INTERLOCUTORIA 287/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de marzo de 2025

Recurso de queja

Recurso de queja · Derecho procesal

DEFINITIVA 343/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de marzo de 2025Importancia alta

La Corporación desestima el recurso incoado, el cual se tramita bajo las normas del C.P.P. 1980. Lo anterior, repercute en gran medida en el presente recurso por cuanto uno de los dos agravios introducidos guarda relación con la errónea valoración de la prueba. El criterio sustentado por la mayoría de este Colegiado, integrada por los Sres. Ministros Dres. Martínez, Morales y Pérez, a la cual también adhiere el Sr. Ministro Dr. Salazar , respecto de la errónea valoración de la prueba, es que en el proceso penal regido por el C.P.P. 1980 la plataforma fáctica no resulta revisable en la etapa de casación, quedando la valoración de la prueba excluída de este medio impugnativo. Por su parte, el Sr. Ministro Dr. Sosa, deja expresa constancia que sostiene una postura distinta a la mayoría de este Cuerpo (desarrollada en extenso en sentencias Nos 359/2023 y 1.082/2023 de la Corte). En cuanto a la prescripción alegada, corresponde desestimar el agravio, pues existe cosa juzgada al ser desestimada en tres instancias y no haberse invocado ningún hecho posterior que podría haber cambiado las circunstancias.

Recurso de casación · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 289/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de marzo de 2025

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 286/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de marzo de 2025

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho de familia

INTERLOCUTORIA 292/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de marzo de 2025

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 291/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de marzo de 2025

En autos se dirime contienda de competencia negativa entre el referido Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia y el Juzgado de Paz Departamental de la Capital de 23º Turno, ante la demanda de intimación previo a la ejecución de la reparación patrimonial prevista en el artículo 80 de la Ley Nº 19.580. La Corporación declarará competente para seguir conociendo en la presente causa al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia de 6º Turno; en virtud de lo establecido por el artículo 372.1 del CGP en materia de ejecución, siendo en tales casos competente el tribunal que hubiere conocido o que le correspondiere conocer en primera instancia. Asimismo el artículo 26 del CPP dispone que: “Los Jueces Letrados de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia conocen en todas las cuestiones formales y sustanciales que se planteen a partir del momento en que la sentencia definitiva o interlocutoria con fuerza de definitiva, quede ejecutoriada”.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 283/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de marzo de 2025

Habiéndose entablado contienda negativa de competencia entre el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rocha de 4º Turno y el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Pando de 3º Turno; la Corporación procedió a declarar competente para continuar conociendo en esta causa al primero de los nombrados. Dicha solución resulta de lo establecido por el art. 122 num. 1º del CGP respecto a que la competencia inicial no se modificará aunque posteriormente se modifiquen las circunstancias que la determinaron; como es el cambio de domicilio de la parte actora planteado en autos.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 290/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de marzo de 2025

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 288/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de marzo de 2025

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 320/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de marzo de 2025Importancia alta

La parte actora interpuso Recurso de Revisión contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Letrado de Familia de 21º Turno, por la cual se dispuso la pérdida de la patria potestad del accionante respecto de su menor hija. Afirmó que la misma es nula por indefensión, ya que fue emplazado de erróneamente; habiendo tomado conocimiento del proceso al solicitar información al Registro Nacional de Actos Personales ante la eventual solicitud de un préstamo bancario. Al interponerse el recurso de revisión, el impugnante debe demostrar, acumulativamente, dos extremos. Por un lado, debe indicar con total precisión el momento en el cual tomó conocimiento de los hechos que configuran la hipótesis de la causal invocada (dado que, esa ocasión, si el plazo es superior a los seis meses el recurso se torna inadmisible). Y por otro lado, al invocar la causal prevista en el numeral 7º del Art 283 del CGP, debe explicitar los motivos concretos por los cuales tomó conocimiento de la existencia del proceso luego de que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada. Cabe señalar que para la mayoría de la Corte, conformada por los Dres. Bernadette Minvielle, Tabaré Sosa, John Pérez y la redactora Martínez, el recurrente no explica, ni acredita, por qué solicitó la información en esa fecha (y no antes), y en cuanto al motivo de solicitud de la información en cuestión, simplemente señala que lo hizo por “razones de carácter económico ”, sin precisar ni acreditar nada al respecto; no habiendo cumplido con requisitos antes referidos. Sin embargo, para la Dra. Morales corresponde tener por suficientemente acreditados los dichos del recurrente; no habiendo logrado en cambio acreditar la causal de revisión invocada, esto es, la nulidad por indefensión. En virtud de lo expuesto, la Corporación procedió a desestimar el recurso de revisión interpuesto; con costas y costos de cargo del recurrente.

