DEFINITIVA 107/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus miembros, desestima el hecho nuevo alegado y el recurso de casación incoado. En este expediente, tramita la solicitud de extradición de una ciudadana uruguaya a la República Argentina para ser sometida a proceso por el delito de transporte de estupefacientes agravado por la pluriparticipación, según el Artículo 5 inciso C de la Ley Argentina N° 23.737. La extradición solicitada es para someter a la reclamada a juicio, ya que en Argentina hasta el momento solo existe una orden de detención, no una condena o auto de procesamiento firme. La sentencia de primera instancia concedió la extradición, decisión que fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones. Respecto del hecho nuevo alegado por la Defensa, la aprobación del decreto Nº 366/2025 en Argentina, que modifica la ley migratoria Nº 25.871, al impedir la libre circulación de quienes cuenten con antecedentes penales. La Jurisprudencia de la Corte ha limitado la posibilidad de alegar hechos nuevos en casación, y asimismo no se cumplen por parte de la Defensa con las exigencias formales. Los agravios ensayados por el recurrente respecto de la casación, dejan de lado el objeto del proceso de extradición, que es apreciar las razones de la solicitud y su regularidad formal (SCJ, sentencia Nº 271/2011). Tampoco le asiste razón a la defensa al señalar que no es clara la descripción de los hechos y la tipificación de la conducta desplegada por su defendida. También se verifica el principio de doble incriminación (artículo 31 del Decreto-Ley 14.294) y no está previsto para el delito imputado la condena perpetua ni la pena de muerte. En conclusión, se verifican todos los requisitos de Extradición entre nuestro país y la República Argentina, aprobado por la Ley Nº 17.225 para que proceda la extradición.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 106/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

En el marco de un proceso penal, se condenó al imputado como autor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso sexual agravados por la condición de ascendiente de la víctima, por ser ésta menor de dieciocho años y por la continuidad de la conducta abusiva en el tiempo y respecto de la misma persona, imponiéndose la pena de cuatro años de penitenciaría. Contra la sentencia de segunda instancia la Defensa del imputado interpuso recurso de casación. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, integrada y por mayoría de sus miembros, desestimó el recurso de casación interpuesto. Con relación al agravio sobre valoración probatoria, a juicio de la mayoría, en base a la prueba de cargo reunida, es dable concluir que se alcanzó el estándar probatorio requerido para condenar. En otro orden, no se comparte lo afirmado por el recurrente al señalar que el Tribunal invirtió la carga de la prueba al referirse que si la Defensa entendía que los informes de las profesionales eran sesgados, lo que debió hacer era producir prueba para desacreditarlos. En tal sentido, la Sala no hace otra cosa que valorar la prueba. Así, si el recurrente señaló que los informes eran sesgados, mínimamente debe explicitar cómo arriba a tal conclusión. (D) SR. MINISTRO DR. MARCELO MALVAR DISCORDE: vota por hacer lugar al recurso de casación articulado por la Defensa y en su mérito anular la sentencia de segunda instancia. Entiende que no se ha valorado la prueba conforme la sana crítica, y en consecuencia no se ha arribado a la plena prueba, mientras que la evidencia que se ha obtenido no alcanza el estándar de prueba necesario para condenar. En este caso el hecho no está claramente delimitado ni probado con el estándar necesario, por lo que conforme el principio de inocencia, corresponde la absolución del acusado.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 101/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

