, ésta sede lo vuelve a remitir solicitando se subsane la omisión de agregar planilla de antecedentes. La Corporación entiende que no merece los gastos de recursos y tiempo que insume un planteo de esta índole, que es algo tan sencillo de dirimir. De acuerdo al art. 289.3 NCPP el juez que ejercerá la ejecución y vigilancia será aquel donde deba cumplir la pena (y estuviere de turno a a fecha en que la sentencia quedare ejecutoriada). De esta manera, el competente será el Juzgado de Ejecución y Vigilancia de 6to turno de la capital, subsanando la omisión, ya que el homólogo de Paysandú no es más competente por no encontrarse el recluso en un centro penitenciario que se ubique dentro de los márgenes territoriales de su jurisdicción.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 602/2023 · Suprema Corte de Justicia · 25 de mayo de 2023

Se plantea contienda de competencia negativa entre los Juzgados Letrados de Atlántida de 2º y 3º turno para actuar como segunda instancia. La titular de la Sede de 2º turno invoca como criterio el de la fecha del siniestro, mientras que el titular de la sede de 3º turno invoca el criterio adoptado por ambas sedes antes una cuestión de franqueo de recurso de apelación. Para la Corporación ambos criterios son erróneos, el primero por no corresponder al no tratarse de una causa iniciada en la sede, y el segundo por no corresponder dejar al arbitrio de las sedes el turno a asignarse, ya que debe primar la Ley de Organización de los Tribunales. En la misma se dispone, en estos casos, que resulta competente aquella sede que se encontrare de turno a la fecha del decreto que dispone el franqueo del recurso.

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 410/2023 · Suprema Corte de Justicia · 25 de mayo de 2023Importancia alta

El "a quo" amparó parcialmente la demanda. El "a quem" revocó parcialmente la sentencia; en cuanto a lo condenado por concepto de daño emergente, desestimando la solicitud de reintegro por descuento de comisiones de venta, lo condenado por concepto de diferencias de precio no percibidas por venta de ganado a contado y no a crédito, el daño moral y el lucro cesante.- La Corporación ampara parcialmente el recurso de casación interpuesto, exclusivamente en cuanto revocó la condena a reembolsar a la actora la suma de u$s 14.343 por concepto de “daño emergente por descuento de comisiones de venta” y, en su lugar, mantiénese en el punto la condena dispuesta en primera instancia. En lo restante, se desestima el recurso.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 436/2023 · Suprema Corte de Justicia · 25 de mayo de 2023Importancia alta

La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto por entender que no existen los presupuestos necesarios para otorgarlo.

Recurso de casación · Derecho contencioso estatal

DEFINITIVA 446/2023 · Suprema Corte de Justicia · 25 de mayo de 2023

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 601/2023 · Suprema Corte de Justicia · 25 de mayo de 2023

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal · Derecho laboral

INTERLOCUTORIA 597/2023 · Suprema Corte de Justicia · 25 de mayo de 2023Importancia alta

La Corporación declara competente para seguir conociendo en la presente causa, al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Lavalleja de 3er. Turno. Tramita en los presentes autos, demanda de desalojo de ocupante precario, a juicio de la Corporación, en este caso resulta aplicable el Decreto-Ley No. 14.384, por lo cual, conforme con lo dispuesto por el artículo 36 de la precitada norma, la competencia le corresponde a los Juzgados Letrados del lugar de ubicación del inmueble.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 527/2023 · Suprema Corte de Justicia · 11 de mayo de 2023Importancia alta