Recurso de revision

DEFINITIVA 336/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de marzo de 2025Importancia alta

La A quo amparó parcialmente la pretensión de autos, y en su mérito condenó a los co-demandados a abonar en concepto de indemnización por daño moral a la coactora la suma de $ 700.000, menos el SOA $ 362.040, más daño emergente y gastos indocumentados por la suma de $ 150.000, más actualización y el interés legal para todas las sumas. Asimismo difirió al procedimiento del art. 378 la cuantificación de lucro cesante pasado y futuro. Desestimó la demanda en lo demás. Condenó también, en vía de regreso, al citado en garantía a abonarle a los co-demandados el monto condenado y efectivamente abonado. El Ad quem confirmó la sentencia definitiva impugnada, salvo: a) en cuanto condenó a ISOTRON S.A.U., en lo que la revoca, acogiendo la excepción opuesta de falta de legitimación pasiva, desestimando la demanda a su respecto; b) en cuanto no acogió el daño emergente por costo de tratamiento sicológico y colaboración de servicio doméstico, a lo que condena, difiriendo la determinación económica a la vía incidental (art. 378 del C.G.P.). La parte actora interpuso recurso de casación, afirmando que existió una errónea aplicación de la norma de responsabilidad civil por el hecho del dependiente (art. 1.324 del CC) y sobre la valoración de la prueba (art. 140 del CGP). En definitiva, solicitó que se case la sentencia impugnada, anulándola respecto a la desestimación de la demanda contra ISOTRON SAU y manteniendo la condena dispuesta en primera instancia respecto a ISOTRON SAU e ISOTRON URUGUAY SA en forma solidaria. La codemandada IOSTRON URUGUAY SA adhirió al recurso de casación interpuesto por la parte actora. La Corporación ampara el recurso de casación interpuesto por la parte actora y desestima el recurso de casación interpuesto por la codemandada ISOTRON URUGUAY SA en vía adhesiva. En primer lugar, entiende que, en el presente supuesto, se configura un conjunto económico entre ISOTRON SAU (con Sede en España) e ISOTRON URUGUAY SA (filial) que, si bien pueden considerarse sociedades que conservan su independencia jurídica, se encuentran vinculadas financieramente. En cuanto a la adhesión al recurso de casación, a juicio de la mayoría, compuesta por los Sres. Ministros Dres. Morales, Sosa, Pérez y esta redactora, los agravios deben ser declarados inadmisibles por existir dos fallos coincidentes respecto a los puntos. La Sra. Ministra Dra. Minvielle, en cambio, considera que estos puntos litigiosos resultan revisables en casación.

Recurso de casación · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 281/2025 · Suprema Corte de Justicia · 20 de marzo de 2025

La Corporación, integrada, rechaza de plano por manifiestamente infundado (artículo 328.5 del Código General del Proceso) el incidente de recusación deducido.

Proceso incidental · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 257/2025 · Suprema Corte de Justicia · 13 de marzo de 2025

La Suprema Corte de Justicia desestimó el recurso de queja por denegación de falta de jurisdicción.

Recurso de queja · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 246/2025 · Suprema Corte de Justicia · 13 de marzo de 2025Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto, en virtud del frontal incumplimiento de la carga de la debida alegación prevista en el art. 273 del C.G.P. Para la Corte el recurso propuesto no satisface las exigencias formales para su admisión en casación, el escrito carece de fundamentación, no tiene un hilo conductor y no pueden identificarse las razones que ilustrarían el pretendido error de derecho que se denuncia. En este sentido, la recurrente se limitó a efectuar manifestaciones vagas, genéricas e imprecisas, que no pueden conceptualizarse técnicamente como agravio.

Recurso de casación · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 251/2025 · Suprema Corte de Justicia · 13 de marzo de 2025

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal

DEFINITIVA 297/2025 · Suprema Corte de Justicia · 13 de marzo de 2025

PRIMERA DECISIÓN ANTICIPADA. DESESTIMA

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 245/2025 · Suprema Corte de Justicia · 13 de marzo de 2025

Recurso de queja

Recurso de queja · Derecho procesal

DEFINITIVA 293/2025 · Suprema Corte de Justicia · 13 de marzo de 2025

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 229/2025 · Suprema Corte de Justicia · 13 de marzo de 2025Importancia alta

