DEFINITIVA 88/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia por unanimidad, desestimó el recurso de adhesión a la casación deducido por la parte actora y por mayoría conformada por los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Tosi y Turell, hizo lugar parcialmente al recurso de casación de la parte demandada. La parte actora promovió demanda de daños y perjuicios a raíz de un siniestro de tránsito. La parte demandada articuló agravios referidos a la errónea valoración de la prueba, en cuanto a la ponderación de la espirometría positiva y en cuanto a la no deducción de la pensión que la co-actora, percibió, percibe y percibirá por parte del Ministerio de Defensa y/o Caja Militar. Respecto al agravio relativo a la valoración de la espirometría positiva, independientemente de las distintas posiciones de los Sres. Ministros en cuanto a la valoración de la prueba como causal de casación, existe acuerdo en entender que la sentencia de segunda instancia realizó una valoración probatoria no despegada de las reglas legales que rigen la materia. La Corporación comparte con el ad-quem, que si bien se acreditó que el co-actor, conductor de la moto conducía bajo los efectos del alcohol, no se demostró que incidencia causal tuvo tal circunstancia en el accidente. La parte demandada se agravió porque la Sala no dispuso descontar de las bases de la liquidación del lucro cesante de la co-accionante, el importe de lo que ella recibió, recibe y recibirá del organismo de Seguridad Social. La Corte en mayoría conformada por los Dres. Martínez, Minvielle, Tosi y Turell amparó el agravio deducido, anulando en el punto la decisión recurrida. (D) Ministro Dr. Sosa. Votó por desestimar el agravio relativo a la no detracción del importe de la indemnización de la co-actora de su haber derivado del sistema de seguridad social.

Recurso de casación · Derecho civil · Derecho procesal

DEFINITIVA 86/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales confirmó la sentencia recurrida. Compareció la parte actora a promover ejecución hipotecaria contra la demandada. Sostuvo ser titular de un crédito garantizado con hipoteca. Respecto al agravio sobre la errónea valoración de la prueba diligenciada en autos. Los Dres. Martínez, Minvielle, Tosi y Turell entendieron que el recurrente no denunció un error en el razonamiento probatorio que implique un absurdo o una arbitrariedad, lo que impide ingresar a su análisis. Estima el Dr. Sosa, que en el caso, la Sala no infringió las reglas relativas a la valoración de la prueba, ni tampoco realizó una incorrecta aplicación del art. 1275 del C. Civil. De la prueba rendida en autos surge que el inmueble presentaba patologías constructivas y que el hotel había tenido ejercicio con pérdidas. Sin embargo, esa no es una realidad que el vendedor haya ocultado a los compradores y estos la podían haber conocido adoptando cautelas medias, involucrándose en el objeto del negocio que estaban celebrando. Por último la pretensión de declaración de oficio de la nulidad absoluta, fue rechazada. La recurrente solicitó que la Corporación declare de oficio la nulidad absoluta de la cesión de crédito con garantía hipotecaria a favor de la actora de autos por ser manifiesta (art. 1.561 C.C).

Recurso de casación · Derecho civil · Derecho procesal

DEFINITIVA 62/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus integrantes, desestimará la excepción de inconstitucionalidad deducida respecto del art. 45 del Acto Institucional Nº 9, por considerarla inadmisible. La norma otorga legitimación activa al BPS para iniciar proceso para el otorgamiento de pensión alimenticia a los beneficiarios de pensión por invalidez, como ocurre en el caso. La norma impugnada no puede ser objeto del proceso de declaración de inconstitucionalidad de la ley. Ello, en tanto se encuentra dentro de un cuerpo normativo (el llamado Acto Institucional Nº 9) que no tiene naturaleza de ley, ni de decreto de Gobierno Departamental con fuerza de ley en su jurisdicción. Se trata de una regulación dictada por el Poder Ejecutivo del gobierno de facto y, por tanto, de una norma de orden administrativo. Esta postura fue sostenida con anterioridad por la Suprema Corte de Justicia en la Sentencia No. 223/1986 . La norma que se impugna en obrados no fue convalidada y, en consecuencia, no goza de naturaleza legislativa. En suma, la presente excepción de inconstitucionalidad, deducida contra una norma de rango reglamentario, debe ser desestimada por resultar extraña a nuestro régimen constitucional, por cuanto, conforme lo establece a texto expreso nuestra Constitución (arts. 256 y 260) y el Código General del Proceso (art. 508), únicamente las normas con fuerza de ley son pasibles de análisis en este proceso.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal · Derecho constitucional

