INTERLOCUTORIA 1.051/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de setiembre de 2020Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1.048/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de setiembre de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia integrada declaró competente para continuar conociendo en las presentes actuaciones al Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno. En el caso no de ha resuelto aún el incidente de acumulación de autos, no se puede pretender que se modifique la competencia que se fijó para la alzada, que en el caso resultó adjudicado el Tribunal Civil de 1º Turno, Sede que no puede alegar la prevención si aún el Homólogo de 4º Turno no resolvió la acumulación tramitada.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1.053/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de setiembre de 2020Importancia alta

La Corporación, contando con el quórum habilitante, hace lugar a la alegación de hecho nuevo solicitada. Se constata que el hecho narrado por la Intendencia de Maldonado es nuevo al ocurrir con posterioridad a la promoción del presente proceso, guardando el hecho invocado relación con la cuestión debatida en el proceso. Asimismo se observa que la contraria al evacuar el traslado no se opuso en forma categórica a la alegación del hecho nuevo invocado por la Intendencia Departamental.

Lesion de autonomia · Derecho procesal

DEFINITIVA 262/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de setiembre de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, desestimó la excepción de inconstitucional opuesta por la actora. La disposición impugnada se encuentra inserta en la ley que regula la defensa de la libre competencia en el comercio. Según la promotora la norma contiene una presunción de culpabilidad que resulta contraria a los principios de no autoincriminación y de inocencia, lo cual transgrede el principio de defensa, el debido procedimiento y la libertad. La Corporación no comparte la interpretación de la promotora, según la cual el deber de colaboración impuesto por la norma atacada vulnera el derecho a no autoincriminarse. El deber de colaboración a cargo del investigado y la presunción en su contra, en caso de incumplimiento, son una herramienta razonable. La Suprema Corte de Justicia tampoco comparte la interpretación del excepcionante según la cual la norma impugnada vulnera la presunción de inocencia del investigado. Si el administrado con hechos positivos en contrario, acredita la desvinculación con éste tipo de prácticas anticompetitivas, desvanece por completo la eficacia de la presunción relativa.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal

DEFINITIVA 264/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de setiembre de 2020Importancia alta

