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6.728 sentencias

INTERLOCUTORIA 20/2018 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 4 de abril de 2018
La sentencia de primera instancia amparó las excepciones de transacción y pago con costas y costos de cargo de la accionante. Contra la misma se alza la parte perdidosa y expresa agravios, manifiesta que los reclamantes de autos no son los mismos que los actores del acordonado y que el objeto del juicio no es el mismo, no alcanzándoles la transacción y el pago efectuado respecto a los beneficiarios del juicio anterior. En efecto, que la mencionada transacción no alcanza al ya fallecido Oscar Hortiguera, esposo y padre de los promotores actuales. El Tribunal confirma la sentencia apelada. A los efectos de la decisión debe señalarse que en éste proceso Mª de los Ángeles Palacio reclama, en representación de sus hijos menores, daño moral “iure hereditatis” que habría sufrido el padre de éstos producto del deceso de la madre del último nombrado, en un accidente de tránsito. Se narra en la pretensión que a raíz del fallecimiento abrupto y repentino de Mirta Charamelo (madre de Oscar Hortiguera) el padre de los menores impetrantes habría padecido un daño espiritual de tal magnitud que le causó suma angustia y le llevó a la muerte. Se reclamó “en carácter de herederos y en nombre de su prefallecido padre (Sr. Oscar Elder Hortiguera Charamelo), por el daño moral que a este último le correspondía en resarcimiento por el fallecimiento de su madre (abuela de los menores, Sra. Mirta Iris Charamelo Posse), en un accidente de tránsito”.
Proceso civil ordinario · Derecho civil
DEFINITIVA 561/2017 · Suprema Corte de Justicia · 8 de mayo de 2017Importancia alta
La Corporación desestima los recursos de casación impetrados. El Banco de Seguros del Estado promovió demanda indemnizatoria de daños y perjuicios, en calidad de sustituto procesal de su asegurado Frigorífico Canelones S.A, en ejercicio de acción subrogatoria derivada de un contrato de seguros, contra Evergreen Marine (UK) Ltd. y Vessel Atlántica S.A La unanimidad de los integrantes de este Cuerpo consideran que las dos últimas empresas deben responder por responsabilidad contractual en forma solidaria e indivisible. Coinciden en que la solución al caso consiste en la aplicación de la Convención de Bruselas de 1924 y sus Protocolos modificativos, por haber sido incorporados al derecho interno ruso. Asimismo la pretensión de regreso se rige por la misma normativa. Se considera que la valoración probatoria es acorde con las reglas de la sana crítica. Con respecto al agravio relativo al límite de la responsabilidad, no resulta aplicable al caso.
Recurso de casación · Derecho procesal · Derecho comercial
INTERLOCUTORIA 629/2017 · Suprema Corte de Justicia · 8 de mayo de 2017Importancia alta
Recurso de reposicion
Recurso de reposicion · Derecho procesal
DEFINITIVA 564/2017 · Suprema Corte de Justicia · 8 de mayo de 2017Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, desestimó el recurso de casación interpuesto en un proceso por cobro de pesos contra empresa aseguradora. A juicio de los Ministros Dres. Hounie, Martínez y Chediak, no debe ingresarse al mérito del litigio ambas instancias desestimaron la demanda. Aunque el rechazo se motivó en motivos dispares, la doble confirmación impide su tratamiento en casación. Los Ministros Dres. Pérez Manrique y Turell entendieron que la cláusula de prescripción del contrato de seguro, que estableció un plazo más corto que el previsto en el Código de Comercio es válida. Ya sea computando el plazo de prescripción desde la fecha del siniestro o desde la notificación de la denegatoria de cobertura, al momento de promoción la demanda el plazo de prescripción contractual ya había operado.
Recurso de casación · Derecho procesal · Derecho comercial
DEFINITIVA 595/2017 · Suprema Corte de Justicia · 8 de mayo de 2017Importancia alta
La Corporación, integrada y por unanimidad, desestima el recurso de casación interpuesto. En el caso, el actor promovió demanda contra la Universidad de la República. La Sede Letrada desestimó la pretensión, pronunciamiento que fue confirmado en segunda instancia. El Alto Cuerpo considera que el recurso de casación debió ser autosuficiente, por lo que no resulta bastante la remisión a consideraciones que el impugnante efectuó en anteriores oportunidades procesales. En tanto el razonamiento probatorio de la Sala resultó conforme con la sana crítica (Arts. 140 y 141 del C.G.P.), la Corte afirma que es ajustado a derecho concluir en la ausencia de responsabilidad de la demandada. Por último, no considera de recibo los agravios que refieren a cuestiones que no fundamentaron la parte dispositiva del fallo o que no formaron parte del contradictorio.
