INTERLOCUTORIA 1.294/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta

Proceso de ejecución

Proceso de ejecución · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 1.301/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho de familia · Derecho procesal

DEFINITIVA 317/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta

La Corporación, por mayoría de sus integrantes naturales, desestima la pretensión de inconstitucionalidad presentada. Respecto de la presunta violación al art. 216 inc. 2º de la Constitución de la República, a juicio de la mayoría de la Corte, conformada en el punto por los Sres. Ministros Dra. Elena Martínez, Dr. Eduardo Turell, Dr. Tabaré Sosa Aguirre y el redactor, el vicio formal alegado por la actora debe ser desestimado, por los fundamentos expuestos, entre otras, en las Sentencias Nos. 825/2018 y 1211/2018, a las que cabe remitirse. Respecto a la invocada inconstitucionalidad de las normas impugnadas por presunta violación a los arts. 7 y 32 de la Constitución de la República, y a la alegada vulneración del derecho de propiedad, se trasladan a la presente los argumentos sustentados en la sentencia nro. 1.588/2018, respecto del art. 6 de la Ley Nº 17.234. En tanto, en lo que respecta al art. 5 de la Ley No. 17.234, los actuales integrantes de la Corporación comparten los argumentos expuestos en aquella sentencia (No. 1.588/2018) por la Sra. Ministra Dra. Bernadette Minvielle, en cuanto expresó en dicha oportunidad que el art. 5 en la redacción vigente no regula supuesto alguno de expropiación, sino que regula cómo los bienes públicos o privados se incorporan al sistema de áreas naturales protegidas. (D) SRA. MINISTRA DRA. BERNADETTE MINVIELLE : por cuanto entiende que corresponde declarar inconstitucionales las normas impugnadas, acogiendo la causal de inconstitucionalidad formal alegada, y, en su mérito, disponer su inaplicabilidad en el caso concreto. Sobre la causal de inconstitucionalidad referida a la violación del art. 216 de la Carta, la Dra. Minvielle ya se ha pronunciado sobre el punto en discordias a las sentencias Nos. 43/2018, 286/2018, 825/2018, entre otras. Considera que las leyes presupuestales o de rendición de cuentas no pueden contener disposiciones ajenas a su materia o que no se refieran a la ejecución o interpretación de los presupuestos. En el caso en examen, es evidente que la disposición cuestionada es ajena a la materia presupuestal. En nuestro caso, las normas contenidas en los arts. 5 y 6 de la Ley No. 17.234 en la redacción dada por la Ley No. 17.930 no refieren estrictamente a la interpretación o ejecución de la materia presupuestal, por lo que la incorporación de normas que directa ni indirectamente atañen a la misma resulta vedada por el principio de especialidad consagrado en el art. 216 de la Carta. Por igual, el art. 12 de la Ley No. 17.234 en la redacción dada por el art. 165 de la Ley No. 19.535 (de rendición de cuentas y balance de ejecución presupuestal), regula el régimen de aprobación de los planes de manejo que se pretendan ejecutar en las áreas protegidas y las zonas adyacentes. Por lo tanto, nada refieren a la interpretación o ejecución en materia presupuestal.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1.300/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 311/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia clausuró el proceso de inconstitucionalidad, ya que el artículo 399 de la Ley No. 19.889 (LUC) sustituyó el art. 10 de la Ley 19.786 y, en consecuencia, la situación jurídica calificada que aducen los actores ha perdido actualidad u operatividad a raíz del cambio normativo. Por otra parte de acuerdo a las particularidades de la materia regulada (elección de representantes del B.P.S.), lo cierto es que la normativa impugnada no ha tenido operatividad o vocación aplicativa en el intervalo de vigencia. Con lo cual, una eventual declaración de inconstitucionalidad de la norma carece de contenido práctico.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal

DEFINITIVA 306/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de justicia, por mayoría conformada por los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Tosi y Turell, acogió el recurso de revisión interpuesto. Las causales de revisión invocadas por los recurrentes son las previstas en los numerales 6º y 7º del art. 283 del C.G.P. En cuanto a la revisión fundada en el art. 283 num. 7º del C.G.P., se desestimó en atención a que los recurrentes no cumplieron la carga de la debida sustanciación. Respecto a la revisión fundada en el art.283 num. 6º del C.G.P. A Juicio de los Ministros que integran la mayoría, los impugnantes han logrado acreditar en el caso la existencia de una maniobra fraudulenta, perpetrada por la actora en la acción de contestación de filiación, la cual es pasible de causar perjuicio a los recurrentes. (D) Ministro Dr. Sosa. Considera solo en parte fundada la revisión y en mérito a ello, estima procede anular la impugnada salvo en cuanto dejó sin efecto la legitimación adoptiva, dispositivo que corresponde mantener, rechazando el recurso de revisión en éste aspecto.

Recurso de revision · Derecho de familia

DEFINITIVA 315/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia por unanimidad, desestimó el recurso de casación interpuesto. En cuanto a los agravios referidos a la valoración de la prueba. La Corporación consideró que la parte no cumple con alegar cuál es el concreto motivo de agravio y en qué sentido no comparte la valoración de la prueba realizada por el Tribunal. Respecto a la alegada vulneración del principio de congruencia al variar la co-autoría del num. 4º al num. 3º del art. 61. La Corte entendió que no se vulneró el principio de congruencia recogido en los artículos 119 y 120 del N.C.P.P. Los hechos que llevaron al Tribunal a variar la co-autoría del num. 4º al num. 3º no resultan desconocidos por la Defensa, (cooperación del imputado al facilitar la fuga criminal). El Tribunal en forma correcta, individualizó la regla de derecho aplicable a la causa. Aplicó el principio Iura novit curia.

Recurso de casación · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 1.303/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1.307/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 1.283/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho procesal

DEFINITIVA 307/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 327/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación de la parte demandada y acogió el recurso de la parte actora. El día 19 de marzo de 2015, se produjo un accidente de tránsito. La víctima circulaba en una motocicleta y la co-demandada conduciendo un automóvil. Próximo a un cruce la demandada embistió al birrodado en cuestión, causándole la muerte a la víctima. En la presente causa, concubino e hijo reclamaron la reparación del daño moral y material derivado de la muerte de la occisa. Por su parte la demandada se opuso al reclamo, invocando la eximente de responsabilidad por hecho de la víctima. Respecto al recurso de casación de la parte demandada, en cuanto al agravio por haberse incrementado el grado de responsabilidad de la demandada en la causación del evento dañoso. La Corte concluye que el razonamiento probatorio de la Sala no entraña error o vicio alguno que permita calificarlo como absurdo o arbitrario. La calificación jurídica realizada por la Sala, adjudicando culpa compartida a ambos agentes, y subsumiendo la conducta de la occisa dentro de la categoría de hecho de la víctima, no merece reproche alguno. Respecto al recurso de casación de la parte actora. En cuanto al agravio por haberse desestimado la procedencia del rubro daño pre-muerte de la víctima. La Corte en mayoría acogió el agravio. El daño moral pre-muerte resulta transmisible a los herederos de la víctima, siempre que ésta haya estado consiente de los padecimientos sufridos. El moto fijado en primera instancia resulta razonable. (D) Ministro Dr. Turell. Entendió que correspondía desestimar el agravio relativo al reclamo por concepto de daño moral “iure hereditatis”. (D) Ministro Dr. Sosa. Por cuanto consideró que debía acogerse el agravio relativo a la detracción de las sumas percibidas por concepto de pensiones servidas por B.P.S.