La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto. Con fecha 22 de marzo de 2018, la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos solicitó al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 4to. Turno una orden de allanamiento a los efectos de procurar la detención de un ciudadano turco en base a que la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado e Interpol había informado a la referida Fiscalía que existía una Notificación Roja de control contra el ciudadano turco de referencia, por determinados delitos previstos en el Código Penal de Turquía y en la Ley de Procedimiento Tributario de dicho país. Se celebró audiencia de arresto preventivo en la que se efectuó el control de detención y se dispuso la reserva de las actuaciones por el término de 30 días a la espera de la solicitud formal de extradición. El 2 de abril de 2018 fue recibido por la Sede “ a quo” , a través de la Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Educación y Cultura, el pedido formal de extradición, formulado por la Fiscalía de la República de Turquía, por la presunta comisión de los siguientes delitos: “Fraude al Utilizar como un Instrumento Sistemas Electrónicos de Procesamiento de Datos”, “Fraude de un Comerciante o Gerente de la Compañía con Los Gerentes de Corporación Cooperativa”, “Establecer Organizaciones Con el Propósito de Cometer Delitos”, “Lavado De Activos Por Medio De Un Delito” y “Violación de la Ley de Procedimiento Tributario”; todos ellos tipificados en diversas disposiciones del Código Penal Turco y de la Ley de Procedimiento Tributario, las cuales se citaron con indicación de las penas previstas para tales reatos; amén de efectuarse la descripción sucinta de las conductas que habrían configurado los referidos delitos, la “muestra” de las “evidencias contra los sospechosos”, los actos seguidos durante la etapa de investigación, el lapso para que opere la prescripción y las garantías. Se convocó y se celebró audiencia de debate. En primera instancia se concedió la extradición, en segunda instancia se confirmó el fallo. Se interpone casación. Se puntualiza que en los autos referidos, se dictó Sentencia de condena, por parte del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 4° Turno, mediante la cual se condenó, entre otros, a la persona que se solicita su extradición “... como autor de un delito continuado de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia, a la pena de cuatro años y seis meses de penitenciaria, la que será sustituida por la libertad vigilada intensiva por igual plazo de la pena” , disponiéndose el cierre de fronteras a su respecto y ordenándose, asimismo, el decomiso de los bienes muebles e inmuebles detallados en la parte expositiva de la sentencia. Respecto de la admisibilidad de la casación, esta Corporación ha entendido que en el marco del nuevo Código del Proceso Penal ante un fallo que confirme al dictado en primera instancia no rige la regla de la doble confirmatoria prevista en el artículo 268 del C.G.P. Para la Corte es claro que corresponde aplicar directamente en el presente proceso de extradición, las normas de la Convención de Palermo que ha sido ratificada por Uruguay y Turquía, y en aquellos aspectos que no han sido regulados por la Convención, corresponde estar a lo dispuesto por el C.P.P. en sus arts. 329 a 350, y siempre que no se opongan a la norma de fuente internacional directamente aplicable. El recurrente planteó que la sentencia atacada violenta el citado principio non bis in idem , consagrado por el art. 5 del C.P.P., al no haber excluido del elenco de delitos extraditables y juzgables al lavado de activos. Dicho agravio no es de recibo. El segundo agravio del recurrente radica en denunciar que la no exclusión, dentro del elenco de delitos extraditables, del ilícito penal denominado “Violación de la Ley de Procedimiento Tributario” (art. 359 de dicha ley turca), implica una transgresión al principio de doble identidad o doble incriminación (recogidos en el art. 331 lit. f) del C.P.P. y en el art. 16.1 de la Convención de Palermo), principio según el cual se exige que el hecho por el cual se reclama la entrega del extraditable constituya delito en la ley penal de ambos países. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Turell, Martínez, Tosi y Minvielle las referidas conductas, podrían ser pasibles de configurar en nuestro país el delito de defraudación tributaria, previsto en el artículo 110 del Código Tributario. Por su parte, para el redactor,de la requisitoria del Estado extranjero se puede inferir que no se asiste a una simple “evasión fiscal” u “omisión de pagar impuestos” como reclama la defensa en su escrito de casación. Las conductas descriptas son acciones que pueden configurar modalidades de lavado de activos, artículo 6 “Penalización del blanqueo del producto del delito ” de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aplicable en la especie y también al concepto que recogen los tipos penales prohibidos de nuestro derecho positivo, a saber: ocultamiento y asistencia (artículos 32 y 33 de la Ley No. 19.574). En suma, sin perjuicio de los matices antes señalados, a juicio de la Corporación la imputación por la cual se solicita la extradición está tipificada como delito tanto en el orden jurídico del Estado requerido (Uruguay), como en el del Estado requirente (Turquía), por lo que se cumple con el requisito de la doble incriminación.

INTERLOCUTORIA 1.034/2020 · Suprema Corte de Justicia · 31 de agosto de 2020Importancia alta

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 1.033/2020 · Suprema Corte de Justicia · 31 de agosto de 2020Importancia alta

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 1.035/2020 · Suprema Corte de Justicia · 31 de agosto de 2020Importancia alta

