INTERLOCUTORIA 301/2023 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2023

Contienda de competencia negativa entre Juzgados de misma circunscripción territorial, donde la solución radica en aplicar el criterio temporal lo aporta la Suprema Corte de Justicia por art 2 de la Acordada 7899. Esto es, de acuerdo al criterio temporal, es competente aquel juzgado que se encuentre de turno a la fecha del decreto que concede el recurso y franquea la apelación. En el caso de autos, se denota preocupación de la Corporación ante las dilaciones innecesarias que se suscitaron en el presente caso, además del mal empleo de las funciones de la Oficina Actuaria, viéndose obligado a recordar el contenido de la circular 109/2019.

Contienda de competencia · Derecho procesal

DEFINITIVA 259/2023 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2023Importancia alta

En el caso de autos la parte actora entablo proceso reparatorio patrimonial contra los demandados en el cual reclamó la devolución del pago de tributos realizado en el ejercicio 2017. Por sentencia definitiva dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4º Turno, amparo parcialmente la demanda y condeno a la demandada a abonar a la actora en concepto de daño emergente con sus reajustes e intereses desde los pagos efectuados. Por sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Apelación en lo Civil de 1 er Turno confirmo la sentencia de primera instancia, salvo en cuanto condenó al pago de Honorarios por defensa legal en sede Contenciosa Administrativa y los gastos de inscripción en el RUT y la designación de representante legal, puntos en los que se revoca. La parte demandada interpuso recurso de casación agraviándose que el Tribunal de Apelaciones no toma en consideración lo dispuesto por el Art. 75 del CT, Decreto n.º 597/988 y Decreto Ley n.º 14.500 y art. 1348 del Código Civil. También se agravio sobre la condena a abonar intereses legales desde la fecha de cada pago. La parte actora adhirió al recurso de casación agraviándose unicamente en lo que refiere a la condena a la demanda al pago de los honorarios y por malicia temeraria de la parte demandada. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, por mayoría, integrada con la voluntad de los Sres. Ministros Dres. Bernadette Minvielle, Doris Morales, Tabaré Sosa y John Perez, rechazara el recurso de casación interpuesto por la parte demandada. Por mayoría, integrada por los Sres. Ministros Dres. Doris Morales, Tabaré Sosa, John Pérez y Elena Martínez desestimara el recurso de casación interpuesto por la parte actora por vía adhesiva. En cuanto a los agravios de la demandada, la Corte estima que no pueden recibir el amparo jurídico, por incumplimiento de las exigencias formales contenidas en el art. 273 del CGP. El recurso de casación de autos es una reproducción casi textual del recurso de apelación. Se constata, un ostensible incumplimiento de la carga de la debida alegación en casación. En cuanto al tercer agravio de la demandada, esto es, desde cuando corresponde que se computen los intereses legales sobre las sumas que la demanda fue condenada a devolver. La Corte en su mayoría considera que asiste razón a la parte actora, debe ser el de la fecha en que se hizo cada pago indebido. No existen razones que justifique limitar los intereses de mora a la fecha de la demanda. Recobra toda su vigencia el principio de indemnidad. La analogía no debería buscarse en el incumplimiento contractual (art. 1348 CC), sino en el régimen de las restituciones que siguen a actos anulados (art. 1565 CC). En cuanto a los agravios de la parte actora, que la sentencia recurrida, al revocar la condena dispuesta en primera instancia a resarcir el daño emergente consistente en el pago de honorarios profesionales, así como los gastos para inscribirse en el RUT, no habiéndose denunciado, como era carga de la recurrente, en que medida la Sala vulneró las reglas de la sana critica, y menos que se haya incurrido en una valoración absurda o arbitraria de la prueba, debe desestimarse tal agravio. (D) Dr a . Elena Martínez Ministr a SCJ. En cuanto hago lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada. Sobre la generación de intereses en el pago de lo indebido, tengo posición asumida en el sentido de que los intereses deben correr desde la fecha en la cual el administrado peticionó su devolución al demandado. Resulta posible aplicar lo dispuesto en el articulo 1316 del CC. La demandada es tenedora de mala fe desde el momento en el cual el contribuyente solicito la devolución del crédito. Es luego de peticionada la devolución que la demandada se transforma en poseedora de mala fe y por tanto, debe intereses desde esa fecha. (D) Dr a . Bernadette Minvielle Sánchez Ministr a SCJ. En cuanto hago lugar, parcialmente, al recurso de casación interpuesto por la parte actora por vía adhesiva y, en su mérito, amparo el reclamo del rubro daño emergente (honorarios profesionales...)Resulta indiscutible que la actora se vio obligada a contar con patrocinio letrado para recurrir el acto dañoso. Procede la indemnización en aquellas hipótesis en las que es incontrastable la prueba de que el servicio profesional se prestó.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 263/2023 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2023Importancia alta

Reclamo por daños y perjuicios generados por accidente de tránsito con resultado muerte, donde se reclaman diversos rubros, los cuales se amparan en primera instancia. En segunda instancia se revoca en cuanto a lucro cesante por no encontrarse prueba fehaciente a su respecto. La parte actora se agravia por el rechazo de lucro cesante. La Corporación, por unanimidad de votos, amparará la recursiva entendiendo que existen medios probatorios más allá del testimonial que permiten vislumbrar la actividad laboral del fallecido, además de que si bien los testigos propuestos pueden ser tildados como sospechosos por su cercanía familiar, no quiere decir que sean “testigos falsos”, como tampoco implica su inadmisibilidad, sino que se proyecta en el plano valorativo. Así las cosas, la actora logró demostrar la hipótesis de absurda valoración probatoria exigida para ingresar la casación.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 266/2023 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2023Importancia alta

La Corporación, por unanimidad, desestima la acción de inconstitucionalidad incoada. Las actoras afirmaron que la norma legal impugnada les genera un perjuicio directo, ya que los deja afuera del mercado de compras estatales de frutas y verduras, en que han estado operando. Respecto de la vulneración al principio de igualdad, la Corte considera que no les asiste razón a las accionantes, en lo que tiene que ver con el juicio de razonabilidad, se estima que en este caso, la causa de la distinción en el trato dado por la ley a las OH en relación a otros proveedores del Estado, resulta razonable. También existe una finalidad legítima en la conformación de la categoría de sujetos alcanzados por la norma atacada. Otros de los argumentos esgrimidos, tales como la presunta vulneración del derecho a la libertad de trabajo, industria y comercio, así como el derecho a la seguridad jurídica, no han sido fundados de acuerdo a lo dispuesto en el art. 512 del CGP.

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 304/2023 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2023

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho de familia

INTERLOCUTORIA 317/2023 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2023

Se plantea contienda de compentencia negativa entre Juzgado de Ejecución de Montevideo y de Mercedes en razón de que la encausada pasó a cumplir pena en Montevideo, luego de que se le revocara el beneficio de libertad vigilada por parte de la magistrada de Mercedes. La Corporación entiende que en materia territorial, corresponde a la sede donde se encuentra cumpliendo pena el encausado, pero además se suma que en este caso, la pena por la cual cumple la pena se encuentra tramitando en la capital.

Contienda de competencia · Derecho procesal

INTERLOCUTORIA 307/2023 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2023

En el caso de autos los actores presentaron demanda laboral. Atento a que la empresa demandada no fue hallada en el domicilio denunciado por los actores, la demanda fue notificada por edictos y finalmente se designo Defensor de Oficio. En audiencia única, la parte actora rectifico su demanda en cuanto a que el reclamo esta dirigido unicamente a acreditar la existencia de un conjunto económico de la demandada con otra empresa ya condenada. El Sr. Defensor de Oficio se presenta solicitando que la Sede se declare incompetente, ademas de solicitar que se acoja la excepción de prescripción ya que transcurrió mas de un año desde el cese de la relación laboral. Por Sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Artigas de 6to Turno, resolvió declararse la sede incompetente por razón de materia. En segunda instancia, por sentencia interlocutoria dictada por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 3 er Turno, resolvió relevar de oficio la excepción de cosa juzgada, lo cual fue recurrido por la parte actora. Finalmente la Suprema Corte de Justicia desestima el recurso de casación interpuesto. Los recurrentes no han emplazado a los dos sujetos que pretende que se consideran integrantes del conjunto económico, sino solo a uno de ellas. La “nueva” pretensión constituye una alteración de la tesis original del actor, sobre la que se sustenta la cosa juzgada, de donde deriva su inadmisibilidad.

Recurso de casación · Derecho laboral

DEFINITIVA 265/2023 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2023

Delito de retribución o promesa de retribución para que menores realicen actos sexuales, en donde la defensa del imputado se agravia por la valoración probatoria del Tribunal, además de la pena, ya que se trata de un primario absoluto al que deberían rebajarle la pena. La Corporación desestimará la recurrida por no prosperar los agravios esgrimidos que fueron formulados sin sustento. Si bien los hechos que fueron erróneamente valorados, no basta con mencionar el error, sino que el régimen es similar al del CGP, por lo que no cumple con las exigencias formales de admisión en el grado casatorio. Se mantiene la pena y se rechaza la recursiva, ordenando la captura del imputado para el cumplimiento efectivo de pena.

Recurso de casación · Derecho penal

INTERLOCUTORIA 300/2023 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2023

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 249/2023 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2023

Por sentencia definitiva dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 2º Turno, resolvió declarar la falta de legitimación activa y en su merito desestimar la demanda promovida. Por sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno, confirmo la sentencia de primera instancia. La parte actora interpuso recurso de casación en el cual se agravió en dos cuestiones: “cedibilidad del derecho de crédito y acción indemnizatoria” y la “litigiosidad o no del crédito y acción cedidos”. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, hará lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora y, en su mérito, anulará el fallo de segunda instancia. En el caso de autos, el padre de la parte actora demandó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo la anulación de la resolución del Instituto Nacional de Colonización, mediante la cual se rescindió el compromiso de compraventa de bien inmueble. En consecuencia el Tribunal en su mayoría amparo la demanda y anulo el acto administrativo impugnado. Posteriormente la parte actora adquirió por cesión de su padre , el crédito resultante, sin determinación actual de su cuantía, a determinarse y cobrarse por vía de acción civil. Finalmente la parte actora promovió demanda reparatoria patrimonial, por los daños y perjuicios irrogados por la anulación de dicha resolución, la cual, en primera y segunda instancia se declaro la falta de legitimación activa en la causa. Concluyo la “a-quo”, que la anulación del acto administrativo no hace nacer simultáneamente el derecho al resarcimiento y no se pueden ejercer derechos que no se tienen, lo cual fue confirmado en segunda instancia. La Corte sostiene que si se analiza la compraventa en su integralidad, puede advertirse que el padre cedió a su hija un crédito futuro a determinarse y cuantificarse en el accionamiento civil a promoverse. La Corte considera que dicho negocio es perfectamente admisible en nuestro Derecho (artículos 1283, 1671 y 913 del Código Civil). No existe obstáculo alguno para interpretar el negocio celebrado por padre e hija como una cesión de crédito común y no de crédito litigioso. En cuanto a si dicho negocio resulta válido, por cuanto lo especialmente discutido es el objeto de tal negocio, es decir, el pretendido crédito del que habría sido titular el padre y que quiso transmitir a su hija, la Corte estima que el objeto cedido es el crédito indemnizatorio del que se era titular ante la Administración. Finalmente, en cuanto el reenvío del expediente al Tribunal de Apelaciones, la Corte por su mayoría entiende que corresponde dicho reenvío, a fin de que dicte sentencia sobre el merito del reclamo impetrado en autos. (D) Dr a . Elena Martínez Ministr a SCJ. Entiende que no corresponde el reenvió del expediente al Tribunal “ad-quem”. A mi juicio resulta claro que la Corte anula la sentencia de segunda instancia por razones de mérito y no de forma. El vicio relevado por la Corte debe ser catalogado como vicio “in iudicando”, considero que es la SCJ la que tiene que dictar la sentencia sobre el fondo (art. 277.1 del CGP).

DEFINITIVA 245/2023 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2023Importancia alta

En el caso de autos, el T.C.A anulo resolución de ATYR, (en la cual dispuso dejar sin efectos los convenios de facilidades de pago y reclamar las deudas por aportes patronales), por razones formales, entendió que no se le dio a la actora la oportunidad adecuada y suficiente para ejercer su derecho de defensa antes de dictarse el acto administrativo. Luego de que el T.C.A anulara el acto, la actora compareció a efectos de reclamar los daños y perjuicios padecidos. Por sentencia definitiva de primera instancia dictada por el Juzgado Letrado de Primero Instancia de lo Contencioso Administrativo 3 er Turno amparo parcialmente la demanda condenando a la parte demanda a abonar a la actora el pago de daños y perjuicios más lucro cesante por el plazo de cinco años. Por sentencia definitiva de segunda instancia dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7mo, Turno, revoco la sentencia definitiva en cuanto hizo lugar a la demanda, la que se desestima, excepto en cuanto al daño material emergente que se mantiene y se condena a la parte demandada a pagar a la actora el interés legal de la suma abonada en vía administrativa. La parte actora interpuso recurso de casación en el cual se agravió que la sentencia atacada incurre en una grosera infracción a las normas sustantivas que regulan la responsabilidad del Estado, al entender que no existe nexo causal entre el anulado acto administrativo y la definitiva revocación de las lineas de transporte dispuesta por resolución del Poder Ejecutivo. Denuncio una infracción o errónea aplicación de las normas contenidas en los artículos 140 y 141 del CGP , en grado de absurdo evidente. Además aplico erróneamente los artículos 24 de la Constitución, 1348 del CC y 179 de la ley n.º 16.713. A su vez, la parte demandada también interpuso recurso de casación en el cual se agravió que la Sala haya entendido que el BPS no ha efectuado el pago de los intereses devengados de conformidad con lo establecido por el Decreto-Ley 14.500. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, por mayoría de sus integrantes, acogerá parcialmente el recurso de casación interpuesto por la parte actora, exclusivamente en cuanto al dies a quo de los intereses correspondientes a las sumas indebidamente pagadas, y con el voto unánime de sus integrantes, desestimará el recurso de casación deducido por la parte demandada. En cuanto a los agravios de la parte actora relativos al nexo causal, la Corte en casación no puede, realizar una revalorización de los hechos tenidos por probados en la sentencia recurrida, hechos que, de regla, son inmodificables en casación. La mayoría de los integrantes de la Corte consideran que la posibilidad de revisar la valoración del material probatorio en casación, en los casos de apreciación de la prueba librada a las reglas de la sana crítica, se circunscribe únicamente a los supuestos de valoración manifiestamente absurda o irracional por parte del Tribunal. En el recurso planteado, a criterio de la Corte, el agravio de la actora no puede prosperar, al no haberse demostrado la existencia de absurdo evidente en el razonamiento del Tribunal. La Corte coincide con la Sala en cuanto a que no se estableció en forma objetiva y cierta que la caída de la empresa actora tuviera relación directa con el proceder administrativo ilegal del BPS. En cuanto a los agravios relativos al dies a quo de los intereses sobre las sumas reintegradas por el BPS, la Corte entiende que no es jurídicamente acertado hacer correr los intereses desde la fecha de la sentencia definitiva del TCA, tampoco es correcto computar los intereses desde la fecha de dictado del acto administrativo ilegitimo, sino, aquellos deben correr desde las fechas en que el BPS haya efectuado cada cobro indebido. En cuanto al recurso de casación interpuesto por la parte demandada, en el presente recurso de casación, la demandada no ha invocado, respecto al punto en análisis, la existencia de infracción o errónea aplicación de una norma de derecho, ni ha alegado ni mucho menos demostrado una valoración absurda de la prueba o al menos contraria a las reglas de la sana critica, lo que conduce a desestimar su planteo. (D) Dra. Elena Martínez Ministra SCJ. Por cuanto vota por desestimar el agravio formulado por la parte actora en cuanto al “dies a-quo” del computo de los intereses sobre las sumas devueltas por el B.P.S.

DEFINITIVA 268/2023 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2023

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 250/2023 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2023

Ante recurso de revisión interpuesto, la Corte declaró la inadmisibilidad del mismo, imponiendo a la perdidosa la condena en las costas y costos del proceso. El profesional que ejerció la defensa de la parte allí demandada, señalo que, habiendo mediado condenación en costos y al no haberse satisfecho el pago de los honorarios devengados, corresponde reclamar la condena, con citación de la patrocinada. La demandada opuso excepción de prescripción y, además, contestó la demanda en el fondo, referente a que los honorarios peticionados por el accionante resultan excesivos. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, en forma unánime, desestimará la excepción de prescripción, acogerá parcialmente la demanda instaurada y en su merito, fijará los honorarios profesionales en la suma de 25 UR, mas IVA e interés legal desde la fecha de la demanda regulatoria hasta su efectivo pago. En el caso, si bien la gestión profesional fue exitosa, el asunto no revistió especial complejidad y la tarea desarrollada por el curial fue sencilla.

Regulacion de honorarios · Derecho procesal

DEFINITIVA 274/2023 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2023Importancia alta

El tribunal “a quo”, condena al demandado al pago a la parte actora al pago de daños y perjuicios por el 70% de la deuda generada con DGI, debido a que el demandado no es el responsable total de la deuda. El tribunal “a quem”, confirma parcialmente la Sentencia de Primera Instancia, cambiando el monto a pagar, al 30% del total de la deuda generada con DGI, argumentando que la parte actora es responsable de la deuda en cuanto realizó ventas sin facturación La parte actora interpone recurso de casación, La Corporación lo desestima.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 276/2023 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2023

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 251/2023 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2023Importancia alta

Por sentencia definitiva dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 10mo. Turno condeno a la demandada a pagar a los actores las sumas reclamadas por compensación de uniformes y compensación por descanso intermedio de treinta minutos, con mas el interés legal desde la fecha de la demanda, con el limite temporal de la prescripción declarada. En segunda instancia el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5to. Turno. revocó la sentencia, en cuanto condena al demandado al pago de uniformes y descansos intermedios y en su lugar, desestimase íntegramente la demanda. Contra dicho fallo unicamente un co-actor interpuso recurso de casación en el cual se agravió que la impugnada revoca, un fallo garantista en dos rubros importantes, implican la protección de la vida y la salud. Ademas vulnera el derecho a la igualdad y a la seguridad de ejercer libremente todos los derechos protegidos por la norma superior. Argumenta con respecto al rubro uniformes hubo una errónea valoración de la prueba. Finalmente la Suprema Corte de Justicia desestimara el recurso de casación interpuesto, los agravios relativos al rubro “uniformes” serán desestimados por unanimidad, mientras que los atinentes al rubro descanso intermedio lo serán por mayoría. En cuanto al rubro “uniformes” el recurrente debió indicar los motivos por los cuales entiende que el Tribunal se equivocó al afirmar que la demanda entablada no cumplió con el art. 117 núm. 4 del CGP. En definitiva, en opinión de la SCJ, el recurrente no critico eficazmente el argumento de la Sala según el cual no cumplió tempestivamente con la carga de la debida sustanciación. En cuanto al rubro descansos intermedios, la Corte en su mayoría entiende que no resulta jurídicamente acertado trasladar sin mas todas las normas que regulan el derecho del trabajo a los funcionarios públicos, quienes se encuentran vinculados con el Estado por una relación estatutaria. Cabe recordar que, la relación funcional es el vinculo jurídico especial que une al funcionario con la entidad estatal, por el cual aquel se obliga a realizar función publica, en la forma y condiciones que el Estado establezca unilateralmente. (D) Dra. Doris Morales Presidente SCJ. Entiende que se debe acoger parcialmente el recurso de casación y , en su merito, amparar la pretensión y condenar al pago de los descansos intermedios trabajados. En el presente caso, la demandada centró su defensa en que los accionantes no tienen derecho al descanso intermedio no a cuestionar o controvertir si gozaban efectivamente del descanso intermedio o no. (D) Dra. Bernadette Minvielle Sánchez Ministra SCJ. Entiende que debe amparar parcialmente la pretensión deducida condenando a la demandada al pago del rubro descansos intermedios. Dicho reclamo se encuentra jurídicamente justificado y procede la condena pedida. La normativa que consagra el régimen de limitación de jornada es aplicable indistintamente a trabajadores públicos y privados. El art. 54 de la Constitución de la República no dispone entre trabajadores públicos y privados, por lo que las leyes que se dicten regulando estos aspectos se aplican indistintamente a los trabajadores públicos y privados. Los trabajadores reclamantes, en tanto trabajadores subordinados que son, tienen derecho a que se les aplique la normativa general en materia de limitación de la jornada, que consagra el derecho al descanso intermedio.

DEFINITIVA 244/2023 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2023Importancia alta

Demanda por daños y perjuicios derivados por el daño moral y lucro cesante generados por el procesamiento erróneo de la actora. Se ampara la demanda en primera instancia y se desestima en segunda, por lo que se interpone recurso de casación. La Corporación, integrada, por unanimidad de votos casará la recurrida debido a que entienden que se incurrió en absurdo evidente al valorar la prueba en la etapa penal, dictando un auto de procesamiento sin contar con elementos de convicción suficiente para ello. Este error inexcusable del juez interviniente se genera a partir de un procesamiento sin la inexistencia de semiplena prueba, darle valor de autónoma a la prueba testimonial y en la errónea aplicación del art. 125 del Código Penal.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 255/2023 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2023Importancia alta

La parte actora promovió exequátur del laudo arbitral dictado, en el marco de un arbitraje con Sede en Nueva York. Conferido el traslado la demandada solicito el rechazo de la solicitud promovida por la actora fundándose en la nulidad de la clausula arbitral ya que se trata de un contrato domestico (ambas empresas tienen sus establecimientos en Uruguay), razón por la que jamas podía haber sido resuelto por un tribunal arbitral extranjero y bajo ley extranjera. También señalo que según la nueva ley de Arbitraje N.º 19.636 dispone que las partes no pueden internacionalizar un contrato o un arbitraje por su sola voluntad. Además, entendió que, por el objeto y monto de la disputa, ésta se encontraba excluida de la posibilidad de resolverse bajo un arbitraje con sede en Nueva York. Finalmente la Suprema Corte de Justicia, con el voto unánime de sus integrantes, desestimará la pretensión de reconocimiento y ejecución de laudo arbitral extranjero. En primer lugar, ha de tenerse en cuenta que en la materia resulta de aplicación la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 1958). A juicio de la Corte, le asiste esencialmente razón a la demandada en su defensa, en cuanto entiende que por tratarse de un contrato doméstico, sin internacionalidad, el hecho de desplazar la ley y jurisdicción nacionales resultó violatorio del orden publico interno e internacional. A juicio de la Corte, no se advierte ningún elemento de internacionalidad objetivo ni subjetivo que permita calificar al contrato como internacionalidad. No se logran observar vínculos de ningún tipo con algún otro Estado que no sea el uruguayo. En consecuencia, la clausula arbitral, resulta violatoria del orden publico interno, lo que vicia la clausula e impide la ejecución del laudo arbitral.

Reconocimiento y ejecucion de sentencias extranjeras (execuatur) · Derecho internacional privado

DEFINITIVA 242/2023 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2023

El recurrente interpone recurso de revisión contra sentencia dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia del Trabajo de 3 er Turno. Invocó como causal el numeral 7 del articulo 283 del CGP (nulidad por indefensión). En el expediente de autos el actor demandó rubros laborales al recurrente, en el cual indico un apellido incorrecto. Finalmente, se trabo embargo de las cuentas bancarias del recurrente. Asimismo, la demanda se notificó en un domicilio que no es ni fue del recurrente, pues reside en el exterior. Finalmente la Suprema Corte de Justicia irá a acoger el recurso de revisión interpuesto y, en su merito, declarará nulo el emplazamiento efectuado. En consecuencia, corresponde anular la sentencia recurrida. A juicio de la Corte, la causal invocada es procedente, en tanto la recurrente alegó el conocimiento del proceso luego de que la sentencia que pretende revisar se encontraba firme. En conclusión, a juicio de la Corte, la prueba documental agregada es plena para concluir que efectivamente el recurrente se encontraba fuera del país al momento que se lo demandó y su domicilio en Uruguay es en el Departamento de Maldonado y no en el domicilio denunciado. En cuanto al error en la identidad del demandado al emplazarlo en el juicio laboral, también opera como un indicio importante acerca de la confusión del entonces promotor.

Recurso de revision · Derecho procesal · Derecho laboral

INTERLOCUTORIA 330/2023 · Suprema Corte de Justicia · 23 de marzo de 2023

Recurso de queja

Recurso de queja · Derecho procesal