La Corporación, por mayoría, ampara la acción de lesión de autonomía departamental entablada, declarando la inaplicabilidad al Gobierno Departamental de Montevideo del artículo 289 de la Ley Número 20.212 que dio redacción al art. 26 ter de la Ley nro. 19.824. La parte actora considera que se vulneró la autonomía departamental al ingresar en materia de estricta competencia departamental, ya que la norma de referencia prohíbe a la Intendencia administrar una fuente de recurso del Gobierno Departamental, violándose el art. 297 de la Constitución. A juicio de la Corporación, la Intendencia de Montevideo cuenta con legitimación activa procesal y sustancial. En cuanto al fondo del asunto, si bien la parte actora en su escrito inicial denuncia que la ley impugnada lesiona la autonomía departamental tanto por las multas como por los tributos (patente de rodados), la Corte considera que debe limitarse el análisis a la cuestión relativa a la autonomía departamental en el cobro de los tributos, que es el único aspecto que fue alcanzado por la norma legal cuestionada. El cambio radica en las condiciones exigidas para admitir el pago de la patente. A criterio de la Corte, es claro que los Gobiernos Departamentales tienen autonomía tributaria y que dentro de esa autonomía se incluye lo relativo a la creación, regulación, administración y cobro del tributo patente de rodados. Se revalida lo que se ha expresado en sentencia nro. 139/1998 de la Corte. La norma cuestionada busca en forma explícita desregular un requisito instaurado por las Intendencias a través del Congreso de Intendentes que atañe directamente a la administración de la patente de rodados. En conclusión, en autos, el legislador viola la autonomía departamental consagrada constitucionalmente, lo que así debe ser declarado por este Colegiado. Respecto del efecto de la decisión que se adopte en este caso, el art. 283 de la Constitución no regula este aspecto. La Corporación considera que el efecto debe limitarse al caso concreto del Gobierno Departamental que promovió esta acción. (D) SRES. MINISTROS DOCTORES DORIS MORALES Y TABARÉ SOSA DISCORDES : En cuanto entienden que corresponde desestimar la acción incoada, revalidando los argumentos expuestos en las sentencias nros. 99/2026 y 100/2026.

Lesion de autonomia · Derecho constitucional

DEFINITIVA 142/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 159/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

Proceso de inconstitucionalidad

Proceso de inconstitucionalidad · Derecho constitucional

DEFINITIVA 132/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

Por sentencia definitiva de primera instancia se falló a favor de la actora, declarando la existencia y disolución de la unión concubinaria. Esta decisión fue revocada en segunda instancia por el Tribunal de Apelaciones, utilizando como argumentos el incumplimiento de la carga de la debida sustanciación del acto de proposición inicial y la falta de prueba. Contra dicha sentencia se alzó la parte actora, interponiendo recurso de casación. Conferido el traslado, el mismo fue evacuado por la contraparte; quien abogó por el rechazo del recurso. La Corporación por su parte resolvió desestimar el recurso de casación interpuesto; por cuanto la actora omite atacar todos los argumentos determinantes del fallo del Tribunal.

Recurso de casación · Derecho de familia

DEFINITIVA 130/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

En el caso de autos, los actores reclaman la indemnización del daño que les ocasionó la muerte violenta de su hijo y padre respectivamente, contra la ex cónyuge del difunto y madre de uno de los actores y contra la amiga de esta, ambas condenadas en sede penal, por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, como coautora y cómplice, respectivamente. La sentencia de segunda instancia hizo lugar parcialmente la demanda, condenando a las demandadas abonar las sumas de U$S 15.000 y la suma de U$S 20.000, por concepto de daño moral. Señaló el Tribunal, citando a Couture, que la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada produce sus efectos no solo con relación al proceso en que se dictó, sino también con relación a todo proceso posterior. Ergo, el hecho ilícito está indiscutiblemente probado, así como la culpabilidad y nexo causal. La parte demandada, interpuso recurso de casación contra la sentencia definitiva dictada por el Ad Quem. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, por mayoría compuesta por los Sres. Ministros Dres. Bernadette Minvielle, Tabaré Sosa Aguirre, Álvaro França y John Pérez, desestimó el recurso de casación interpuesto. Con relación al agravio por error en la aplicación del artículo 253.1 del CGP.,estima la Corporación que la Sala, al admitir la apelación interpuesta por la actora, no infringió lo dispuesto por el artículo 253.1 del CGP, ya que, mínimamente, el recurso deducido logró identificar el agravio concreto contra el fallo de primera instancia. Con relación al agravio por la valoración de la prueba en segunda instancia y la independencia de la responsabilidad civil de la penal, la mayoría de la Corte integrada, conformada con las voluntades de los Ministros Dres. Minvielle, Sosa, França y Pérez, considera que el agravio esgrimido por la demandada no resulta de recibo, en tanto no se advierte error en la aplicación de la norma de derecho por parte de la Sala. En cuanto al ejercicio de las acciones civil y penal, estima la Corte que, si bien la legislación vigente marca la independencia de las esferas civil y penal, ello, naturalmente, debe conjugarse con la operativa del instituto de la cosa juzgada. La independencia de las acciones civil y penal, consagrada en los arts. 103 y siguientes del CPP, no autoriza a desconocer los hechos que ya han sido previamente acreditados en un proceso anterior en el que se alcanzó la cosa juzgada y en el que fueron parte, en calidad de encausadas, las dos personas que ahora son demandadas en el proceso civil. (D) DRA. DORIS MORALES – PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA - DISCORDE: Vota por hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la demandada y, en su mérito, anular el fallo de segunda instancia y en consecuencia, mantener firme la sentencia de primera instancia que desestimó la demanda. Señala que el Tribunal de Apelaciones aplicó erróneamente el derecho al concederle un alcance extensivo no previsto en la Ley a la cosa juzgada de las sentencias penales, a los efectos de acreditar los elementos de la responsabilidad civil extracontractual. De esta manera, se vulneraron los artículos 1.319 del Código Civil, 104 y 105 del Código Penal y 103 a 105 del Código del Proceso Penal, relativos a la independencia de las acciones civiles y penales. En definitiva, no hay cosa juzgada oponible al magistrado civil, cuya autonomía e independencia comprenderá la totalidad del proceso penal, incluyendo los correspondientes fallos, más allá de la posibilidad de trasladar la prueba rendida en uno y otro expediente, que deberá valorarse bajo el prisma de cada competencia. Por lo tanto, corresponde acoger el agravio del recurrente relativo a la vulneración de la independencia de la acción civil de la penal.