Recurso de casación · Derecho procesal penal · Derecho civil

DEFINITIVA 319/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta

La Corporación desestima el planteo de inconstitucionalidad presentado contra el artículo 224 de la Ley Nº 17.930 y declara inadmisible la excepción de inconstitucionalidad interpuesta contra el Decreto Nº 36.619 de la Junta Departamental de Montevideo. En el presente proceso, la Intendencia pretende la desocupación del padrón N° 3731 de esta Ciudad, del cual invoca Sánchez ser su poseedor. En primer término corresponde emitir pronunciamiento sobre el artículo 224 de la Ley Nº 17.930. La parte excepcionante no cumplió con la debida alegación prevista por el artículo 512 del C.G.P., ya que no se indicó cuál de todos los derechos enunciados en el artículo 7 se encuentran vulnerados a los efectos de proceder a analizar si la toma urgente de posesión constituye o no una razón de interés general. En suma, corresponde desestimar el planteo formulado tanto en lo formal como en lo sustancial contra el artículo 224 de la Ley Nº 17.930. Con respecto a la inconstitucionalidad alegada que guarda relación con el Decreto N° 36.619 de la Junta Departamental de Montevideo, a criterio de la Corte, el excepcionamiento resulta inadmisible dado que el acto impugnado no es materialmente un decreto departamental con fuerza de ley en su jurisdicción.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho procesal

DEFINITIVA 332/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestimó el recurso de casación interpuesto. La parte recurrente cuestionó la valoración probatoria realizada por el Tribunal. A juicio de los Dres. Minvielle y Tosi en la especie no se advierte que el razonamiento probatorio de la Sala resulte absurdo, irracional, ilógico o arbitrario, únicos supuestos en que se justificaría su corrección en casación. A criterio de los Dres. Turel y Martínez no corresponde ingresar a la revalorización de los hechos aun en aquellos supuestos en que se constate una valoración probatoria que resulte absurda o arbitraria. Para el Dr. Sosa la valoración probatoria realizada por el órgano de alzada, no resulta excluida del control casatorio. En el caso consideró que las conclusiones a las que arribó el Tribunal cuentan con total respaldo probatorio. Como señaló la Sala el relato de abuso fue recibido por la abuela de la víctima y luego por los profesionales intervinientes.

Recurso de casación · Derecho penal · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 320/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestima los agravios deducidos. Asimismo, anula la recurrida exclusivamente en cuanto confirmó la remisión de la liquidación al procedimiento previsto por el art. 400 del C.G.P. y, en su lugar, dispone la remisión de la liquidación al procedimiento incidental previsto por el art. 378 del C.G.P. La parte actora es titular de explotaciones agropecuarias. Lo sustancial de su activo patrimonial está compuesto por bosques forestales que fueron implantados al amparo del régimen jurídico-tributario de la ley 15.939, la que exoneró a las empresas con determinadas características de los impuestos a las rentas y al patrimonio. La referida ley aseguraba un plazo de estabilidad de 12 años contados a partir de la implantación de los bosques, en el que estos no serían alcanzados por impuestos nacionales. En junio del año 2013 se sancionó la ley 19.088, la que creó un tributo llamado “Sobretasa del Impuesto del Patrimonio”, para cuyo cálculo también deben considerarse aquellos activos afectados a la explotación agropecuaria que se encuentran exentos, excluidos, o que son no computables para el IPAT. Tal es el caso de los bosques plantados al amparo de la ley 15.939, como los que tiene la reclamante en su patrimonio. La actora plantea la responsabilidad por acto legislativo. El art. 42 del Código Tributario, prevé que el Estado puede dejar sin efecto una exoneración o modificar sus alcances, pero esa acción está permitida sin perjuicio de la responsabilidad en la que pueda incurrir. La pretensión fue acogida en las dos instancias de mérito. En cuanto a la responsabilidad del Estado por acto legislativo, la Suprema Corte de Justicia comparte la postura adoptada por la Sala en la sentencia recurrida. A criterio de la Corporación, el daño sufrido por la actora es resarcible y resulta injusto, directamente causado por la acción legislativa estatal y cierto, entre los que se comprenden tanto los daños presentes como futuros. A criterio de los Ministros Dres. Tosi, Sosa, Minvielle y la redactora, corresponde anular la recurrida en cuanto dispuso la remisión de la liquidación de la condena ilíquida al procedimiento de ejecución previsto por el art. 400 del C.G.P. Si bien, como se consignó, se ha acreditado en autos que el daño existe, no así su cuantía, por lo cual corresponde su remisión a la vía incidental del art. 378 del C.G.P. La sentencia fue confirmada en segunda instancia.Sin embargo, en este punto ambos pronunciamientos incurren en una transgresión de las reglas del debido proceso que debe ser relevada por la Corte en este grado. Se está remitiendo a la etapa de ejecución un sector del pronunciamiento que debe ser objeto del proceso de conocimiento.Como se desprende del claro texto de la ley, el procedimiento de ejecución no tiene por objeto la determinación del quantum debeatur , sino que, por el contrario, éste ya debe haber sido fijado en la etapa de conocimiento. Por tanto, la exigencia del requisito de la liquidez para la promoción de la ejecución contra el Estado hace necesaria la remisión de la condena de este caso al incidente de liquidación previsto por el art. 378 del C.G.P. SR. MINISTRO DR. EDUARDO TURELL DISCORDE PARCIALMENTE: Por cuanto corresponde, desestimar el recurso de casación interpuesto.A diferencia de lo sostenido por la mayoría, considera que no corresponde remitir la liquidación del perjuicio al procedimiento incidental previsto en el art. 378 del C.G.P.