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 260/2020 · Suprema Corte de Justicia · 31 de agosto de 2020Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus miembros naturales, desestima el recurso de casación interpuesto por el Estado - Poder Legislativo. Con el concurso de voluntades de los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Turell, Tosi y el redactor, ampara el recurso de casación movilizado por la parte actora y, en su mérito, anula la recurrida en cuanto ordenó dilucidar la cuantificación del adeudo mediante el procedimiento previsto en el art. 378 del C.G.P. y, en su lugar, mantiene firme la condena dispuesta en primera instancia. Las sociedades anónimas que integran la parte actora son titulares de explotaciones agropecuarias. Lo sustancial de su activo patrimonial, está compuesto por bosques forestales que plantaron en distintos padrones rurales de su propiedad al amparo del régimen jurídico-tributario de la Ley No. 15.939. Dicha ley exoneró a las empresas que implantaran bosques forestales con determinadas características, de los impuestos a las rentas y al patrimonio, vigentes al tiempo de su sanción . Además, estableció que quienes implantaran bosques de esas características no deberían pagar ningún impuesto que gravara, por esa actividad, a sus titulares ni a los inmuebles asiento de los bosques durante un período de 12 años contados desde su implantación. Con la sanción de la Ley No. 19.088 que creó un tributo denominado “Sobretasa del impuesto del patrimonio”alcanza, mediante alícuotas progresivas, la totalidad del patrimonio afectado a las explotaciones agropecuarias referidas.Las actoras plantearon que esta decisión del legislador expone al Estado a responsabilidad por acto legislativo, al haber afectado el período de estabilidad que la ley anterior había comprometido. La cuantía del perjuicio está compuesta por el monto ya abonado por concepto de sobretasa, como resultado de tener que computar aquellos inmuebles forestados en los que los bosques tenían, al momento de entrada en vigor de la Ley No. 19.088, menos de 12 años de implantados. Reclamaron que se condene al Poder Legislativo a reembolsárseles lo pagado por concepto de la sobretasa y, a futuro, a ser reparados por el equivalente a lo que deban abonar por concepto de sobretasa, sobre aquellos activos (bosques) cubiertos por el plazo de 12 años desde la implantación, por el que la Ley Forestal No. 15.939 garantiza la exoneración tributaria. En lo atinente al cómputo del plazo de caducidad cuatrienal (art. 39 de la Ley No. 11.925), a juicio de la Corporación no resulta de recibo el cuestionamiento introducido por el Estado - Poder Legislativo. Para que se configure la caducidad, como enseña Cassinelli Muñoz, tiene que haber dentro del lapso cuarenta y ocho meses enteros que corren desde el primero al último día de cada mes, de modo que todos estos plazos de caducidad terminan siempre a medianoche del último día de algún mes calendario, cualquiera sea la fecha en la cual se produjo la exigibilidad.Es correcto el proceder de la Sala de computar el plazo de caducidad a partir del 1º de julio de 2013. La caducidad se producirá, siempre, el último día del mes en que se cumplen los cuatro años; en este caso, a la hora 0 del 1º de julio de 2017, por lo que la caducidad no llegó a operar ya que la demanda se interpuso en plazo, el 30 de junio de 2017. Gravar con la sobretasa del impuesto al patrimonio determinados activos que, conforme al régimen legal al amparo que se hizo la inversión, no iban a ser gravados por tributo nacional alguno creado ni a crearse durante el término de 12 años a partir de la implantación del bosque, es un extremo generador de responsabilidad del Estado por acto legislativo y justifica el mantenimiento de la condena. La decisión del Tribunal de disponer diferir la cuantificación del crédito a la vía incidental prevista en el artículo 378 del C.G.P., resulta controlable en casación. Cabe recordar que en el pasado, este Colegiado sostuvo que la decisión de los Tribunales de Apelaciones de ordenar la liquidación del crédito por el procedimiento previsto en el artículo 378 del C.G.P., era un asunto de resorte discrecional de los órganos de mérito, el que no podía ser censurado en casación. Los referidos Ministros que conforman la mayoría estiman que de autos surgen elementos para disponer una condena a suma líquida y, por ende, no hay mérito para diferir la cuantificación del crédito a la vía del art. 378 del C.G.P. Hay que proceder al examen de las condiciones necesarias y suficientes para la determinación de obligación de “pagar cantidad de dinero líquida o fácilmente liquidable” (art. 377 inc. 1 C.G.P.). Por lo expuesto, a juicio de la Corporación debe mantenerse la condena líquida impuesta en primera instancia al pago de las sumas concretamente reclamadas. En cuanto a la condena de futuro, tal como lo entendió la Sentencia de Primera Instancia, corresponde condenar al Poder Legislativo a devolver a las actoras aquellos montos que deban abonar, por concepto de sobretasa del impuesto al patrimonio, por tener que computar en su base de cálculo aquellos bosques que, al momento de entrada en vigencia de la Ley No. 19.088 tenían menos de 12 años de implantados. Además, los montos deberán ser debidamente reajustados mediante el mecanismo previsto en el Decreto-Ley No. 14.500 y devengarán el interés legal desde cada desembolso. (D)SRA. MINISTRA DRA. ELENA MARTINEZ DISCORDE PARCIALMENTE: en cuanto entiende que corresponde desestimar los recursos de casación. Respecto del recurso de casación deducido por la parte demandada, comparte la postura de la mayoría en cuanto a la solución desestimatoria de la excepción de caducidad.También se remite a los fundamentos expuestos por la mayoría en cuanto a la configuración de la responsabilidad del Estado por acto legislativo. En cuanto al recurso de casación deducido por las actoras, la remisión a la vía incidental para la liquidación del daño resulta adecuada, ya que su cuantía no puede considerarse probada. Por tanto, a diferencia de lo que sostienen los Ministros que conforman la mayoría, no corresponde acoger el recurso de casación. Considera que la sentencia del Tribunal tiene la motivación suficiente y que corresponde desestimar los agravios referidos a la valoración de la prueba. El Tribunal no incurrió en hipótesis de absurdo evidente, ni de arbitrariedad, que habilite revisar la valoración en esta instancia.