Recurso de casación · Derecho administrativo · Derecho procesal
DEFINITIVA 576/2017 · Suprema Corte de Justicia · 8 de mayo de 2017Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de miembros naturales, declara inconstitucional el Art. 733 de la Ley 19.355. Considera que la disposición vulnera el principio de tutela jurisdiccional efectiva (en especial el derecho a la ejecución en tiempo y forma de las resoluciones judiciales). A su criterio, la impugnada no cumple con varios requisitos que la Carta y los principales tribunales constitucionales exigen para restringir derechos fundamentales: transgrede los principios de razonabilidad y proporcionalidad, no está fundada en razones de interés general ni surge de su texto la licitud de su fin. Aún si se considera que la finalidad de la norma es lograr una mayor previsibilidad de las erogaciones y tener un mayor control de las finanzas publicas, no resulta idónea, necesaria ni proporcional la restricción que -en forma incompatible con el Estado Democrático de Derecho- supone la desnaturalización un derecho fundamental. La Dra. Martínez considera que la inembargabilidad absoluta de los bienes y a la inaplicabilidad de astreintes o sanciones pecuniarias al Estado son factores que aumentan la preocupación por el efectivo cumplimiento de los fallos, la denegatoria de justicia y vulneración del Estado de Derecho. Para la mayoría de los Ministros, la disposición también lesiona el principio de igualdad: se trata de una legislación para el caso concreto y los funcionarios públicos comprendidos en ella no tienen igual de trato que el resto de los acreedores del Estado. Agregan que la impugnada violenta el principio de seguridad jurídica y de separación de poderes: el cumplimiento de las sentencias (la eficacia de la cosa juzgada) queda librado a la exclusiva voluntad del Estado, lo que puede producirse “sine die” y dejar sin contenido derechos laudados por el Poder Judicial.
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho laboral · Derecho constitucional · Derecho procesal
DEFINITIVA 440/2017 · Suprema Corte de Justicia · 8 de mayo de 2017Importancia alta
La Coloración, por unanimidad, ampara parcialmente la demanda incidental de liquidación de sentencia. En el caso, la demandada pretende que, previo a resolver sobre la liquidación, se declare la prescripción o caducidad de ciertos créditos comprendidos en la condena. En tanto el objeto del proceso consiste en determinar el monto de lo debido conforme a un mandato ya ejecutoriado, el Alto Cuerpo concluye que no corresponde admitir la posición de la demandada. Por último, fija el quantum de condena de acuerdo a lo señalado en el dictamen pericial contable producido en autos y su ampliatorio.
Proceso incidental · Derecho procesal
DEFINITIVA 586/2017 · Suprema Corte de Justicia · 8 de mayo de 2017Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia desestimó los recursos de casación interpuestos, por estimar que el embate crítico de las recurrencias no logra poner de manifiesto errores de derecho en la sentencia del Tribunal de mérito que permitan anular la decisión cuestionada. Las infracciones alegadas por los recurrentes no se hicieron valer en la oportunidad procesal correspondiente, por lo cual, se deben tener por convalidadas al haber precluido la oportunidad para hacerlo. No se invocó nulidad alguna, más allá de las defensas de mérito alegadas oportunamente por los impugnantes en ocasión de la excarcelación provisional. Por otra parte los cuestionamientos dirigidos contra la aplicación de la figura delictual prevista en la ley No. 2.230, tampoco son de recibo, pues el punto ya fue resuelto por la corporación con efecto de cosa juzgada. No se adviertió violación a las garantías del debido proceso ni al principio de igualdad, pues los recurrentes tuvieron todas las oportunidades procesales que le concede la legislación procesal y sustancial para hacer efectivos sus derechos. En cuanto a la excesiva duración del proceso, el lapso procesal no resulta injustificado, ni originado en la falta de diligencia de la Sede de primera instancia, sino que se explica por las complejidades propias del asunto en debate, por la prueba, por la multiplicidad de acusados y por la propia actuación defensiva de la parte acusada. En cuanto a los restantes agravios no resultan más que un intento infructuoso de pretender la revalorización de la plataforma fáctica, en sede casatoria penal, lo que resulta improcedente.