En el caso de autos se tramita acción reparatoria patrimonial incoada por los actores, funcionarios que fueron sumariados en el ámbito administrativo y procesados con prisión y sin prisión en el ámbito jurisdiccional, habiendo sido finalmente absueltos en el ámbito penal. El Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de Tercer Turno amparo la caducidad contra INISA relevándose de oficio la caducidad contra INAU. En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno confirmó la sentencia de primera instancia. La parte actora interpuso recurso de casación agraviándose que el Tribunal aplicó equivocadamente los institutos de la caducidad y la prescripción. Finalmente la Suprema Corte de Justicia dispuso casar la sentencia interlocutoria impugnada, y en su lugar, disponer la clausura del presente proceso por falta de agotamiento de la vía administrativa. En el caso concreto, es un hecho no controvertido que las resoluciones que dispusieron los sumarios y cese de beneficios de los actores no fueron recurridas administrativamente, lo cual irremediablemente perjudica el planteo reparatorio patrimonial movilizado en la causa. Todo el régimen recursivo administrativo perdería gran parte de su utilidad si pudiere acudirse directamente a la reparación: no se brindaría a la Administración la oportunidad de corregir su propio error, de controlar la actividad de sus subordinados jerárquicos o de los entes sometidos a tutela. Si el interesado no utilizó los mecanismos directos puestos a su disposición, no se verifica cumplimiento de la cuestión previa, y no puede válidamente instaurarse el proceso reparatorio, en virtud de lo establecido por el art. 305 del Código General del Proceso. Tal norma impone la suspensión o clausura de la litis, según resulte aún viable o no cumplir con el presupuesto procesal exigible. (D) DRA. CLAUDIA KELLAND Y DR. FERNANDO TOVAGLIARE, MINISTROS DISCORDES: por considerar que corresponde revocar la sentencia interlocutoria impugnada, dejando sin efecto la caducidad declarada, y difiriendo la decisión del punto al momento del dictado de la sentencia definitiva. Correspondiendo asimismo, disponer el apartamiento de la presente causa de los Magistrados que emitieron opinión sobre tal cuestión. Debiendo continuar la tramitación del proceso, conforme a su estado con los subrogantes naturales correspondientes. A criterio de los suscritos, en la medida que la pretensión incoada constituye una acción reparatoria patrimonial, no corresponde exigir el agotamiento previo de la vía administrativa.

Recurso de casación · Derecho administrativo

DEFINITIVA 395/2023 · Suprema Corte de Justicia · 4 de mayo de 2023Importancia alta

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Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 493/2023 · Suprema Corte de Justicia · 4 de mayo de 2023

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Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 373/2023 · Suprema Corte de Justicia · 4 de mayo de 2023Importancia alta

El caso de autos encuentra varios imputados por el delito de abuso de funciones y lesiones graves a título de dolo eventual. En segunda instancia se absuelve a tres de los imputados, y se le aumenta la pena a los restantes dos. La Corporación, por unanimidad de sus integrantes, desestimará la recurrencia. Estamos ante un episodio donde luego de un control de espirometria positivo, el infractor se da a la fuga. Los imputados, agentes de policía, proceden a disparar contra el vehículo en cuestión, de forma indiscriminada, hiriendo a un colega y al infractor, generando pánico. No se encontró en el libelo casatorio errores en la valoración probatoria realizada por el ad quem, además de que la mayor parte de los esfuerzo de la defensa de los imputados se dedican a cuestiones de carácter dogmático, citando doctrina y jurisprudencia, pero sin vincularlas al caso concreto.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 387/2023 · Suprema Corte de Justicia · 4 de mayo de 2023Importancia alta

Se interpone acción de inconstitucionalidad respecto al articulo 56 de la ley N.º 19.307. Evacuado los traslados conferidos, se opuso excepción previa de cosa juzgada. Finalmente la Suprema Corte de Justicia desestimó la excepción de cosa juzgada y declaro inconstitucional el art. 56 inc. 1º de la ley N.º 19.307, y en consecuencia, inaplicable a la accionante. En cuanto a la excepción de cosa juzgada, la Suprema Corte de Justicia, por mayoría integrada por los Sres. Ministros Dres. Bernadette Minvielle, John Pérez Brignani, Tabaré Sosa Aguirre y Morales, desestimó el excepcionamiento. Anteriormente la accionante había demandado exclusivamente al Poder Legislativo y la S.C.J. -por mayoría- rechazó la impugnación contra el art. 56 de la Ley Nº 19.307, por razones de forma. No se trato de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. En cuanto a la norma objeto de estudio implica una violación a las libertades de expresión, de comunicación y la de comercio ya que la misma impide sin fundamento que lo habilite que determinadas personas no puedan prestar un servicio. (D) Dra. Elena Martinez Ministra SCJ. Discorde: por cuanto considero que la cosa juzgada se impone, aún cuando la Suprema Corte de Justicia haya rechazado la impugnación anterior por razones de forma, y no de fondo, y aún cuando, como en el caso, las partes no coincidan en su lado pasivo, por cuanto –siempre a mi criterio- al accionante le está vedado el planteamiento sucesivo de cuestiones de inconstitucionalidad (art. 512 inc. 2º del C.G.P.).

