DEFINITIVA 127/2021 · Suprema Corte de Justicia · 3 de junio de 2021Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 129/2021 · Suprema Corte de Justicia · 3 de junio de 2021Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 428/2021 · Suprema Corte de Justicia · 3 de junio de 2021Importancia alta

La Corporación declara inadmisible el recurso de casación impetrado. En autos, surge de la demanda que la pretensión de la actora consistió únicamente en obtener la orden de cese del uso marcario, sin pretensión indemnizatoria alguna, lo que determina que el caso encuadre en la categoría de asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria , para cuya cuantía ha de estarse a lo dispuesto por los arts. 49 y 50 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1989. El primero de ellos determinó el valor de estos asuntos en la suma de “más de N$400.000” y el segundo, delegó en la Suprema Corte de Justicia la actualización de dicho valor, indicando específicamente el método a aplicar . De acuerdo con la Acordada de la Suprema Corte de Justicia Nº 7826, “los valores a que refieren las normas de la Ley Nº 15.750 (...) serán los siguientes: a) más de $4.000.000 (pesos uruguayos cuatro millones), los indicados por el artículo 49 de la Ley Nº 15.750...”. La demanda fue presentada el 12 de diciembre de 2017. El valor de la unidad reajustable en diciembre de 2017 fue de $1.021,04 y con ello, un monto del asunto de “más de $4.000.000” era equivalente a uno de “más de 3.917,57 unidades reajustables”. La estimación legal del monto del asunto no susceptible de apreciación pecuniaria es más de un mínimo que, en sí mismo considerado, no admite casación, por no alcanzar las 4.000 Unidades Reajustables. El monto del asunto debía ser estimado por la actora y si la demandada no estaba de acuerdo, debía proponer otro. No corresponde al juez establecer si el aditamento por encima de las 3.917,57 U.R. es, por ejemplo, una unidad reajustable más y con ello provocar la inadmisibilidad del recurso o, más unidades y provocar la admisibilidad del recurso, es una carga de la parte. Como conclusión, dado que la referencia al art. 49 de la LOT resulta equívoca en tanto fija el monto del asunto en “más de $4.000.000” y no habiendo especificado oportunamente las partes cuánto más de ese monto era la estimación del monto del asunto, el recurso resulta inadmisible.

Recurso de casación · Derecho civil · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 386/2021 · Suprema Corte de Justicia · 3 de junio de 2021Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal

DEFINITIVA 135/2021 · Suprema Corte de Justicia · 3 de junio de 2021Importancia alta