DEFINITIVA 257/2020 · Suprema Corte de Justicia · 31 de agosto de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por la mayoría integrada por los Dres. Minvielle, Martínez y Sosa, desestimó el recurso de casación interpuesto por la parte actora. En autos tramita una acción de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual derivada de un accidente de tránsito ocurrido el 2 de octubre de 2013. La demanda fue presentada el 6 de junio de 2017 y el co-demandado fue notificado del emplazamiento el 15 de junio de 2017 en el domicilio denunciado por la actora. El 15 de noviembre de 2017 compareció el co-demandado a promover incidente de nulidad. Adujo que había mudado su domicilio más de un año y medio antes de que se presentara la demanda, por lo que el emplazamiento fue nulo. El 19 de marzo de 2018 se notificó en el nuevo domicilio el traslado de la demanda al co-demandado quien al evacuarlo opuso la excepción de prescripción. En opinión de la Sres. Ministros Dres. Minvielle y Sosa, la controversia consiste en el alcance que corresponde atribuir a lo previsto en el art. 1235 inc. 2º del CC, según el cual el emplazamiento judicial interrumpe la prescripción aunque “sea nulo por vicio de forma”. Consideraron que en éste caso no acaeció una nulidad por vicio de forma, sino que se trató de una nulidad absoluta. No puede hablarse de emplazamiento. Por tal razón comparten la decisión de la Sala de amparar la excepción de prescripción. La Sra. Ministra Dra. Martínez arriba a la misma solución aunque por diversos fundamentos. (D) Sres. Ministros Dres. Turell y Tosi por cuanto entendieron que correspondía amparar el recurso de casación interpuesto por la parte actora, anulando la recurrida en cuanto amparó la excepción de prescripción.

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1.022/2020 · Suprema Corte de Justicia · 31 de agosto de 2020Importancia alta

Contienda de competencia

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 259/2020 · Suprema Corte de Justicia · 31 de agosto de 2020Importancia alta

La Corporación por unanimidad, desestimó el recurso de casación interpuesto. En cuanto a las supuestas irregularidades del trámite, consideró la Corporación que las mismas no configuran una violación de las garantías del debido proceso. Tampoco se vislumbra que en la causa exista nulidad absoluta. Respecto a la valoración de la prueba por parte del Tribunal, en especial del expediente administrativo agregado por la defensa. Lo resuelto en vía administrativa no resulta vinculante para la instrucción penal

Recurso de casación · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 1.032/2020 · Suprema Corte de Justicia · 31 de agosto de 2020Importancia alta

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Recurso de queja · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 1.030/2020 · Suprema Corte de Justicia · 31 de agosto de 2020Importancia alta

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 1.031/2020 · Suprema Corte de Justicia · 31 de agosto de 2020Importancia alta

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 254/2020 · Suprema Corte de Justicia · 27 de agosto de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto. A juicio de la Corporación, no le asiste razón a la defensa en su planteo en lo atinente a la inexistencia del tipo penal previsto en el artículo 273 del C.P., por tratarse de un único hecho de brevísima duración interrumpido por un tercero. Sin perjuicio de que el artículo 273 refiere a “actos”, basta con que ocurra uno solo para su configuración. En definitiva lo que se aprecia es una disconformidad con la valoración de la prueba ejercitada por la Sala, pero no logra el condenado poner de relieve un vicio del razonamiento probatorio que posibilite hacer caer la valoración ejercitada en segunda instancia. Respecto al agravio relativo al guarismo punitivo. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Martínez, Turell, Tosi y Minvielle, la determinación de la pena no es materia revisable en casación, siempre que se haya realizado dentro de los parámetros legales.