DEFINITIVA 123/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

En primera instancia, se desestimó la demanda por entenderse que el actor, en su calidad de promitente comprador del inmueble, carece de legitimación activa para promover el presente accionamiento. En segunda instancia, el Tribunal de alzada confirmó la decisión desestimatoria, por no haber acreditado el accionante la obligación que atribuye a la Intendencia accionada, esto es, por no resultar probado que el relleno debiera hacerse con tierra negra. La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto, por razones procesales.

Recurso de casación · Derecho procesal

DEFINITIVA 115/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

El A quo hizo lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios, condenando in solidum a todos los accionados al pago de U$S 30.000, así como al pago de $ 2.000.000, con reajustes. El Ad quem revocó la sentencia de primera instancia, desestimando la demanda. La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto por la actora; argumentando que la actora, en el recurso de casación, cuestiona la conclusión a la que llega el Tribunal, pero lo hace sin denunciar, ni mucho menos fundamentar, la existencia de una valoración probatoria por parte del órgano de alzada que pueda ser tachada de manifiestamente absurda y arbitraria. Asimismo, coincide con la Sala en que existió “hecho de la víctima”, como eximiente de responsabilidad.

Recurso de casación · Derecho civil

DEFINITIVA 98/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

La Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de revisión interpuesto con costas y costos a cargo del recurrente. A juicio de la Corporación resulta dudoso que la primera oportunidad en la cual tuvo conocimiento el recurrente de estas actuaciones fue el momento de realizarse la traba de embargo de bienes muebles en su taller. Cabe recordar que, no basta realizar una mera alegación, sino que el recurrente debe acreditar efectivamente cuándo tomó conocimiento fehaciente de la sentencia impugnada, para, de ese modo, demostrar que no pudo hacer valer la nulidad del emplazamiento por alguna de las vías previstas en el art. 115 del CGP y que se encuentra dentro del plazo de seis meses previsto en el artículo 285.3 del CGP. Sin perjuicio de lo anterior, aún para el caso de entenderse que cumplió con la tempestividad de la comparecencia, no existe prueba concluyente en estos autos que acredite los dichos del revisionista, lo que conduce a desestimar el recurso también por razones sustanciales.