La Corporación por mayoría de sus integrantes conformada por los Dres. Tabaré Sosa Aguirre, Luis Tosi Boeri, y Jhon Pérez Brignani declara la inconstitucionalidad de los artículos 7 inciso 2º de la Ley Nº 18.335 y 45 inciso final de la Ley Nº 18.211; sin perjuicio de las respectivas discordias extendidas por las Dras. Elena Martínez y Bernadette Minvielle. Asimismo, también con el quórum legal requerido, integrado por los Dres. Martínez, Minvielle, Sosa y el redactor se desestima el planteo relativo a los artículos 10 de la Ley Nº 18.335 y 51 Literal B de la Ley Nº 18.211; no obstante la discordia extendida por el Dr. Tosi. Efectuada una interpretación de los artículos 7 inciso 2º de la Ley Nº 18.335 y 45 inciso final de la Ley Nº 18.211 , a juicio de la mayoría, violan claramente lo dispuesto por el artículo 44 de la Constitución de la República. El derecho a la salud es un derecho primario y fundamental. Los artículos referidos, al establecer que sólo tendrán derecho a los medicamentos previstos en el FTM, limitan indebidamente un derecho fundamental consagrado constitucionalmente. Respecto al planteo formulado referido a los artículos 10 de la Ley Nº 18.335 y 51 Literal B de la Ley Nº 18.211, el mismo es desestimado pero por distintos fundamentos en el seno de la Corporación. A juicio de los Dres. Sosa y el redactor, en relación a la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 51 literal B de la Ley 18.211 y 10 de la Ley 18.335, la pretensión carece de objeto, dada la solución a la que se arriba respecto al artículo 45 inciso final de la Ley Nº 18.211. En consecuencia, la declaración de inconstitucionalidad de esta norma agota el interés de la promotora. Por su parte, a juicio de las Dras. Martínez y Minvielle el planteo debe ser desestimado conforme los fundamentos sostenidos en Sentencias Nos. 1.981/2017 y 125/2018. (D) SRAS MINISTAS DRAS. ELENA MARTÍNEZ Y BERNADETTE MINVIELLE Discordes parciales: por cuanto consideran que corresponde desestimar la solicitud de declaración de inconstitucionalidad, por las razones detalladas oportunamente por cada una en la Sentencia Nº 1.981/2017. En cuanto a la pretendida inconstitucionalidad del inciso final del art. 45 de la Ley Nº 18.211, para las Sras. Ministras, Dras. Elena Martínez y Bernadette Minvielle corresponde su rechazo, en tanto no vulnera el art. 44 de la Constitución. (D) SR. MINISTRO DR. LUIS TOSI BOERI Discorde parcialmente , en cuanto considera que corresponde declarar inconstitucionales los arts. 10 de la Ley Nº 18.335 y 51 lit. B de la Ley Nº 18.211, por los fundamentos expuestos en discordias a las sentencias Nos. 395/2019, 1.168/2019 y 118/2020.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 124/2021 · Suprema Corte de Justicia · 1 de junio de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, rechazó la impugnación movilizada por la defensa. A juicio de los Dres. Minville, Tosi y Martínez, todos los cuestionamientos buscaron denunciar un error en la valoración de la prueba, pero no denunciaron un supuesto de absurdo o arbitrariedad. Por su parte el Dr. Pérez entendió que el recurso incluyó también agravios referentes a una errónea calificación jurídica. La defensa argumentó que no se probó la existencia de arma blanca utilizada por el imputado, ni el motivo que lo llevó a emprender el ataque a la víctima. De autos resulta que el imputado realizó un ataque a la víctima con un objeto que le causó lesiones en diversas partes del cuerpo. En relación a la motivación que llevó al imputado a emprender el ataque, se concluyó que no hubo motivación alguna para la perpetración del reato. Respecto al agravio asociado a la inexistencia de homicidio en grado de tentativa a título de dolo directo. Los Dres. Pérez y Sosa coincidieron con el Tribunal de Apelaciones, respecto a que las lesiones se dirigieron a zonas vitales del cuerpo, el ataque resultó contundente y se empleo un arma idónea para tal fin, por estás razones entendieron que el agravio es de rechazo.

Recurso de casación · Derecho procesal penal · Derecho penal

DEFINITIVA 126/2021 · Suprema Corte de Justicia · 1 de junio de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto. La parte recurrente expresó agravios respecto, a la infracción a las normas sobre interpretación de los contratos, vinculados a la infracción a las normas sobre el contenido de la demanda, relacionados a la valoración de la prueba y enlazados con la infracción a las normas sobre responsabilidad del Estado. Respecto a la valoración de la prueba, la Corte compartió la conclusión del Tribunal. Si bien es cierto que los problemas principales que enfrentó la contratista para ejecutar la obra –que habría sido la causa del retraso- se relacionan con las cañerías de O.S.E. existentes a lo largo y ancho del trazado de la obra; fue la contratista la que asumió la obligación de realizar “cateos” previos, y si no los hizo o hizo poco o los hizo mal, o no lo consideró a la hora de fijar la propuesta de precio y tiempo de ejecución, suya es la culpa y/o riesgo.