Recurso de casación · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 256/2020 · Suprema Corte de Justicia · 27 de agosto de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto. La parte actora promovió demanda reclamando el resarcimiento por los daños y perjuicios que alegaron haber padecido como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido en mayo de 2012. La Corporación consideró que el razonamiento probatorio de la Sala supuso un apartamiento de las reglas legales de valoración de la prueba en grado que habilita su revisión en casación. Sin embargo tal error no lleva en el caso a la recepción del agravio, ya que la Corte luego de realizar su propia valoración de la prueba concluyó que la demanda no era de recibo. El error de la Sala fue afirmar que existía un cartel de “Pare” en el cruce en que se dio el accidente. El accidente no ocurrió ni por exceso de velocidad del ómnibus ni por haber éste cruzado inhabilitado por la luz del semáforo, sino por la negligencia del actor.

Recurso de casación · Derecho procesal · Derecho civil

DEFINITIVA 253/2020 · Suprema Corte de Justicia · 27 de agosto de 2020Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestima el recurso de casación. En cuanto al agravio referido a la infracción al artículo 3 del Código Penal. La defensa del encausado, le reprocha al Tribunal que la responsabilidad del condenado se centró exclusivamente en el consumo de alcohol previo al manejo.De la mera lectura del agravio y de lo resuelto por la Sala surge que el planteo, debe ser desestimado. En cuanto al agravio referido a la infracción a las normas de valoración de la prueba (artículo 174 CPP).Los Ministros de la Corporación tienen distintas posiciones respecto de este tipo de agravios en sede de casación penal regida por el viejo C.P.P. (decreto-ley 15.032). Los Doctores Bernadette Minvielle y Luis Tosi, respecto de la errónea valoración de la prueba como causal de casación en materia penal, reiteran lo expresado por la Corte en sentencia nro. 134/2018.En la especie, no se advierte, en absoluto, que el razonamiento probatorio de la Sala resulte absurdo, irracional, ilógico o arbitrario, únicos supuestos en los que se justificaría su corrección en casación, desestimando el agravio articulado. A criterio de los Doctores Eduardo Turell y la redactora, en cambio, si bien coincide con los Dres. Minvielle y Tosi en que estamos ante un supuesto exiliado del control casatorio, se entiende que no corresponde ingresar a la revalorización de los hechos aun en aquellos supuestos en que se constate una valoración probatoria que resulte absurda o arbitraria (posición que sí sostienen para la materia civil, en función de la normativa aplicable). El Dr. Tabaré Sosa, en cambio, estima que la valoración probatoria realizada por el órgano de alzada no resulta, en principio, excluida del control casatorio aún en hipótesis en las cuales no se haya denunciado absurdo o arbitrariedad, de conformidad con los fundamentos desarrollados en la sentencia 92/2020.A criterio del Dr. Sosa, en el caso, hay plena prueba por indicios.

Recurso de casación · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 997/2020 · Suprema Corte de Justicia · 27 de agosto de 2020Importancia alta

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal

DEFINITIVA 251/2020 · Suprema Corte de Justicia · 27 de agosto de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, desestima el recurso de revisión interpuesto, por razones estrictamente formales. La ley procesal impone a quien plantea un recurso de revisión la carga de detallar sus fundamentos (art. 286 C.G.P.). El precepto remite a lo previsto en el art. 117 del C.G.P., sobre los requisitos de la demanda, por lo que se entiende que estos últimos le resultan aplicables en lo pertinente. Asimismo la procedencia del recurso de revisión está condicionada a que se acrediten una serie de causales, reguladas por el art. 283 del C.G.P. Es carga del recurrente especificar en qué causal de las previstas legalmente basa su recurso y, también, gravita sobre él la carga de probar sus extremos constitutivos. En este caso, el recurrente hizo mención de la causal prevista en el art. 283 numeral 6º del C.G.P. Sin embargo, no detalló cuál sería la colusión o maniobra fraudulenta que habría causado perjuicio o que habría afectado a la causa pública, no detalla los extremos constitutivos de la única causal que invocó (Cfme. Sentencia No. 1.230/2019).

Recurso de revision · Derecho laboral