Recurso de revision · Derecho procesal

DEFINITIVA 121/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

La Corporación, por unanimidad de sus miembros, desestima el recurso interpuesto por la Defensa en su totalidad. El caso de autos: en circunstancias en que se estaba desarrollando un operativo policial, se detuvo una motocicleta que circulaba con dos ocupantes, uno de ellos el encausado. Se le encontró en un bolsillo interior de la campera un revólver calibre 22 con cinco cartuchos en el tambor y otros cinco que estaban sueltos. A su vez, en otro de los bolsillos se le ubicó envoltorios de nylon con una sustancia que sometida al análisis del ITF resultó ser pasta base de cocaína, tener un peso de 26 gramos y una pureza del 79%. En primera instancia se falló: “ CONDENANDO A ….. COMO AUTOR PENALMENTE RESPONSABLE DE UN DELITO DE TENENCIA NO PARA SU CONSUMO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES PROHIBIDAS, UN DELITO DE PORTE DE ARMA DE FUEGO EN LUGAR PÚBLICO EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL ( … )” En segunda instancia se falló: “ CONFÍRMASE EN LO QUE FUE OBJETO DE IMPUGNACIÓN, LA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA (...)” En autos compareció la Defensa del imputado interponiendo recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal “ Ad Quem”. Se agravió por error en la valoración de la prueba e insuficiente y defectuosa motivación de la sentencia. Respecto de la falta de motivacion de la sentencia, para casar una sentencia por esta causal se requiere la ausencia total de fundamentos, lo que no ocurre en el caso. En cuanto al agravio que refiere al error en la valoración de la prueba, la Suprema Corte de Justicia en mayoría, integrada por los Sres. Ministros Dres. Pérez Brignani, Morales, Minvielle y Posada, ha señalado que la causal de errónea aplicación de las normas de admisibilidad o de valoración de la prueba, se reduce a los supuestos en los que se violen las tasas legales en supuestos de prueba tasada, o cuando se incurra en absurdo evidente. Del análisis de la sentencia impugnada, no logra concluirse que exista una valoración probatoria absurda o arbitraria, para la mayoría de la Corporación. Y en el mismo sentido, si bien en cuanto al agravio vinculado a la valoración de la prueba, el Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre se encuentra en una posición diversa, por cuanto considera que la cuestión no debe interpretarse en forma restrictiva, pues las reglas de la sana crítica y de la experiencia configuran pautas legales consagradas expresamente en la normativa procesal y, por ende, su infracción puede alegarse en el recurso de casación, tampoco considera que en este caso se haya vulnerado el límite de la razonabilidad al momento de valorar la prueba por parte del Tribunal.

Recurso de casación · Derecho penal

DEFINITIVA 116/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

En el caso de autos la actora reclama contra la DGI la devolución del pago de una deuda de IRPF más la multa por mora, alegando que se trató de un pago indebido. Sostiene que, al momento del pago que reputa indebido, la actora era acreedora de un crédito tributario contra la demandada, anterior a la deuda por IRPF. De consiguiente, a su entender, la deuda indebidamente cancelada se había extinguido por compensación. La demanda fue desestimada en primera y segunda instancia. Contra la sentencia del ad quem, la actora interpuso recurso de casación denunciando una errónea aplicación de la norma contenida en el art. 35 del Código Tributario, así como valoración absurda de la prueba rendida. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia, desestimó el recurso de casación interpuesto. Señala la Corte que más allá de las diferencias que existen entre la compensación civil y la compensación tributaria, para que ella opere es imprescindible que, en algún momento coexistan simultáneamente el crédito y la deuda que se pretenden compensar. Y, en autos, ello no ocurrió. La deuda por IRPF no llegó a coexistir simultáneamente con el crédito en favor del administrado. La deuda se extinguió por pago voluntario del contribuyente en junio de 2023 y su crédito contra la Administración devino exigible al mes siguiente, cuando fue reconocido por la DGI. En conclusión, la Suprema Corte de Justicia entiende, con el Tribunal actuante, que no es posible compensar retroactivamente una deuda que se extinguió previamente por el modo pago, es decir, por otro modo de extinción de las obligaciones.

Recurso de casación · Derecho tributario

INTERLOCUTORIA 175/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

La Corporación declara competente para resolver las presentes actuaciones al Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de Salto. En autos se entabló una situación que si bien no es una típica contienda de competencia, conforme lo expresado en sentencia de la Corporación Nº 1.369/2009, por analogía se asimila a la misma (contienda de competencia negativa), y está dentro de las facultades del máximo órgano resolverla. En el caso, el Sr. Juez de Ejecución actuante decidió presentar denuncia penal en virtud de la diferencia notoria de la firma de la condenada, considerando que existe una incompatibilidad entre la calidad de Juez de Ejecución y Vigilancia y la de denunciante, razón por la cual remitió los autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Salto de 8vo. Truno, dando origen a la presente. A juicio de la Corte, no existen motivos suficientes para que el Sr. Juez se aparte del proceso, ya que la causal que se esgrime no es suficiente para considerar que corresponde su inhibición de oficio.

Contienda de competencia · Derecho procesal penal

INTERLOCUTORIA 170/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

Recurso de queja

Recurso de queja · Derecho procesal

DEFINITIVA 138/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

LA CORPORACIÓN ACOGE PARCIALMENTE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA, ÚNICAMENTE EN LO QUE RESPECTA A LA APLICACIÓN DE LA AGRAVANTE ESPECIAL PREVISTA EN EL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 311 DEL CÓDIGO PENAL, LA CUAL CORRESPONDE REVOCAR, MANTENIÉNDOSE LA PENA FIJADA EN SEGUNDA INSTANCIA, CON DISCORDIA. En cuanto a la plataforma fáctica, el acusado y la víctima mantuvieron una relación sentimental durante un año aproximadamente, caracterizada por incidentes de violencia física, psicológica, económica y sexual, siendo ambos consumidores de sustancias estupefacientes. Como consecuencia de una discusión, el encausado le dio muerte a la víctima estrangulándola, e intentó ocultar el cuerpo enterrándolo en una fosa, en el piso de la habitación, siendo denunciado por sus hermanos. En cuanto a la calificación, en primera instancia se condenó al encausado como autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado (art. 312 num. 8 del CP) en reiteración real con reiterados delitos de violencia doméstica agravados (art. 321 bis del CP) y se le impuso la pena de 24 años de penitenciaría. En segunda instancia, el Tribunal consideró que correspondía computar la agravante especial del art. 311 num. 1 del Código Penal, además de la agravante muy especial del art. 312 num. 8 del mismo cuerpo normativo. A su vez, elevó la pena impuesta en primer grado y condenó al imputado a cumplir la pena de 28 años de penitenciaría. Con discordia parcial de la Sra. Ministra Merialdo. La Defensa del encausado interpuso recurso de casación. Un agravio que interpone se dirige a controvertir la aplicación conjunta de la agravante especial del homicidio prevista en el art. 311 num. 1 del Código Penal con la agravante muy especial prevista en el art. 312 num. 8 del mismo cuerpo normativo. A juicio de la mayoría de esta Suprema Corte de Justicia, corresponde acoger el agravio ensayado por la Defensa. La Corte ha estudiado el punto en debate en sentencia Nº 187/2022, en la que consideró que no corresponde computar la agravante especial del homicidio dispuesta en el numeral 1 del artículo 311 del Código Penal cuando se computa alguna de las agravantes muy especiales previstas en el art. 312 del mismo Código. En conclusión, la calificación jurídica correcta, en el presente caso, es la autoría por parte del encausado de un delito de homicidio muy especialmente agravado (art. 312 num. 8 del CP) en reiteración real con reiterados delitos de violencia doméstica agravados (art. 321 bis del CP). Asimismo, la Defensa solicitó que se abata la pena impuesta, que fuera fijada por la Sala en 28 años de penitenciaría, no construyendo un agravio en forma. Tomando en cuenta las circunstancias alteratorias computadas, la personalidad y peligrosidad del agente, la pena fijada por el Tribunal en 28 años de penitenciaría resulta no sólo legal, sino también razonablemente adecuada a la entidad del delito y las demás circunstancias previstas en el art. 86 del Código Penal. (D) SRA. MINISTRA DRA. BEATRIZ LARRIEU DE LAS CARRERAS: Por cuanto desestima el recurso de casación interpuesto y adhiere a la posición en mayoría del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno integrado y entiende que es admisible el cómputo conjunto de las dos circunstancias agravantes referidas.