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 381/2021 · Suprema Corte de Justicia · 1 de junio de 2021Importancia alta

La Corporación desestima el recurso de casación incoado. De acuerdo con lo establecido en el artículo 270 inciso segundo del C.G.P., en la etapa de casación no se tendrán en cuenta los errores que no determinaren la parte dispositiva de la sentencia recurrida. En esta causa incidental de liquidación, el tribunal de segunda instancia confirmó en todos sus términos la sentencia interlocutoria dictada en primera instancia. La parte recurrente tenía la carga de esgrimir agravio contra cada uno de los argumentos determinantes del fallo, lo cual no cumplió, por lo cual el recurso no puede prosperar.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 125/2021 · Suprema Corte de Justicia · 1 de junio de 2021Importancia alta

La Corporación en mayoría, hace lugar al recurso de casación interpuesto, y anula la recurrida, haciendo lugar al lucro cesante pasado y futuro y daño emergente. El actor paracaidista militar, fue embestido por un toro mientras arriaba ganado en la granja del establecimiento del Batallón de Infantería en Toledo. Como resultado de tal incidente, padeció luxo fractura de cadera izquierda con fractura del cotilo izquierdo. El Departamento Jurídico Notarial del MDN, en dictamen de 26 de mayo de 2014, concluyó que la incapacidad incompleta se originó en un acto de servicio o en ocasión del mismo y entendió que corresponde declarar dicha incapacidad. Sin embargo, el 6 de octubre de 2014 presentó el actor una petición, solicitando se dispusiera que su baja operó por la causal de incapacidad incompleta padecida antes de alcanzar la edad de retiro obligatorio y no por edad. Su solicitud fue desestimada por Resolución de 22 de abril de 2015, contra la que interpuso recurso de revocación, el que fue desestimado por Resolución de 3 de julio de 2017 . Ante dicha negativa, presentó demanda de daños y perjuicios por responsabilidad de la Administración. La Corporación en mayoría conformada por los Dres. Tabaré Sosa, Luis Tosi, Bernadette Minvielle y el redactor, desestima el agravio relativo al agotamiento de la vía administrativa.En efecto, para los Dres. Tabaré Sosa, Luis Tosi, Bernadette Minvielle y el redactor, en primer término cabe señalar que el previo agotamiento de la vía administrativa no constituye un antecedente imprescindible de la acción reparatoria, pero al considerar que no fue determinante del fallo de la Sala, el agravio se rechaza. El recurrente se agravia de la interpretación del Tribunal. El Tribunal entendió que la causal de retiro por edad opera automáticamente al llegar al límite etario (Ley No. 17.578) mientras que la causal de incapacidad impone distinguir dos situaciones diversas. Si la incapacidad es completa, es imperativo declarar el retiro por dicha causal; si es incompleta, en cambio, el art. 192 lit. B del Dec./Ley No. 14.157 otorga al M.D.N. la facultad de disponer el retiro o la asignación de otro tipo de tareas adecuadas a las limitaciones del individuo. Es decir, asegura el Tribunal, que el actor, portador de una incapacidad incompleta, no tenía un derecho subjetivo al retiro, pues legalmente era posible mantenerlo en funciones, como en los hechos ocurrió. De acuerdo con su tenor literal, la norma establece que, la declaración de incapacidad determina el retiro del funcionario. Si la incapacidad es incompleta, el M.D.N no tiene, como pretendió, una potestad de optar entre disponer su retiro o asignarle tareas adecuadas a su incapacidad, sino que tiene la potestad de convocar a trabajar al funcionario, siempre que fundamente tal decisión en la ponderación de los extremos indicados por la ley. Cabe concluir, pues, que configurada la causal legal de retiro el M.D.N. no ejerció la potestad de convocar al actor a seguir prestando tareas y, en consecuencia, por imperio legal, pasó a situación de retiro obligatorio por declaración de incapacidad incompleta;corresponde entonces anular el fallo de segunda instancia. Corresponde hacer lugar al lucro cesante reclamado (futuro y pasado), debiendo liquidarse por la vía del art. 378 del C.G.P. Para los Sres. Ministros Dres. Tabaré Sosa, Bernadette Minvielle y el redactor, las diferencias de retiro pasadas, deberán ajustarse y generarán intereses desde cada mes en que debieron haber sido abonadas y hasta su efectivo pago. Corresponde condenar al M.D.N. a pagar, en el futuro, la jubilación que corresponde a un cabo de 2da., en estricta aplicación del art. 202 referido. Ello, hasta que el actor cumpla la edad de 73 años y dos meses, pues de otro modo se violaría el principio de congruencia, en tanto el promotor estableció ese límite en su demanda. En cuanto al daño emergente consistente en los gastos en que el actor debió incurrir para transitar la vía administrativa, a juicio de los Sres. Ministros Dres. Tabaré Sosa y el redactor corresponde amparar dicho rubro. Por su parte, para los Sres. Ministros Dres. Bernadette Minvielle y Luis Tosi, si el acto que dispuso el retiro era ilegítimo por configurarse otra causal, el administrado podía impugnarlo administrativamente y jurisdiccionalmente ante el TCA o promover la demanda reparatoria ante la Justicia Ordinaria. Pero, igualmente, podía promover una petición de reforma o modificación de causal de retiro. (D) SRA. MINISTRA DRA. ELENA MARTÍNEZ Discorde: en cuanto entiende que corresponde desestimar el recurso de casación deducido, sin especial condena procesal. (D) SR. MINISTRO DR. LUIS TOSI BOERI DISCORDE PARCIALMENTE, por cuanto considera que los intereses legales correspondientes al rubro “diferencias de haberes de retiro pasadas” deben correr desde la fecha de la demanda y no desde cada mes en que tales diferencias debieron haber sido abonadas.

DEFINITIVA 120/2021 · Suprema Corte de Justicia · 27 de mayo de 2021Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 122/2021 · Suprema Corte de Justicia · 27 de mayo de 2021Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestima el recurso de casación incoado. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Tosi, Minvielle, Martínez y el redactor este criterio impone, para el progreso de un agravio fundado en un error en la valoración de la prueba, que quien recurre en casación debe denunciar, alegar, un error o vicio en el razonamiento probatorio de segunda instancia de una entidad tal que amerite su calificación como absurdo o arbitrario en forma evidente. Asimismo, en forma concomitante, la alegación del absurdo o arbitrariedad debe ser demostrada. Ahora bien a juicio de los precitados Ministros la parte recurrente no dio cabal cumplimiento a la condición reseñada supra, si bien propuso una bien articulada y vehemente valoración alternativa a la propugnada por la Sala, no denunció ningún error que configure un razonamiento probatorio que pueda ser catalogada de absurdo o arbitrario, por lo cual se desestima este sector de agravios. Por su parte, el Sr. Ministro Dr. Sosa entiende que el encuadre realizado por el Tribunal se encuentra sólidamente respaldado por la probanza rendida en autos. En definitiva, la conclusión de la Sala en el entendido de que entre actor y sus jefes directos no existían cargos gerenciales ha quedado sólidamente respaldada por la probanza rendida en autos. Lo primero que deviene necesario indicar es que a juicio de la Suprema Corte de Justicia la determinación de si un trabajador reviste o no la calidad de “personal superior” es una q uaestio iuris y por ende es, enteramente revisable en la presente instancia. En definitiva, ante la inexistencia de definición legal, a juicio de la Suprema Corte de Justicia los parámetros utilizados por la Sala resultan acertados. La Corte comparte el encuadre y la valoración efectuada por la Sala a través de la cual se concluyó que el actor reviste la calidad de personal superior y, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto No. 611/980 no corresponde el pago de horas extra ni horas de retén.

Recurso de casación · Derecho laboral

INTERLOCUTORIA 380/2021 · Suprema Corte de Justicia · 27 de mayo de 2021Importancia alta

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal

DEFINITIVA 113/2021 · Suprema Corte de Justicia · 27 de mayo de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, rechazó la impugnación movilizada por el Ministerio Público. Los agravios planteados se centraron en cuestionar la valoración de los elementos probatorios en los que se fundamentó el fallo absolutorio recaído en segunda instancia. A juicio de la Sra. Ministra Dra. Martínez el agravio carece de aptitud jurídica para ser analizado porque no hubo una denuncia de un supuesto de absurdo o arbitrariedad en la valoración de la prueba. Para los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Tosi, Sosa y Pérez se desestimó la impugnación por razones de mérito. La hipótesis de la Fiscalía no supera el estándar de la probabilidad dada su coexistencia con la irrebatida versión de la defensa, de modo que los argumentos articulados en casación, no lograron conmover la correcta decisión de segunda instancia.

Recurso de casación · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 379/2021 · Suprema Corte de Justicia · 27 de mayo de 2021Importancia alta

Recurso de queja

Recurso de queja · Derecho procesal

DEFINITIVA 123/2021 · Suprema Corte de Justicia · 27 de mayo de 2021Importancia alta

La Corporación, integrada y por unanimidad, ampara el recurso de casación interpuesto por la parte demandada y anula la recurrida en cuanto hizo lugar al reclamo por lucro cesante y, en su lugar, desestima la demanda en su totalidad En el caso de autos, el reclamante entabló demanda contra ANTEL, por responsabilidad precontractual y, en subsidio, por responsabilidad contractual.Los agravios medulares de la demandada buscan contender contra la calificación de su conducta como ilícita, así como contra la materialidad del daño, como elementos de la responsabilidad. La Corte considera que no existió contratación, por lo que el marco jurídico aplicable al caso es el de la responsabilidad precontractual, esto es el período de tratativas, cuya finalidad es la concreción de un negocio jurídico determinado. A juicio de la Corte, se verificó un supuesto en el cual, ANTEL creó una razonable confianza en la conclusión del contrato a favor del actor, a la que siguió una injustificada ruptura de las negociaciones por parte de quien edificó la mentada seguridad, en instancia donde la negociación prácticamente ya gozaba de concreción.Tales son los datos definitorios del instituto de la responsabilidad precontractual. En lo social, el comportamiento de ANTEL se traduce como una contravención a elementales pautas de “cortesía”, “lealtad y honestidad”; mientras que en lo jurídico, se lo puede calificar como una ruptura no justificada de las tratativas contractuales, un actuar ilícito de quien toma la decisión de no culminar una extensa negociación y guarda silencio de la causa de la decisión. Incluso, a juicio de los Dres. MINVIELLE, TOSI, KELLAND y la redactora, el panorama se agrava, si se piensa que el Estado no es un contratante cualquiera, sino un sujeto regulador de las conductas del resto de la comunidad, razón por la cual cabe exigirle una mayor lealtad y formalidad en el comportamiento que despliega. En suma, se comparte el fallo hostilizado en cuanto estimó que la conducta de ANTEL resultó desleal, lo que equivale a decir que vulneró el deber de actuar de buena fe. En suma, en este ámbito, corresponde rechazar la impugnación, puesto que no le asiste razón a la recurrente. Del elemento daño en la responsabilidad precontractual, se admite que debe resarcirse el daño emergente. Sin embargo fue desestimado en dos instancias y la parte actora no se agravió sobre el punto. Ahora bien, la doctrina se encuentra dividida respecto al resto de los daños cuya indemnización puede ser objeto de reparación (lucro cesante, pérdida de chance). En postura más amplia, se encuentran quienes entienden que la referida clase de daño, está dada en contraposición al daño al “interés positivo o de cumplimiento”, que presupone la validez y eficacia del contrato, consistente en la privación de la utilidad o ventaja económica que el acreedor hubiera tenido si el deudor hubiera cumplido con su obligación. Sin perjuicio de la distinción teórica que viene de formularse, en realidad, cuando el actor diseñó el reclamo principal, fundado en la responsabilidad precontractual, lo hizo exclusivamente sobre la base de solicitar la reparación del daño correspondiente al “interés negativo”. El reclamo consiste en la pérdida de la oportunidad de celebrar otro contrato. La Corte coincide con la demandada cuando denuncia un vicio de congruencia del fallo hostilizado, al haberse condenado -erróneamente- sobre la base del precio del contrato proyectado con ANTEL. El rubro al que condena la Sala, vinculado con los montos que habría percibido el accionante en caso de haberse perfeccionado y ejecutado el contrato no podía recibir el amparo jurídico, porque se trata del llamado “interés positivo”, que no fue solicitado. La Corporación coincide con los cuestionamientos planteados por la recurrente, cuando afirma que los daños no fueron probados, y que, a partir de tal realidad, no es concebible el fenómeno de la responsabilidad civil.

DEFINITIVA 121/2021 · Suprema Corte de Justicia · 27 de mayo de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto. La Corporación con el concurso de voluntades de los Sres. Ministros, Dres. Minvielle, Pérez y Tosi, entendieron que le asiste razón al recurrente, en cuanto a que la valoración probatoria de la Sala fue desajustada a derecho. Sin embargo, luego de valorar la prueba producida, concluyeron que el padre del niño de autos no logró acreditar los hechos que habilitan a otorgarle la tenencia pretendida. La Sra. Ministra Martínez, entendió que la crítica a la valoración probatoria de la Sala no es de recibo, ya que no se denunció un error grosero y evidente. El Sr. Ministro Dr. Sosa consideró que la recurrida refleja principios elementales en la materia como el mantenimiento del statu quo, recoge la voluntad del menor y, analiza en forma razonable, el episodio que guarda relación con la supuesta “corrección”por parte del actor a su hijo.

Recurso de casación · Derecho de familia

DEFINITIVA 114/2021 · Suprema Corte de Justicia · 27 de mayo de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por diferentes fundamentos entre sus integrantes desestimó la impugnación movilizada por el encausado. En cuanto al agravio en torno a la valoración de la prueba. A juicio de los Dres. Pérez y Martínez, corresponde desestimar el agravio interpuesto, dado que no resulta posible revalorizar el material fáctico, incluso cuando se invoca una hipótesis de absurdo o arbitrariedad manifiesta. Para el Dr. Sosa, criterio compartido por los Dres. Tosi y Minvielle, la decisión a la cual arribó el Tribunal de Apelaciones no vulneró el límite de razonabilidad en la valoración de la prueba, ni surgen dudas insuperables que ameriten una solución diversa a la adoptada. El segundo agravio se dirigió a controvertir la adecuación típica de los hechos acreditados. La Corporación consideró que no cabe reproche alguno a la calificación y configuración de la violencia privada entendida por el Tribunal de Apelaciones.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 107/2021 · Suprema Corte de Justicia · 25 de mayo de 2021Importancia alta

La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto. La Corte por mayoría considera que el previo agotamiento de la vía administrativa no constituye un requisito de prejudicialidad de una acción reparatoria como la aquí instaurada. En efecto, tal es el criterio de la Corporación, sustentado por la voluntad de los Sres. Ministros, Dres. Bernadette Minvielle, John Pérez Brigani, Tabaré Sosa Aguirre y Luis Tosi Boeri. La Corporación estima que no resulta preceptivo agotar la vía administrativa para reclamar la reparación de los daños causados por actos administrativos ilegítimos. Como lo sostuvo, también por mayoría, en su sentencia Nº 4812/2011, cuyos fundamentos se reiteran en el caso de autos. La Sra. Ministra, Dra. Elena Martínez, por su parte, a diferencia de lo sostenido precedentemente, estima que la promoción de la acción reparatoria requiere el previo agotamiento de la vía administrativa, tal como lo sostuvo, por ejemplo, en la discordia que extendiera a la sentencia de esta Corte N° 1289/2019, a cuyos fundamentos se remite, por lo cual sostiene que esta acción no puede prosperar, sin que sea necesario considerar el agravio relativo al erróneo relevamiento de la caducidad de la acción. La Corte, con el concurso de voluntades de los Dres. Minvielle, Pérez Brignani, Sosa Aguirre y Tosi Boeri, desestima el recurso pues no es de recibo. Respecto de la naturaleza del reclamo, los actores promovieron una acción de reparación contenciosa administrativa y no un reclamo de cobro de haberes salariales, lo que excluye la aplicación del régimen de prescripción para “los créditos por concepto de remuneraciones personales de los funcionarios públicos” establecido por el artículo 8 de la ley No. 16226, de 29 de octubre de 1991.La fuente de la obligación que se reclama no es la relación estatutaria de servicio que vincula a las partes sino la circunstancia de no habérseles reconocido como antigüedad los años que prestaron tareas bajo contratos de arrendamientos de obra y de servicio. Los créditos que reclamaron los actores en estos autos (derivados de la antigüedad considerada desde la efectiva fecha en que comenzaron a prestar tareas en la década del 90) ya podían ser exigidos cuando tomaron conocimiento de la RD BPS N° 20-11/2005, dictada el 1º de julio de 2005, y es a partir de los períodos subsiguientes que deben computarse los cuatro años de caducidad.

