INTERLOCUTORIA 1.218/2015 · Suprema Corte de Justicia · 24 de agosto de 2015Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia integrada desestima la recusación planteada, y el recurso de reposición deducido. No asiste razón a la parte recurrente cuando afirma que las mismas causas de inhibición esgrimidas por los miembros naturales de la Suprema Corte de Justicia afectan al resto de los miembros integrantes de esa corporación como consecuencia del sorteo. Los miembros sorteados actúan como integrantes del órgano judicial que representa al Estado en su función jurisdiccional, con el poder-deber de decidir. La forma de integrar la Suprema Corte de Justicia con los Ministros de Tribunales de Apelaciones está prevista en la Constitución y en la Ley 15.750. La Corporación afirma que no hay afectación al debido proceso por la calidad judicial de las personas convocadas a decidir, porque se cumple de ésta forma con el principio constitucional de Juez Natural.

Recurso de reposicion · Derecho procesal · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 1.027/2015 · Suprema Corte de Justicia · 10 de agosto de 2015Importancia alta

Recurso de reposicion

Recurso de reposicion

INTERLOCUTORIA 1.029/2015 · Suprema Corte de Justicia · 10 de agosto de 2015Importancia alta

Recurso de reposicion

Recurso de reposicion

INTERLOCUTORIA 1.028/2015 · Suprema Corte de Justicia · 10 de agosto de 2015Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia integrada desestima la recusación planteada, y el recurso de reposición deducido. No asiste razón a la parte recurrente cuando afirma que las mismas causas de inhibición esgrimidas por los miembros naturales de la Suprema Corte de Justicia afectan al resto de los miembros integrantes de esa corporación como consecuencia del sorteo. Los miembros sorteados actúan como integrantes del órgano judicial que representa al Estado en su función jurisdiccional, con el poder-deber de decidir. La forma de integrar la Suprema Corte de Justicia con los Ministros de Tribunales de Apelaciones está prevista en la Constitución y en la Ley 15.750. La Corporación afirma que no hay afectación al debido proceso por la calidad judicial de las personas convocadas a decidir, porque se cumple de ésta forma con el principio constitucional de Juez Natural.

Recurso de reposicion · Derecho procesal · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 1.026/2015 · Suprema Corte de Justicia · 10 de agosto de 2015Importancia alta

Recurso de reposicion

Recurso de reposicion

DEFINITIVA SEF 0003-000076/2015 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 5 de agosto de 2015Importancia alta

En autos se promovió demanda por cobro de pesos. El actor dedujo demanda en su condición de titular de una cuenta corriente en el BROU, a éste le fueron hurtados ocho cheques en blanco, de los que se presentaron al cobro tres de ellos, falsificando la firma. Por sentencia definitiva de primera instancia se desestimó la demanda, formulando apelación la parte actora, ya que discrepó con la valoración del material probatorio, expresando que a su entender surgen de autos elementos que demuestran notoriedad de la falsificación de las firmas. Esta Sala expresa que no esta en duda el hecho que los cheques indicados en la demanda contenían las firmas falsificadas, sino que la controversia se suscita en si las firmas resultan “visiblemente falsificadas” Señalan que no hay actitud contradictoria del Banco, ni que incumpliera la carga de contradicción o que la no contradicción implicara el traslado de la carga de probar, ya que se estableció el objeto la prueba versara no si los documentos eran falsos, sino si resultaban “visiblemente” falsificados. El dictamen pericial se pronunció utilizando los medios técnicos indicados, lo cual no determina que las firmas fueran “visiblemente” falsificadas ya que la perito, utilizando medios técnicos apropiados, así como sus conocimientos técnicos y científicos especiales, no se expidió acerca de cual era su cometido. La perito indicó que se dedicó a resaltar y poner de manifiesto, los rasgos que la hacen visiblemente falsificada al mirar las fotos para su persona, no resultando comparable con la del funcionario bancario que no es perito. El aporte probatorio que se reunió en autos, la firma en los registros de la demandada, valorado de acuerdo al artículo 140 del CGP, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, no permiten a esta Sala admitir que las firmas rubricadas en los tres cheques que se reclaman en autos, fueran visiblemente falsificadas, ostensibles o notorias, que pudieron ser detectadas a simple vista por el funcionario bancario en la tarea de comparación de la firma registrada con la de los tres cheques que fueron presentados al cobro. Por lo que esta Sala desestimó los agravios de la recurrente, confirmando la sentencia de primera instancia.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 996/2015 · Suprema Corte de Justicia · 5 de agosto de 2015Importancia alta