DEFINITIVA 97/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

En el marco de un recurso de revisión, en el cual el recurrente invocó la causal prevista en el numeral 7 del artículo 283 del CGP, la Suprema Corte de Justicia, con el voto unánime de sus miembros naturales, amparó el recurso de revisión interpuesto y anuló la sentencia definitiva Nº 23/2022 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2022 DICTADA POR EL JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA DE ATLÁNTIDA DE 3º TURNO. Señala la Sala que el emplazamiento efectuado no cumplió su fin. En efecto, el domicilio denunciado por los actores en el juicio principal fue incorrecto y no coincidía con lo que surgía del parte policial donde se había registrado el accidente de tránsito. En ese sentido, al haberse violentado el principio del debido proceso, deviene necesario acoger el recurso de revisión interpuesto y anular la sentencia dictada, ya que la parte demandada no contó con la oportunidad de ejercer su legítimo derecho de defensa en virtud de un incorrecto emplazamiento.

Recurso de revision · Derecho procesal

DEFINITIVA 126/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

La a quo desestimó la demanda de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual derivada de un accidente de tránsito. La sentencia de segunda instancia revoca la sentencia apelada, amparando parcialmente la demanda y condenando a dos de los codemandados a abonar a la actora en el porcentaje de su concurrencia causal en el accidente, esto es 60%, las sumas señaladas por concepto de daño moral, gastos indocumentados y gastos médicos, de Servicio de Acompañantes y lucro cesante, con más reajustes e intereses legales. Los codemandados condenados interponen recurso de casación. Afirman que el Ad quem cometió un absurdo evidente al momento de la atribución de responsabilidad al conductor del camión partícipe del siniestro de tránsito, cuando lo que existió fue hecho de la víctima. Asimismo, y por si el primer agravio no prospera, sostienen que no fueron acreditados los daños reclamados, así como los montos de condena. La actora adhirió al recurso interpuesto. Sostuvo que la demandada tiene el 100% de la responsabilidad en el accidente, así como el daño extrapatrimonial reclamado y no condenado. La Corporación desestima el recurso de casación interpuesto por los codemandados y declara inadmisible la adhesión de la actora.

Recurso de casación · Derecho civil

INTERLOCUTORIA 177/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

Recurso de revision

Recurso de revision · Derecho procesal penal

DEFINITIVA 99/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026Importancia alta

LA CORPORACIÓN POR MAYORÍA DESESTIMA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA OPUESTA Y DESESTIMA LA ACCIÓN DE LESIÓN DE AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL PROMOVIDA. En autos compareció el Sr. Intendente del Departamento de Salto, entablando una Acción por lesión de Autonomía Departamental contra el Poder Legislativo con respecto a la norma contenida en el art. 289 de la Ley Nº 20.212, de 6 de noviembre de 2023, aseverando que vulnera el art. 297 de la Constitución. Conferido el traslado, el Poder Legislativo expresó que el promotor carece de legitimación activa formal y sustancial. La Corte considera que el art. 283 de la Constitución reconoce tanto al Intendente como a las Juntas Departamentales la posibilidad de perseguir la tutela de la autonomía departamental. Con las voluntades de los Sres. Ministros Dres. Morales Martínez, Scavone Bernadet y Tabaré Sosa, la Suprema Corte de Justicia desestima la acción promovida. El art. 289 de la Ley Nº 20.212, agregó el art. 26 TER a la Ley Nº 19.824. Hasta la promulgación de este inciso, las Intendencias podían condicionar el cobro de la patente de rodados a que se pagaran las multas de infracciones de tránsito, en cambio la norma impugnada viene a prohibir dicha práctica, lo que la Intendencia promotora reputa lesivo de la autonomía departamental protegida por el art. 297 num. 6 de la Constitución de la República. La Suprema Corte de Justicia, integrada y en mayoría entiende que, en puridad, lo que la Intendencia promotora estima lesivo de su autonomía es la prohibición legal que le impide exigir el cobro simultáneo de deudas de distinta naturaleza. Ello, a juicio de la Suprema Corte de Justicia en mayoría, no constituye una invasión de la autonomía departamental referida a la materia imponible, sino a una concreta modalidad de la reglamentación de la extinción de la obligación tributaria. (D) SRES. MINISTROS DOCTORES BERNADETTE MINVIELLE Y JOHN PÉREZ DISCORDES: Consideran que corresponde hacer lugar al accionamiento entablado, por los fundamentos expresados en sentencia nro. 101/2026 de la Corporación.

Lesion de autonomia · Derecho constitucional

INTERLOCUTORIA 165/2026 · Suprema Corte de Justicia · 26 de febrero de 2026

Recurso de casación

Recurso de casación · Derecho procesal