Recurso de casación · Derecho procesal penal · Derecho penal
DEFINITIVA 443/2017 · Suprema Corte de Justicia · 8 de mayo de 2017Importancia alta
La Corporación, por unanimidad de miembros naturales, desestima la inconstitucionalidad deducida por vía de acción respecto de los Arts. 2 inc. 1; 8 inc. 3; 44 lits. A y C; 45 lits. A y B, 106 y 108 de la Ley 16.713. En el caso, accionan quienes al 1º de abril de 1996 eran trabajadores afiliados al BPS menores de 40 años de edad sin causal jubilatoria y por tanto comprendidos el llamado “régimen mixto”. El Alto Cuerpo considera que el contralor del acierto o desacierto de la solución legislativa (vinculada a la rentabilidad de las inversiones realizadas por las AFAP y a la conveniencia o no del sistema para los “cincuentones”) es ajeno al control de constitucionalidad que le compete. Afirma que los accionantes carecen de legitimación para impugnar el Art. 108 (porque no alegaron estar en el supuesto de hecho regulado por la norma), pero reconoce legitimación pasiva al B.P.S. y AFAPSURA SA (por ser sujetos a quienes las disposiciones impugnadas pueden afectar). Concluye en la solución desestimatoria por varios fundamentos: - Los accionantes no probaron la existencia de un interés oculto del legislador ni la ausencia de merito para sancionar la ley: no acreditaron la arbitrariedad o irracionalidad que invocan. - La ley no violenta el principio de igualdad constitucional: delimita diferentes regímenes aplicables a todos aquellos que se encuentren comprendidos en igual situación, sin distinción y sin apartarse del juicio de razonabilidad. - El derecho a la pasividad no es absoluto: admite limitaciones fundadas en razones el interés general. - Los intereses en juego –el subjetivo de los titulares y el colectivo de la sociedad- fueron balanceados adecuadamente: el medio utilizado (aplicación del sistema de ahorro obligatorio a determinada categoría) tiene una relación positiva con la finalidad perseguida (atender la grave situación financiera del sistema de previsión social administrado por el B.P.S.).
Proceso de inconstitucionalidad · Seguridad social · Derecho constitucional
DEFINITIVA 559/2017 · Suprema Corte de Justicia · 8 de mayo de 2017Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, desestima el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en proceso laboral por reclamo de horas extras. A juicio de la Sala, el actor no podía ser considerado parte del "personal superior" por dos razones. En primer lugar su trabajo se llevaba a cabo en establecimientos rural con objeto cría de suinos lo cual se encuentra excluido del Decreto 611/1980 (Art. 1 Numeral 3). En segundo lugar, incluso entendiendo que podría verse abarcado por la norma mencionada, los Ministros entendieron que no revestía la calidad de personal superior por la correcta valoración probatoria llevada a cabo en segunda instancia. Por otra parte, se mantuvo firme la liquidación efectuada por la parte actora, ya que el recurrente no presentó en ninguna etapa del proceso su liquidación alternativa, siendo el agravio infundado.
Recurso de casación · Derecho laboral
DEFINITIVA 601/2017 · Suprema Corte de Justicia · 8 de mayo de 2017Importancia alta
La Corporación, por unanimidad, desestima el recurso de casación interpuesto. En el caso, la parte actora promovió demanda de daños y perjuicios por responsabilidad médica. La Sede Letrada desestimó la pretensión, resolución que fue confirmada en segunda instancia, con discordia de la Dra. Maggi. El Alto Cuerpo considera que todos los agravios esgrimidos por el recurrente refieren a la valoración de la prueba efectuada por la Sala, la que resultó ajustada al canon legal establecido en los Arts. 140 y 141 del C.G.P. Como el dictamen pericial se fundó en principios técnicos y no resultó desvirtuado por otra probanza, corresponde estar a sus conclusiones y tener por descartada la existencia de responsabilidad de la demandada. Agrega que la impugnante no realizó una expresión de agravios concisa, detallada y clara, que ataque la solvencia de los fundamentos de la recurrida.
Recurso de casación · Derecho civil · Derecho procesal
DEFINITIVA 441/2017 · Suprema Corte de Justicia · 8 de mayo de 2017Importancia alta
La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto. En el caso, titulares de predios afectados incoan demanda contra el M.S.P., el M.T.O.P., la C.A.R.U. y la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Reclaman daños y perjuicios por la contaminación ambiental derivada de la utilización de vertedero de aguas servidas y de efluentes industriales y cloacales. Los órganos de mérito desestiman la demanda porque la actora no cumple con la carga de acreditar los hechos constitutivos de su pretensión, extremo que es compartido por el Alto Cuerpo. La mayoría de los Ministros consideran que el recurrente no alega cuál es el concreto motivo de agravio, no expresa en qué sentido no comparte la valoración de la prueba realizada por el Tribunal ni le imputa a éste un proceder absurdo o arbitrario. Partiendo de la base de que la contaminación ambiental y los daños que provoca no son hechos notorios, la Corte sostiene que no surge acredita la existencia de contaminación de entidad ni la individualización de los responsables. (D) Para el Dr. Pérez Manrique se encuentra probado que la contaminación causa un daño grave al medio ambiente y un perjuicio al recurrente, originados por el mal funcionamiento del servicio prestado por las codemandas. De acuerdo con ello, concluye que corresponde hacer lugar a la reparación pretendida por pérdida del valor vanal y daño moral.