La Corporación rechaza el recurso de reposición interpuesto. La providencia que resuelve la recusación es irrecurrible (art. 328.6 del CGP).

Recurso de reposicion · Derecho procesal

DEFINITIVA SEF 0003-000077/2015 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 5 de agosto de 2015Importancia alta

En autos se promueve demanda de prescripción adquisitiva. Por la recurrida se desestimó la demanda, por lo que la parte actora se alzó contra la misma. Ésta sostuvo que se incurría en error al postular que sus padres, en su calidad de usufructuarios, habían ejercido la posesión del bien hasta su fallecimiento, ya que el usufructuario era un mero tenedor con carga de restituir. Indicó que era equivocado afirmar que recién a partir del fallecimiento de su madre ( en el año 2008) se había consolidado la propiedad, fecha en que comienza a computarse la prescripción. Esta parte a su vez indica que es posible la coexistencia de derechos sobre la misma cosa a cuyo respecto uno era usufructuario y el otro poseedor. El Tribunal confirmó la sentencia apelada, pero por distintos fundamentos a los sostenidos por la a quo. Manifiesta que la actora y su hermano adquieren el 26/07/1983, en común y proindiviso, la nuda propiedad del inmueble de autos, reservándose sus padres el usufructo. El padre falleció el 1/02/1988 y su madre el 14/5/2008, extinguiéndose de esa manera el derecho de usufructo. Citan al Dr. Walter HOWARD y al homólogo de 7º Turno como fundamento para sostener que el usufructuario no puede ser considerado poseedor más que de su derecho y, además y en principio, la existencia de un derecho de usufructo no se erige en obstáculo para prescribir. Ademá se expresa que un condómino está habilitado para prescribir en teoría, como sostiene la SCJ en Sentencia Nº 77/2001. Uno de los requisitos señalados para la adquisición por prescripción es que la posesión haya sido no equívoca, requisito que para la Sala no fue acreditado, por lo que procedió a rechazar la demanda. Sostienen que en la situación de autos la condómina y los usufructuarios habitaron de forma conjunta el inmueble, lo que impide establecer los actos inequívocas de aquella que permitiera concluir que poseyó la cosa como dueña exclusiva. Tampoco la actora indicó algún acto con tal característica posterior al fallecimiento de sus padres (usufructuarios), por lo que no podría postularse que fue poseedora no equívoca en el período posterior al 14/05/2008.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA SEF 0003-000073/2015 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 5 de agosto de 2015Importancia alta

En autos se promueve demanda por daños y perjuicios contra. . La parte actora interpuso recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria y definitiva dictada en autos. Por la interlocutoria no se hizo lugar a la aclaración y ampliación solicitada por la actora y por la definitiva se desestimó totalmente la demanda. En cuanto a la apelación contra la interlocutoria expresó que debían haberse admitido las preguntas cuyo único objetivo era aclarar el informe pericial, respecto al acto médico en cuestión. Respecto a la definitiva sostuvo que la a quo debió haber analizado todos los medios de prueba y debió haber tenido en cuenta lo manifestado por la perito, la cual sostuvo que con los elementos presentes en la historia clínica, no podía descartar una hipótesis de error durante el procedimiento, tampoco podía pronunciarse sobre las actuaciones posteriores al accidente. El Tribunal acordó revocar parcialmente la interlocutoria apelada, admitiendo las aclaraciones y ampliaciones indicadas, declarando ineficaz la definitiva dictada en autos. Para la Sala no todas las interrogantes planteados debían ser rechazadas. Tienen presente que en la audiencia de precepto, pese a la denegatoria recaída a la petición de la actora, se permitió que se formularan y se contestaran muchas cuestiones., por lo que algunas de las preguntas ya fueron contestadas. Se señalan algunas como impertinentes y otras tampoco se admitirían por importar una nueva pericia. Por tanto se revoca parcialmente la demanda interlocutoria recurrida y por lo dispuesto por los artículos 257.5 inc 2 y 344 del CGP, se dispuso que la perito proceda a responder las preguntas admitidas en un plazo de 30 días. Tal decisión determino que se declare a la sentencia definitiva como ineficaz (art. 257.5 C.G.P)

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA SEF 0003-000075/2015 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 5 de agosto de 2015Importancia alta

En autos se promovió demanda de acción reivindicatoria y de cancelación de inscripciones que afectan al bien reivindicado en su condición de propietario del Inmueble Pdrón Nº 12.338/002 de Punta del este. Por sentencia definitiva de primera instancia se admitió parcialmente la misma, condenado a las codemandadas a la restitución del inmueble reivindicado en el plazo de ciento veinte días a partir de la ejecutoriedad de la presente sentencia, con más sus frutos y accesiones desde el 15 de noviembre de 2004, difiriendo la liquidación a la vía incidental. Se dispuso la cancelación de la inscripción de la compraventa celebrada por las codemandadas el 8 de diciembre de 1997. Las demandadas se alzaron contra la mencionada decisión, sosteniendo que la pretensión de naturaleza reivindicatoria no puede prosperar al no verificarse en la especie los presupuestos de admisibilidad y fundabilidad. El problema a dilucidar se basa en detrminar si el actor estaba en condiciones de reivindicar o no, en virtud de si adquirió o no la propiedad del inmueble. El caso de autos es de ventas sucesivas, el artículo regula esta situación estableciendo que Si uno se obliga sucesivamente a entregar a dos personas diveras una misma cosa, el que primero adquiere la posesión de buena fe, ignorando el primer contrato, es preferido, aunque su título sea posterior, con tal que haya pagado el precio, dado fiador o prenda u obtenido plazo para el pago” De autos surge que la compraventa del 12 de febrero de 1995 por la cual Mº Angélica Fernández Manggieri le vendió a César Eduardo Kleisner fue inscripta en el Registro Departamental de Maldonado Traslaciones de Dominio de forma Provisoria el 2/3/1995 y en forma definitiva el día 19/05/1995. Cuando la inscripción es provisoria se debe a que el registrador encontró en el acto o contrato alguna observación que obsta a la inscripción definitiva; la anterior tiene los mismos efectos que la inscripción definitiva, lo único que está sujeta al levantamiento de las observaciones señaladas, rigiendo actualmente el artículo 66 de la Ley 16871 y 56 del Decreto 99/1998. Al celebrarse la inscripción definitiva el 19/05/95, significó el levantamiento de las observaciones dentro del plazo de 90 días establecido para ello, transformándose en definitiva desde la provisoria del 2/3/1995. Por tanto la inscripción prioritaria fue la de fecha 2/3/95, la de la venta a César Eduardo Kleisner, frente a la efectuada a Mercedes Choque, inscripta el 17/03/95. Cuando Mercedes Choque enajenó a Gloria Cortés y Georgette Cortés el 8/12/1997, las compradoras que renunciaron a la extracción de los certificados registrales, realizaron declaración de estar advertidas de la Inscripción por Eduardo Kleisner del 2 de marso de 1995, que antecedía a la compra de quién ahora les vendía, por lo que asumían el riesgo, ingresando su conducta en la teoría del acto propio, por lo que la Sala integrada por las Doctoras Victoria Couto y Marta Alves de Simas, y siendo redactor el Dr. Vásquez se decidió confirmar la sentencia recurrida y desestimar de ésta forma los agravios de la apelante. Estuvieron discordes las Dras. Alicia Castro y Nilza Salvo, las cuales manifestaron que corresponde revocar la sentencia apelada. Para las Ministras discordes el asunto pasa por determinar la trascendencia de la renuncia de Choque a los certificados registrales, considerando que tal renuncia careció de incidencia en la decisión de comprar puesto que, de haber solicitado estos certificados, no habrían arrojado la compraventa con Kleisner, resultando decisivo establecer la buena o mala fe de Choque porque -a su entender- de concluírse que compro bien, debe entenderse que adquirió la propiedad y que por tanto, también la transfirió a las compradoras que revestían la calidad de propietarias, tornandose irrelevante el conocimiento de la compraventa celebrada por Kleisner. Concluyen que la Sra. Choque actuó de buena fe, en la creencia de que la vendedora era la porpietaria, lo que determina que no pueda prosperar una acción de reivindicación deducida contra quienes son las propietarias del inmueble en cuestión.

INTERLOCUTORIA 994/2015 · Suprema Corte de Justicia · 5 de agosto de 2015Importancia alta

Recurso de reposicion

Recurso de reposicion

INTERLOCUTORIA 999/2015 · Suprema Corte de Justicia · 5 de agosto de 2015Importancia alta

Proceso incidental

Proceso incidental

INTERLOCUTORIA 748/2015 · Suprema Corte de Justicia · 17 de junio de 2015Importancia alta

La Corporación desestima la recusación planteada y no hace lugar al recurso de reposición interpuesto. Los miembros naturales de la Suprema Corte de Justicia se inhibieron justamente y el órgano se integró conforme a derecho. Se alega como causal de recusación, la “condición de Jueces” de los Ministros sorteados para integrar la Corporación y de todos los que puedan ser llamados a integrarla, pues se vería afectada su imparcialidad. A juicio de los firmantes, dicha causal no es de recibo. Los Magistrados no pueden eludir los deberes propios de su cargo, y el control de constitucionalidad de las leyes debe ser efectuado, conforme lo dispone la Carta, por Miembros del Poder Judicial. No existe afectación del debido proceso.

Proceso incidental · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 762/2015 · Suprema Corte de Justicia · 17 de junio de 2015Importancia alta

La Corporación desestima el recurso de reposición interpuesto. La decisión que resuelve la recusación es irrecurrible (art. 328.6 “in fine” del CGP).

Recurso de reposicion · Derecho procesal

DEFINITIVA SEF 0003-000063/2015 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 10 de junio de 2015Importancia alta

En autos se promueve acción de amparo contra el Fondo Nacional de Recursos y el Ministerio de Salud Pública, solicitándoles a éstos se le proporcione el medicamento acetato de Abiraterona, bajo apercibimiento de imponerle astreintes, el actor padece neoplasma de próstata con secundarismo óseo y luego de un gran tratamiento su médico prescribió tratarlo con el medicamento mencionado, para enlentecer el desarrollo del tumor y mejorar su calidad de sobrevida, pero sus ingresos no le permiten solventar el costo del medicamento, por lo que acude a esta acción para proteger su derecho a vivir dignamente. La sentencia de primera instancia absolvió al Fondo Nacional de Recursos y condenó al Ministerio de Salud Pública a suministrar el medicamento de acuerdo con las indicaciones y por el período que lo indique su médico. El MSP se alzó contra dicha decisión y esta Sala acordó confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia. Recuerda este Tribunal que el MSP ha sido demandado como integrante del Estado y los deberes de asistencia sanitaria que impone el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Constitución de la República gravitan sobre el Estado y lo que puede discutirse es si éste ha hecho lo que debía o ha incurrido, de modo manifiesto en incumplimiento u omisión ilegítimos de aquellos deberes. El Laboratorio que obtuvo el registro del medicamento para comercializarlo en nuestro país solicitó en el año 2012 su inclusión en el FTM, considerando esta sala manifiestamente ilegítimo que a mayo del año 2015 no se ha realizado aún “la evaluación fármaco-económica para poder asesorar de la mejor forma a la Comisión Asesora del F.T.M la posibilidad de incluir el fármaco. Desde el 2012 el Formulario debió haberse actualizado tres veces, y dado que no hay pronunciamiento al respecto de la inclusión de este fármaco ni tampoco de su negativa esta Sala ante esa omisión ha dispuesto que se suministre el medicamento de forma provisional mientras no se adopte una resolución expresa. La redactora, Dra. Alicia CASTRO observa que al contestar la demanda no se cuestionó la carencia de recursos que alega el actor, cuestionándose de forma extemporánea al apelar y que ya habría sido acreditado el valor del medicamento mediante factura y también se acreditaron los ingresos del actor, por lo que no se justifica la exigencia de aportar otras pruebas. Ésto es relevante ya que la Constitución Nacional impone al Estado la obligación de suministrar medios de asistencia a quienes carecen de recursos suficientes (art. 44.2) Siendo el actor entonces una persona carente de recursos suficientes para procurarse la medicación que necesita para sobrevivir, el Estado está obligado a suministrársela, a través del Ministerio respectivo, siendo manifiestamente ilegítima su negación.

DEFINITIVA SEF 0003-000060/2015 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 3 de junio de 2015Importancia alta

En autos se promueve acción declaratoria contra la Intendencia Departamental de Tacuarembó y ASSE por parte de becarios contratados. En primera instancia se hizo lugar a la excepción de falta de legitimación que opusieron ambas demandadas y se desestimó la demanda. Los actores apelaron la mencionada resolución y recusaron a los integrantes de esta Sala por prejuzgamiento. Sostuvieron que por más que se los llamara becarios, no lo eran ya que no revestían la calidad de estudiantes, no habiendo ingresado de este modo, no siendo nadie responsable de su formación, y no habían firmado contrato alguno, sostienen que eran enfermeros de las policlínicas municipales desde hacía años. Siendo este el enfoque de la parte actora consideraban aplicable la norma modificativa del estatuto del funcionario de la IDT. Por Resolución Nº 572/2015 se desestimó la demanda de recusación. Este Tribunal acordó confirmar la sentencia recurrida, salvo en cuanto declaró que la IDT carecía de legitimación pasiva. Señala esta Sala que los apelantes articulan agravios en cuanto a la desestimatoria de la pretensión introducida contra la IDT, fundándose en la normativa municipal. Se transcribe lo expuesto por esta Sala en sentencia Nº 86/2011, (...)“ la falta de legitimación causal es relevable al oficio aunque no se hubiera invocado por la contraparte por ser un presupuesto material de la condena pretendida. Así se ha señalado que no se trata de un presupuesto procesal, pero indudablemente constituye una premisa lógica para la decisión, sin la cual no puede acogerse la demanda (Conf. Couture “Fundamentos...” Sostienen que aun en caso de que no se hubiera opuesto la excepción por la demandada, el Tribunal estaba en condiciones de relevar de oficio su falta, si asi era considerado. La legitimación se resolverá por la particular posición del sujeto frente al objeto. Es ajena a la condición de parte y deriva de la situación jurídica o relación sustancial. Expresa esta sala que no es posible concluir que les asista razón a los actores en cuanto declararlos “funcionarios de hecho” diciendo que si “funcionario de hecho” es aquel que sin título o con éste irregular, ejerce funciones públicas como si fuera un verdadero funcionario, revistiendo lo que se conoce como “investidura plausible”, es decir que deben existir el cargo y la función irregularmente ejercidos y que el cargo debe ser ejercido de la misma forma que lo hubiera hecho una persona designada regularmente. Sostienen que los actores no poseen tal calidad, ya que fueron contratados como becarios por la IDT. No le son aplicables entonces las normas dictadas para los Funcionarios de la Administración Central de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Constitución, ya que tal como expone Delpiazzo, si bien el contrato puede ser un modo de ingreso a la función pública, puede darse que no implique la incorporación del individuo, no convirtiéndose en funcionario público, como el caso de pasantes y becarios.