DEFINITIVA 85/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

La Corporación, por unanimidad, desestima la excepción de inconstitucionalidad interpuesta, en virtud que los excepcionantes carecen de interés directo. Así para los Sres. Ministros, Dres. Elena Martínez, Tabaré Sosa y el redactor, el artículo 199 de la LCRE que se tacha de inconstitucional ya fue definitivamente aplicado. Por su parte, para los Sres. Ministros, Dres. Luis Tosi y Bernadette Minvielle, el hecho de que la norma impugnada haya o no haya sido definitivamente aplicada resulta irrelevante, por tratarse de un requisito no previsto en la Constitución. En rigor, lo que se verifica en la especie es un supuesto de ausencia de interés directo: lo que afecta la situación jurídica planteada por los excepcionantes no es la disposición atacada, sino la inmutabilidad de la cosa juzgada derivada de la ejecutoriedad de la providencia judicial que tuvo por evacuado el traslado conferido a los interesados del informe presentado por la síndico, quedando agotada la instancia prevista en el art. 199 inc.2 de la Ley 18.387, por lo que una eventual declaración de inconstitucionalidad de la norma supondría la emisión de un juicio genérico. El compareciente, cumplió, en forma mínima, con tal exigencia al dirigir su planteo contra el artículo 200 inciso 1° de la LCRE, alegando la violación del principio del debido proceso y del principio de igualdad entre las partes. El argumento esgrimido de vulneración del Principio de Debido Proceso no es de recibo, tampoco la vulneración al principio de igualdad.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho comercial · Derecho procesal

DEFINITIVA 87/2020 · Suprema Corte de Justicia · 3 de abril de 2020Importancia alta

La Corporación, por unanimidad, desestima el accionamiento de inconstitucionalidad incoado. A juicio de la Corporación, le asiste razón a la Intendencia de Montevideo en tanto no luce acreditado en autos la legitimación activa de la señora Picos. En lo que respecta a los restantes comparecientes, se considera que poseen legitimación activa, ya que el interés está representado por la existencia o la posibilidad cierta de la existencia de un perjuicio o agravio, ya que el art. 1º del Decreto en cuestión, modifica cuestiones atinentes al transporte oneroso de pasajeros en vehículos privados contratados a través del uso de plataformas públicas. Los accionantes manifestaron que la modificación del decreto reglamentario genera condiciones de desigualdad respecto a los permisarios de taxímetros.Sobre el punto puesto a consideración, la Corte en Sentencia No. 1.449/2019, se pronunció al respecto, en el entendido que resultan justificadas las diferencias de tratamiento existentes en la regulación de la actividad de los permisarios de taxis y los permisarios de vehículos contratados mediante plataformas electrónicas.La causa de distinción entre las actividades es razonable y objetiva, la finalidad de la norma aparece como legítima, y las herramientas utilizadas cumplen con los principios de racionalidad y proporcionalidad entre los fines perseguidos y los medios utilizados. El planteo relativo a la presunta vulneración del derecho de propiedad, resulta de franco rechazo. Respecto a la alegada inconstitucionalidad por violación del artículo 36 de la Constitución, para el Sr. Ministro, Dr. Tabaré Sosa, el planteo no cumple con las exigencias previstas por el artículo 512 del C.G.P. Por su parte, para los Sres. Ministros Dres. Luis Tosi, Elena Martínez, Bernadette Minvielle y el redactor, la impugnación deducida por los accionantes satisface, mínimamente, las exigencias del art. 512 del C.G.P., por lo que corresponde ingresar al análisis sustancial del planteo. En lo sustancial, el planteo no puede ser recibido, por cuanto las limitaciones efectuadas por la disposición impugnada al goce de la libertad de trabajo, industria y comercio, cumplen con los requisitos exigidos por el art. 36 de la Constitución, dado que han sido establecidas por “leyes”; y responden efectivamente a razones de interés general. Respecto a la alegada inconstitucionalidad por violación de los artículos 39, 53 y 72 de la Constitución, corresponde desestimar el planteo por inadmisible al no cumplir con las exigencias previstas en el art. 512 del C.G.P.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 318/2020 · Suprema Corte de Justicia · 30 de marzo de 2020Importancia alta

La Corporación, por el quórum legalmente requerido, asume competencia para resolver eI incidente promovido y lo desestima. A diferencia de lo sostenido por el Sr. Fiscal de Corte, los Sres. Ministros firmantes por distintos fundamentos consideran que la Corte tiene competencia en el caso de autos. Los Sres. Ministros Dres. Minvielle y Tosi, consideran que la posición del Sr. Fiscal deriva de la interpretación que él realiza del artículo 231.1 y 252.3, por analogía del N.C.P.P. Si bien el art. 321.1 dispone que el tribunal que dispuso la medida será competente para supervisar la ejecución de la misma, sin embargo, esa ejecución, es la función de ejecución y vigilancia propia de los Jueces de Ejecución y Vigilancia. La supervisión de la ejecución de la medida no puede significar el control total por parte del Juez de garantías de la revocación o sustitución de la prisión preventiva. Por ello, los Sres. Ministros consignan que la interpretación del Sr. Fiscal de Corte no es razonable, ya que veda al órgano jurisdiccional que actualmente está conociendo en el asunto, de decidir cuestiones incidentales del proceso penal, cuando es quien se encuentra en mejores condiciones objetivas de evaluar si corresponde o no sustituir o revocar la medida cautelar. Por otro lado, el segundo argumento que maneja el Sr. Fiscal de Corte, la aplicación analógica del art. 252.3 del N.C.P.P., es ilógico que el Juez de garantías deba conocer sobre la medida cautelar cuando no es el órgano judicial natural en la etapa actual del proceso. Debe atenderse al fin que es el juzgamiento del caso concreto con todas las garantías del debido proceso. Para los referidos Ministros no existe vacío normativo, ya que se aplica el art. 233 del NCPP. Por su parte, para el redactor, el Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre, el incidente excarcelatorio planteado en autos debe resolverlo esta Corporación por ser el único fuero competente, ya que al conocer en la causa principal debe conocer en el incidente de aquélla que es la excarcelación que se solicita. Respecto del fondo de la cuestión, del presente incidente, la Corporación, por unanimidad, pero también por distintos fundamentos, desestima el pedido realizado por la defensa del encausado. A juicio de la Sra. Ministra Dra. Minivielle, en postura compartida por el Ministro Dr. Tosi, en el caso existen hechos indicadores que, apreciados en su conjunto, dentro de ellos la magnitud del supuesto evento, y otros criterios orientadores, como el riesgo de la víctima, justifican el mantenimiento de la medida cautelar de prisión preventiva dispuesta. A juicio del redactor Ministro Dr. Sosa Aguirre, la solicitud de libertad provisional es calificable como prematura, no advirtiéndose que al momento actual hayan desaparecido los presupuestos que han determinado la prisión preventiva (art. 233 del NCPP).

DEFINITIVA 52/2020 · Suprema Corte de Justicia · 16 de marzo de 2020Importancia alta

La Corporación desestima el recurso de revisión impetrado. En el caso se enuncia como causal el art. 283 numeral 3 del C.G.P., sin embargo las afirmaciones realizadas son meras conjeturas, opiniones sin sustento jurídico y probatorio.

Recurso de revision · Derecho procesal

DEFINITIVA 51/2020 · Suprema Corte de Justicia · 16 de marzo de 2020Importancia alta

La Corporación desestima el recurso de revisión incoado, en cuanto la causal invocada no resulta configurada. La Corte no puede arrogarse poderes-deberes que no tiene, tendientes a interpretar un texto legal en sentido contrario a su claro tenor literal y contextual; solamente puede ajustarse a las formas establecidas y dentro de los límites de su competencia.