Recurso de casación · Derecho constitucional · Derecho administrativo · Derecho procesal
DEFINITIVA 593/2017 · Suprema Corte de Justicia · 8 de mayo de 2017Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de casación interpuesto. En cuanto a la naturaleza de la sentencia que resuelve el incidente de liquidación de sentencia, para los Sres. Ministros Dres. Chediak y Pérez Marique tiene naturaleza de sentencia definitiva. Para las Sras. Ministras Dras. Elena Martínez, Nilza Salvo, y para el Sr. Ministro Dr. Felipe Hounie, la sentencia impugnada tiene forma de interlocutoria. En cuanto al agravio sobre la valoración de la prueba que determinó el valor de la “justa compensación” , la Corporación consideró que el razonamiento probatorio de la Sala es claro y coherente, y que está lógicamente formulado en los medios probatorios que individualizó, por lo que no evidencia una apartamiento de las reglas de la sana critica que habilite su revisión en casación.
Recurso de casación · Derecho procesal · Derecho administrativo
DEFINITIVA 602/2017 · Suprema Corte de Justicia · 8 de mayo de 2017Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia integrada, por unanimidad, resolvió rechazar el recurso de casación interpuesto en proceso de reclamación de daños y perjuicios contra el Banco Hipotecario del Uruguay. La Sala entendió que la Comisión Administradora Central del Complejo Habitacional Euska Erría 70 contaba con legitimación activa para reclamar por los daños ocasionados por los vicios comprobados en los bienes comunes del edificio. Al ser estos de caracter instrumental, no resulta posible distinguir según promitentes compradores y propietarios. A juicio de los Sres. Ministros, el BHU es responsable por los vicios de construcción en virtud de sus potestades de contralor sobre las empresas constructoras, establecidas en su carta orgánica y en los contratos de arrendamientos de obras suscriptos con las empresas constructoras. El Ministro Dr. Pérez Manrique entiende que el fundamento de su responsabilidad radica en la falta de servicio (Art. 24 Constitución). La adhesión a la casación es desestimada por falta de fundamentación concreta.
Recurso de casación · Derecho civil
DEFINITIVA 580/2017 · Suprema Corte de Justicia · 8 de mayo de 2017Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de miembros naturales, desestimó la inconstitucionalidad deducida por vía de acción respecto de los Arts. 2 inc. 1; 8 inc. 3; 44 lits. A y C; 45 lits. A y B, 106 y 108 de la Ley 16.713. En el caso, accionaron quienes al 1º de abril de 1996 eran trabajadores afiliados al BPS menores de 40 años de edad sin causal jubilatoria y por tanto comprendidos el llamado “régimen mixto”. La corporación consideró que el contralor del acierto o desacierto de la solución legislativa, es ajeno al control de constitucionalidad que le compete. Afirmó que los accionantes carecen de legitimación para impugnar el Art. 108 (porque no alegaron estar en el supuesto de hecho regulado por la norma), pero reconoció legitimación pasiva al B.P.S. y AFAPSURA SA (por ser sujetos a quienes las disposiciones impugnadas pueden afectar). Concluyó en la solución desestimatoria por varios fundamentos: - Los accionantes no probaron la existencia de un interés oculto del legislador ni la ausencia de merito para sancionar la ley: no acreditaron la arbitrariedad o irracionalidad que invocan. - La ley no violenta el principio de igualdad constitucional: delimita diferentes regímenes aplicables a todos aquellos que se encuentren comprendidos en igual situación, sin distinción y sin apartarse del juicio de razonabilidad. - El derecho a la pasividad no es absoluto: admite limitaciones fundadas en razones el interés general. - Los intereses en juego –el subjetivo de los titulares y el colectivo de la sociedad- fueron balanceados adecuadamente: el medio utilizado (aplicación del sistema de ahorro obligatorio a determinada categoría) tiene una relación positiva con la finalidad perseguida (atender la grave situación financiera del sistema de previsión social administrado por el B.P.S.).