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 394/2023 · Suprema Corte de Justicia · 4 de mayo de 2023Importancia alta

Se interpone acción de inconstitucionalidad respecto al articulo 56 de la ley N.º 19.307. La accionante argumenta que la disposición accionada resulta violatoria del principio de libertad, libertad de empresa, igualdad, así como del Principio Nº 12 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Evacuado los traslados conferidos, se opuso excepción previa de cosa juzgada. Finalmente la Suprema Corte de Justicia desestimó la excepción de cosa juzgada y declaro inconstitucional el art. 56 inc. 1º de la ley N.º 19.307, y en consecuencia, inaplicable a la accionante. En cuanto a la excepción de cosa juzgada, la Suprema Corte de Justicia, por mayoría integrada por los Sres. Ministros Dres. Bernadette Minvielle, John Pérez Brignani, Tabaré Sosa Aguirre y Morales, desestimó el excepcionamiento. Anteriormente la accionante había demandado exclusivamente al Poder Legislativo y la S.C.J. -por mayoría- rechazó la impugnación contra el art. 56 de la Ley Nº 19.307, por razones de forma. No se trato de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. En cuanto a la norma objeto de estudio implica una violación a las libertades de expresión, de comunicación y la de comercio ya que la misma impide sin fundamento que lo habilite que determinadas personas no puedan prestar un servicio. (D) Dra. Elena Martinez Ministra SCJ. Discorde: por cuanto considero que la cosa juzgada se impone, aún cuando la Suprema Corte de Justicia haya rechazado la impugnación anterior por razones de forma, y no de fondo, y aún cuando, como en el caso, las partes no coincidan en su lado pasivo, por cuanto –siempre a mi criterio- al accionante le está vedado el planteamiento sucesivo de cuestiones de inconstitucionalidad (art. 512 inc. 2º del C.G.P.).

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 383/2023 · Suprema Corte de Justicia · 4 de mayo de 2023Importancia alta

AMPÁRASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO Y EN SU MÉRITO, ANÚLASE LA RECURRIDA Y ABSUÉLVESE AL SR. AA DEL DELITO CONDENADO. La Defensa de particular confianza del imputado interpuso recurso de casación basándose en que el art. 1º de la Ley No. 19.196 prevé un delito “especial” que solamente puede ser cometido por un sujeto calificado determinado por la norma y en la sentencia impugnada, erróneamente, se pretende sancionar a una persona que no es empleador ni tampoco quien ejercía en su nombre el poder de dirección. A juicio de la Corporación, no le asiste razón en su planteo. En efecto, el impugnante pretende considerar que la referencia del tipo al poder de dirección, refiere a la dirección de la actividad empresarial en lo que refiere al pago de salarios y ejercicio del poder disciplinario del empleador. Claramente la voluntad del legislador fue la de reprochar la conducta antijurídica de aquellos que, por delegación material del empleador, tienen a su cargo el cumplimiento del deber de vigilancia en materia de siniestralidad. En el presente caso, AA era el Jefe de obra –en el FORUM-, quien dirigía las actividades y quien mandó reparar la grúa, ni siquiera el recurrente controvierte lo afirmada por la Sala de que era quien ordenaba la ejecución de tareas y el cumplimiento estricto de las normas de seguridad. La empresa contaba con Técnico Prevencionista, pero quien supervisaba la ejecución de las actividades, tenía el dominio y señorío en el cumplimiento de las normas de seguridad era el imputado. En segundo lugar, el recurrente centro su embate crítico sobre las normas de seguridad extra-penales aplicables al tipo y el juicio de reproche formulado por la Sala. Si bien la sentencia recurrida constantemente hace caudal de que se infringieron leyes y reglamentos, lo cierto es que no existe ley ni reglamento individualizado del cual se desprenda que el empleador debía, ante una hipótesis determinada, tomar tal o cual medida. Más aún, la propia acusación Fiscal incurre en igual omisión. En concreto, la Sala no logró identificar ninguna norma infringida lo que hace imposible que la incriminación prospere ya que se trata de un elemento esencial del tipo, al que está dirigida la conducta omisiva. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Morales, Martínez y el redactor, el acogimiento del presente agravio como error de derecho impone per se la absolución del imputado. Respecto al agravio sobre la valoración probatoria efectuada por la Sala, cabe señalar que para los Sres. Ministros Dres. Martínez, Morales y el redactor corresponde lo resuelto con relación al agravio anterior, es suficiente para acoger el recurso, sin necesidad de ulteriores desarrollos. Por su parte, a juicio de la Sra. Ministra Dra. Minvielle, el error en la conclusión probatoria que denuncia el recurrente califica, con creces, como absurdo evidente. En base a ello, considera que de ningún modo los elementos probatorios disponibles en la causa ambientan una decisión condenatoria del Sr. AA. Al respecto, comparte el criterio del Prof. Gonzalo FERNÁNDEZ –consultante en la causa- en cuanto a que, en puridad, lo que existió fue un error de percepción, una incorrecta delimitación de la zona de incidencia a los efectos de la realización del trabajo, lo que migra del dolo a la imprudencia o negligencia que no está alcanzada por el tipo penal. NOTA: Se padeció error por inadvertencia. En los autos donde dice Ley Nº19.198 debió decir Ley Nº 19.196.

DEFINITIVA 371/2023 · Suprema Corte de Justicia · 4 de mayo de 2023Importancia alta

En el caso de autos la parte actora, promovio acción de repetición y recupero de gastos mutuales derivados de asistencia sanitaria prestada a su afiliado en virtud de las lesiones causadas en el accidente de tránsito, en el que éste fue víctima, atribuyéndole su responsabilidad al demandado. En primera instancia el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 15º Turno desestimo la demanda. En segunda instancia el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, revocó la sentencia de primera instancia, amparando la demanda y condenando a la parte demandada. La parte demandada interpuso recurso de casación agraviándose por errónea valoración de la prueba. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto por la parte demandada. En esta oportunidad la mayoría de la Corte entendió que las mutualistas tienen legitimación para entablar reclamos como el ventilado en autos. El recurrente no cumplió con indicar con precisión el material de la causa en la que funda la solución que entiende ajustada a derecho.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 374/2023 · Suprema Corte de Justicia · 4 de mayo de 2023Importancia alta

Defensa de imputado por delito de homicidio muy especialmente agravado interpone recurso de casación por determinados agravios. La Corporación, por unanimidad de sus integrantes, rechazará la recurrencia por diversos motivos. En lo que respecta a la sentencia atacada, la misma es interlocutoria y versa sobre los medios probatorios, por lo que estamos ante una sentencia interlocutoria que no pone fin al proceso. Dicho esto, estamos ante una causal de inadmisibilidad de recurso de casación. Si bien, el recurso deviene inadmisible, la Corporación igualmente analizó los agravios. El referente a la valoración probatorio e incongruencia no contienen un sustento argumentativo ni normativo, ya que existen variados medios probatorios (documental, testimonial, pericial) que demuestran la culpabilidad del imputado, ademas de que su Defensa se limita a solicitar que vuelva a analizar lo ya solicitado en segunda instancia. Respecto especificamente a la incongruencia, sala se remite a la sentencia 28/2021.

Recurso de casación · Derecho penal