Recurso de revision · Derecho procesal

DEFINITIVA 43/2020 · Suprema Corte de Justicia · 12 de marzo de 2020

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 289/2020 · Suprema Corte de Justicia · 12 de marzo de 2020Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 48/2020 · Suprema Corte de Justicia · 12 de marzo de 2020Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal

DEFINITIVA 47/2020 · Suprema Corte de Justicia · 12 de marzo de 2020Importancia alta

En un proceso de ejecución de hipoteca recíproca por deuda de gastos comunes se promovió por vía de excepción, por la parte ejecutada, la inconstitucionalidad de varios artículos del C.G.P y del Código Civil. La Corporación rechaza por vía anticipada la excepción de inconstitucionalidad interpuesta contra los artículos 513.1 y 377 numeral 2 del C.G.P. y contra los artículos 2342 y 2345 del Código Civil, sigue el criterio de la sentencia nº 13/2008. Respecto del artículo 511.1 C.G.P. fue desestimada por la Corte por sentencias nros. 27/2003 y 40/2003. Respecto del 513.1 C.G.P. el excepcionante no tiene legitimación activa, careciendo de interés directo, personal y legítimo. Respecto de los arts. 377 numeral 2 C.G.P. y 2342 y 2345 C.Civil, es inadmisible por extemporánea (cf. Sentencias nros. 445/1993, 446/1993 y otras). Atento a la malicia temeraria de la parte excepcionante, evidenciando finalidad dilatoria, se impone condena en costos y pérdida de derecho al cobro de honorarios por parte del letrado patrocinante.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal · Derecho constitucional

DEFINITIVA 41/2020 · Suprema Corte de Justicia · 12 de marzo de 2020Importancia alta

Causa diplomatica

Causa diplomatica · Derecho civil · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 290/2020 · Suprema Corte de Justicia · 12 de marzo de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia en un nuevo enfoque del alcance de la modificación del art. 66 del C.N.A. por la Ley No. 19.747, declaró que el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Familia Especializado de 7º Turno es el competente para entender en el caso. La contienda planteada implicó determinar cuál es el Juzgado competente en la jurisdicción de Montevideo para entender, luego de adoptadas las medidas de urgencia a que hubiera habido lugar, en procesos relativos a las situaciones de niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados. En la actualidad hay argumentos de texto que llevan a entender que el tribunal que actuando en urgencia dispuso medidas, debe controlar las mismas hasta que se supere la situación de vulneración y se clausure el expediente, sin derivación alguna.

Contienda de competencia · Derecho de familia · Derecho procesal

DEFINITIVA 46/2020 · Suprema Corte de Justicia · 12 de marzo de 2020Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho procesal

DEFINITIVA 44/2020 · Suprema Corte de Justicia · 12 de marzo de 2020Importancia alta

Declárase inconstitucional e inaplicable a la parte actora el art. 56 inciso 1° de la ley 19.307, cuyos efectos correrán desde la presentación de la demanda, sin especial condenación procesal.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 42/2020 · Suprema Corte de Justicia · 12 de marzo de 2020Importancia alta

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 288/2020 · Suprema Corte de Justicia · 12 de marzo de 2020Importancia alta

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho laboral · Derecho procesal

DEFINITIVA 40/2020 · Suprema Corte de Justicia · 5 de marzo de 2020Importancia alta

La suprema Corte de Justicia, por unanimidad, desestimó el recurso de casación movilizado. El presente juicio se inició por la demanda promovida por la parte actora contra A.S.S.E, a efectos de conseguir la reparación de los daños y perjuicios que considera que le generó la actuación de la Administración demandada. La parte actora fundó su recurrencia, en la incorrecta aplicación de la Ley 16.170 y el Decreto Nº 275/999. La Corporación consideró que la Sala no incurrió en infracción a la norma de derecho. En segundo lugar, la recurrente se agravió por la valoración errónea de la prueba aportada. A juicio de los Sres. Ministros, el razonamiento probatorio de la Sala no resulta ilógico o absurdo.

Recurso de casación · Derecho procesal · Derecho administrativo

DEFINITIVA 39/2020 · Suprema Corte de Justicia · 5 de marzo de 2020Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia anuló la sentencia recurrida y, en su lugar, absolvió al encausado. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Martínez, Turell, Minvielle y Sosa el razonamiento probatorio de la Sala fue absurdo, irracional o manifiestamente arbitrario desde que se basó en elementos de prueba testificales absolutamente endebles para justificar la condena del encausado. En el caso, el hecho de manejar el imputado otra moto no puede razonablemente enlazarse con lo que se quiere probar, que estaba en su poder el efecto del delito, la moto que le fuera hurtada a la víctima. La víctima no vio a los sujetos partícipes en el ilícito penal, otro testigo no individualizó por sí mismo al imputado y el tercer testigo declaró con serias inconsistencias que no permiten justificar con solvencia una condena penal.

Recurso de casación · Derecho penal · Derecho procesal penal