Recurso de casación · Derecho contencioso estatal

DEFINITIVA 108/2021 · Suprema Corte de Justicia · 25 de mayo de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestimó el recurso de casación movilizado. En el caso en examen, el punto controversial estriba en establecer si para el acto procesal de desconocimiento de firmas estampadas en documento que su tenedor pretende hacer valer como título ejecutivo se requiere la asistencia letrada preceptiva. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Martínez, Tosi y Minvielle, la comparecencia a desconocer la firma requiere asistencia letrada. En la especie, la demandada compareció a la diligencia judicial por intermedio de su representante, sin contar con asistencia letrada. Pero dado que la firma estampada en la factura presentada por la parte actora no fue reconocida expresamente ni ha sido “dada por reconocida”, huelga el rechazo de la demanda ejecutiva, en virtud de inhabilidad de título. Por su parte los Sres. Ministros Dres. Sosa y Pérez consideraron que se impone la confirmación de la sentencia porque el acto de desconocimiento de firmas de un documento privado no requiere asistencia letrada, siendo por tanto válido y eficaz el efectuado en autos.

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 109/2021 · Suprema Corte de Justicia · 25 de mayo de 2021Importancia alta

La Corporación, por unanimidad, desestima el recurso de casación incoado por la demandada y acoge el recurso interpuesto por el MTOP A juicio de la Suprema Corte de Justicia, las pretensiones acumuladas en autos debieron haberse tramitado por la estructura del proceso ordinario de conocimiento prevista en el Código General del Proceso, al ser aplicable a los procesos en que juzguen conflictos individuales de trabajo en los que sea parte una Administración Estatal. Asimismo el recurso debe ser tramitado con arreglo a lo previsto en el C.G.P. Sobre el recurso interpuesto por CVU, la Corte entiende que el régimen de subcontratación resulta aplicable al caso de marras. En posición de la Corporación, las conclusiones de la Sala resultan jurídicamente ajustadas, por lo que se desestima dicho recurso. Respecto al recurso interpuesto por el MTOP, la Corte por diversos fundamentos acoge el mismo y declara la falta de legitimación pasiva del Ministerio en los presentes obrados. Los Sres. Ministros Dres. Sosa, Tosi y el redactor consideran que la falta de legitimación pasiva del MTOP deriva de que dicho organismo cedió a CVU en 2016 el contrato que lo vinculaba con Rundy S.A. y, en el caso de autos, los actores reclaman por créditos que se habían devengado con posterioridad al cese de la relación laboral. Por su parte, en opinión de las Ministras Dras. Martínez y Minvielle la falta de legitimación pasiva del Ministerio deriva de la aplicación del régimen de subcontratación sucesiva o escalonada. Esta postura fue reiterada por la Corte en la Sentencia No. 108/2020. En consecuencia, a juicio de las Ministras Dras. Martínez y Minvielle, en el caso, solo una de las dos demandadas puede responder por el régimen de subcontratación. Teniendo presente que el único vínculo contractual que tenía la empleadora de los reclamantes por el período pretendido era con CVU, no puede convocarse la responsabilidad del MTOP. En suma, a juicio de la Corte, corresponde acoger el recurso de casación impetrado.

Recurso de casación · Derecho laboral · Derecho contencioso estatal