DEFINITIVA 331/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus miembros naturales, desestima la impugnación presentada por el encausado. La Corte, en postura contraria a la sustentada por la Fiscalía, considera la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por el enjuiciado, en concordancia a lo sostenido en sentencia nro.1.488/2019. A criterio de la Corte, ninguno de los agravios contenidos en el recurso de casación interpuesto por el encausado pueden recibir el amparo jurídico que reclama. En primer lugar, afirma el impugnante que la decisión de la Sala infringe el art. 117 del Código Penal patrio al no hacer lugar a la prescripción del delito por el cual fue condenado en la órbita del Estado requirente, lo que de haberse relevado hubiera conducido a desestimar la solicitud de extradición. La extradición del encausado fue solicitada en base al Tratado de Extradición suscrito entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay. El recurrente señaló que hoy en día su sentencia aún no está firme ; esto es, no hay pena ejecutoriada, por lo que el régimen aplicable es el de la prescripción del delito y no de la pena. En suma, como el imputado ha sido condenado por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, no es posible considerar al plazo de prescripción del delito, sino que lo correcto es ponderar el plazo de prescripción de la pena, lo que será objeto del análisis siguiente. En subsidio, para el caso de que la defensa anterior no fuera amparada, el requerido esgrime que la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones aplica erróneamente los arts. 129 y 130 del Código Penal doméstico, al rechazar la prescripción de la pena (art. 10.1 “in fine” del Tratado). De acuerdo al art. 133 del Código Penal español, las penas de prisión por más de cinco años y que no excedan de diez, prescriben a los quince años. En la especie, la condena había comenzado a cumplirse, por lo que el plazo de quince años se cuenta desde la fecha de su quebrantamiento, esto es, desde el 9 de noviembre de 2005, por lo que la prescripción recién habría de operar en noviembre de 2020.Entonces, de acuerdo a la legislación española, la pena no ha prescripto. Por su parte, en lo que respecta al derecho positivo uruguayo, la cuestión está regulada en el art. 129 del Código Penal. Sucede que, a diferencia de lo sostenido por el recurrente, la Corte entiende que es evidente que, cuando existe una hipótesis de quebrantamiento de la condena, el plazo se cuenta desde dicho evento y no desde la sentencia ejecutoriada. Conforme a la legislación uruguaya, cuando el 21 de febrero de 2019 se produjo la detención del requerido, aún no había operado el plazo de prescripción de la pena.

