DEFINITIVA 81/2021 · Suprema Corte de Justicia · 4 de mayo de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestimó el recurso de casación interpuesto. En el caso de autos, el actor pretendió que se le indemnizara por los daños y perjuicios, que según alegó sufrió a raíz del accidente de tránsito ocurrido en marzo de 2013. El actor se desplazaba en motocicleta y colisionó en forma imprevista con la camioneta conducida por uno de los co-demandados. El accidente se debió al accionar del conductor de la camioneta, quien estaba estacionado en doble fila y giró en forma imprevista hacia la derecha, ocupando toda la calle en posición perpendicular. A criterio de los Dres. Tosi, Sosa, Pérez y Martínez, la única cuestión que la Corte podría modificar de lo resuelto por la Sala es el incremento del grado de participación en la causación del accidente que se le atribuyó al conductor del vehículo que colisionó con la moto conducida por el actor. La parte demandada planteó agravio referido a la errónea valoración de la prueba. La Corporación consideró que la valoración de la prueba podrá ser más o menos compartible, pero nunca merecedora de las notas de absurda o arbitraria (en términos de la mayoría de la Corte) ni vulnera de los límites de la razonabilidad, pues existe justificación racional jurídica (a criterio del Dr. Sosa).

Recurso de casación · Derecho procesal · Derecho civil

DEFINITIVA 85/2021 · Suprema Corte de Justicia · 4 de mayo de 2021Importancia alta

La Corporación, integrada y por unanimidad, hace lugar a la acción de inconstitucionalidad deducida en autos contra el inc. 2 del art. 52 de la Ley No. 17.930, en la redacción dada por el art. 15 de la Ley No. 19.535. Los actores, en sus calidades de funcionarios y ex funcionarios dependientes del Poder Judicial, se encuentran legitimados para invocar la inconstitucionalidad de la norma referida, teniendo un interés directo, personal y legítimo, teniendo a su favor sentencia firme de condena y de condena futura. El procedimiento de liquidación y ejecución de condenas contra el Estado actualmente vigente fue diseñado en su esencia por la suma de los incisos 2 y 8 del artículo 400 del Código General del Proceso. Este procedimiento afecta a los tres órganos o Poderes del Estado, en los términos del artículo 517.1 de dicho compendio normativo, en sede de inconstitucionalidad por vía de acción. Ello obedece a que el Poder Ejecutivo ha de incluir el crédito en un proyecto de ley de Presupuesto o Rendición de Cuentas, el Poder Legislativo es quien puede aprobarlos y dictar la ley respectiva, que luego promulgará el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, como parte del proceso principal, es quien ha de ser oído en todo el proceso liquidatorio y de ejecución, y en el caso a estudio la aplicación de la norma se produce en la etapa final de cobro de la condena ejecutoriada. Por consiguiente, los tres demandados gozan en el caso de legitimación pasiva, en tanto órganos interesados en la cuestión debatida, que involucra, entre otros temas, la separación y vinculación de poderes. A criterio de este Colegiado, cabe establecer que la normativa referida precedentemente es inconstitucional, por cuanto violenta los derechos de protección constitucional relativos a la igualdad ante la ley, debido proceso, seguridad jurídica, tutela jurídica efectiva, separación de poderes, todos ellos inherentes a la personalidad humana y a la forma republicana democrática de gobierno (arts. 72 y 332 de la Constitución).

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 88/2021 · Suprema Corte de Justicia · 4 de mayo de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia por unanimidad de sus miembros naturales, desestimó el recurso de casación interpuesto. En autos el actor pretende impugnar de nulidad el reconocimiento de una hija natural y la posterior legitimación por subsiguiente matrimonio, sobre la base de que no es el padre biológico de esa persona. Los Sres. Ministros Martínez, Tosi y Minville estimaron que el actor carece de legitimación en ésta causa. El reconocimiento fue realizado con plena conciencia de la falsedad que tal acto involucraba, desde que no existía vínculo biológico entre el reconociente y la reconocida. La teoría de los actos propios contribuye con su fundamento en el principio de buena fe a sostener la solución anunciada. A juicio de los Sres. Ministros Sosa y Pérez, corresponde desestimar el recurso por motivos diferentes. El reconocimiento es un acto jurídico y una vez que el sujeto manifestó su voluntad, no le es posible alterar ni extinguir los efectos del acto jurídico pues se encuentran determinados por la norma.

Recurso de casación · Derecho de familia

INTERLOCUTORIA 353/2021 · Suprema Corte de Justicia · 27 de abril de 2021Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 352/2021 · Suprema Corte de Justicia · 27 de abril de 2021Importancia alta

La Corporación declara competente para continuar conociendo en esta causa al Juzgado Letrado de Familia de 11º Turno. Atento a que la Sede de Familia de 11° Turno tomó conocimiento con anterioridad a la vigencia de la Ley Nº 19.747, corresponde aplicar lo ya dicho por esta Corporación en sentencia Nº 1.580/2020. En suma, los Juzgados de Familia `comunes´ de Montevideo son competentes para entender en los procesos de protección de los derechos amenazados o vulnerados de menores (capítulo IX del CNA, artículos 117 y siguientes) cuya derivación o remisión desde el Juzgado de Familia Especializado al Juzgado de Familia `común´ hubiese sido dispuesta antes del 16 de octubre de 2019”.

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 78/2021 · Suprema Corte de Justicia · 27 de abril de 2021Importancia alta

La Corporación, integrada, declara la inconstitucionalidad e incaplicabilidad para los actores de los arts. 2º y 9º de la Ley nro. 19.310. Habiendo sido las cuestiones que conciernen a esta causa, ya ventiladas en otros procedimientos objeto de numerosos y diversos fallos por la Suprema Corte de Justicia a través de diversas integraciones, se remitirán los fundamentos del caso a sus antecedentes del mismo tenor, sentencias nros. 300/2016, y nros 311/2015, 265/2016, 270/2016, 394/2016, 642/2017, 694/2017, 1123/2018, 1535/2018, 1558/2018, 1579/2018, 1584/2018 y 1608/2018, 317/2019 y 1242/2019, entre otras.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 75/2021 · Suprema Corte de Justicia · 27 de abril de 2021Importancia alta

La Corporación por mayoría de sus integrantes conformada por los Dres. Tabaré Sosa Aguirre, Luis Tosi Boeri, y el redactor , habrá de declarar la inconstitucionalidad del inciso final del 45 de la Ley 18.211, sin perjuicio de las respectivas discordias que serán extendidas por las Dras. Elena Martínez y Bernadette Minvielle. Asimismo, también con el quórum legal requerido, integrado por los Dres. Martínez, Minvielle, Sosa y el redactor se habrá de desestimar el planteo relativo a los artículos 10 de la Ley 18.335 y 51 Literal B de la Ley 18.211; no obstante la discordia parcial respectiva extendida por el Dr. Tosi. Realizada una interpretación del inciso final del artículo 45 de la Ley 18.211 conforme a los parámetros antes expresados, a juicio de la mayoría que conforma el presente pronunciamiento el mismo viola claramente lo dispuesto por el artículo 44 de la Constitución de la República. De tal norma y a juicio de la mayoría, no puede extraerse, como se ha dispuesto en la ley, que se establece la gratuidad exclusivamente respecto de aquellos medicamentos y tratamientos incluidos en la política de medicamentos o nuevas tecnologías diseñada por el Estado a través de los mecanismos que éste haya dispuesto mediante la ley y decretos pertinentes. Ello por cuanto, el art. 44 de la Constitución no hace remisión alguna en tal sentido ni efectúa distinción de especie alguna, y por tanto no corresponde hacerla al intérprete. El Sr. Ministro Dr. Luis Tosi Boeri como afirmara en discordia de la sentencia 118/2020 de la Corporación en anterior integración, considera que el derecho a la salud constituye un derecho humano esencial, inherente a la persona. En cuanto a la constitucionalidad del artículo 51 literal B) de la Ley 18.211, por las razones indicadas en el numeral precedente, considera que la disposición es inconstitucional, al restringir el derecho a obtener tratamiento médico (artículo 44 inciso tercero de la Constitución). Por otro lado, en referencia al planteo formulado respecto a los artículos 10 de la Ley 18.335 y 51 Literal B de la Ley 18.211, el mismo será desestimado pero por distintos fundamentos en el seno de la Corporación. A juicio de los Dres. Sosa y el redactor, en relación a la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 51 literal B de la Ley 18.211 y 10 de la Ley 18.335, la pretensión carece de objeto, dada la solución a la que se arriba respecto al artículo 45 inciso final de la Ley 18.211. En consecuencia, la declaración de inconstitucionalidad de esta norma agota el interés de la promotora. (D) Las Sras. Ministras Dras. Elena Martínez y Bernadette Minvielle discordes: por cuanto consideran que corresponde desestimar la solicitud de declaración de inconstitucionalidad, por las razones detalladas oportunamente en la Sentencia Nº 1.981/2017. En cuanto a la pretendida inconstitucionalidad del inciso final del art. 45 de la Ley Nº 18.211, para las Sras. Ministras, Dras. Elena Martínez y Bernadette Minvielle corresponde su rechazo, en tanto no vulnera el art. 44 de la Constitución. Para la Sra. Ministra Dra. Martínez, corresponde analizar la alegada transgresión del derecho a la salud consagrado por el artículo 44 de la Constitución y desestimar la pretensión de inconstitucionalidad del art. 7 de la Ley Nº 18.335. Del tenor literal de dicha regla, surge que el derecho al acceso a medicamentos que ella consagra sólo refiere a los que cumplan con el doble requisito de: a) estar autorizados por el Ministerio de Salud Pública; b) e incluidos en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM). Tampoco se menciona explícitamente en la Constitución uruguaya el derecho a ser protegido en el goce a la salud, ya que el artículo 7 no incluye la palabra ‘salud’ junto a las palabras ‘vida, honor, libertad, trabajo y propiedad’. El derecho no obliga al Estado a evitar la muerte, ni a lograr el completo bienestar, sino a brindar prestaciones de salud integrales, igualitarias, humanitarias. El Estado no tiene la obligación de curar, ni la de lograr la salud, sino la de dar prestaciones médicas. Para la Sra. Ministro Dra. Bernadette Minvielle, lo que hace la norma impugnada por inconstitucional es asegurar un mínimo prestacional a cargo del Estado, pero no establece que sean las únicas prestaciones a las que los pacientes tienen acceso. Considera que no se perfila un supuesto de violación de lo establecido en el art. 44 inciso 2º de la Constitución de la República, relacionado con el derecho a la salud.

INTERLOCUTORIA 348/2021 · Suprema Corte de Justicia · 22 de abril de 2021Importancia alta

Proceso incidental

Proceso incidental · Derecho procesal

DEFINITIVA 73/2021 · Suprema Corte de Justicia · 15 de abril de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, integrada y por unanimidad, desestimó el recurso de casación interpuesto. La Defensa se agravió por la confirmación de la decisión del Juez de Garantías de rechazar el diligenciamiento de la prueba ofrecida por la defensa. En la audiencia de control, la defensa del encausado propuso que se tomara nueva declaración a la víctima. A juicio de la Corporación el presunto cambio de opinión de la víctima, o su voluntad sobre la suerte del imputado en el proceso penal, no resultaban un justificativo válido para someterla a un nuevo interrogatorio. Respectos a los agravios referidos a la valoración de la prueba la Corte entendió que la impugnación no podía recibir el amparo jurídico que reclamaba el enjuiciado. En cuanto al agravio sobre la legitimidad de las penas impuestas. Para los Ministros nada cabe cuestionar. Finalmente el recurrente postula que, en este caso, la acción del imputado fue mal subsumida en el art. 321 bis del Código Penal. Resulta irrelevante que la víctima no conviviera con el encausado cuando ocurrieron los hechos. Lo cierto y determinante es que mantuvo con el victimario una relación afectiva y por ende la conducta encuadra en el tipo penal previsto en el art. 321 bis del Código Penal.

Recurso de casación · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 74/2021 · Suprema Corte de Justicia · 15 de abril de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia integrada y por mayoría anuló parcialmente la sentencia recurrida. Por mayoría compuesta por los Ministros Dres. Bórtoli, López y Martínez relevó de oficio la falta de legitimación del codemandado dependiente del Ministerio del Interior y anuló la condena a su respecto. Asimismo por unanimidad, anuló la recurrida en cuanto responsabilizó al Ministerio del Interior a reparar el 100% del daño causado y en su lugar, amparó la eximente de hecho de la víctima y redujo la condena al 70% del perjuicio causado. Según surge de autos, en junio de 2009 se celebraron elecciones internas de los partidos políticos. Ese día en las primeras horas de la mañana el Comisario codemandado y el Sargento regresaban de dejar urnas en circuitos rurales. Transitaban en una camioneta perteneciente al Ministerio del Interior. Al llegar a una curva el conductor perdió el dominio del vehículo y volcó. A consecuencia del impacto el Sargento salió despedido del vehículo, no llevaba puesto el cinturón de seguridad, el 7 de julio de 2009 falleció. La viuda y el hijo del Sargento fallecido promovieron demanda reparatoria contra el Estado, Ministerio del Interior y contra el Comisario. (D) Ministros Dres. Minvielle y Tosi. Discordes parcialmente, por cuanto consideraron que no correspondía declarar la falta de legitimación pasiva del funcionario público co-demandado, debiéndose mantener la condena dispuesta a su respecto.

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 72/2021 · Suprema Corte de Justicia · 15 de abril de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia integrada y por unanimidad, desestimó el recurso de casación deducido. El agravio de la Defensa se centró en la valoración de la prueba realizada por el Tribunal. Para las Ministras Dras. Minvielle y Martínez la casación fundada en errónea aplicación de las normas de admisibilidad o de valoración de la prueba, se reduce a los supuestos en cuales se violen las tasas legales en hipótesis de prueba tasada; o en el caso en que se incurra en absurdo evidente. A criterio de los Dres. Sosa y Mirabal, la valoración probatoria realizada por el Tribunal no resulta excluida del control casatorio. El Dr. Tosi en cambio, estimó que el asunto debe ser resuelto en aplicación del régimen especial en supuestos de condenas dictadas por primera vez en segunda instancia, denominado derecho fundamental a la doble conformidad judicial . A juicio de las Sras. Ministras Minvielle y Martínez el razonamiento de la Sala no resultó absurdo o arbitrario. A criterio de los Dres. Sosa, Tosi y Mirabal, la valoración realizada por el Tribunal resulta sólida y los argumentos brindados por a Defensa no lograron conmover sus conclusiones.

Recurso de casación · C.na. adolescentes infracciones · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 344/2021 · Suprema Corte de Justicia · 15 de abril de 2021Importancia alta

La Corporación declara la inadmisibilidad de los recursos de casación incoados. El objeto de la presente casación consiste en decidir acerca de dos medidas que fueron adoptadas en primera instancia y luego revocadas en alzada. En efecto, el Decreto No. 1555/2019 de la sede a quo , además de resolver otras cuestiones, dispuso mantener el embargo cautelar decretado y también las astreintes impuestas.Por su parte, el Tribunal de Apelaciones, sobre la base de escasos fundamentos que luego amplió y aclaró, revocó el embargo cautelar y dejó sin efecto las conminaciones económicas. Con respecto a la naturaleza de dicha resolución, a efectos de determinar si procede o no su examen en casación; se plantea que la decisión de la Sala de revocar el embargo cautelar no es revisable en casación, ya que tratándose de una medida cautelar no procede(art. 269 C.G. .) La providencia que impone o revoca la imposición de astreintes en modo alguno pone fin al proceso de ejecución en que se inserta, es decir, no reviste el carácter de interlocutoria con fuerza de definitiva, sino de interlocutoria simple. Asimismo, el carácter instrumental de las astreintes confirma dicha conclusión. En suma, no tratándose de una sentencia interlocutoria que ponga fin al proceso, el recurso de casación resulta inadmisible a su respecto.

Recurso de casación · Derecho de familia

DEFINITIVA 56/2021 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia integrada y por mayoría acogió parcialmente el recurso de casación interpuesto por la demandada en cuanto a la fecha de inicio del cómputo de los intereses legales, los que deben correr, respecto a todos los rubros objeto de condena, desde la fecha de la demanda. El primer agravio de la demandada se dirige a cuestionar la valoración de la prueba efectuada por la Sala. Expresó la recurrente que la sentencia no valoró debidamente la prueba y le atribuyó responsabilidad a la demandada pese a la existencia del hecho de la víctima y e hecho de tercero como eximentes de responsabilidad. También consideró que no existió falta de servicio. A juicio de la mayoría de la Corporación no se denunció un supuesto de arbitrariedad o absurdo evidente en la apreciación del material probatorio, únicas hipótesis que habilitarían su revalorización por la Corte. La Corporación consideró que es posible establecer una relación de causalidad entre el deficiente funcionamiento del servicio policial y el fatal desenlace.

Recurso de casación · Derecho administrativo · Derecho procesal

DEFINITIVA 70/2021 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2021Importancia alta

La Corporación desestima el recurso de casación de la parte demandada. Los actores son apicultores. La empresa demandada fumigó una plantación de manzanas con el plaguicida Microcap M-450 de la empresa Praquimur (cuyo principio activo es el químico metil paratión). A posteriori se constató la muerte masiva de las abejas de los actores. La demandada aplicó el producto en plena floración de los manzanos y en horas del día, momento en el cual las abejas estaban en las flores de los árboles fumigados. La parte actora consignó en su demanda que el hecho ilícito en el cual incurrió la demandada es haber aplicado el insecticida en árboles en floración, lo cual provocó la muerte de las abejas. La parte actora imputó a la demandada el incumplimiento del deber genérico de no dañar (artículo 1319 del Código Civil). Asimismo, calificó a la conducta como abuso de derecho, ya que, si bien la empresa tenía derecho a fumigar, lo hizo de forma ilícita porque excedió sus límites (artículo 1321 del Código Civil). Los accionantes reclamaron el daño emergente y lucro cesante padecido. En primera instancia la demanda fue desestimada. En segunda instancia se acogió la demanda, difiriéndose la liquidación de los importes objeto de condena a la vía del artículo 378 del C.G.P. La causal de casación fundada en un error en la valoración está restringida a supuestos de razonamientos probatorios absurdos o arbitrarios, ninguno de los cuales se verifica en el caso. La Corporación sostiene, por mayoría conformada por los Dres. Elena Martínez, Bernadette Minvielle, Beatriz Venturini y por el redactor, que la errónea valoración de la prueba como causal de casación debe referirse a aquellos errores que configuren un absurdo evidente o una arbitrariedad manifiesta. En autos no se demostró un error de valoración en la prueba. La Sala no se apartó de la prueba pericial producida en autos. El Sr. Ministro, Dr. Tabaré Sosa, sostiene que la causal de casación fundada en un error en la valoración no está restringida a supuestos de razonamientos probatorios absurdos o arbitrarios, ninguno de los cuales se verifica en el caso, considera que la valoración probatoria realizada por un órgano de segunda instancia no resulta, de regla, excluida del control casatorio. En cuanto a la alegada errónea calificación del nexo causal, la recurrente estima que no puede considerarse que el hallazgo de metil paratión en las abejas determine que esa sea la causa de su muerte. Sin embargo, el agravio puede ser fácilmente desestimado por la propia argumentación de la sentencia, de modo que a diferencia de lo que sostiene la demandada, resulta sencillo y lógico concluir que las abejas murieron por causa del metil paratión. A criterio del Sr. Ministro, Dr. Tabaré Sosa Aguirre, no puede tenerse por probado el nexo causal. La Corte, con el concurso de voluntades de los Sres. Ministros, Dres. Elena Martínez, Bernadette Minvielle, Tabaré Sosa Aguirre y Beatriz Venturini, agrega que de toda la prueba diligenciada surge que los productores perdieron las abejas de sus colmenas, así como que, como consecuencia del hecho tuvieron pérdidas económicamente cuantificables, dejando de tener ganancias.

DEFINITIVA 69/2021 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, integrada, desestimó los recursos de casación interpuestos por las demandadas y amparó el movilizado por la actora y, en su mérito condenó a las demandadas en forma solidaria. Según resulta de éstos autos en enero de 2016 en la Ruta 8, volcó la ambulancia propiedad de la codemandada, que trasladaba a una paciente de trece años, al Hospital Pereira Rossell de Montevideo. Como resultado del vuelco fallecieron el chofer y la paciente. En autos los padres y las cuatro hermanas de la menor fallecida promovieron demanda por responsabilidad extracontractual contra ASSE y contra la sociedad propietaria de la ambulancia que trasladaba a la paciente. El recurso interpuesto por ASSE expuso dos agravios, que la Sala aplicó erróneamente el concepto de “dependiente” y manifestó que la Sentencia debió haberse expedido acerca de la acción de regreso. La Corporación no compartió ninguno de los cuestionamientos. ASSE contrató a la codemandada par el traslado en ambulancia de la paciente de Melo a Montevideo. A juicio de la Corte en casos como el presente, en que una parte esencial de la actividad de la prestadora del servicio de salud se descentraliza mediante la contratación de un auxiliar, es posible entender que existe una relación de dependencia económica y esto es suficiente para activar la responsabilidad vicaria. Respecto al recurso introducido por la parte actora, la Corte entendió que ambas codemandadas deben responder frente a la víctima y deben hacerlo solidariamente.