En autos el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 13º Turno se declaró incompetente por razón de materia, por cuanto concluyó, por interlocutoria, que estamos ante un asunto originado en un conflicto individual de trabajo. Recibidas las actuaciones en el Juzgado Laboral contendiente, se dictó la interlocutoria Nº 1748/2024, por la cual se declaró incompetente, pues, a su juicio, nos encontramos ante un problema de relacionamiento entre dos personas adultas, un conflicto interpersonal, del cual derivarían los perjuicios morales que se reclaman. La Corporación habrá de resolver el presente caso en mayoría -con la discordia del Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa-, teniendo a la vista dos cuestiones que resultan elementales y que los contendientes las individualizaron en forma por demás correcta: cómo interpretar la demanda y el alcance del término “ conflicto individual de trabajo ”. Por lo tanto declara competente para seguir conociendo en estas actuaciones, al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 13º Turno. Considera que el actor solicita la conciliación previa contra la demandada y funda su pretensión en los artículos 1.319 y ss. de responsabilidad extracontractual, por lo que el propio actor pretendió ir a la justicia civil para resolver el conflicto con la demandada. Es decir, que si bien es cierto que el conflicto surge en el trabajo, a juicio de la mayoría, no tiene causa en él. El Señor Ministro discorde sostiene que la demandada es empleadora del actor, en tanto propietaria de una de las unidades de la copropiedad. Asimismo, los hechos a los cuales se hace alusión en el caso de autos guardan relación con supuestas divergencias ocurridas a raíz de la relación de trabajo que vincula al actor con la demandada.

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 261/2025 · Suprema Corte de Justicia · 13 de marzo de 2025Importancia alta

SE AMPARA EL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO Y, EN SU MÉRITO, SE ANULA LA IMPUGNADA Y SE DESESTIMA LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD INTERPUESTA; EN CONSECUENCIA CORRESPONDE REMITIR LAS ACTUACIONES AL TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE ORIGEN PARA QUE DESPACHE DECISIÓN SOBRE EL MÉRITO DEL LITIGIO. Entiende la Corte que, como sostuvo el recurrente, la Sala incurrió en un evidente error de Derecho al tomar como punto de inicio del lapso de caducidad la fecha de publicación de la Ley Nº 16.595, de 13 de octubre de 1994. La exigibilidad del eventual crédito por pago de lo indebido se produce con la percepción del tributo por parte del sujeto activo de la relación jurídica tributaria. Si no se verificó el hecho generador del tributo y el sujeto pasivo pagó por error (porque, en puridad, la obligación tributaria no nació), la consecuencia jurídica no es otra que la existencia de un crédito a favor del interesado contra la Administración, quien carece de título que la legitime para conservar lo indebidamente percibido. El error del Tribunal en mayoría es parangonar el efecto jurídico lesivo en que se funda la reclamación judicial como si se tratara del daño causado por un supuesto de responsabilidad por acto legislativo. Poco importa si entre la fecha de entrada en vigencia de una ley en el año 1994 y octubre de 2021, la actora no formuló gestión fundada alguna. El crédito reclamado (devolución de pago de lo indebido) no nació, eventualmente, con la entrada en vigencia del acto legislativo. Y, por lo demás, el concreto acaecimiento del hecho generador (de los aportes patronales) se verifica mes a mes, por lo que mal puede reprochársele no haber accionado o promovido gestiones administrativas durante veintiséis años por la supuesta actividad personal de prácticas desarrolladas entre los años 2017 y 2021. El plazo de caducidad comenzó a correr el 31 de agosto de 2017, con relación al crédito más antiguo. Dicho esto, y tomando en cuenta el período que se reputó legalmente como feria judicial extraordinaria, a partir del 14 de marzo del 2020, deben descontarse ciento cuatro días, durante los cuales el cómputo del plazo estuvo suspendido. Con ello, el plazo que vencería el 31 de agosto de 2021, se extendió hasta el 13 de diciembre de 2021. Y este lapso resultó suspendido cuando, el 17 de octubre de 2021, la actora presentó su petición calificada ante ATYR del BPS, solicitando la devolución de lo indebidamente abonado. Esa petición ingresa, sin esfuerzo, en el concepto de gestión fundada y, como tal, provocó la suspensión del plazo de caducidad hasta el final del mes franco del dictado del acto denegatorio, el 10 de febrero de 2022. En tanto la caducidad opera por períodos mensuales, en autos no alcanzó ni siquiera al crédito más antiguo, esto es, el pago abonado en el mes de agosto de 2017, pues la demanda de repetición de pago de lo indebido fue presentada el 20 de julio de 2022, antes de que operara la caducidad.