Recurso de casación · Derecho procesal penal · Derecho internacional público

DEFINITIVA 330/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta

La Corporación por unanimidad, desestima el recurso de casación interpuesto. En segunda instancia se revocó la sentencia de primera instancia, absolviendo a “Aerolíneas Argentinas S.A.” de pagar diferencias de salario y rubros solicitados por la parte actora. La Suprema Corte de Justicia estima que el sector de la impugnación que refiere a que el actor no cumplió con la debida sustanciación del art. 8 de la Ley Nº 18.572, es de recibo, ya que considera que la Sala incurrió en un exceso formal. Es decir, que el actor, a partir de una descripción, lo que buscó fue perfilar las notas propias que definiría la categoría “supervisor”; a fin de diferenciar y apartarse de la de “auxiliar I”, ciertas potestades de dirección, decisión, y asumir roles propios de personal de jerarquía y confianza, que afirma haber cumplido. Ahora bien, la solución revocatoria a la que llegó la sala, se fundó no solamente en el incumplimiento de la carga de la debida alegación, sino en que el actor no probó la base fáctica de su reclamo. El accionante cuestiona la valoración de la prueba practicada en segunda instancia, pero, lo hace en términos no atendibles en casación, no denunció un razonamiento arbitrario o ilógico. Por su parte el Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa, entiende precisar que sin perjuicio de que es partidario de una “postura amplia” por la cual el error en la apreciación de la prueba como causal de casación no debe limitarse exclusivamente a hipótesis de arbitrariedad o absurdo evidente, el recurrente debe indicar en su memorial de agravios en dónde se encontró vulnerado el límite de razonabilidad en la ponderación probatoria. Sin perjuicio de lo dicho, por si solo suficiente para repeler el agravio, los Sres. Ministros Dres. Elena Martínez, Bernadette Minvielle, Luis Tosi y el redactor, precisan que la Sala descartó la base fáctica articulada en la demanda, a partir del análisis de declaraciones testimoniales, así como de los documentos agregados.

Recurso de casación · Derecho laboral · Derecho procesal

DEFINITIVA 329/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho procesal

DEFINITIVA 316/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, anuló la recurrida y condenó a la actualización de la indemnización del rubro que consiste en el pago del equivalente a 24 veces el haber de retiro correspondiente al mes de julio 2005, previsto en el art. 6 de la ley 17.949, desde que el rubro dejó de ser percibido y hasta su efectivo pago. Asimismo por mayoría legalmente requerida, condenó al pago de los intereses legales correspondientes desde esa misma fecha. El actor es un oficial naval que en dictadura militar recibió bajas calificaciones por motivos espurios que determinaron su pase a retiro obligatorio. En el 2006 se aprobó la ley 17.949, con el propósito de reparar la situación del personal militar destituido por motivos políticos o ideológicos. Dicha ley previó el resarcimiento de las personas en esa situación. Por la demanda que da inicio a éste proceso, el actor reclamó los daños que le causó la demora de la Administración en resolver el petitorio por el que solicitó el amparo a los beneficios de la Ley 17.949. En cuanto al recurso de casación interpuesto por la demandada, se desestimó el agravio referido a la ausencia de falta de servicio. La Corporación consideró que la Administración tramitó la petición del actor en un lapso que no solo superó la duración máxima legal y reglamentaria, sino que traspasó los límites de lo razonable. La Administración pagó años después y a valores históricos, por tal motivo corresponde acceder al reclamo de la actualización del referido rubro. Asimismo a criterio de los Dres. Turell, Minvielle y Sosa, debe condenarse al pago del interés legal desde las mismas fechas que las previstas para el reajuste. (D) Ministros Dres. Martínez y Tosi. En cuanto entienden que los intereses del rubro deben correr desde la demanda.

Recurso de casación · Derecho administrativo · Derecho laboral

INTERLOCUTORIA 1.304/2020 · Suprema Corte de Justicia · 8 de octubre de 2020Importancia alta

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal