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DEFINITIVA 215/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 21 de julio de 2026

En el marco de una demanda por cobro de pesos contra el Estado – Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia), por concepto de daños y perjuicios derivados de diferencias salariales, en consecuencia de que las actoras a partir del año 2008 fueron incorporadas en el Fonasa y la partida que el Poder Judicial, abonaba al BPS no fue utilizada para abonar el fondo, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual desestimo las excepción de prescripción y caducidad opuesta por la parte demandada y en cuanto al fondo desestimó la demanda. Para la mayoría, integrada por la Dra Hernandez, Pera y la redactora, sostienen que en autos no se logró probar la existencia de reducción del salario líquido en violación del Artículo 9 de la Ley 18.131 y por tanto ningún accionante tiene derecho al cobro promovido. Efectuado el análisis comparativo del salario líquido percibido por los coaccionantes, no se observa disminución en el salario líquido percibido. En definitiva, todos los medios de prueba ofrecidos valorados en forma conjunta y según las reglas de la sana crítica, permite concluir que no existió disminución del salario líquido de los integrantes de la parte actora, que los aumentos otorgados en los años 2008-2010 permitieron que el salario líquido de los integrantes de la parte actora no disminuyera, cumpliéndose así por la parte demandada con el régimen de incolumidad del sueldo impuesto por el legislador en el artículo 9 de la Ley 18.131. DISCORDIA- María Cristina Cabrera Costa Ministra: Hace lugar a la excepción de prescripción por tratarse de adeudos de naturaleza salarial, que excedan los cuatro años anteriores a la fecha de interposición de la presente demanda. Sobre el fondo del asunto: hace lugar a lo reclamado por los accionantes en su demanda, por el periodo no alcanzado por la prescripción, con sus reajustes e intereses legales desde su exigibilidad, a excepción de la condena de futuro que no admito, de acuerdo a la dispuesto por el artículo 11.3 del CGP en la redacción dada por el artículo 39 de la ley 19.924.

Proceso civil ordinario · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 372/2026 · Tribunal Apelaciones Penal 1º Tº · 21 de julio de 2026

Se confirma la revocación de la liertad a prueba.

Proceso penal ordinario · Derecho penal

DEFINITIVA 212/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 21 de julio de 2026

En el marco de una demanda de acceso a la información pública en el marco de la ley 18.381, iniciada por la actora contra el Ministerio del Interior, con la finalidad de obtener datos y conocer qué medidas se adoptaron como consecuencia del hecho de la muerte de su primo hermano (hermano de crianza), quien falleció estando privado de libertad, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, revocó en forma parcial la sentencia de primera instancia y dispuso que el Ministerio del Interior debe brindar a la accionante la información solicitada en los términos dispuestos en el Considerando V-, en un plazo de 10 días hábiles, salvo la información con la cual aún no cuente, la que deberá ser puesta en conocimiento de la accionante una vez finalizadas las actuaciones administrativas. Señala la Sala que una vez finalizadas las actuaciones administrativas (investigación y/o sumario) la accionante tiene derecho a conocer el resultado de las mismas, y el Ministerio del Interior tiene el deber de poner las conclusiones a las que arribe en su conocimiento. El Colegiado considera que la apelante tiene derecho a conocer el número del expediente administrativo para poder realizar el seguimiento del trámite, sin que ello implique violentar reserva alguna. Como bien señala la apelante, el hecho de contar con el número no la habilitará a conocer el contenido de la investigación en curso, en la medida que el expediente está reservado según lo indicó el demandado por imperio del Dec. 500/991 (salvo para el sumariado y su abogado). Y tampoco puede estar sujeto a reserva legal el resultado de las actuaciones administrativas a efectos de conocer una vez culminadas las mismas, si el Ministerio del Interior aplicó sanciones, de lo cual también deberá en su momento informar. Respecto al nombre de los funcionarios instructores, el Tribunal considera que no corresponde acceder a tal información la que queda comprendida en la reserva de las actuaciones administrativas en curso.

Accion de acceso a la informacion publica · Derecho informatico

DEFINITIVA 69/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 3er. Turno · 21 de julio de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 740/2026 · Tribunal Apelaciones Familia 3 T · 21 de julio de 2026

Incidente de nulidad

Proceso incidental · Derecho de familia

DEFINITIVA 226/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº · 21 de julio de 2026

El Tribunal confirmó la sentencia definitiva apelada por la cual se hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el FNR, desestimándose la demanda a su respecto; y se condenó al MSP a suministrar al actor (portador de cáncer gástrico) el medicamento Z OLBETUXIMAB de acuerdo con las indicaciones que formule su médico tratante en plazo de 24 horas. Ello por cuanto entiende la Sala que si el MSP sin haber acreditado fundamento científico alguno, le niega entregarle a la parte actora el fármaco indicado por su médico tratante que contribuirá a aliviar su enfermedad, mejorar su calidad de vida y aumentar sobrevida (aún cuando no se encuentre registrado en el país e incorporado al FTM), viola en forma manifiestamente ilegítima el artículo 44 de la Constitución en su parte final.

Proceso de amparo · Derecho civil

DEFINITIVA 210/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 21 de julio de 2026

El Tribunal revocó parcialmente la sentencia impugnada en cuanto desestimó la demanda contra el FNR, y en su lugar condenó al FNR (conjuntamente con el MSP , quien había sido condenado en la instancia anterior) a suministrar a la actora (la cual padece linfoma no Hodgkin de manto) los fármacos RITUXIMAB y BENDAMUSTINA, en un plazo de 24 hs de acuerdo a las indicaciones de su médica tratante y durante el tiempo que ésta lo indique. En opinión de la Sala no resulta de recibo que la resistencia a la prestación por parte del FNR pueda quedar fundada en distinciones administrativas derivadas de pautas cuyo diseño restrictivo no se correspondan con criterios médicos consolidados; por lo cual la condena se impone. Asimismo ha quedado evidenciada la ausencia total de argumentos de índole científico que legitime la decisión denegatoria del codemandado MSP, deviniendo la misma en arbitraria, actuando el Estado con ilegitimidad que la Sala califica de manifiesta.

Proceso de amparo · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 68/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 3er. Turno · 21 de julio de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 177/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 7ºTº · 21 de julio de 2026

El Tribunal integrado en virtud de la discordia suscitada procedió a confirmar la sentencia apelada por la cual se desestimó la demanda con relación al FNR atento a su falta de legitimación pasiva y se condenó al MSP a suministrarle a la parte actora (portadora de CÁNCER DE CUELLO UTERINO) el medicamento TISOTUMAB VEDOTIN por el tiempo que sea necesario confirme indicación de su médica tratante, en plazo de 3 días hábiles. Por su parte, las Ministras Dra s . Ma. Cristina Cabrera y Loreley Pera expresaron discordia ; entendiendo que corresponde revocar la condena al MSP y desestimar la demanda. Ello por cuanto la negativa a suministrar la prestación solicitada no sólo no parece manifiestamente ilegítima, sino más bien ajustada a las reglas que debe aplicar en su gestión de la salud.

Proceso de amparo · Derecho civil

DEFINITIVA 216/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº · 21 de julio de 2026

En el caso de autos la parte actora promovió demanda de daños y perjuicios contra el Estado–Suprema Corte de Justicia, pues entiende que la colocación de la tobillera por la sede de familia, fue una medida ilegítima y lesiva de sus derechos fundamentales, agravado en consideración a la avanzada edad y condición física de su parte. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual condenó al Poder Judicial - Suprema Corte de Justicia, en la suma de U$S 7.000 por concepto de daño moral. Señala la Sala que de las actuaciones surge que el actor fue sometido a un proceso que no debió instaurarse en su contra, con la consiguiente imposición de medidas que restringieron severamente su libertad ambulatoria mediante la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico, pese a que ya había cumplido las medidas dispuestas en sede penal por los mismos hechos. A ello se agrega la imposibilidad de acceder a sus efectos personales durante un período prolongado y la especial situación de vulnerabilidad derivada de su avanzada edad y de su discapacidad física, surgiendo además que la tobillera le produzco alergia, según HC agregada, tratándose de una persona octogenaria con amputación de uno de sus pies. Tales circunstancias constituyen indicios objetivos, precisos y concordantes de una afectación espiritual de entidad suficiente para tener por configurado el daño moral, sin que resulte exigible una prueba directa de los sentimientos, padecimientos o perturbaciones anímicas experimentadas por el actor, extremos que, por su propia naturaleza, difícilmente admiten acreditación inmediata y suelen demostrarse mediante presunciones judiciales fundadas en las reglas de la experiencia. En consecuencia, ya sea porque se comparta la tesis que admite la configuración del daño moral in re ipsa en supuestos como el presente, o porque se estime necesaria su demostración, lo cierto es que, en uno y otro caso, la prueba producida en autos conduce razonablemente a tener por acreditada su existencia.

Proceso civil ordinario · Derecho civil

DEFINITIVA 211/2026 · Tribunal Apelaciones Civil 3ºTº · 21 de julio de 2026

El Tribunal revocó parcialmente la sentencia impugnada, en cuanto condena al FNR, desestimando la demanda en su contra; manteniéndose la condena impuesta al MSP (por haber obrado con ilegitimidad manifiesta) a proporcionar a la accionante (la cual padece cáncer de pulmón) el medicamento SOTORASIB de conformidad con las indicaciones del médico tratante, en plazo de 24 horas. La decisión se debe, que a entender de los Ministros Dra. Kelland y Dr. Iribarren; el FNR carece de legitimación pasiva para ser demandado a suministrar un medicamento no incluido en el FTM. Por su parte el Dr. Tovagliare, si bien entiende que el FNR posee legitimación; no expresará discordia por cuanto la condena impuesta al MSP le permite a la accionante acceder al tratamiento que le fuera indicado.

Proceso de amparo · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 79/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 4to. Turno · 21 de julio de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 67/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 3er. Turno · 21 de julio de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 77/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 4to. Turno · 20 de julio de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 76/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 4to. Turno · 20 de julio de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 78/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 4to. Turno · 20 de julio de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 75/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 4to. Turno · 20 de julio de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 63/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 3er. Turno · 20 de julio de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

INTERLOCUTORIA 62/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 3er. Turno · 20 de julio de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo

DEFINITIVA 66/2026 · Juzgado Letrado de lo Contencioso Anulatorio de 3er. Turno · 20 de julio de 2026

Acción de nulidad

Acción de nulidad · Derecho administrativo