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Seguridad social
DEFINITIVA 570/2017 · Suprema Corte de Justicia · 8 de mayo de 2017Importancia alta
La Corporación desestima la inconstitucionalidad deducida en vía de excepción respecto del Art. 27 del Decreto de la Junta Departamental de Montevideo Nº 21.626 del 23 de abril de 1984. En autos se tramita juicio ejecutivo tributario respecto de una resolución administrativa que fue dictada en aplicación de la disposición impugnada y que impuso a los codemandados sanción por multas. La mayoría de los Ministros sostienen que, como los ejecutados no interpusieron recursos administrativos ni promovieron acción de nulidad de la resolución, la norma objetada les fue definitivamente aplicada. El Dr. Hounie, considera que, como existe un acto firme de determinación tributaria, los excepecionantes carecen de legitimación activa por ausencia de interés directo en la impugnación.
Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho tributario
DEFINITIVA 596/2017 · Suprema Corte de Justicia · 8 de mayo de 2017Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia integrada, en mayoría, rechazó el recurso de casación en un juicio laboral por cobro de haberes y despido común por parte de un club de fútbol profesional a un director técnico y coordinador de divisiones formativas. La mayoría conformada por los Dres. Hounie, Chediak y Martínez, decidió no hacer lugar al recurso entendiendo que es de aplicación la cláusula arbitral presente en los sucesivos contratos de trabajo firmados por el actor. El contrato remite al Estatuto del Entrenador de Fútbol que establece la competencia del Tribunal Arbitral del Fútbol Profesional para conocer en este tipo de litigios. Por su parte, los Ministros discordes Dres. Pérez Manrique y Rossi, sostuvieron que, en virtud de tratarse la jurisdicción de una materia indisponible, no resulta oponible la cláusula arbitral. El derecho del actor a recurrir a la justicia ordinaria se mantiene, amparado por el principio protector y de irrenunciabilidad del bloque de constitucionalidad.
Recurso de casación · Derecho laboral
DEFINITIVA 600/2017 · Suprema Corte de Justicia · 8 de mayo de 2017Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia integrada y por unanimidad de sus miembros, desestimó el recurso de casación interpuesto. En autos el accionante promovió demanda por responsabilidad del Estado por acto legislativo, basándose en que el artículo 206 de la Ley No. 18.719 prohibió a los policías que se desempeñan en el Ministerio del Interior, trabajar en forma privada realizando “tareas de seguridad, vigilancia o custodia” bajo pena de destitución. El recurrente alegó que la sanción de la ley, le impidió continuar con su actividad privada causándole un daño. La Corte consideró que la conducta de los demandados no incurrió en falta de servicio generadora de responsabilidad por acto legislativo, en consecuencia no existe obligación de reparar los perjuicios reclamados por el accionante, en tanto la ley se dictó atendiendo a razones de interés general con el objetivo de velar por la seguridad pública de la población, y el daño que invoca no reúne los requisitos de inmediato, directo y excepcional necesarios para su resarcimiento. Para las Sras. Ministras Dras. Martínez y Tommasino el nudo de la cuestión es que el nexo causal que podría existir entre la actividad legislativa y el daño experimentado por el actor se interrumpe por el hecho de la víctima.
Recurso de casación · Derecho administrativo · Derecho procesal
DEFINITIVA 594/2017 · Suprema Corte de Justicia · 8 de mayo de 2017Importancia alta
La Suprema Corte de Justicia por unanimidad desestimó el recurso de casación interpuesto en un proceso de reclamo por daños y perjuicios contra el Ministerio de Defensa por el fallecimiento de un paciente durante una intervención quirúrgica en el Hospital Militar. A juicio de la Corte que el causante no hubiera firmado el formulario no acredita su falta de consentimiento, ya que su conocimiento surge del resto de la prueba diligenciada. No se comprobó infracción alguna respecto de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 18.335.
Recurso de casación · Derecho civil
INTERLOCUTORIA 626/2017 · Suprema Corte de Justicia · 8 de mayo de 2017Importancia alta
La Corporación acoge el recurso de casación interpuesto. En el caso, se promovió incidente de nulidad del procedimiento por el cual se dispuso la inserción de una niña en una familia del Registro Único de Aspirantes del I.N.A.U. La Sede Letrada desestimó la pretensión. El Tribunal revocó el pronunciamiento de primer grado y dispuso la reinserción provisional de la niña al hogar materno. La Corporación considera que la Sala incurrió en un error de procedimiento: se expidió sobre el fondo y omitió pronunciarse sobre la nulidad invocada (objeto de agravio). A su criterio, esa violación del debido proceso justifica la anulación del fallo y la remisión de las actuaciones al Tribunal Subrogante.
Recurso de casación · Derecho procesal · Derecho de familia

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