Recurso de casación · Derecho procesal · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 331/2021 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2021Importancia alta

La Corporación, por la mayoría legal requerida releva de oficio en la presente causa la litispendencia y dispone la clausura del procedimiento. Surge de autos que LAFEMIR S.A. transita un proceso concursal. Asimismo, del expediente principal que se encuentra a estudio de la Corporación, compareció la concursada deduciendo pretensión declarativa de inconstitucionalidad por vía de excepción respecto de los artículos 91.1, 104 inc. 2 y 252 de la Ley 18.387. El día 21 de septiembre de 2020, la deudora concursada promovió idéntico planteo en estos autos. Examinando ambos escritos surge que la parte, en base a los mismos fundamentos, impetró el dictado de sentencia con idéntico pedimento, circunstancia que determina el pronunciamiento adelantado. Lo expuesto determina la litispendencia relevable de oficio por la Corte.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho comercial · Derecho constitucional

DEFINITIVA 71/2021 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2021Importancia alta

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho laboral

INTERLOCUTORIA 288/2021 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2021Importancia alta

La Corporación declara inadmisible el recurso de casación interpuesto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 269 del C.G.P., es improcedente. El supuesto de autos es uno de los que “admiten un proceso posterior sobre la misma cuestión”, tal como lo establece la Ley de Sociedades Comerciales en su artículo 370 inciso tercero.

Recurso de casación · Derecho procesal · Derecho comercial

DEFINITIVA 65/2021 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2021Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestimó el recurso de casación interpuesto. El primer agravio introducido por la Defensa guarda relación con la valoración probatoria realizada por el Tribunal, en mérito a la cual se tuvo por acreditada la comisión por parte del encausado en calidad de coautor, de un delito de homicidio especialmente agravado por el concurso. Los Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Pérez y Tosi estimaron que el recurso interpuesto debe ser desestimado en tanto no se invocó un supuesto de absurdo evidente o arbitrariedad manifiesta en la valoración de la prueba practicada por la Sala. El Ministro Dr. Sosa entiende que el recurrente omitió pronunciarse sobre prueba de cargo que fue especialmente tenida en cuenta por el Tribunal para condenar. Concluye el Dr. Sosa que la prueba reunida en la causa resulta plena y los argumentos brindados por la Defensa no lograron conmover sus conclusiones. Respecto al agravio relativo a la individualización de la pena. La Defensa hace alusión a la violación del principio de igualdad en la determinación de la pena. Los distintos encausados optaron por diversas estructuras procesales, en nada se ve vulnerado el principio de igualdad en el presente caso por el hecho de haberse arribado a penas diferentes respecto a uno y otro encausado.

Recurso de casación · Derecho penal · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 61/2021 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2021Importancia alta

La Corporación desestima el recurso de casación incoado El recurrente en casación, fue procesado con prisión el 13 de mayo de 2016 y excarcelado bajo caución real el 16 de setiembre de 2016. En primera instancia fue condenado a la pena de 17 meses de prisión con descuento de la preventiva sufrida. Dicha sentencia definitiva de condena, que fue confirmada por la sentencia recurrida, no aplicó al actor el instituto de la suspensión condicional de la pena previsto en los arts. 11 de la Ley No. 17.726 y 126 del Código Penal; ni siquiera se expidió sobre la procedencia de este instituto al caso. En segunda instancia, la Sala concluyó que no correspondía aplicar al penado el instituto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, en el entendido de que no se presentaban los presupuestos normativamente requeridos, ni por el art. 11 de la Ley No. 17.726 ni por el art. 126 del Código Penal. Sobre el punto la Corte revalida su jurisprudencia actual por la cual entiende que cuestiones relativas a la suspensión condicional de la pena pueden ser revisables en casación. Sin perjuicio de que se trata de una potestad discrecional del magistrado, corresponde analizar en el grado si la misma fue debidamente fundada y si el recurrente invocó un supuesto de arbitrariedad en su aplicación. Para la Corporación, la Sala obró en forma arreglada a Derecho, porque no se configuraban en este caso los supuestos normativamente requeridos para que resultara preceptiva la concesión del beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena. La Suprema Corte de Justicia tiene jurisprudencia en el sentido de que un procesamiento con prisión obsta la concesión del beneficio en cuestión. Ahora bien, observa la Corte que el punto central del cuestionamiento del recurrente, relacionado con la aplicación del art. 126 del Código Penal, refiere al juicio pronóstico sobre la posibilidad de reincidencia delictual por parte del beneficiario (art. 126 inciso 2º del Código Penal).La Corte, en su jurisprudencia ha señalado que ese juicio pronóstico no resulta revisable en casación porque se trata de una cuestión librada a la apreciación discrecional de los órganos de mérito.

Recurso de casación · Derecho procesal penal