DEFINITIVA SEF-0009-000063/2015 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 26 de mayo de 2015Importancia alta

FALLO: Revocando la recurrida y en su lugar declarando la nulidad de la compraventa en subasta pública y la nulidad por simulación de la compraventa y del negocio encubierto Las pretensiones formuladas por los accionantes lo han sido sin seguirse un orden lógico, puesto que la pretensión principal supone la existencia de negocios válidos, lo que no permite analizar a posteriori su eventual insinceridad sin incurrir en una conducta contradictoria. Estando planteada la simulación corresponde que ésta sea analizada en primer término, no violando el principio de congruencia y en función de que debe ser declarada de oficio por el Juez cuando aparece de manifiesto. La voluntad de las partes era otra bien distinta, resguardar los bienes en el patrimonio de la demanada hasta tanto se cancelara el pasivo. Pese a la enajenación judicial, que alteraba las condiciones pactadas, deben considerarse como indicios en el caso: a) La vinculación entre las sociedades intervinientes; b) La subfortuna por parte de Maberil S.A. que hasta ese momento carecía de actividad y de patrimonio para efectivizar la compraventa. d) La falta de pago del precio e) La “retentio possessionis”. El hecho de que la escritura fuera otorgada judicialmente no altera la posibilidad de concretar el negocio simulado entre el ejecutado, la mejor postor y la cesionaria del boleto de remate. La finalidad: las partes lograban mantener los bienes al resguardo de eventuales ejecuciones de terceros y afectados al acuerdo. La posibilidad de transferencia a la parte actora por un valor meramente nominal, sujeto a la condición de pago de la deuda, demuestra que no se trataba de una venta real lo acordado, sino la finalización total de los negocios realmente queridos. El negocio realmente querido por las partes era un fideicomiso de garantía, el que como tal no podía ser acordado por significar violación de una norma prohibitiva -arts. 8 y 2338 inciso 2 C.C.- Las partes tienen siempre interés en la declaración de la simulación con el fin de demostrar que no se encuentran ligadas por la relación jurídica aparente, estando admitido por el art. 1580 en su primera parte. Y si bien la "causa simulandi" es un elemento externo al proceso simulatorio, constituye un eficaz punto de partida para ordenar la prueba indiciaria de la simulación. DISCORDIA: No existe prueba alguna relativa a que la compraventa haya sido en fraude de los acreedores - no surge de autos que hubiera otros acreedores - ni tampoco que ello vulnere norma prohibitiva alguna. Si para ambas partes la compraventa fue real y ello no perjudica a terceros - concluir a posteriori que es simulada es una calificación que, no corresponde y altera indebidamente el equilibrio entre los contratantes.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 560/2015 · Suprema Corte de Justicia · 20 de mayo de 2015Importancia alta

La Corporación desestima la recusación planteada y no hace lugar al recurso de reposición interpuesto. Los miembros naturales de la Suprema Corte de Justicia se inhibieron justamente, y el órgano se integró conforme a derecho. Se alega como causal de recusación, la “condición de Jueces” de los Ministros sorteados para integrar la Corporación y de todos los que puedan ser llamados a integrarla, pues se vería afectada su imparcialidad. A juicio de los firmantes, dicha causal no es de recibo. Los Magistrados no pueden eludir los deberes propios de su cargo, y el control de constitucionalidad de las leyes no puede ser eludido.

Proceso incidental · Derecho procesal

DEFINITIVA SEF 0003-000053/2015 · Tribunal Apelaciones Civil 1ºTº · 20 de mayo de 2015Importancia alta

En autos se dedujo pretensión reparatoria de daños causados por un accidente de tránsito ocurrido en la planta urbana de la ciudad de Minas. La decisión recurrida amparó de forma parcial la demanda, condenando al demandado a indemnizar al actor las cantidades pedidas por concepto de gastos médicos, daño moral y lucro cesante. Ante ésta decisión el actor interpuso recurso de apelación adjuntando constancia de la Oficina de Personal de la Jefatura de Policía de Lavalleja, el demandado adhirió al recurso de apelación. La Sala no admitirá la prueba aportada en segunda instancia por el actor, confirmando parcialmente la decisión. Entiende que no corresponde admitir la prueba que adjunta por tratarse de un informe referido a un hecho anterior a la demanda, que debió haber sido alegado y probado en primera instancia, expresando que no constituye prueba superviviente porque únicamente se omitió pedir antes. El demandado se agravia por la atribución de responsabilidad exclusiva el cual insiste en que el demandado transitaba a velocidad excesiva. Tal agravio resulta de rechazo para esta Sala porque la responsabilidad que se le imputa deriva de la maniobra que emprendió sin observar la regla que daba preferencia de paso a cualquier otro vehículo que circulara por esa vía de tránsito., y la declaración de un testigo conocido del demandado, que no está seguro porque solo vio una moto que, a su juicio, iba a mucha velocidad resulta insuficiente. En lo referente a los daños, el demandado se agravia por la condena a reparar lucro cesante que indemniza la pérdida de ingresos correspondientes al “servicio 222” fundándose en la asignación aleatoria de ese servicio. El agravio fue rechazado por el Tribunal, ya que resulta acreditado que como consecuencia de las lesiones y secuelas del accidente, el actor debió pasar a realizar tareas administrativas y le fue retirada el arma de reglamento, imposibilitándolo a cumplir “servicio 222”. La sentencia admite que se probó que antes del hecho dañoso cumplía ese servicio. El actor se agraviase que en la condena por lucro cesante no se incluyó la perdida del “presentismo” y tampoco de la partida llamada “función prevento represiva”. En cuanto a la primera el actor explica extemporáneamente el rubro al que refiere con “presentismo” y la “función prevento represiva” no la pide en la demanda. Por lo expuesto el Tribunal no admite tal agravio. También se agravia el actor por el rechazo de la pretensión de que se le repare la pérdida de chance de ascenso, lo cual tal como expresa esta Sala se trataría de una eventualidad, dado que al tiempo del accidente el actor tenía el mismo grado que tuvo desde su ingreso y no acreditó que se encontrara compitiendo por un ascenso. Por lo qeu confirma la recurrida en tal aspecto. Otro agravio de la parte demandada es respecto al no haberse dispuesto que se descontara del monto reparatorio del daño corporal sufrido, la cantidad pagada al actor en concepto de Seguro Obligatorio de Accidentes. El actor admite haber cobrado antes de la demanda una suma mayor a la reclamada por daño moral por lo que se concluye que la compensación por ese daño corporal ha quedado cubierta. Sostiene la Sala que hubiera debido desestimarse la pretensión deducida por daño moral. Por último, el demandado se agravia porque la condena impuso intereses legales desde la demanda cuando en ese acto de proposición, el actor no los solicitó. La Sala le asiste razón a la parte demandada y considera que corresponde revocar la condena accesoria, dado que existe firme consenso en doctrina y jurisprudencia acerca de que, si bien en la actualización del valor de las obligaciones debe disponerse de oficio, los intereses legales tienen otra función, reparan una pérdida sufrida por el reclamante, de modo que se le aplica el principio dispositivo.

INTERLOCUTORIA 561/2015 · Suprema Corte de Justicia · 20 de mayo de 2015Importancia alta

La Corporación desestima la recusación planteada y no hace lugar al recurso de reposición interpuesto. Los miembros naturales de la Suprema Corte de Justicia se inhibieron justamente, y el órgano se integró conforme a derecho. Se alega como causal de recusación, la “condición de Jueces” de los Ministros sorteados para integrar la Corporación y de todos los que puedan ser llamados a integrarla, pues se vería afectada su imparcialidad. A juicio de los firmantes, dicha causal no es de recibo. Los Magistrados no pueden eludir los deberes propios de su cargo, y el control de constitucionalidad de las leyes debe ser efectuado, conforme los dispone la Carta, por Miembros del Poder Judicial.

Proceso incidental · Derecho procesal